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Opinión

“Debate” insustancial entre “chiquitos”

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Por Narciso Isa Conde

Al Frente Amplio, Patria para Todos/as, Opción Democrática y a los Servidores los excluyen del debate presidencial y a cambio le dieron un premio de consolación: debatir entre ellos. Y se conformaron con la migaja: con el “debate entre chiquitos”.

Los servidores representados por la figura del pastor fundamentalista Carlos Peña, asumieron sin sonrojos el discurso seudo-libertario de Milei, cargado aquí de un atropello al Estado laico y a la enseñanza laica.

La copia de Milei no llega a ser una mala comedia desde el extremismo neoliberal privatizador de todo, quitándoles los impuestos a los jorocones del capital y salpicado de fuertes ataques teatrales, bien merecidos en los casos de Abinader, de políticos ladrones y megamineras.

En eso Carlos Peña parece más opositor a este gobierno empresarial y neocolonialmente corrupto que las tres versiones del progresismo criollo representada en ese coloquio; todas ellas previamente despojadas de actitud anti sistémica, evadiendo la defensa de la soberanía aplastada por EEUU y los necesarios combates a la oligarquía voraz y a la perversa clase política.

Nuestros “PROGRES” no están por asumir políticas anticapitalistas ni por y enfrentar su gansterización. Se limitan a criticar lo de privatizar más, lo que ciertamente es una barbaridad de Mileicito, y en rechazar el neoliberalismo en general, sin proponer desprivatizar lo ya privatizado.

El neofascista, que imita a Milei, mete la religión en la política y propone privatizar de todo y establecer el reino de los capitalistas, libre de impuestos y dueños de todo.

Los progres se concentraron en sugerir reformas fiscal, salarial, salud, seguridad social, educación y status ambiental; previamente bloqueadas por las características del poder constituido y su total subordinación a EEUU. Nada de enfrentar y desplazar ese poder. Nada sobre la necesidad de construir un poder diferente.

No es malo demandar reforma, pero sí lo es limitarse a eso frente a un régimen que las rechaza todas e introduce constantemente contra reformas e iniciativas ultra conservadoras.

En ocasiones algunos hablaron de transformar, pero la verdad es que no plantean nada transformador. Ningún cambio estructural…a lo sumo modificaciones parciales que chocan con un sistema irreformable, que hay que arrancar de raíz.Los cuatro están con esta institucionalidad, con esta constitución, con estas leyes; pero el neofascista sabe, por momentos, colocarse radicalmente a la izquierda de un progresismo blandengue para aparentar lo que no es.

Los progres saben que el sistema es un gran fraude y no se proponen reemplazarlo. Prefieren hablar de una reforma integral etérea que saben bloqueada anticipadamente por las derechas y por la clase gobernante-dominante, las cuales, para ejecutarlas, habría que previamente desplazar del poder. Pero de esto último, ni cómo ni ji. Nada, por demás, de rescatar la autodeterminación y reconquistar la soberanía nacional y popular. Parecería que ni USAID, ni Comando Sur, ni el BM ni el FMI, andan por aquí.

Para el progresismo criollo, una parte aliada a las derechas y otra concurriendo a las votaciones por cuenta propia, no existen los diez magnates que se han apropiado de la economía del país y que ahora procuran asaltar todos los recursos naturales. ¡Son invisibles!

Sus dirigentes se resisten a hablar de los cambios necesarios en el régimen de propiedad…nada de sugerir modalidades de propiedad social ni de tocar los intereses de los Vicini, Risek, Bonetti, Manuel Estrella, Capellán, Grupo Popular…

Nada de impugnar la antidemocracia reinante, de ejercer políticamente el imprescindible ejercicio de la democracia de calle para desplazar gobiernos y nada de admitir la inevitable confrontación con un imperialismo violento y guerrerista, radicalmente opuesto a la autodeterminación de los pueblos,
La corrupción empresarial no es tema de debate, mucho menos la necesidad de impulsar un proceso Constituyente que cambie todo esto.

Saben que ya Abinader impuso su reelección frente a adversarios totalmente descalificados por el descrédito (PLD-FP y comparsa), que son unos comicios entrampados y sin competencia, que lo peor viene después de las votaciones, y no se atreven a decirlo.

En esto todo esto definitivamente hay mucho de comedia de mala calidad.

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Opinión

La democracia no es sólo electoral.

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Por José Cabral

Lo dicho por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, en el sentido de que tras el cierre definitivo del proceso electoral, el país puede exhibir cada vez más el fortalecimiento del sistema democrático como una referencia regional.

Esta expresión del presidente del órgano comicial se inscribe en lo que siempre se pregona, pero que no pasa de ser un enunciado que en realidad no se corresponde con la verdad.

La JCE todavía es un verdadero desastre, aunque en asuntos puntuales parece haber cumplido con algunas formalidades, como, por ejemplo, unas votaciones relativamente ordenadas, lo cual es un logro de hace ya muchos años.

Pero hablar de avances democráticos evidentemente que es una cuestión relativa, porque este sistema luce muy rezagado y para hacer un análisis realista de la democracia habría que tomar en cuenta muchas otras aristas.

La verdad es que la democracia dominicana es todavía muy de papel, la cual entraña una serie de falencias que muy difícilmente con el comportamiento que tienen los actores políticos se pueda llegar a un punto en el que se acabe la frase más común en el país de que el modelo político avanza y se fortalece.

Escuchar afirmaciones como las de Román Jáquez confirma de que el país sólo sabe manejarse con la creación de una percepción que representa un verdadero engaño, una mentira.

Hay que ser muy atrevido para hablar de un proceso electoral enteramente democrático, transparente e íntegro, cuando todo el mundo sabe que el mismo está lleno de trampas, de compra de votos y de todo tipo de fraudes.

La Junta Central Electoral (JCE) está llena de tantas deficiencias que tal vez sea una de las peores instancias de la débil democracia nacional.

Ahí es muy poco el control que existe, tanto es así que su funcionamiento representa una vergüenza nacional, donde no hay control de nada, absolutamente de nada, a menos que no sea de la organización puntual de unas elecciones llenas de problemas.

Hay que parar que se digan cosas que cuando se ven en los medios de comunicación no deja otra impresión de que el dominicano nada en la mentira y la manipulación.

Cuando la JCE examine y proceda en contra de los que más dañan el sistema electoral y toda la democracia, entonces se podrá usar el lenguaje de que el país camina hacia una forma más creíble y de mayor fortalecimiento institucional.

De otra manera se trata de una verdadera vacuencia, que nadie cree y que los resultados son el mejor desmentido de una democracia que sólo existe en el papel, no en los hechos.

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Opinión

República Dominicana: Por ahora… un país a la deriva

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Por Isaías Ramos

Durante las últimas décadas, la República Dominicana ha disfrutado de un supuesto crecimiento económico notable, impulsado por las remesas de los dominicanos en el exterior, un endeudamiento preocupante, una economía de vitrina, el auge del turismo y las zonas francas. Sin embargo, este «progreso» no ha sido suficiente para superar las vulnerabilidades estructurales de una economía extremadamente dependiente del entorno internacional.

La industria nacional, incapaz de convertirse en competitiva a nivel internacional o de satisfacer la demanda interna, sufre debido a un suministro eléctrico caro e ineficaz, leyes laborales que parecen reliquias del pasado y un sistema de seguridad social ajeno al bienestar colectivo. Esto refleja la falta de voluntad política para buscar un desarrollo económico y social que beneficie a la mayoría del pueblo dominicano. Un claro ejemplo de esto es la Ley de Educación (66-97), que, aunque virtuosa y creadora de grandes expectativas, finalmente solo ha dejado decepción y frustración en la población.

No obstante, es en la Ley 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se plasma la visión de país que aspiramos construir antes del año 2030: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado Social y Democrático de Derecho, y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social, gestionando y aprovechando sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada, y se inserta competitivamente en la economía global”.

Esta estrategia de desarrollo, elaborada desde el 2008 y convertida en ley en el 2012, a pesar de estar sustentada en el espíritu de un Estado Social y Democrático de Derecho, permite abrir ventanas a un neoliberalismo que ha logrado imponerse, bloqueando toda posibilidad de promover e implementar la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social.

A esto se suma un alarmante endeudamiento, una educación que ha dado la espalda a la formación en principios cívicos y valores morales, exacerbada por métodos de perversión, una inseguridad ciudadana desbordada y un sistema de impunidad que perpetúa la corrupción a niveles alarmantes, debilitando la confianza en las instituciones.

Ante este panorama, el gobierno actual ha propuesto 12 reformas, la mayoría ya contempladas en dicha ley. Es imperativo para el gobierno, antes de llevar a cabo la mayoría de estas reformas, restaurar la credibilidad del Estado y ganar la confianza de los ciudadanos con medidas y reformas reales hacia el bienestar colectivo.

Reformas como el código laboral, la seguridad social y del sector eléctrico para adecuarlas al Estado Social y Democrático de Derecho son impostergables con el objetivo de evitar continuar profundizando la miseria y el endeudamiento económico y social al que este modelo neoliberal ha sometido a la población.

Desde el Frente Cívico y Social entendemos que un Estado Social y Democrático de Derecho no es compatible con un modelo económico neoliberal; por lo tanto, las reformas contempladas en la Ley 1-12 deben realizarse acorde a ese espíritu constitucional y a esa visión del país que todos soñamos vivir, y así encaminar a la nación hacia un futuro próspero y equitativo. ¡Es el momento de demostrar que podemos construir ese país que no solo «crezca», sino que también mejore la calidad de vida de cada uno de sus ciudadanos!

¡Despierta, RD!

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Opinión

Los Derechos del Acusado ante la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

El desarrollo de una norma internacional de derecho esta obviamente centrado en el  enjuiciamiento de los supuestos criminales de guerra, el cual se traduce en el apoyo  a un proceso  penal fuerte e independiente.

La implementación de una norma de derecho esta igualmente fundamentada, sin embargo , en la manera en que las personas acusadas  son llevadas ante la Corte Penal Internacional. El proceso  para alcanzar el objetivo  incluye la garantía de un  debido proceso  para todas las personas acusadas.

Es por esta razón que es necesario crear un proceso de defensa  fuerte e independiente. La garantía de los derechos del imputado  es esencial para el establecimiento de un  proceso de defensa  fuerte, y los Estados  Partes podrían necesitar adaptar ciertos aspectos de sus sistemas de justicia penal en el futuro, para asegurar  que sus prácticas referentes a los imputados  tomen en cuenta la jurisprudencia de la CPI en esta área. Delo contrario podrían amenazar la integridad del proceso y perjudicar el trabajo futuro de la CPI.

Uno de los objetivos del sistema  internacional de justicia penal es apoyar la reconciliación entre las personas  y evitar los actos de retribución  colectiva. Para que esto suceda ,  los procedimientos de juicio  deberán respetar los derechos  del acusado, garantizando el empleo de todos los medios de defensa de los cuales tienen derecho  de hacer uso.

Deberá haber un debido proceso , o los miembros del grupo de la persona  acusada se percibirán  ultrajados por un sistema de justicia que no es más que un frente de venganza organizada.

Los artículos 55 y 67 del Estatuto de Roma enumeran los derechos generales de las personas acusadas, y  estos derechos afectan  los procedimientos de competencia del Estado de detención  o custodia.

Los derechos y las obligaciones  que se mencionara están estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,y particularmente garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales son obligatorios para la mayoría de los Estados  Miembros de las Naciones Unidas.

El artículo 67 del Estatuto de Roma establece claramente que deberá existir plena igualdad entre la defensa y la Fiscalía en cualquier proceso ante la Corte Penal Internacional. Por ende, el Estatuto de Roma enfatiza el principio de igualdad de poderes.

A la luz de los derechos del sospechoso establecidos tanto en el artículo 55 como en el artículo 67 del Estatuto de Roma, es esencial para llevar a cabo un procedimiento justo  y efectivo que se garanticen y protejan  estos derechos a lo largo de todo el proceso.

Es recomendable que al arrestar o detener a  una persona el Estado respete todos los derechos estipulados en el artículo 55 para que se garantice el debido proceso, y se evite agravar el proceso en el caso de una revisión  judicial.

El artículo 54 del Estatuto de Roma establece que el Fiscal deberá respetar plenamente los derechos de las personas dispuestos por el Estatuto. Esto significa que las autoridades locales deberán cooperar plenamente con la Fiscalía durante las investigaciones en el lugar de los hechos, y cumplir con cualquier requisito que permita que la investigación descubra tanto prueba vinculante como exculparte para presentar ante la CPI.

[email protected]

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