Opinión
Décadas Perdidas: ¡Vamos por el Sueño de Nuestros Libertadores!
Por Isaías Ramos
Si los gobernantes de las últimas décadas hubieran contado con una sólida conciencia social, moral y patriótica, y una personalidad firme, hoy tendríamos una nación desarrollada. Imaginemos que en lugar de privatizar las empresas públicas, las hubieran saneado y preparado para formar parte de un holding con acceso al mercado de valores, permitiendo que fueran capitalizadas por sus verdaderos dueños: el pueblo. Cuántos beneficios y empleos se habrían generado.
Imaginemos que contratos leoninos, como el de Congentrix, que causó pérdidas de más de mil millones de dólares, o el peaje sombra de más de dos mil millones, no hubieran existido. Cuánto dinero se habría ahorrado la nación.
La crisis financiera de 2003, responsable de uno de los déficits fiscales históricos que traspasó ese saqueo financiero del sector privado al pueblo, mientras los responsables continúan sus vidas de opulencia y riqueza sin remordimientos ni consecuencias. Imaginemos un contrato de Barrick Gold bien negociado, donde la inversión real no hubiera sido pagada por el pueblo y este leonino contrato, en lugar de ser 97% para ellos y 3% para el pueblo, hubiera sido justo: 30% para ellos y 70% para el pueblo. Cuántas reservas internacionales tendríamos hoy.
Qué hubiera pasado si, en lugar de implementar un sistema económico deshumanizante e injusto, y en vez de subsidiar el “consumo” se hubiera subsidiado la producción del sector agropecuario e industrial generadora de empleo y riqueza. Qué hubiera pasado si en lugar de mantener una política de déficit fiscal, se hubiera implementado una política de superávit fiscal y endeudamiento solo para inversión de capital productivo y de beneficio colectivo.
Qué sería si se hubieran dedicado a cumplir con la ley de educación y formar ciudadanos en principios y valores para crear un capital humano valioso en toda su integridad. Qué sería de nuestra patria si el régimen de seguridad social se hubiera diseñado para beneficio del pueblo trabajador y no de una élite financiera.
Qué país seríamos hoy si, en lugar de pervertir y vulgarizar a la sociedad, hubieran actuado como entes dedicados a contener la maldad y promover buenos hábitos de salud y comportamiento cívico. En cambio, abandonaron la salud mental, física y espiritual de la población, dejándola en manos de lobos buscadores de almas a quien devorar.
Qué sería de nuestro país si la enorme crisis sanitaria que surgió en 2020 hubiera sido utilizada como la gran oportunidad para realizar los cambios y transformaciones que requería la nación. Con una promoción sin precedentes educando, concientizando, disciplinando y creando hábitos y buenas costumbres, formando buenos ciudadanos usando todos los medios de comunicación social a los que tiene acceso el Estado. De haber volcado los recursos financieros, técnicos y administrativos al campo dominicano para relanzar la agropecuaria del país e impulsar la construcción de miles de hogares confortables, especialmente para aquellos que en pleno siglo 21 sobreviven en condiciones no aptas para la dignidad humana. ¿Qué sería hoy de nuestra patria si, en vez de ser gobernados por hombres sin juicio y sin corazón, hubiésemos sido liderados por personas temerosas de Dios, llenas de amor por la patria y deseosas de defender la libertad financiera, social y política del país? Si en las últimas décadas, líderes con sabiduría, principios, valores y propósitos nos hubiesen guiado, hoy, sin duda, viviríamos en una nación rica y próspera para todos sus ciudadanos.
El Frente Cívico y Social tiene la visión de un país que se aleje del sistema económico neoliberal y se encamine hacia un capitalismo coordinado y libre de impunidad. Imaginamos una nación donde podamos vivir el sueño que nuestros libertadores concibieron: un país justo, ordenado y con igualdad de derechos y oportunidades para todos.
En esta nación soñada, la educación sería accesible y de calidad, permitiendo a todos desarrollarse plenamente y contribuir al progreso del país. La atención médica sería garantizada, y todos tendrían un techo digno y un sustento seguro. Los recursos naturales y la riqueza del país serían distribuidos equitativamente, invirtiéndose en el bienestar y desarrollo de todos los ciudadanos.
La corrupción y la impunidad no tendrían cabida en este país. Todos los funcionarios públicos actuarían con integridad y transparencia, velando por el interés general. Se promovería el respeto y la protección al medio ambiente, garantizando un futuro sostenible para las próximas generaciones.
En el FCS trabajamos para alcanzar la oportunidad de construir este país soñado por nuestros libertadores, un país en el que cada ciudadano tenga la oportunidad de vivir una vida digna, justa y plena. Juntos, podemos caminar hacia un futuro más próspero y equitativo para todos.
¡Despierta, República Dominicana!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.