Reportaje A Fondo
De trabajar en la calle a las aulas de juego: volver a ser niños en Bogotá
Las autoridades de la capital colombiana han abierto 13 centros de aprendizaje y recreo para ofrecer una alternativa adecuada a las víctimas del trabajo infantil y la mendicidad en la ciudad. El programa es una gota en un océano de más de medio millón de pequeños trabajadores en Colombia
Bogotá (Colombia).- Samuel Martínez, de 12 años, limpiaba parabrisas de coches en una esquina del sur de Bogotá cuando un grupo de mujeres lo abordó en la calle. “Era mi sexto día”, cuenta el niño de menos de un metro y medio de altura, como si hablase de cualquier cosa. “Lo encontramos en un semáforo cercano a una estación de policía”, explica Diana Rodríguez, encargada de uno de los 13 centros Amar que la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), un organismo del Gobierno de Bogotá, tiene repartidos por la ciudad para proteger a los niños expuestos al trabajo infantil.
En Latinoamérica, Unicef estima que 8,2 millones de niños trabajan. En Colombia, el número asciende a medio millón, según datos del último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y solo en Bogotá hay 63.000 niños víctimas de esta lacra, a pesar de que la ley 1098 de 2006 prohíbe el trabajo infantil, por medio de la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia. Los centros Amar en la capital colombiana atienden a 1.170 menores que, como el pequeño Martínez, acuden todos los días a alguna de las 13 sedes en la ciudad. Allí, los niños realizan actividades de aprendizaje y ocio en vez de trabajar en las calles o crecer en entornos inadecuados.
Samuel Martínez (centro) con sus amigos Keilly y Anthony Talavera, en el centro Amar de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.
Las funcionarias del centro Amar de la localidad de Bosa, al sur de la capital, llevaron a Martínez a sus instalaciones en septiembre de 2022, para conocer más en profundidad su situación y que pudiese tener acceso a alimentación, formación y recreo.
Desde que el niño abandonó Venezuela en 2021, junto a su madre y su hermana, la familia apenas sobrevive con el dinero que consigue la progenitora, Danixzia, limpiando casas. “A veces llaman a mi mamá para trabajar y a veces no”, comenta el niño tímidamente. Aunque él trataba de ayudar a su familia limpiando coches o reciclando plásticos, latas y cartones para comprar comida, ha decidido avanzar hacia una realidad distinta. “Me demoro media hora caminando hasta aquí”, afirma, explicando el trayecto que recorre en solitario, de lunes a sábado, para asistir sin falta al centro. En este lugar, Martínez come, juega, corre, canta y practica deportes. Pero, sobre todo, aprende de nuevo a ser un niño.
“¡Quiero estudiar!”, exclama el pequeño mientras aprieta los nudillos. Enseguida, Rodríguez lo acaricia, del mismo modo en que lo hace con cada niño que se acerca a su asiento. Martínez aún está a la espera de que la Secretaría de Educación le asigne una plaza en un colegio cerca de su casa, por eso pasa más horas de las habituales en el centro Amar, en el que cada niño recibe asistencia por un periodo de dos años. “La permanencia irregular de las familias migrantes en el país es una de las principales limitaciones en la atención de los niños”, reconoce Margarita Barraquer, responsable de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Ante este panorama, en 2019, la entidad pública decidió abrir el centro Abrazar, dedicado únicamente a servir a los menores migrantes, cuyos derechos básicos estaban siendo vulnerados.
Para identificar a los niños que precisan asistencia, la SDIS realiza búsquedas activas en los sectores que colindan con los centros, como ocurrió en el caso de Martínez. También cuentan con lo que llaman “estrategia móvil”: varios funcionarios se desplazan por la ciudad para localizar a niños en situación de trabajo infantil o mendicidad, y ofertarles sus servicios. Así encuentran a unos 4.000 menores al año, según los datos de la entidad.
Catherine Moreno trabajó durante más de tres años en la estrategia móvil, y ahora es la líder de los 13 centros Amar en Bogotá. Para ella, la lucha en contra del trabajo infantil requiere de una labor en conjunto con los menores y sus familias. “En la mayoría de los casos, los niños no trabajan, pero sí acompañan a sus padres en el trabajo o efectúan actividades que no son propias de su edad y que están normalizadas en muchos hogares”, argumenta la magíster en Terapia Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, moviendo las manos al ritmo acelerado de sus palabras. Por ejemplo, Martínez cocina habitualmente en su casa. De hecho, explica cómo prepara la comida con menos titubeos que los que tendría cualquier adulto.
En los centros Amar, como este en el centro de Bogotá, los niños reciben una comida.
El acompañamiento laboral y el encierro parentalizado —situación en la que los niños llevan a cabo tareas domésticas o de cuidado más de 15 horas semanales— son las principales causas de ingreso a los centros, de acuerdo con la SDIS. Por esta última razón, Evelyn Guerra, de siete años, asiste después de clases al centro Amar de La Candelaria, en pleno corazón de la capital. “Prefiero estar aquí con mis compañeros que estar en mi casa”, apunta la niña, batiéndose el pelo, a la espera de bajar al aula de música para cantar.
Despreocupada, Guerra comenta que vive con su padre, sus tías y sus abuelos. Relata que su abuela está enferma y su papá debe trabajar todo el día. “En la casa no tengo con quien jugar”, afirma con un tono de voz apagado. Por eso, la niña prefiere pasar las tardes en la casa colonial que aloja al centro Amar en La Candelaria, al que acuden 105 menores para participar en actividades de aprendizaje y recreación. “Queremos que visiten nuevos lugares y que se convenzan de que pueden cumplir sus sueños”, apunta Moreno. En el futuro, el pequeño Martínez asegura que anhela entrar en el ejército y Guerra no descarta ser cantante.
De izquierda a derecha: el profesor de música Alex Gallego, Daniel, Brayan, Daisy, Antonela, Nicol, Justin, Oriani y Evelyn. Ellos son el grupo de los C.A.C Rockers del centro Amar del barrio La Candelaria
A pesar de que la cobertura de los centros no es muy amplia si se compara con la cantidad de niños afectados por el trabajo infantil en Bogotá, la SDIS no prevé la construcción de más sedes. “No contamos con presupuesto para hacerlo”, dice la secretaria Barraquer. Para ella, las soluciones deben apuntar a la raíz principal del problema: la falta de recursos de las familias, que acaba arrastrando a los niños a buscar empleos, a acompañar a sus padres al trabajo o la mendicidad. “Es necesario que las administraciones pongan en marcha programas de lucha contra la pobreza”, zanja. En Bogotá, según el último informe del DANE, el índice de pobreza supera el 35%.
En el campo la situación es peor. De acuerdo con las cifras del DANE, del medio millón de niños trabajadores que se estima que hay en Colombia, más de 316.000 se dedican a labores de agricultura, ganadería, caza, y pesca. La batalla contra este problema es, además, desigual según el territorio. Mientras que la tasa de trabajo infantil en el país bajó del 5% en 2020 al 4,8% en 2021, en la ciudad de Cali se ha producido un aumento, y en Cartagena varios menores han sido recientemente rescatados por ejercer mendicidad, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, principal entidad encargada de la protección de los niños y adolescentes.
“Si la vida de un solo niño cambia, nuestra labor ya ha valido la pena”, argumenta Moreno con una sonrisa. Mientras que la funcionaria, que es psicóloga de profesión, se pasea por el centro para estar al tanto de todas las gestiones; en un aula de la primera planta, el profesor Alex Gallego da instrucciones al grupo de niños del centro que aprenden y disfrutan de la música. Se hacen llamar C.A.C Rockers, y ya tienen dos CDs con sonidos y letras propias.
Alex da una señal y la canción Latinoamérica, de Calle 13, inunda el salón. “Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores”, cantan al unísono Evelyn, Daisy, Antonela, Nicol y Justin. A su lado, tres menores más acompañan las voces con el bajo, la batería y los tambores, mientras el profesor toca la guitarra. Los compases suenan intensamente y los niños entonan cada palabra con fervor. Al terminar, Gallego muestra unas hojas sueltas de cuaderno con las letras que componen los pequeños artistas. En uno de los papeles rasgados se lee: “Nos tratan como si no supiéramos hablar, piensan que porque somos chiquitos, nuestra voz no se elevará”.
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Reportaje A Fondo
Estados Unidos ofrece 170 millones a Guatemala para prevenir la migración irregular
El presidente de Guatemala aprovechó su gira en Washington para pedir acompañamiento de la OEA en el proceso de elección de magistrados para las Cortes del país.
Ciudad de Guatemala.- El Gobierno de los Estados Unidos ofreció esta semana durante la visita a Washington del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, que aportará 170 millones de dólares más para el país centroamericano destinados a proyectos de salud, desarrollo y seguridad con el objetivo de combatir las causas centrales de la migración.
Alrededor del mediodía, Arévalo y Harris dieron una conferencia de prensa en la que vicepresidenta reiteró el apoyo de su Gobierno hacia Guatemala. “Su elección ha traído un sentido de optimismo a la gente de los Estados Unidos y alrededor del mundo. (…) Mientras usted responsabiliza a los actores corruptos y promueve una buena gobernanza, nosotros lo apoyamos”, manifestó Harris al presidente guatemalteco.
Harris recalcó la importancia de la lucha contra la corrupción tanto para mitigar la migración irregular como para atraer inversión económica hacia Guatemala. “La corrupción empodera a las organizaciones criminales y perpetúan la violencia, factores que obligan a la gente a dejar su país de origen”, agregó.
Por su parte, Arévalo agradeció el apoyo recibido por el Gobierno estadounidense durante el “difícil proceso de elección presidencial y de transición” y reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción. “Mantendremos nuestro compromiso como gobiernos para fomentar la participación de todos los sectores para construir una Guatemala nueva, democrática y mucho más próspera”, señaló el mandatario.
El anuncio de los 170 millones más que se adicionarán para invertir en Guatemala, se anunciaron por medio de un comunicado de prensa previo al encuentro de los funcionarios. Esto forma parte de la ruta de trabajo que Estados Unidos ha implementado, según Harris, en los últimos tres años para abordar las causas fundamentales de la migración irregular de Centroamérica.
Arévalo pide ayuda a la OEA
Como parte de su gira en Washington la que inició el domingo y concluyó este miércoles, el presidente Arévalo participó el martes en la Sesión Protocolaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que manifestó su agradecimiento por todo el apoyo recibido durante la transición de Gobierno y les pidió el acompañamiento para la elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, un proceso que se realizará en los próximos cinco meses y en el que el Congreso de Guatemala, deberá elegir a los magistrados que dirigirán ambas cortes para el periodo 2024-2029.
“Guatemala solicita a la Organización de Estados Americanos que de acompañamiento a la selección de autoridades del sistema de justicia mediante una misión de observación de este proceso”, dijo. El mandatario indicó que el país está a la víspera de iniciar una “batalla” jurídica y política contra grupos que controlan el aparato judicial y por eso pidió el apoyo de la OEA.
En la nación centroamericana, la elección de magistrados para ambas Cortes ha sido un proceso viciado en el que abogados, magistrados, exfuncionarios públicos y empresarios han estado en prisión debido al tráfico de influencias y el manejo ilegal que en su momento descubrió e investigó la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) para nombrar magistrados. Esta elección es una de las más esperadas y complejas en el Legislativo desde hace más de cuatro años.
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“Podríamos transformarnos en potencia energética”, dice el ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho. Pero expertos coinciden en que es necesaria una mayor planificación
Buenos Aires.- La transición energética es una de las claves del momento en materia ambiental. El reto es reducir el uso de combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón) para reemplazarlos progresivamente por energías renovables. En este escenario, América Latina se encuentra ante una gran oportunidad. Con un enorme potencial para el desarrollo de energía fotovoltaica, eólica, biocombustibles o hidrógeno verde, la cuestión es cómo aprovecharla y qué camino tomar para acelerar el proceso.
Las energías renovables, en aumento
Según el panorama energético 2023 de América Latina y el Caribe, publicado por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), la capacidad de generación eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales en 2022 se incrementó: la eólica, un 10% y la solar, 46%. “El 95% de la nueva capacidad instalada en generación eléctrica en el año 2022 fue renovable y aún existe una brecha que cubrir de 16,2 millones de habitantes en cuanto a cobertura del servicio eléctrico”, aclara el informe.
Brasil, por ejemplo, es uno de los líderes mundiales en inversión en energía eólica, “además de contar con un buen nivel de inversión en investigación y desarrollo tanto público como privado”, agrega Bersalli. Mientras en Chile, según María Trinidad Castro Crichton, directora ejecutiva del World Energy Council (WEC) en ese país, “las energías renovables alcanzan un 54% en la matriz energética, explica. Además, “tiene una capacidad proyectada de producir 70 veces los requerimientos en combustibles tales como el hidrógeno bajo en emisiones”. A eso se le suma, apunta la experta, la gran capacidad de generación de energía fotovoltaica, gracias especialmente a la alta radiación solar en el norte y también de energía eólica por los fuertes vientos del sur de Chile.
La importancia de la planificación
El país sudamericano se comprometió al desafío de la carbono neutralidad para el año 2050 con una transición energética que debe considerar la accesibilidad, seguridad y sustentabilidad del suministro energético, recuerda Castro. “Chile centró su política energética como parte de su estrategia de desarrollo. Es una visión a largo plazo que trasciende los Gobiernos de turno. En este sentido, contamos con una hoja de ruta que define ejes estructurales que vamos actualizando de forma participativa conforme avanzan los años”, señala.
En esta misma línea, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho, destaca que hay dos elementos clave para el proceso de transición energética justa que está desarrollando su país: que sea una apuesta de todas las áreas del Gobierno —no sólo de las de energía— y que haya una respuesta favorable por parte de la sociedad. “Buscamos reducir el extractivismo, desarrollando otros sectores de la economía, como el campo, la industria y el turismo. La idea es garantizar fuentes de ingreso que sustituyan las del petróleo, gas y carbón”, detalla a América Futura el funcionario.
Incluso, recuerda que Colombia tomó la decisión de no conceder más contratos de exploración de petróleo ni hidrocarburos y, así, no aumentar más la frontera extractiva. Además, están llevando adelante un proyecto de comunidades energéticas: “Estamos en pleno desarrollo de más de 5000 comunidades energéticas en todo el país que tienen el propósito democratizar la energía. Tenemos agua, sol y viento para aprovechar. Como continente podríamos transformarnos en potencia energética, complementándonos con los países que tienen minerales, que nos daría un buen margen de competitividad en la disputa geopolítica que el mundo está recorriendo”.
En el caso de Costa Rica, “lo que más se explota es la energía hidroeléctrica que ocupa más del 70% de la matriz”, explica Federico Varela, Gerente General de HiPower, empresa costarricense líder en energía solar. ”Lo que sucede es que cuando se tiene tan alta dependencia de un tipo de energía, la planificación de la demanda es crucial. En 2023, al extenderse el fenómeno de El Niño los embalses se vaciaron, provocando que se tuviera que importar energía de otros países . Ante esto, la energía solar y eólica deberían ser alternativas a la hidroeléctrica”, sostiene. Sin embargo, la política pública actual en Costa Rica no fomenta la adopción de este tipo de energía, lo que viene con aumentos en la tarifa.
¿Y qué pasa con Argentina? Martín Dapelo, especialista en energías renovables y fundador de la empresa On Networking, afirma que, con el nuevo Gobierno de Javier Milei y los cambios que está llevando, “se quitaron beneficios a las renovables y se les mantiene a los hidrocarburos”. En ese sentido, menciona el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, que “derogó los beneficios fiscales en materia energética que tenía la generación distribuida”, aquella que permite que cada usuario de la red eléctrica pueda generar su propia energía a partir de fuentes renovables y pueda inyectar los excedentes al sistema energético tradicional. Mientras, los hidrocarburos aún tienen subsidios.
Los retos de América Latina
Los especialistas coinciden en que Latinoamérica necesita saldar ciertas asperezas para unirse en pos de una alianza regional que facilite y dé fortaleza a esta clase de políticas. “Los desafíos que impone la emergencia climática, los conflictos geopolíticos, la era post pandemia, entre otros, necesitan del liderazgo de personas que sirvan de guía para construir en conjunto una casa común mejor para todos”, asegura Crichton, de WEC Chile.
En el mismo sentido, Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, dice que en la región hay muchísimo que hacer en materia de investigaciones propias y desarrollo de la ciencia, sin dejar de mirar a los pueblos originarios que “viven de manera diferente en su relación con los ecosistemas”. “Debemos ganar fortaleza para no perder el foco frente a los vaivenes políticos”, sostiene Urquiza. “Para avanzar en estas áreas, necesitamos que las inversiones sean mayores, crear institucionalidad que permita generar una articulación adecuada entre la evidencia científica, el diálogo con los territorios y las decisiones de largo plazo”. ¿Estará Latinoamérica a la altura de poder realizar una transición soberana a largo plazo, poniendo foco en las fortalezas de la región?
Cómo acelerar la transición energética
Los especialistas consultados por América Futura coinciden en una serie de pasos en los que cada país debe trabajar para acelerar la transición:
1. Focalizar en medidas de eficiencia energética e invertir en renovables.
2. A nivel macro, facilitar las inversiones en tecnologías de energía renovable pero también en infraestructura, como líneas de transmisión y distribución, sistemas de almacenamiento.
3. Adecuar normativas, legislaciones y reorientar progresivamente los subsidios energéticos que benefician a los combustibles fósiles hacia las energía limpias.
4. Desarrollar alianzas sólidas a nivel latinoamericano para crear cadenas de valor regionales en torno a las energías renovables, la movilidad eléctrica, transporte público como, por ejemplo, líneas de ferrocarriles rápidos.
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Reportaje A Fondo
El voto de castigo disminuirá en las elecciones presidenciales de América Latina de 2024
Redacción América, (EFE).- Las seis elecciones presidenciales que habrá en América Latina durante este año mostrarán una desaceleración del voto de castigo que han experimentado gobernantes y partidos oficialistas de la región en los últimos cuatro años, según proyectan los sondeos demoscópicos y opinan de los expertos.
En los próximos doce meses se celebrarán comicios presidenciales en El Salvador (febrero), Panamá (mayo), República Dominicana (primera vuelta en mayo y segunda vuelta en junio), México (junio), Uruguay (primera vuelta en octubre y segunda vuelta en noviembre) y finalmente Venezuela (previstas tentativamente para diciembre), el único de los seis países donde las presidenciales no estarán acompañadas de legislativas.
Este súper ciclo electoral comenzó en 2021 y abarca a los diecisiete países de América Latina -todos, excepto Bolivia- donde han tenido o tendrá lugar elecciones presidenciales, legislativas, regionales y locales para renovar las autoridades políticas.
Las elecciones celebradas a lo largo del pasado año han puesto de manifiesto que cuando son convocados a las urnas, los ciudadanos se decantan por opciones que representan una alternativa a la opción política que ostenta el poder, como ha sucedido en Guatemala con el inesperado triunfo del candidato del Movimiento Semilla, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
De hecho, «de las últimas diecinueve elecciones, en diecisiete perdió el partido que estaba en el Gobierno, salvo el caso de Paraguay -con el triunfo de Santiago Peña, del oficialista Partido Colorado- y salvo la farsa electoral en Nicaragua», opina en declaraciones a EFE Daniel Zovatto, hasta hace dos días director regional de Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).
Lo que está sucediendo “es que todos los que están en el poder son castigados, porque la gente está descontenta», como ha ocurrido en Argentina, «donde perdió el oficialismo y ganó la oposición”, señala a EFE Patricio Navia, profesor titular de Estudios Liberales de la Universidad de Nueva York.
Menos voto de castigo
«Vamos a ver una región más multicolor, más heterogénea, más diversa, sin una ola rosa ni una ola conservadora o de centroderecha, sino con una mayor diversidad de Gobiernos», considera Zovatto.
«Habrá reelección en El Salvador, voto de castigo en Panamá (contra la socialdemocracia, actualmente en el poder) y posiblemente (Luis) Abinader pueda quedarse con la presidencia en República Dominicana, si es que no se le complica», apunta este politólogo y jurista argentino.
En el segundo semestre del año, las elecciones de Uruguay son «una moneda que está en el aire, mientras que en Venezuela no está claro qué tipo de elección va a haber, si con garantías (democraticas) o sin ellas», apostilla.
Según los expertos, la desaceleración de la alternancia en el poder y el castigo a los oficialismos tiene más que ver con las condiciones particulares de los procesos electorales de 2024 que porque esta tendencia vaya a desaparecer del panorama político de América Latina.