Opinión
Décadas Perdidas: ¡Vamos por el Sueño de Nuestros Libertadores!
Por Isaías Ramos
Si los gobernantes de las últimas décadas hubieran contado con una sólida conciencia social, moral y patriótica, y una personalidad firme, hoy tendríamos una nación desarrollada. Imaginemos que en lugar de privatizar las empresas públicas, las hubieran saneado y preparado para formar parte de un holding con acceso al mercado de valores, permitiendo que fueran capitalizadas por sus verdaderos dueños: el pueblo. Cuántos beneficios y empleos se habrían generado.
Imaginemos que contratos leoninos, como el de Congentrix, que causó pérdidas de más de mil millones de dólares, o el peaje sombra de más de dos mil millones, no hubieran existido. Cuánto dinero se habría ahorrado la nación.
La crisis financiera de 2003, responsable de uno de los déficits fiscales históricos que traspasó ese saqueo financiero del sector privado al pueblo, mientras los responsables continúan sus vidas de opulencia y riqueza sin remordimientos ni consecuencias. Imaginemos un contrato de Barrick Gold bien negociado, donde la inversión real no hubiera sido pagada por el pueblo y este leonino contrato, en lugar de ser 97% para ellos y 3% para el pueblo, hubiera sido justo: 30% para ellos y 70% para el pueblo. Cuántas reservas internacionales tendríamos hoy.
Qué hubiera pasado si, en lugar de implementar un sistema económico deshumanizante e injusto, y en vez de subsidiar el “consumo” se hubiera subsidiado la producción del sector agropecuario e industrial generadora de empleo y riqueza. Qué hubiera pasado si en lugar de mantener una política de déficit fiscal, se hubiera implementado una política de superávit fiscal y endeudamiento solo para inversión de capital productivo y de beneficio colectivo.
Qué sería si se hubieran dedicado a cumplir con la ley de educación y formar ciudadanos en principios y valores para crear un capital humano valioso en toda su integridad. Qué sería de nuestra patria si el régimen de seguridad social se hubiera diseñado para beneficio del pueblo trabajador y no de una élite financiera.
Qué país seríamos hoy si, en lugar de pervertir y vulgarizar a la sociedad, hubieran actuado como entes dedicados a contener la maldad y promover buenos hábitos de salud y comportamiento cívico. En cambio, abandonaron la salud mental, física y espiritual de la población, dejándola en manos de lobos buscadores de almas a quien devorar.
Qué sería de nuestro país si la enorme crisis sanitaria que surgió en 2020 hubiera sido utilizada como la gran oportunidad para realizar los cambios y transformaciones que requería la nación. Con una promoción sin precedentes educando, concientizando, disciplinando y creando hábitos y buenas costumbres, formando buenos ciudadanos usando todos los medios de comunicación social a los que tiene acceso el Estado. De haber volcado los recursos financieros, técnicos y administrativos al campo dominicano para relanzar la agropecuaria del país e impulsar la construcción de miles de hogares confortables, especialmente para aquellos que en pleno siglo 21 sobreviven en condiciones no aptas para la dignidad humana. ¿Qué sería hoy de nuestra patria si, en vez de ser gobernados por hombres sin juicio y sin corazón, hubiésemos sido liderados por personas temerosas de Dios, llenas de amor por la patria y deseosas de defender la libertad financiera, social y política del país? Si en las últimas décadas, líderes con sabiduría, principios, valores y propósitos nos hubiesen guiado, hoy, sin duda, viviríamos en una nación rica y próspera para todos sus ciudadanos.
El Frente Cívico y Social tiene la visión de un país que se aleje del sistema económico neoliberal y se encamine hacia un capitalismo coordinado y libre de impunidad. Imaginamos una nación donde podamos vivir el sueño que nuestros libertadores concibieron: un país justo, ordenado y con igualdad de derechos y oportunidades para todos.
En esta nación soñada, la educación sería accesible y de calidad, permitiendo a todos desarrollarse plenamente y contribuir al progreso del país. La atención médica sería garantizada, y todos tendrían un techo digno y un sustento seguro. Los recursos naturales y la riqueza del país serían distribuidos equitativamente, invirtiéndose en el bienestar y desarrollo de todos los ciudadanos.
La corrupción y la impunidad no tendrían cabida en este país. Todos los funcionarios públicos actuarían con integridad y transparencia, velando por el interés general. Se promovería el respeto y la protección al medio ambiente, garantizando un futuro sostenible para las próximas generaciones.
En el FCS trabajamos para alcanzar la oportunidad de construir este país soñado por nuestros libertadores, un país en el que cada ciudadano tenga la oportunidad de vivir una vida digna, justa y plena. Juntos, podemos caminar hacia un futuro más próspero y equitativo para todos.
¡Despierta, República Dominicana!
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!