Opinión
De una gran crisis a otra peor: avanza la rebeldía global
Apropiarse totalmente de los mercados nacionales de los países de “desarrollo medio y bajo” por la vía de las áreas de libre comercio.
Por Narciso Isa Conde
La crisis estructural del capitalismo mundial de final del siglo XX, cuyos primeros síntomas se expresaron al iniciarse la década de los ´70, dio lugar a un proceso de reestructuración del sistema dominante en diferentes vertientes: en sus bases técnicas y científica, en su ideología, en sus formas gerenciales, en su organización, en las relaciones centro-periferia y en sus niveles de transnacionalización o internacionalización. Ese proceso se ha profundizado en el contexto de la presente pandemia COVID 19.
Se trató de otra crisis de sobreproducción, acompañada de una significativa reducción de las ganancias de los grandes consorcios, de perspectivas de agotamiento de las fuentes propias de energía (minerales estratégicos, agua, biodiversidad, extensión del desempleo, grandes flujos migratorios procedentes de los países del Sur y otros síntomas alarmantes.
LAS RECETAS IMPUESTAS:
Desde el inicio de esa reestructuración los grandes centros de poder imperialista se propusieron:
Introducir cambios trascendentes en el patrón de acumulación tecno-científico, en los sistemas organizativos y mecanismos gerenciales, procurando aumentar la productividad y la capacidad especulativa del capital financiero a través de la incorporación en gran escala de la micro-electrónica, la cibernética, la robótica y las demás tecnologías de punta.
Apropiarse totalmente de los mercados nacionales de los países de “desarrollo medio y bajo” por la vía de las áreas de libre comercio. Incrementar su poder empresarial transnacional (altamente concentrado) por la vía de las privatizaciones de las empresas públicas de bienes y servicios, y de los recursos naturales de mayor valor e interés para prolongar su modelo consumista dispendioso.
Eliminar progresivamente las conquistas y beneficios sociales de los (as) trabajadores(as) y los pueblos en materia de políticas salariales, contratación colectiva, seguridad social, deportes, viviendas, salud, educación, diversión, transporte, protección a la niñez y la ancianidad…Atacar, en consecuencia, toda expresión de justicia en la distribución del ingreso, en las relaciones de propiedad, en el papel “benefactor”, protector o redistribuidor del Estado-Nación.
Remodelar y potenciar todas las opresiones funcionales al capitalismo (dominio patriarcal, racismo, adulto-centrismo, el ecocidio y el coloniaje) afines a una racionalidad perversa consistente en la obtención de ganancias y acumulación de capital sin importar consecuencias trágicas. Rehabilitar y renovar las políticas militares de conquista y reconquista de recursos naturales valiosos y zonas de gran valor geopolítico y económico en todos los casos donde se le dificulte por otra vía.
Potenciar la internacionalización del gran capital y sus corporaciones, acelerando los procesos de formación de grandes mercados bajo su control, expandiendo las grandes redes empresariales transnacionales, creando un poderoso aparato de comunicación, precipitando la declinación de los Estados-naciones en la periferia de los grandes centros capitalistas, y fortaleciendo el rol de los mecanismo supranacionales bajo su control (Foros corporativos, FMI, BM, Grupo de los Ocho, OMC, Consejo de la ONU, OTAN, Comando Sur, instancias judiciales y policiales…) Y a esto han llamado globalización.
Elevar concomitantemente el control y el poder de los medios masivos de comunicación, acentuar su proceso de concentración a favor de las transnacionales del ramo y del capital financiero, avanzar aceleradamente hacia una especie de dictadura mediática promotora de los anti-valores del gran capital y de la competitividad sin límites en todas las vertientes de la vida en sociedad. Reestructurar su ideología, rescatando y endureciendo el llamado neoliberalismo, realmente el neoconservadurismo, dada su utilidad y carácter funcional a este proceso de recomposición del sistema.
Todo esto fue facilitado en el tramo final del siglo XX por el derrumbe de los Estados del llamado socialismo real y por la desintegración de la URSS, consecuencia de una gran crisis estructural del estatismo burocrático, no solo simultánea a la multi-crisis del capitalismo, sino además atizada por él.
Igual esas recetas se siguen aplicando y profundizando en las nuevas fases de este prolongado y destructivo deterioro. Incluso los efectos de la agudización de la crisis de salud están operando como ajustes económicos más drásticos que los anteriormente impuestos a través del FMI y el Banco Mundial; mientras las elites punteras del gran capital se deciden por obtener súper-ganancias y completar procesos de privatización, recolonización y asalto de los patrimonios públicos, recursos naturales e instancias ejecutivas del Estado, relanzando las alianzas público-privadas APPs.
LOS RESULTADOS:
Así la contrarrevolución conservadora impuso en primera fase su hegemonía en gran escala con la ilusión de un mundo unipolar y un dominio irreversible que no ha tardado en desvanecerse en medio de un agravamiento de su crisis de decadencia, desplegada antes y durante la COVID 19; en cuyo contexto las elites mega-capitalistas remodelan sus roles en medio de fuertes fracturas internas, desafíos de potencias emergentes, insumisiones populares y declive de EEUU como otrora potencia absolutamente hegemónica.
De todo esto ha resultado un capitalismo y un imperialismo más moderno en sus áreas de gran acumulación, pero a la vez más bárbaro, excluyente y brutal respecto a la gran mayoría de la humanidad; altamente financierizado, pentagonizado, especulativo y gansterizado; ayudado, entre otros factores, por la volatilidad que le imprime la informática al capital bancario y a todos sus mecanismos de acumulación, control represivo y alienación. Y, en consecuencia, ha determinado la entronización de un sistema de dominación más concentrado y brutal, militarizado, globalizado y violento.
El imperialismo actual está operando como factor privatizador y comercializador de todo lo estatal y social, incluido el ejercicio de la política; y como desesperada potencia agresora en fase de descomposición de poderío.
Pero con lo que no contaban los magnates e ideólogos del sistema, es con lo que ha provocado esa reestructuración neoliberal y esa agresividad.
Parecería que no pensaron que las recetas para salir de aquella crisis estructural generarían una crisis de nuevo tipo, diferente y peor a todas las anteriores, que terminaría debilitando partes de sus fortalezas.
Una crisis múltiple: económica, social, ambiental, político-institucional, urbanística, moral, militar… con características de crisis integral de decadencia de la civilización burguesa; al tiempo de poner en riesgo la existencia del planeta y de la humanidad, lo que genera múltiples rebeldías como contrapartida.
LA CONTRAPARTIDA SE ACTIVA: AVANZA LA TENDENDENCIA A LA INSUMISIÓN DE LOS PUEBLOS.
A su vez, el empobrecimiento masivo de seres humanos y naturaleza, la inseguridad de vida, la devastadora crisis ambiental, los sufrimientos potenciados, las guerras desatadas, el nivel de la crisis moral, el auge de la mentira y de la delincuencia de Estado, los abusos contra el acervo y la diversidad cultural, el aplastamiento de identidades nacionales y las discriminaciones por género, razas y edad…han dado lugar a una resistencia creciente y a una contrapartida de luchas y rebeldías con profundas potencialidades anticapitalistas y antiimperialistas, y marcada tendencias hacia la insurgencia global; aunque todavía con serios déficits en la conformación de fuerzas transformadoras y de vanguardia que posibiliten articular las rebeldías y crear poderes alternativos.
En América Latina y el Caribe esto se ha transformado en una nueva, intensa y accidentada oleada de cambios hacia la nueva independencia, enfrentada a una feroz contraofensiva imperialista.
En el contexto de un gran ciclo histórico de luchas, esta oleada de cambios es la primera desplegada en este siglo XXI y la cuarta desatada en los últimos 50 años del Siglo XX: 1-Revolución Cubana y su entorno, incluido Abril 65 en República Dominicana y proceso torrijista en Panamá. 2-Auge de las luchas en el Cono Sur y victoria de la Unidad Popular en Chile. 3-Revolución Sandinista en Nicaragua e insurgencias centroamericanas, salvadoreña y guatemalteca. 4-Revolución Bolivariana de Venezuela con sus ondas expansivas hacia Sur y Centroamérica (Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Honduras, Paraguay, Brasil…).
Esta cuarta ola, aun con muchos retrocesos y avances recurrentes, pinta cada vez más difícil de aplastar y/o contener, tanto por medios políticos como por la vía militar.
La supervivencia de la autodeterminación y proyectos transformadores de diferentes calibres en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, México, Bolivia… la contundente victoria del proceso constituyente en Chile, las extraordinarias y recurrentes rebeldías político-sociales en Colombia, Haití, Honduras, Paraguay, Brasil, Puerto Rico… marcan tendencias dentro de los altibajos y déficits del proceso continental. Es el prólogo de cambios más radicales y trascendentes.
26-5-2021 // Santo Domingo, RD.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.