Opinión
De una gran crisis a otra peor: avanza la rebeldía global
Apropiarse totalmente de los mercados nacionales de los países de “desarrollo medio y bajo” por la vía de las áreas de libre comercio.
Por Narciso Isa Conde
La crisis estructural del capitalismo mundial de final del siglo XX, cuyos primeros síntomas se expresaron al iniciarse la década de los ´70, dio lugar a un proceso de reestructuración del sistema dominante en diferentes vertientes: en sus bases técnicas y científica, en su ideología, en sus formas gerenciales, en su organización, en las relaciones centro-periferia y en sus niveles de transnacionalización o internacionalización. Ese proceso se ha profundizado en el contexto de la presente pandemia COVID 19.
Se trató de otra crisis de sobreproducción, acompañada de una significativa reducción de las ganancias de los grandes consorcios, de perspectivas de agotamiento de las fuentes propias de energía (minerales estratégicos, agua, biodiversidad, extensión del desempleo, grandes flujos migratorios procedentes de los países del Sur y otros síntomas alarmantes.
LAS RECETAS IMPUESTAS:
Desde el inicio de esa reestructuración los grandes centros de poder imperialista se propusieron:
Introducir cambios trascendentes en el patrón de acumulación tecno-científico, en los sistemas organizativos y mecanismos gerenciales, procurando aumentar la productividad y la capacidad especulativa del capital financiero a través de la incorporación en gran escala de la micro-electrónica, la cibernética, la robótica y las demás tecnologías de punta.
Apropiarse totalmente de los mercados nacionales de los países de “desarrollo medio y bajo” por la vía de las áreas de libre comercio. Incrementar su poder empresarial transnacional (altamente concentrado) por la vía de las privatizaciones de las empresas públicas de bienes y servicios, y de los recursos naturales de mayor valor e interés para prolongar su modelo consumista dispendioso.
Eliminar progresivamente las conquistas y beneficios sociales de los (as) trabajadores(as) y los pueblos en materia de políticas salariales, contratación colectiva, seguridad social, deportes, viviendas, salud, educación, diversión, transporte, protección a la niñez y la ancianidad…Atacar, en consecuencia, toda expresión de justicia en la distribución del ingreso, en las relaciones de propiedad, en el papel “benefactor”, protector o redistribuidor del Estado-Nación.
Remodelar y potenciar todas las opresiones funcionales al capitalismo (dominio patriarcal, racismo, adulto-centrismo, el ecocidio y el coloniaje) afines a una racionalidad perversa consistente en la obtención de ganancias y acumulación de capital sin importar consecuencias trágicas. Rehabilitar y renovar las políticas militares de conquista y reconquista de recursos naturales valiosos y zonas de gran valor geopolítico y económico en todos los casos donde se le dificulte por otra vía.
Potenciar la internacionalización del gran capital y sus corporaciones, acelerando los procesos de formación de grandes mercados bajo su control, expandiendo las grandes redes empresariales transnacionales, creando un poderoso aparato de comunicación, precipitando la declinación de los Estados-naciones en la periferia de los grandes centros capitalistas, y fortaleciendo el rol de los mecanismo supranacionales bajo su control (Foros corporativos, FMI, BM, Grupo de los Ocho, OMC, Consejo de la ONU, OTAN, Comando Sur, instancias judiciales y policiales…) Y a esto han llamado globalización.
Elevar concomitantemente el control y el poder de los medios masivos de comunicación, acentuar su proceso de concentración a favor de las transnacionales del ramo y del capital financiero, avanzar aceleradamente hacia una especie de dictadura mediática promotora de los anti-valores del gran capital y de la competitividad sin límites en todas las vertientes de la vida en sociedad. Reestructurar su ideología, rescatando y endureciendo el llamado neoliberalismo, realmente el neoconservadurismo, dada su utilidad y carácter funcional a este proceso de recomposición del sistema.
Todo esto fue facilitado en el tramo final del siglo XX por el derrumbe de los Estados del llamado socialismo real y por la desintegración de la URSS, consecuencia de una gran crisis estructural del estatismo burocrático, no solo simultánea a la multi-crisis del capitalismo, sino además atizada por él.
Igual esas recetas se siguen aplicando y profundizando en las nuevas fases de este prolongado y destructivo deterioro. Incluso los efectos de la agudización de la crisis de salud están operando como ajustes económicos más drásticos que los anteriormente impuestos a través del FMI y el Banco Mundial; mientras las elites punteras del gran capital se deciden por obtener súper-ganancias y completar procesos de privatización, recolonización y asalto de los patrimonios públicos, recursos naturales e instancias ejecutivas del Estado, relanzando las alianzas público-privadas APPs.
LOS RESULTADOS:
Así la contrarrevolución conservadora impuso en primera fase su hegemonía en gran escala con la ilusión de un mundo unipolar y un dominio irreversible que no ha tardado en desvanecerse en medio de un agravamiento de su crisis de decadencia, desplegada antes y durante la COVID 19; en cuyo contexto las elites mega-capitalistas remodelan sus roles en medio de fuertes fracturas internas, desafíos de potencias emergentes, insumisiones populares y declive de EEUU como otrora potencia absolutamente hegemónica.
De todo esto ha resultado un capitalismo y un imperialismo más moderno en sus áreas de gran acumulación, pero a la vez más bárbaro, excluyente y brutal respecto a la gran mayoría de la humanidad; altamente financierizado, pentagonizado, especulativo y gansterizado; ayudado, entre otros factores, por la volatilidad que le imprime la informática al capital bancario y a todos sus mecanismos de acumulación, control represivo y alienación. Y, en consecuencia, ha determinado la entronización de un sistema de dominación más concentrado y brutal, militarizado, globalizado y violento.
El imperialismo actual está operando como factor privatizador y comercializador de todo lo estatal y social, incluido el ejercicio de la política; y como desesperada potencia agresora en fase de descomposición de poderío.
Pero con lo que no contaban los magnates e ideólogos del sistema, es con lo que ha provocado esa reestructuración neoliberal y esa agresividad.
Parecería que no pensaron que las recetas para salir de aquella crisis estructural generarían una crisis de nuevo tipo, diferente y peor a todas las anteriores, que terminaría debilitando partes de sus fortalezas.
Una crisis múltiple: económica, social, ambiental, político-institucional, urbanística, moral, militar… con características de crisis integral de decadencia de la civilización burguesa; al tiempo de poner en riesgo la existencia del planeta y de la humanidad, lo que genera múltiples rebeldías como contrapartida.
LA CONTRAPARTIDA SE ACTIVA: AVANZA LA TENDENDENCIA A LA INSUMISIÓN DE LOS PUEBLOS.
A su vez, el empobrecimiento masivo de seres humanos y naturaleza, la inseguridad de vida, la devastadora crisis ambiental, los sufrimientos potenciados, las guerras desatadas, el nivel de la crisis moral, el auge de la mentira y de la delincuencia de Estado, los abusos contra el acervo y la diversidad cultural, el aplastamiento de identidades nacionales y las discriminaciones por género, razas y edad…han dado lugar a una resistencia creciente y a una contrapartida de luchas y rebeldías con profundas potencialidades anticapitalistas y antiimperialistas, y marcada tendencias hacia la insurgencia global; aunque todavía con serios déficits en la conformación de fuerzas transformadoras y de vanguardia que posibiliten articular las rebeldías y crear poderes alternativos.
En América Latina y el Caribe esto se ha transformado en una nueva, intensa y accidentada oleada de cambios hacia la nueva independencia, enfrentada a una feroz contraofensiva imperialista.
En el contexto de un gran ciclo histórico de luchas, esta oleada de cambios es la primera desplegada en este siglo XXI y la cuarta desatada en los últimos 50 años del Siglo XX: 1-Revolución Cubana y su entorno, incluido Abril 65 en República Dominicana y proceso torrijista en Panamá. 2-Auge de las luchas en el Cono Sur y victoria de la Unidad Popular en Chile. 3-Revolución Sandinista en Nicaragua e insurgencias centroamericanas, salvadoreña y guatemalteca. 4-Revolución Bolivariana de Venezuela con sus ondas expansivas hacia Sur y Centroamérica (Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Honduras, Paraguay, Brasil…).
Esta cuarta ola, aun con muchos retrocesos y avances recurrentes, pinta cada vez más difícil de aplastar y/o contener, tanto por medios políticos como por la vía militar.
La supervivencia de la autodeterminación y proyectos transformadores de diferentes calibres en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, México, Bolivia… la contundente victoria del proceso constituyente en Chile, las extraordinarias y recurrentes rebeldías político-sociales en Colombia, Haití, Honduras, Paraguay, Brasil, Puerto Rico… marcan tendencias dentro de los altibajos y déficits del proceso continental. Es el prólogo de cambios más radicales y trascendentes.
26-5-2021 // Santo Domingo, RD.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.