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“Deberíamos poner doctores a enseñar a leer”
Jorge Rivera fue orador invitado del 8vo Congreso Internacional del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa
SANTO DOMINGO. “Deberíamos poner doctores a enseñar a leer”, sentenció Jorge Rivera, un doctor en Ciencias de la Educación que coordina el proceso de actualización de la Política Educativa Centroamericana en los principios y metas de la Agenda E2030.
El especialista en formación y capacitación docente se refería a personas con calificaciones profesionales educativas del más alto nivel.
“Se considera que cuanto más elementales son los niveles educativos -dígase preescolar, enseñar a leer y a escribir, primeros grados- son los maestros más novatos los que están iniciándose; deberíamos poner doctores a enseñar a leer”, afirmó este boliviano.
“En América Latina, si le preguntas a alguien: ‘¿Cómo te fue con tus hijos?’, diría: ‘Maestro, no más’ ”.
Rivera enfatizó que es en los primeros años de la educación cuando se decide el futuro. “Si tú no aprendes a leer y a pensar matemáticamente en cinco, seis, siete años de edad, después vas a fracasar en la escuela”, aseguró.
“No puedes darle el inicio de las destrezas básicas del aprendizaje al docente que está todavía saliendo del cascarón y está empezando a hacer sus primeras armas, que se va a equivocar y no va a acertar”, agregó.
Rivera vino a la República Dominicana como orador invitado del 8vo. Congreso Internacional del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) que se celebró la semana pasada en la capital dominicana.
Durante una entrevista con Diario Libre comentó que lo que se estila en la región es que cuanto más tiempo tenga el maestro en la carrera docente va escalando niveles más altos. “Todo el mundo quiere ser profesor de sexto grado, después profesor de secundaria”, dijo.
En su propuesta de maestros doctores, Rivera reconoce que hay un detalle: la retribución salarial.
Para obtener el grado de doctor se debe haber alcanzado títulos previos que abarcan estudios de grado y postgrado, así como realizar investigaciones o tesis a profundidad, es decir, una preparación de años.
Aunque a Rivera no le gusta poner la calidad de la educación de Finlandia como modelo en Latinoamérica, debido a que es otro tipo de sociedad, no deja de mencionar el prestigio que tiene la profesión docente en ese país. “En la escala social tu nivel de reconocimiento es altísimo; en la región, en América Latina, si le preguntas a alguien: ‘¿Cómo te fue con tus hijos?’, diría: ‘Maestro, no más’”.
Entiende que corresponde a los gobiernos y administraciones escolares importantizar la figura del docente respecto a su salario, ya que este es uno de los factores a tomar en cuenta para la calidad de la educación. “Que sea por lo menos de los más altos, atractivos, suficiente para el docente, y que dé ganas de ser docente”, dijo.
El salario base de los maestros del sector público dominicano oscila entre RD$17,000 y sobre los RD$40,000. El ministro de Educación Andrés Navarro ha informado que a partir de enero estos recibirán un nuevo aumento salarial de entre 17 % y 32 % sobre el salario base.
El incremento corresponde al incentivo por los resultados del Programa de Evaluación por Desempeño que se aplicó a unos 80,000 educadores.
Rivera sostiene la necesidad de que quienes enseñen los primeros niveles del sistema educativo sean los profesionales más preparados porque “el 40 por ciento de las habilidades mentales de un adulto se definen en los tres primeros años de vida” y “los países que están buscando tener mayores niveles de desarrollo están invirtiendo mucho más en la primera infancia”.
El especialista, quien también es asesor técnico de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), enumeró cinco características destacables en el perfil ideal de un profesor que tenga las llamadas “competencias del siglo XXI”.
1.- Capacidad de trabajar en equipo. El docente debe ser capaz no solo de ser el “dueño” del aula, sino de ser parte de una escuela inclusiva que supere las barreras que tengan algunos estudiantes.
2.- Capacidad de problematizar. Además de poder plantear problemas, el profesor debe poder encontrar alternativas de soluciones. “Hoy en día la gran industria que quiere tener un trabajador calificado ya no le exige que sea hábil en manejar una máquina como hasta hace poco, le exige que sea capaz de plantearse y de resolver problemas”, comentó. Indicó que esto está absolutamente reñido con el perfil tradicional del docente que se sienta con un libro a dictar.
3.- Competencias comunicacionales. En la formación docente el modelo prevaleciente ha sido la comunicación vertical. “La comunicación horizontal, la comunicación asertiva, aquella que es capaz de generar diálogo, tiene que ser parte del perfil importante que un docente en este momento tenga que aprender a manejar”, dijo. A su juicio, ese tipo de comunicación es la que produce aprendizaje.
4.- Capacidad de aprender permanentemente. El docente debe reconocer que un profesor no lo sabe todo y tiene que mantener un interés constante en adquirir nuevos conocimientos.
5.- Reconocimiento y aceptación de la diversidad. “Si yo no soy capaz de ser sensible al hecho de tener un mundo diverso, de tener alumnos diversos, y de que es mi tarea entender y aceptar esa diversidad, no puedo ser un docente”, afirmó. Entre esos factores de diversidad citó el género, la etnia, la cultura y las capacidades diferentes de aprendizaje. Comentó que hay evidencias de que cuando un profesor no cree que su alumno puede aprender ya lo perdió.
El Gobierno dominicano puso en marcha la llamada República Digital, que en su eje educativo busca implementar estrategias inclusivas que integren las Tecnologías de la Información y Comunicación en el sistema educativo nacional.
La Presidencia ha informado que el Plan Piloto de este programa tiene como meta para el año escolar 2017-2018 lograr que más de 40,000 estudiantes de secundaria tengan un computador portátil personal y 22,000 alumnos de primaria usen tabletas digitales en el aula.
Las primeras 940 computadoras fueron entregadas por el presidente Danilo Medina el pasado miércoles en el Politécnico Francisco Alberto Caamaño Deñó de Villa Mella. Allí el mandatario indicó que el Gobierno ha dispuesto de RD$20,000 millones para desarrollar República Digital.
Al preguntarle a Rivera cómo hacer para que esa República Digital llegue a todos los estudiantes por igual, respondió lo siguiente en este video.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.