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Un año después de vuelta a las aulas.

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Santo Domingo, RD.-Los niños no entienden el peligro del impacto en la salud y social del coronavirus, pero si entienden la satisfacción que les causa reencontrarse con sus amiguitos de la escuela a propósito del retorno a las aulas este pasado 6 de marzo.

Levantarse temprano y ponerse su poloché azul, pantalón kaki, zapatos ne­gros, y lacitos en el pelo que combinaban con su ropa lle­naron de entusiasmo a la ni­ña, que cursa el segundo de primaria en la escuela Juana Taveras y asegura que lo pri­mero que le dijo a su amiga es “que yo quiero volver a ju­gar con ella”.

Carla dijo que en su casa le han explicado que debe lavarse sus manos y mante­nerse su mascarilla puesta.

“Porque me gusta hacer las clases” fue la respuesta espontánea de Luis David, un niño de 4 años que cursa el Prekinder, al preguntar­le porqué quiere volver a la escuela.

Aunque el pequeño ex­traña a sus amiguitos y tie­ne el deseo de estudiar en la escuela y ver a su maestra, su madre no está de acuer­do con enviarlos al centro educativo por temor a que sus hijos se contagien de co­ronavirus.

Luis David y su hermano Jorge están inscritos en la es­cuela Futuro Vivo en Guerra, uno de los 48 municipios que retornaron a las clases presen­ciales ayer. “Si uno grande no tiene control de estar con dis­tanciamiento, imagínate los niños, si uno les dice no salgan y ellos comoquiera salen, no brinquen y ellos comoquiera brincan, entonces comoquie­ra es algo que no va a logra­se, deberían dejarlo así, que el año terminará virtual y luego el año entrante ver cómo ba­ja un poco esto del virus”. dijo Kissairis, madre de los peque­ños, al explicar las razones por la que decidió no enviarlos a la escuela de manera presencial.

Las situaciones
El presidente Luis Abina­der encabezó ayer el ac­to del retorno gradual de la educación presencial, que se realizó en la escuela Juana Taveras de la comunidad de Guerra, y aunque este plantel cuenta con la infraestructura necesaria, esta no es la reali­dad de otros centros que que­dan a unos kilómetros de es­te.

Algunos padres expresa­ron que sus hijos no asistie­ron a la escuela el primer día pero que están de acuerdo con enviarlos, pero que les falta uniformes y otros útiles escolares.

Maleny Mosquea dice que no tiene tiempo de ayudar a su hija con las tareas por lo que se mostró de acuerdo con el retorno a las aulas. Ex­plicó que acudió ayer al cen­tro a firmar la carta compro­miso y que esta semana su hija Yulianni Sirena asistirá.

La asistencia en la escuela de este municipio fue casi nu­la, en la Leonor M. Feltz solo asistieron 14 niños, de 1,109 estudiantes inscritos.

La directora del centro edu­cativo, Cándida Rosa Gómez, dijo que están preparados en cuanto a la higienización y mantenimiento de la escue­la, que es la parte que les co­rresponde directamente, pero esperan que las brigadas re­suelvan los problemas de plo­mería, adecuación de baños y la electricidad, aunque empe­zaron a recibir estudiantes.

Otro panorama se vivió en la escuela Los Berroa, en la co­munidad del mismo no, don­de las maestras se quedaron esperando a sus estudiantes sin que ninguno se presentara al plantel, que tampoco cuen­ta con la infraestructura ade­cuada para recibir a los niños. Los escombros de los arreglos que se hacen se encuentran dispersos en el patio, y además no cuenta con cancha ni área recreativa.

 CLAVES
El sur lejano.
La poca presencia de es­tudiantes también fue notoria en planteles es­colares en municipios de las provincias Barahona, Independencia y Baho­ruco, según los repor­tes de los corresponsa­les Benny Rodrígueza y Faustimo Reyes donde también se realizaron actos para el retorno a la docencia preserncial.

Coronavirus.
El ministro de Educa­ción, Rafael Fulcar, ex­presó ayer que si surge un rebrote del Covid-19 en esta situación, recon­siderarían la medida.

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Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.

Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.

“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.

El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.

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Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.

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Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.

La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.

Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma
Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.

Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.

El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.

De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.

Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.

El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.

«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».

  • En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
  • Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.

El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.

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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público  en las próximas horas la imposición  contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.

El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.

Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

Instrumentos odontológicos en un consultorio, vinculados al caso de un falso odontólogo acusado de causar lesiones
Instrumentos dentales en un consultorio, en el contexto de la solicitud de prisión preventiva contra un falso odontólogo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.

Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.

La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.

La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.

“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.

Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.

  • El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
  • Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.

El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.

Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.

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