Opinión
Decadencia del progresismo y de las transformaciones mediatizadas
Por Narciso Isa Conde
El cuadro de nuestra América ya no luce tan favorable para las izquierdas y fuerzas transformadoras como al inicio de este siglo.
EEUU y las derechas han retomado la ofensiva y han logrado entronizarse con diversos medios y variadas modalidades en los gobiernos y Estados de Honduras, Paraguay, Perú y Argentina, países Inicialmente situados en el campo del progresismo.
Además, aprovechando las limitaciones y deformaciones en cada proceso, están logrando cambiar a su favor la correlación de fuerza en Venezuela, creando a la vez mejores condiciones para el retroceso.
A eso se agrega que han podido erosionar gravemente al moderado y debilitado régimen del PT en Brasil, apuntando también contra los gobiernos transformadores de Ecuador y Bolivia con estrategias de desgastes limitadamente exitosas.
FACTORES ADVERSOS Y FALLAS
El fin de las ventajas económicas derivadas de los altos precios del petróleo, la reducción de las exportaciones suramericanas a China, India y otras potencia emergentes; el repunte de la corrupción estatal gubernamental (con sus especificidades en cada caso), la reproducción de métodos propios de la política tradicional, la larga coexistencia traumática con las estructuras del gran capital que alimenta a las agresivas derechas continentales, se han combinado al interior de esos procesos esperanzadores para abrirle cancha a la reversión contra-reformista y contra-revolucionaria.
A esa amalgama de factores y de fallas se le suma la peor de todas las limitaciones: la ausencia en sus instancias conductoras de la necesaria determinación de pasar de las reformas más o menos avanzadas a la revolución con una fuerte impronta anticapitalista y socializante del poder y de la economía. Siempre se ha dicho –y ahora vuelve a confirmarse- que proceso de cambio que se profundiza se estanca, se debilita y termina retrocediendo.
Tendencia
Consumada recientemente la restauración neoliberal en Argentina, el vórtice de la contraofensiva reaccionaria se ha concentrado en Brasil, logrando primero más concesiones voluntarias del Gobierno de Dilma Roussett dentro la lógica neoliberal, erosionando más la popularidad del PT y aprovechando al máximo la implosión de la gran corrupción (PETROBRAS-ODEBRECH-GUTIÉRREZ ANDRADE Y BNDB), en la que evidentemente están envueltos altos dirigentes petistas, incluyendo la presidenta y el propio Lula.
Esa gran corrupción, mezclada con la política exterior del Estado brasileño y del PT, con el cartel de la construcción ODEBRECH a la cabeza y acompañada de eficaces asesorías electorales y no electorales del mercadólogo JOAO SANTANA, hoy en prisión, se ha expandido a otros gobiernos de continente, entre ellos, el de Mauricio Funes en EL Salvador, y a los actuales regímenes de República Dominicana y Panamá, evidenciándose fuertes las complicidades en obras sobrevaluadas. En Venezuela y en Cuba, donde también ha operado ODEBRECH, no se han presentado señales de escándalos.
Cuando los actores del desplazamiento y de la insubordinación contra los viejos y decadentes regímenes neoliberales y contra las podridas democracias representativas, no se deciden por las revoluciones, por la negación de los métodos de la derecha y de la corrupción y privilegios estatales-gubernamentales, por la impugnación progresiva del capitalismo en crisis y la socialización progresiva en todos los órdenes, finalmente quedan entrampados en sus redes y opciones, las cuales comienzan a operar introduciendo un neoliberalismo blando dentro de la social-democratización que termina facilitando la restauración de un neoliberalismo duro.
Casos y casos de estancamientos, giros y retrocesos
Esto es urgentemente válido de tener en cuenta para Venezuela, referente clave del proceso continental.
El caso de Argentina, sometida de nuevo a los bombardeos neoliberales, es sencillamente dramático.
El de Brasil – pendiente todavía de desenlace- tiende a serlo también, con el agravante de que Lula viene de las izquierdas socialistas-revolucionarias y ha sido un símbolo de la resistencia obrera y popular que ha devenido, junto a una parte de la cúpula de su también emblemático PT, en un administrador del orden capitalista con una mejor distribución del ingreso nacional a favor de los pobres en época de bonanzas, acompañada de ganancias records en favor del capital financiero brasileño, y –lo peor- en un líder altamente vulnerable a las acusaciones de corrupción, inmerso en escándalos sobrecogedores que ensucian los gobiernos del PT.
La proyección de esa deplorable situación de Lula y el PT le hacen un daño enorme a las fuerzas auténticamente revolucionarias del continente. Golpea la subjetividad de los pueblos, promueve la desconfianza y facilita el accionar de las derechas retrógradas, siempre opuestas a cualquier cambio fuera de su control.
En Brasil operan además las pugnas soterradas entre los intereses de los consorcios imperialistas brasileños y los estadounidense, los primeros próximos a Lula, los otros no. Eso explica el caso ODEBRECH y el de PETROBRAS, empresas en expansión arrolladora a contra corriente de todo escrúpulo.
A esto hay que sumar los efectos empobrecedores del paquete neoliberal de Dilma, respaldado por Lula y agregado a los graves problemas acumulados en vertientes tan sensibles como salud pública, educación, tenencia de la tierra y medio ambiente.
En El Salvador, el cambio de mando de Funes a Sánchez Cerén, abrió una nueva oportunidad que parece estancada en el orden de los cambios estructurales necesarios.
Nicaragua, que algo muy especial, luce muy estable dentro sus límites por todo lo que implica el proyecto del canal interoceánico en manos de China Popular.
Uruguay no ha sobrepasado el marco socialdemócrata dentro de su capitalismo dependiente apto, por su escasa población, para ofrecer cierto bienestar social a la clase trabajadora y al pueblo en general con buenos parámetros de libertad y honestidad administrativa
En Cuba el giro dominante en lo inmediato es hacia una combinación de estatismo y capitalismo privado en el contexto de buenas relaciones con EEUU y amplia apertura al capital transnacional, si no se altera ese factor por decisión imperial o cubana. Y ese modelo, de no ser reemplazado, tiende sacar a esa nación de toda dinámica revolucionaria anticapitalista y a embotar las perspectivas socialistas del proceso.
Es claro, sin embargo, que ese nuevo curso del proceso cubano está en fase inicial, tanto en lo que concierne al escenario político propio como al estadounidense, donde los nuevos comicios anuncian otras tormentas que precisamente no se llaman OBAMA; por lo que es temprano para juicios tajantes.
Sigue el combate
Pero la pelea sigue.
Y si el giro hacia la revolución no surge de los liderazgos actuales de esos procesos, brotará de las entrañas del pueblo trabajador y desde la conciencia y organización creada al calor de los procesos fallidos.
El capitalismo no tiene todavía otras respuestas a sus crisis que no sea finalmente más neoliberalismo, lo que vuelve atizar las resistencias y contra-ofensiva populares.
Algo de mayor envergadura puede olerse en Venezuela si se completa el asalto al poder por las derechas. En ambos sentidos: en la dureza de las derechas y en la radicalidad del chavismo revolucionario.
La radicalidad presente en las bases populares de los procesos progresistas y transformadores entorpecidos no necesariamente se revierte cambiando para peor los gobiernos; esto sin negar las frustraciones, retrasos y confusiones que esas realidades podrían generar según las circunstancias.
La ola de cambios puede declinar a nivel del posicionamiento de los Estados, pero no necesariamente desde los pueblos, sobre todo cuando la crisis de decadencia del capitalismo no cesa de agudizarse, deteriorando y caotizando las sociedades cargando sobre la traumática ofensiva neoliberal legitimada efímeramente por el estancamiento y la degradación de los procesos de cambio, sin contar con una fuerza revolucionaria de relevo
Las dificultades que implican esos virajes a favor de EEUU y las derechas no debe ser minimizada.
Estos estancamientos, giros a la derecha y retrocesos, junto a graves fallas éticas, le hacen un daño enorme a las fuerzas auténticamente revolucionarias del continente. Golpea la subjetividad de los pueblos, promueve la desconfianza y facilita el accionar de las derechas retrógradas, siempre opuestas a cualquier cambio fuera de su control.
Precisan, por tanto, ser enfrentados con firmeza y optimismo al compás de sus desgarradores efectos; detectando las posibilidades de contra-ofensiva desde los pueblos y redoblando los esfuerzos por construir nuevas vanguardias y liderazgos político- sociales consecuentes, como garantía de avances sin retornos al pasado.
Colombia en tren de paz
Por otra parte, el avance de los acuerdos para la paz en Colombia, otro escenario de la lucha de clase y de la pelea por la soberanía, merece un seguimiento especial de nuestra parte.
Tal fenómeno ya ha provocado cambios no despreciables en la dinámica de la política colombiana y tiende a crear nuevas coyunturas y a generar nuevas exigencias e iniciativas que pueden impactar la realidad continental y mundial en dirección positiva o negativa; dependiendo del tipo de variaciones que produzca en las correlaciones de fuerza y de poder en el periodo de transición hacia la paz.
Las FARC-EP -combinando con mucho talento la firmeza estratégica y la flexibilidad táctica- procuran que la modalidad de la transición sin confrontación armada preserve su acumulado histórico y su capacidad de respuesta insurgente mientras no se consolide el viraje democrático a escala nacional; para que posibilite a la vez ampliar su influencia política e implantación social, garantizando avances ascendentes sin retrocesos hacia una nueva Colombia en paz duradera, capaz de impactar positivamente la región. La ampliación del plazo para arribar a acuerdos sólidos y a sus formas de implementación favorece esos propósitos.
El tema venezolano y el colombiano tienen una estrecha interacción, sin que todavía puedan hacerse predicciones categóricas respecto a lo que pueda ocurrir en ambos lados de esa frontera neurálgica en este mundo convulso.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?