Reportaje A Fondo
De trabajar en la calle a las aulas de juego: volver a ser niños en Bogotá
Las autoridades de la capital colombiana han abierto 13 centros de aprendizaje y recreo para ofrecer una alternativa adecuada a las víctimas del trabajo infantil y la mendicidad en la ciudad. El programa es una gota en un océano de más de medio millón de pequeños trabajadores en Colombia
Bogotá (Colombia).- Samuel Martínez, de 12 años, limpiaba parabrisas de coches en una esquina del sur de Bogotá cuando un grupo de mujeres lo abordó en la calle. “Era mi sexto día”, cuenta el niño de menos de un metro y medio de altura, como si hablase de cualquier cosa. “Lo encontramos en un semáforo cercano a una estación de policía”, explica Diana Rodríguez, encargada de uno de los 13 centros Amar que la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), un organismo del Gobierno de Bogotá, tiene repartidos por la ciudad para proteger a los niños expuestos al trabajo infantil.
En Latinoamérica, Unicef estima que 8,2 millones de niños trabajan. En Colombia, el número asciende a medio millón, según datos del último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y solo en Bogotá hay 63.000 niños víctimas de esta lacra, a pesar de que la ley 1098 de 2006 prohíbe el trabajo infantil, por medio de la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia. Los centros Amar en la capital colombiana atienden a 1.170 menores que, como el pequeño Martínez, acuden todos los días a alguna de las 13 sedes en la ciudad. Allí, los niños realizan actividades de aprendizaje y ocio en vez de trabajar en las calles o crecer en entornos inadecuados.
Samuel Martínez (centro) con sus amigos Keilly y Anthony Talavera, en el centro Amar de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.
Las funcionarias del centro Amar de la localidad de Bosa, al sur de la capital, llevaron a Martínez a sus instalaciones en septiembre de 2022, para conocer más en profundidad su situación y que pudiese tener acceso a alimentación, formación y recreo.
Desde que el niño abandonó Venezuela en 2021, junto a su madre y su hermana, la familia apenas sobrevive con el dinero que consigue la progenitora, Danixzia, limpiando casas. “A veces llaman a mi mamá para trabajar y a veces no”, comenta el niño tímidamente. Aunque él trataba de ayudar a su familia limpiando coches o reciclando plásticos, latas y cartones para comprar comida, ha decidido avanzar hacia una realidad distinta. “Me demoro media hora caminando hasta aquí”, afirma, explicando el trayecto que recorre en solitario, de lunes a sábado, para asistir sin falta al centro. En este lugar, Martínez come, juega, corre, canta y practica deportes. Pero, sobre todo, aprende de nuevo a ser un niño.
“¡Quiero estudiar!”, exclama el pequeño mientras aprieta los nudillos. Enseguida, Rodríguez lo acaricia, del mismo modo en que lo hace con cada niño que se acerca a su asiento. Martínez aún está a la espera de que la Secretaría de Educación le asigne una plaza en un colegio cerca de su casa, por eso pasa más horas de las habituales en el centro Amar, en el que cada niño recibe asistencia por un periodo de dos años. “La permanencia irregular de las familias migrantes en el país es una de las principales limitaciones en la atención de los niños”, reconoce Margarita Barraquer, responsable de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Ante este panorama, en 2019, la entidad pública decidió abrir el centro Abrazar, dedicado únicamente a servir a los menores migrantes, cuyos derechos básicos estaban siendo vulnerados.
Para identificar a los niños que precisan asistencia, la SDIS realiza búsquedas activas en los sectores que colindan con los centros, como ocurrió en el caso de Martínez. También cuentan con lo que llaman “estrategia móvil”: varios funcionarios se desplazan por la ciudad para localizar a niños en situación de trabajo infantil o mendicidad, y ofertarles sus servicios. Así encuentran a unos 4.000 menores al año, según los datos de la entidad.
Catherine Moreno trabajó durante más de tres años en la estrategia móvil, y ahora es la líder de los 13 centros Amar en Bogotá. Para ella, la lucha en contra del trabajo infantil requiere de una labor en conjunto con los menores y sus familias. “En la mayoría de los casos, los niños no trabajan, pero sí acompañan a sus padres en el trabajo o efectúan actividades que no son propias de su edad y que están normalizadas en muchos hogares”, argumenta la magíster en Terapia Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, moviendo las manos al ritmo acelerado de sus palabras. Por ejemplo, Martínez cocina habitualmente en su casa. De hecho, explica cómo prepara la comida con menos titubeos que los que tendría cualquier adulto.
En los centros Amar, como este en el centro de Bogotá, los niños reciben una comida.
El acompañamiento laboral y el encierro parentalizado —situación en la que los niños llevan a cabo tareas domésticas o de cuidado más de 15 horas semanales— son las principales causas de ingreso a los centros, de acuerdo con la SDIS. Por esta última razón, Evelyn Guerra, de siete años, asiste después de clases al centro Amar de La Candelaria, en pleno corazón de la capital. “Prefiero estar aquí con mis compañeros que estar en mi casa”, apunta la niña, batiéndose el pelo, a la espera de bajar al aula de música para cantar.
Despreocupada, Guerra comenta que vive con su padre, sus tías y sus abuelos. Relata que su abuela está enferma y su papá debe trabajar todo el día. “En la casa no tengo con quien jugar”, afirma con un tono de voz apagado. Por eso, la niña prefiere pasar las tardes en la casa colonial que aloja al centro Amar en La Candelaria, al que acuden 105 menores para participar en actividades de aprendizaje y recreación. “Queremos que visiten nuevos lugares y que se convenzan de que pueden cumplir sus sueños”, apunta Moreno. En el futuro, el pequeño Martínez asegura que anhela entrar en el ejército y Guerra no descarta ser cantante.
De izquierda a derecha: el profesor de música Alex Gallego, Daniel, Brayan, Daisy, Antonela, Nicol, Justin, Oriani y Evelyn. Ellos son el grupo de los C.A.C Rockers del centro Amar del barrio La Candelaria
A pesar de que la cobertura de los centros no es muy amplia si se compara con la cantidad de niños afectados por el trabajo infantil en Bogotá, la SDIS no prevé la construcción de más sedes. “No contamos con presupuesto para hacerlo”, dice la secretaria Barraquer. Para ella, las soluciones deben apuntar a la raíz principal del problema: la falta de recursos de las familias, que acaba arrastrando a los niños a buscar empleos, a acompañar a sus padres al trabajo o la mendicidad. “Es necesario que las administraciones pongan en marcha programas de lucha contra la pobreza”, zanja. En Bogotá, según el último informe del DANE, el índice de pobreza supera el 35%.
En el campo la situación es peor. De acuerdo con las cifras del DANE, del medio millón de niños trabajadores que se estima que hay en Colombia, más de 316.000 se dedican a labores de agricultura, ganadería, caza, y pesca. La batalla contra este problema es, además, desigual según el territorio. Mientras que la tasa de trabajo infantil en el país bajó del 5% en 2020 al 4,8% en 2021, en la ciudad de Cali se ha producido un aumento, y en Cartagena varios menores han sido recientemente rescatados por ejercer mendicidad, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, principal entidad encargada de la protección de los niños y adolescentes.
“Si la vida de un solo niño cambia, nuestra labor ya ha valido la pena”, argumenta Moreno con una sonrisa. Mientras que la funcionaria, que es psicóloga de profesión, se pasea por el centro para estar al tanto de todas las gestiones; en un aula de la primera planta, el profesor Alex Gallego da instrucciones al grupo de niños del centro que aprenden y disfrutan de la música. Se hacen llamar C.A.C Rockers, y ya tienen dos CDs con sonidos y letras propias.
Alex da una señal y la canción Latinoamérica, de Calle 13, inunda el salón. “Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores”, cantan al unísono Evelyn, Daisy, Antonela, Nicol y Justin. A su lado, tres menores más acompañan las voces con el bajo, la batería y los tambores, mientras el profesor toca la guitarra. Los compases suenan intensamente y los niños entonan cada palabra con fervor. Al terminar, Gallego muestra unas hojas sueltas de cuaderno con las letras que componen los pequeños artistas. En uno de los papeles rasgados se lee: “Nos tratan como si no supiéramos hablar, piensan que porque somos chiquitos, nuestra voz no se elevará”.
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São Paulo.-Hace cuatro años Brasil eligió uno de los Congresos más conservadores de las últimas décadas. Un Parlamento de mayoría bolsonarista, dominado de nuevo por señores de tez blanca, traje, corbata y Biblia. Basta comparar el poder político de los religiosos al de las mujeres. Los escaños de la bancada evangélica duplican a los ocupados por legisladoras. Pese a haber tenido una presidenta, el porcentaje de diputadas en Brasil es menor que en cualquier otro país latinoamericano… Y menor que en Arabia Saudí. Pero en aquella misma elección los brasileños también eligieron por primera vez en la historia a dos diputadas transexuales: las izquierdistas Erika Hilton, 32 años, y Duda Salabert, 44 años.
Paradojas de un país que es al mismo tiempo paraíso e infierno para ese colectivo, porque en pocos rincones del mundo tiene tanta visibilidad, pero ninguno es tan letal (al menos 80 asesinatos en 2025).
La reciente elección de una de ellas, Hilton, como presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer ha desatado una polémica formidable en torno a la diputada, la definición de mujer y la representatividad. “Siempre seré mujer”, contestó ella.
Con once votos a favor y diez en blanco, su designación fue saludada por sus aliadas de la izquierda parlamentaria como un paso más a favor de la inclusión en la política institucional. Toma el relevo al frente de la comisión de una parlamentaria indígena, también del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). La diputada Hilton también suele definirse como “una travesti negra, de la periferia”. Erika Santos Silva creció en una favela de Francisco Morato, una ciudad en la zona metropolitana de São Paulo.
En esta controversia, a la cuestión trans, que desgarra al feminismo en medio mundo, se le suman los componentes de raza y clase, una arraigada polarización, la toxicidad de las redes sociales y la cuenta atrás para unas elecciones muy reñidas.
Los más reaccionarios intentaron sabotear la designación con una campaña para la que se apropiaron del lema Ele, não (Él, no), con el que la izquierda intentó galvanizar en 2018 la oposición a que Jair Bolsonaro alcanzara el poder, y lo resignificaron como ofensa tránsfoba. Fracasaron. Una vez electa, los ultras atacaron sin piedad a la diputada Hilton al grito de que no es una mujer “de verdad” y, por tanto, carecería de legitimidad para el cargo. Otras voces combinaron la defensa de los derechos de los transexuales con el temor a que las cuestiones identitarias monopolicen el debate en la Comisión de la Mujer y los problemas cotidianos y acuciantes que atañen a las brasileñas de a pie acaben arrinconados o diluidos en una discusión ideológica.
La nueva presidenta de la comisión ha anunciado que su prioridad será fiscalizar la red de acogida de mujeres maltratadas (en un momento en que Brasil contabiliza cuatro feminicidios al día, más que nunca), luchar contra la violencia política de género y promover políticas de salud integral para las brasileñas.
Blanco de incontables ataques y bregada en frecuentes polémicas, la parlamentaria celebró el nombramiento como “una reparación de la historia para tantas mujeres a las que les negaron la dignidad”. Y a sus críticos los despachó con el estilo combativo que ha convertido en marca de la casa: “La opinión de transfóbicos e imbeCIS es loúltimoo que me importa”, tuiteó con esas mayúsculas, haciendo un juego de palabras en portugués con imbécil y cisgénero, las personas que se identifican con el género con el que nacieron.
Antes de saltar en 2022 al Congreso en Brasilia, Erika Hilton triunfó en las municipales de 2020 como la concejala más votada del país. Destaca entre sus señorías porque entra al embate directo, tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram y es objeto preferencial de ataques y amenazas de la derecha más radical. Y por su aspecto. Sí, tacones, vestidos ajustados y melena siempre impecable. Ella misma ha contado que de niña soñaba con ser presentadora o artista, y que decidió entrar en política al verse tirada en la calle, forzada a ganarse la vida con la prostitución, cuando era una cría de 14 años.
En una larga entrevista con el podcast Mano a mano contó que la misma madre que la crio con su abuela en un hogar donde tuvo la libertad ser tal y como se sentía abrazó un día el fundamentalismo religioso y la expulsó de casa. “De repente, era un demonio, un animal”. Ese dolor la impulsa y la acompañará siempre, aunque se haya reconciliado con su madre. “Queremos caminar con la cabeza erguida, vivir más allá de los 30 años y ser algo más que putas”, explicó en aquella entrevista.
Con un 18% de parlamentarias, los problemas de las mujeres brasileñas siempre han resultado bastante secundarios para el Parlamento. Por la presidencia de la Comisión de la Mujer ya han pasado diputadas de derechas, centro e izquierda, pero si un partido tan pequeño como el PSOL logra presidirla es porque no es ahí donde se libran las batallas políticas más relevantes para sus señorías. Un veterano observador del Congreso dice que la Comisión de la Mujer nunca, desde que fue creada en 2016, había concitado tanta atención.
Tanto Hilton como Salabert se han esforzado hacer política parlamentaria más allá de la defensa de los derechos LGTBQ+. Tienen estilos muy distintos, pero ambas son blanco preferencial de ataques derechistas, sea por su condición de mujeres, por ser transexuales o por sus propuestas. Mientras la primera centra su trabajo en cuestiones de derechos humanos o derechos laborales, como la ampliación de uno a dos días libres por semana, la segunda aborda esos asuntos además de cuestiones mediaombientales y educativas. Mientras a Hilton se la ve cómoda en la confrontación directa, Salabert, del Partido Democratico Trabalista ( PDT), de centro-izquierda, apuesta más por la conciliación.
Al hilo de la polémica, la parlamentaria Salabert ha criticado “la indignación selectiva” y recordado algunos hechos a los desmemoriados que ahora salen a defender a las mujeres: que Brasil ya tuvo una comisión municipal de la mujer integrada solo por hombres (en São Paulo, en 2024), partidos que usan candidatas femeninas fraudulentas para beneficiarse de las cuotas de género o que la dirección del Partido de la Mujer Brasileña es netamente masculina.
Todas las formaciones políticas calientan ya motores para las elecciones de octubre, de las que saldrán el presidente, los gobernadores y el Congreso. Las negociaciones para formar candidaturas y alianzas son intensas. Ni una sola mujer suena como candidata a la presidencia en unos comicios dominados por Lula y Bolsonaro hijo. Tampoco se espera ninguna revolución que propicie un desembarco de mujeres que coloque a Brasil en la parte alta de la tabla de la representación parlamentaria femenina, junto a países como México, Bolivia o Costa Rica, que rondan el 50%.
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La embajada estadounidense afirma: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado” en la designación de nuevos funcionarios de la Corte
En lo que parece ser una razón más de indignacion de los paises latinoamericanos, según una publicaciñn del periódico El Pais de España, la cual es reproducida inextensa por este diario, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó este martes de que su Gobierno consultó con el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre una supuesta injerencia en la elección de dos magistrados, entre ellos la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien, según la información del mandatario, sería nombrada para ocupar una silla en la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país.
“Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros, como Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras”, dijo Arévalo en una conferencia de prensa y en un comunicado emitido más tarde por el Gobierno. “Esta situación es altamente irregular y preocupante. Acciones como estas son incongruentes con el excelente estado de las relaciones entre nuestro Gobierno y el de Estados Unidos. Por ello, hemos comenzado las consultas con el Departamento de Estado para aclarar esta situación”, informó el mandatario.
Consuelo Porras en Guatemala, en septiembre de 2025.Congreso de Guatemala
Guatemala deberá designar este año a los nuevos magistrados de la Corte para el periodo 2026-2031. Para integrar ese ente, el Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios y la Universidad de San Carlos, la principal del país, votan a lo interno para nombrar a un magistrado titular y un suplente eligiendo así cinco magistrados titulares y cinco suplentes que dirigirán esa Corte.
Las declaraciones del presidente surgieron luego de que uno de los candidatos que apoyaba el Ejecutivo a través de su bancada oficial y de diputados aliados, Rony López, actual magistrado suplente de la CC, quien ha denunciado al MP por seguimiento y amenazas, perdió los votos y en su lugar comenzó a correr el rumor de que el actual magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, sería reelecto.
Molina Barreto fue candidato a la vicepresidencia en 2018 con Zury Ríos, la hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, acusado de haber cometido un genocidio contra las poblaciones indígenas de Guatemala. Además, ha sido criticado por sus fallos judiciales en los que anuló la condena por genocidio contra Ríos Montt, por fallar a favor del expresidente condenado por corrupción Otto Pérez Molina y por beneficiar al líder del Barrio 18, Aldo Ochoa.
Medios locales, que han documentado dos lobbys pagados por políticos de oposición y algunos empresarios de la élite guatemalteca, atribuyen el apoyo de la mayoría de diputados y de la embajada de Estados Unidos a favor de Barreto debido a ese cabildeo. La embajada estadounidense en Guatemala no respondió a las consultas sobre la denuncia del presidente. John Barrett, encargado de negocios de la embajada, dijo en la red social X que “como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”.
Reportaje A Fondo
Una segunda vida para los disfraces de Carnaval: la idea de Río para que los residuos de la fiesta no acaben en el vertedero
El proyecto ‘Sustenta Carnaval’ ha recuperado casi 70 toneladas de los vestuarios que se usan en el Sambódromo, reduciendo emisiones e integrando a población en riesgo de exclusión social
Río de Janeiro.-En la bella canción del sambista carioca Martinho da Vila llamada ‘Para tudo se acabar na quarta feira (Para que todo se acabe el miércoles)’ el compositor exalta, con cierta melancolía, a los artesanos del carnaval, esas personas anónimas que trabajan todo el año “empeñadas en construir la ilusión” para que después, todo se termine el Miércoles de Ceniza. El carnaval es, por definición, la fiesta de la alegría efímera, pero en el caso del Sambódromo de Río de Janeiro, con sus monumentales desfiles, esa fugacidad tiene un coste ambiental considerable. En las noches en que reinan las escuelas de samba, desfilan decenas de miles de personas vestidas con aparatosos disfraces, unos 100.000 cada año. Su vida útil es lo que se tarda en cruzar el gran estadio del carnaval durante el desfile, menos de 90 minutos. Hasta hace pocos años, después de brillar bajo los focos y los aplausos muchos de ellos acababan en el vertedero. Para luchar contra ese problema ambiental y convertir el residuo en oportunidad, hace unos años surgió el proyecto ‘Sustenta Carnaval’.
La sede de la organización está en la zona portuaria de Río, a pocos pasos de la Cidade do Samba, el gigante recinto donde se construyen las carrozas y se confeccionan los disfraces del carnaval. Aquí el almacén es menos opulento, pero igualmente colorido: montañas de disfraces se acumulan en el suelo y suben varios metros hasta casi tocar el techo en algunos puntos. Son los restos de los carnavales de otros años, que tras pasar por aquí tendrán una segunda oportunidad: los clientes de a pie más creativos pueden llevarse piezas tras un módico precio en función del peso, pero además hay convenios con agrupaciones carnavalescas con menos recursos o incluso con ayuntamientos de otras ciudades que buscan organizar un carnaval más económico. También se donan a escuelas públicas, o se alquilan a compañías teatrales y rodajes de cine. La idea es reciclar de todas las maneras posibles. De momento, en los últimos cinco años, los impulsores de la idea ya han salvado de la basura 66 toneladas.
Pululando entre esta marea de sombreros, faldas, plumas y todo tipo de tejidos aparece, siempre sonriente, Jean Santos, el coordinador técnico del proyecto. Recuerda divertido la aventura del primer año: “Fue un test, alquilamos un camión y recolectamos tres toneladas. Las colocamos provisionalmente en mi casa y en casa de una amiga, fue una locura”. En realidad, las propias escuelas de samba recopilan sus propios disfraces para reutilizar lo que se pueda al año siguiente (tras un minucioso trabajo de descarte, reconversión, pintura, tinte, etc).
No obstante, muchas no tienen los recursos ni la logística necesaria para movilizar camiones, personal y almacenes y acaban desechando parte de sus disfraces. Durante años, muchos quedaban acumulados al final del Sambódromo durante horas, pero generaban problemas incluso de seguridad, porque se generaban auténticas montañas que dificultaban la salida del recinto de los componentes de las escuelas, un flujo continuo que dura toda la madrugada durante cinco noches consecutivas.
El proyecto ha sido premiado incluso en el Reino Unido y ha logrado la certificación ISO20121, por su minucioso trabajo para mitigar la huella de carbono de estas piezas. Se sabe que la industria textil es de las más contaminantes del mundo, y según estudios de ‘Sustenta Carnaval’ un kilo de un estos disfraces generalmente sintéticos y procedentes de China o India ha supuesto, a lo largo toda su trayectoria, la emisión de 47,2 kilos de CO2 equivalente. Por eso estiman que con todo lo que se ha reusado hasta ahora se ha evitado la emisión de más de 3.115 toneladas de CO2 en a la atmósfera.
Pero la preocupación no es sólo ambiental, sino también social. En el almacén de Río trabajan personas en riesgo de exclusión social y parte de los disfraces son transformados en carteras por mujeres inmigrantes y vecinas de una favela de la ciudad de Niterói. En el propio almacén de la organización estos días se imparten talleres de reciclaje de disfraces y accesorios.
‘Sustenta Carnaval’ cuenta con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente del ayuntamiento de Río y de la Liga Independiente de las Escuelas de Samba, pero faltan recursos. Santos explica que el sueño que acarician ahora es poder construir un entresuelo para ganar espacio y clasificarlo todo. Además, así también podrían impartir clases continuamente. “Nuestro sueño es que las personas que trabajan todos los años en el carnaval puedan hacer un curso y certificarlas como profesionales. Hoy en día ya hay cursos de posgrado en temas de carnaval, pero sobre todo en el mundo académico. La gente que está en la base no está certificada, nuestra idea es revertir eso”, dice optimista. Mientras tanto, una vez termine el carnaval, la rueda volverá a ponerse en marcha: será hora de hacer espacio para otra veintena de toneladas y de ir pensando en cómo aprovechar esa infinidad de posibilidades.
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