Opinión
Decadencia del progresismo y de las transformaciones mediatizadas
Por Narciso Isa Conde
El cuadro de nuestra América ya no luce tan favorable para las izquierdas y fuerzas transformadoras como al inicio de este siglo.
EEUU y las derechas han retomado la ofensiva y han logrado entronizarse con diversos medios y variadas modalidades en los gobiernos y Estados de Honduras, Paraguay, Perú y Argentina, países Inicialmente situados en el campo del progresismo.
Además, aprovechando las limitaciones y deformaciones en cada proceso, están logrando cambiar a su favor la correlación de fuerza en Venezuela, creando a la vez mejores condiciones para el retroceso.
A eso se agrega que han podido erosionar gravemente al moderado y debilitado régimen del PT en Brasil, apuntando también contra los gobiernos transformadores de Ecuador y Bolivia con estrategias de desgastes limitadamente exitosas.
FACTORES ADVERSOS Y FALLAS
El fin de las ventajas económicas derivadas de los altos precios del petróleo, la reducción de las exportaciones suramericanas a China, India y otras potencia emergentes; el repunte de la corrupción estatal gubernamental (con sus especificidades en cada caso), la reproducción de métodos propios de la política tradicional, la larga coexistencia traumática con las estructuras del gran capital que alimenta a las agresivas derechas continentales, se han combinado al interior de esos procesos esperanzadores para abrirle cancha a la reversión contra-reformista y contra-revolucionaria.
A esa amalgama de factores y de fallas se le suma la peor de todas las limitaciones: la ausencia en sus instancias conductoras de la necesaria determinación de pasar de las reformas más o menos avanzadas a la revolución con una fuerte impronta anticapitalista y socializante del poder y de la economía. Siempre se ha dicho –y ahora vuelve a confirmarse- que proceso de cambio que se profundiza se estanca, se debilita y termina retrocediendo.
Tendencia
Consumada recientemente la restauración neoliberal en Argentina, el vórtice de la contraofensiva reaccionaria se ha concentrado en Brasil, logrando primero más concesiones voluntarias del Gobierno de Dilma Roussett dentro la lógica neoliberal, erosionando más la popularidad del PT y aprovechando al máximo la implosión de la gran corrupción (PETROBRAS-ODEBRECH-GUTIÉRREZ ANDRADE Y BNDB), en la que evidentemente están envueltos altos dirigentes petistas, incluyendo la presidenta y el propio Lula.
Esa gran corrupción, mezclada con la política exterior del Estado brasileño y del PT, con el cartel de la construcción ODEBRECH a la cabeza y acompañada de eficaces asesorías electorales y no electorales del mercadólogo JOAO SANTANA, hoy en prisión, se ha expandido a otros gobiernos de continente, entre ellos, el de Mauricio Funes en EL Salvador, y a los actuales regímenes de República Dominicana y Panamá, evidenciándose fuertes las complicidades en obras sobrevaluadas. En Venezuela y en Cuba, donde también ha operado ODEBRECH, no se han presentado señales de escándalos.
Cuando los actores del desplazamiento y de la insubordinación contra los viejos y decadentes regímenes neoliberales y contra las podridas democracias representativas, no se deciden por las revoluciones, por la negación de los métodos de la derecha y de la corrupción y privilegios estatales-gubernamentales, por la impugnación progresiva del capitalismo en crisis y la socialización progresiva en todos los órdenes, finalmente quedan entrampados en sus redes y opciones, las cuales comienzan a operar introduciendo un neoliberalismo blando dentro de la social-democratización que termina facilitando la restauración de un neoliberalismo duro.
Casos y casos de estancamientos, giros y retrocesos
Esto es urgentemente válido de tener en cuenta para Venezuela, referente clave del proceso continental.
El caso de Argentina, sometida de nuevo a los bombardeos neoliberales, es sencillamente dramático.
El de Brasil – pendiente todavía de desenlace- tiende a serlo también, con el agravante de que Lula viene de las izquierdas socialistas-revolucionarias y ha sido un símbolo de la resistencia obrera y popular que ha devenido, junto a una parte de la cúpula de su también emblemático PT, en un administrador del orden capitalista con una mejor distribución del ingreso nacional a favor de los pobres en época de bonanzas, acompañada de ganancias records en favor del capital financiero brasileño, y –lo peor- en un líder altamente vulnerable a las acusaciones de corrupción, inmerso en escándalos sobrecogedores que ensucian los gobiernos del PT.
La proyección de esa deplorable situación de Lula y el PT le hacen un daño enorme a las fuerzas auténticamente revolucionarias del continente. Golpea la subjetividad de los pueblos, promueve la desconfianza y facilita el accionar de las derechas retrógradas, siempre opuestas a cualquier cambio fuera de su control.
En Brasil operan además las pugnas soterradas entre los intereses de los consorcios imperialistas brasileños y los estadounidense, los primeros próximos a Lula, los otros no. Eso explica el caso ODEBRECH y el de PETROBRAS, empresas en expansión arrolladora a contra corriente de todo escrúpulo.
A esto hay que sumar los efectos empobrecedores del paquete neoliberal de Dilma, respaldado por Lula y agregado a los graves problemas acumulados en vertientes tan sensibles como salud pública, educación, tenencia de la tierra y medio ambiente.
En El Salvador, el cambio de mando de Funes a Sánchez Cerén, abrió una nueva oportunidad que parece estancada en el orden de los cambios estructurales necesarios.
Nicaragua, que algo muy especial, luce muy estable dentro sus límites por todo lo que implica el proyecto del canal interoceánico en manos de China Popular.
Uruguay no ha sobrepasado el marco socialdemócrata dentro de su capitalismo dependiente apto, por su escasa población, para ofrecer cierto bienestar social a la clase trabajadora y al pueblo en general con buenos parámetros de libertad y honestidad administrativa
En Cuba el giro dominante en lo inmediato es hacia una combinación de estatismo y capitalismo privado en el contexto de buenas relaciones con EEUU y amplia apertura al capital transnacional, si no se altera ese factor por decisión imperial o cubana. Y ese modelo, de no ser reemplazado, tiende sacar a esa nación de toda dinámica revolucionaria anticapitalista y a embotar las perspectivas socialistas del proceso.
Es claro, sin embargo, que ese nuevo curso del proceso cubano está en fase inicial, tanto en lo que concierne al escenario político propio como al estadounidense, donde los nuevos comicios anuncian otras tormentas que precisamente no se llaman OBAMA; por lo que es temprano para juicios tajantes.
Sigue el combate
Pero la pelea sigue.
Y si el giro hacia la revolución no surge de los liderazgos actuales de esos procesos, brotará de las entrañas del pueblo trabajador y desde la conciencia y organización creada al calor de los procesos fallidos.
El capitalismo no tiene todavía otras respuestas a sus crisis que no sea finalmente más neoliberalismo, lo que vuelve atizar las resistencias y contra-ofensiva populares.
Algo de mayor envergadura puede olerse en Venezuela si se completa el asalto al poder por las derechas. En ambos sentidos: en la dureza de las derechas y en la radicalidad del chavismo revolucionario.
La radicalidad presente en las bases populares de los procesos progresistas y transformadores entorpecidos no necesariamente se revierte cambiando para peor los gobiernos; esto sin negar las frustraciones, retrasos y confusiones que esas realidades podrían generar según las circunstancias.
La ola de cambios puede declinar a nivel del posicionamiento de los Estados, pero no necesariamente desde los pueblos, sobre todo cuando la crisis de decadencia del capitalismo no cesa de agudizarse, deteriorando y caotizando las sociedades cargando sobre la traumática ofensiva neoliberal legitimada efímeramente por el estancamiento y la degradación de los procesos de cambio, sin contar con una fuerza revolucionaria de relevo
Las dificultades que implican esos virajes a favor de EEUU y las derechas no debe ser minimizada.
Estos estancamientos, giros a la derecha y retrocesos, junto a graves fallas éticas, le hacen un daño enorme a las fuerzas auténticamente revolucionarias del continente. Golpea la subjetividad de los pueblos, promueve la desconfianza y facilita el accionar de las derechas retrógradas, siempre opuestas a cualquier cambio fuera de su control.
Precisan, por tanto, ser enfrentados con firmeza y optimismo al compás de sus desgarradores efectos; detectando las posibilidades de contra-ofensiva desde los pueblos y redoblando los esfuerzos por construir nuevas vanguardias y liderazgos político- sociales consecuentes, como garantía de avances sin retornos al pasado.
Colombia en tren de paz
Por otra parte, el avance de los acuerdos para la paz en Colombia, otro escenario de la lucha de clase y de la pelea por la soberanía, merece un seguimiento especial de nuestra parte.
Tal fenómeno ya ha provocado cambios no despreciables en la dinámica de la política colombiana y tiende a crear nuevas coyunturas y a generar nuevas exigencias e iniciativas que pueden impactar la realidad continental y mundial en dirección positiva o negativa; dependiendo del tipo de variaciones que produzca en las correlaciones de fuerza y de poder en el periodo de transición hacia la paz.
Las FARC-EP -combinando con mucho talento la firmeza estratégica y la flexibilidad táctica- procuran que la modalidad de la transición sin confrontación armada preserve su acumulado histórico y su capacidad de respuesta insurgente mientras no se consolide el viraje democrático a escala nacional; para que posibilite a la vez ampliar su influencia política e implantación social, garantizando avances ascendentes sin retrocesos hacia una nueva Colombia en paz duradera, capaz de impactar positivamente la región. La ampliación del plazo para arribar a acuerdos sólidos y a sus formas de implementación favorece esos propósitos.
El tema venezolano y el colombiano tienen una estrecha interacción, sin que todavía puedan hacerse predicciones categóricas respecto a lo que pueda ocurrir en ambos lados de esa frontera neurálgica en este mundo convulso.
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.