Internacionales
Decenas de millones de personas fallecidas no reciben cheques de la Seguridad Social, a pesar de las afirmaciones de Trump y Musk
La administración Trump está afirmando falsamente que decenas de millones de personas fallecidas de más de 100 años están recibiendo pagos del Seguro Social.
En los últimos días, el presidente Donald Trump y el asesor multimillonario Elon Musk han dicho en las redes sociales y en conferencias de prensa que las personas de 100, 200 e incluso 300 años están recibiendo beneficios de manera inadecuada, un «GRAN problema», escribió Musk, mientras su Departamento de Eficiencia Gubernamental investiga las agencias federales para erradicar el despilfarro. Fraude y abuso.
Es cierto que se han hecho pagos indebidos, incluso algunos a personas fallecidas. Pero las cifras arrojadas por Musk y la Casa Blanca son exageradas y tergiversan los datos de la Seguridad Social.
¿Qué ha dicho la administración Trump sobre los pagos a los centenarios?
El martes, Trump dijo en una conferencia de prensa en Florida que «tenemos millones y millones de personas mayores de 100 años» que reciben beneficios del Seguro Social. «Obviamente son fraudulentos o incompetentes», dijo Trump.
«Si quitas a todos esos millones de personas del Seguro Social, de repente tenemos un Seguro Social muy poderoso con personas que tienen 80, 70 y 90 años, pero no 200 años», dijo. También dijo que hay una persona en el sistema que figura como de 360 años.
El lunes por la noche, Musk publicó una serie de publicaciones en su plataforma de redes sociales X, que incluyen: «Tal vez Crepúsculo sea real y haya muchos vampiros cobrando el Seguro Social» y «Tener a decenas de millones de personas marcadas en el Seguro Social como «VIVAS» cuando definitivamente están muertas es un GRAN problema. Obviamente. Algunas de estas personas habrían estado vivas antes de que Estados Unidos existiera como país. Piénsalo por un segundo…»
¿Qué tan grande es el problema del fraude al Seguro Social?
Un informe de julio de 2024 del inspector general del Seguro Social afirma que desde los años fiscales 2015 hasta 2022, la agencia pagó casi $8.6 billones en beneficios, incluidos $71.8 mil millones, o menos del 1%, en pagos indebidos. La mayoría de los pagos erróneos eran pagos excesivos a personas vivas.
El dinero fue reclamado como parte de un programa piloto de cinco meses después de que el Congreso otorgara al Departamento del Tesoro acceso temporal al «Archivo Maestro de Defunciones Completas» de la Administración del Seguro Social durante tres años como parte del proyecto de ley general de asignaciones en 2021. La SSA mantiene la base de datos federal más completa de personas que han muerto, y el archivo contiene más de 142 millones de registros, que se remontan a 1899, según el Tesoro.
Entonces, ¿decenas de millones de personas mayores de 100 años están recibiendo beneficios?
No.
Parte de la confusión proviene del sistema de software del Seguro Social basado en el lenguaje de programación COBOL, que carece de tipo de fecha. Esto significa que algunas entradas con fechas de nacimiento faltantes o incompletas se establecerán de forma predeterminada en un punto de referencia de hace más de 150 años. La organización de noticias WIRED informó por primera vez sobre el uso del lenguaje de programación COBOL en la Administración del Seguro Social.
Además, una serie de informes del inspector general de la Administración del Seguro Social en marzo de 2023 y julio de 2024 afirman que la agencia no ha establecido un nuevo sistema para anotar correctamente la información de defunción en su base de datos, que incluía aproximadamente 18.9 millones de números de Seguro Social de personas nacidas en 1920 o antes pero que no estaban marcadas como fallecidas. Sin embargo, esto no significa que estas personas estuvieran recibiendo beneficios.
La agencia decidió no actualizar la base de datos debido al costo de hacerlo, que ascendería a más de $9 millones.
Un informe de la Oficina del Inspector General del Seguro Social de julio de 2023 afirma que «casi ninguno de los titulares de números mencionados en el informe recibe actualmente pagos de la SSA». Y, a partir de septiembre de 2015, la agencia detiene automáticamente los pagos a las personas mayores de 115 años.
¿Cuáles son algunas de las preocupaciones sobre la desinformación sobre los pagos del Seguro Social?
Chuck Blahous, estratega de investigación sénior del Centro Mercatus de la Universidad George Mason, dijo: «Dos hurras para Elon Musk si puede erradicar y poner fin a los pagos indebidos».
Pero para elegir los lugares en el gobierno federal donde las tasas de error son altas, «el Seguro Social estaría cerca del final de la lista, no cerca de la parte superior», dijo Blahous. «Las tasas de pagos indebidos de Medicaid son bastante sustanciales, y se dispararon después de la expansión de Medicaid de la ACA».
«Por supuesto, persigan cualquier pago indebido que se encuentre, pero no pretendamos que ahí es donde están los mayores problemas financieros del sistema», dijo.
Sita Nataraj Slavov, profesora de políticas públicas en la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, dijo que las afirmaciones de Musk y Trump harán que la gente piense que las soluciones a los problemas financieros del gobierno son más simples de lo que parecen.
«La verdadera preocupación es que esta afirmación pueda engañar a la gente para que piense que hay una solución fácil para los problemas financieros del Seguro Social: que de alguna manera podemos restaurar la solvencia sin hacer sacrificios a través de impuestos más altos o beneficios más bajos», dijo Slavov. «Esto simplemente no es cierto».
¿Qué dice la Casa Blanca sobre las críticas?
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, se refirió al informe del inspector general del Seguro Social.
«Una investigación previa reveló que la SSA pagó al menos $71.8 mil millones en pagos indebidos», dijo. «La Administración del Seguro Social ahora está trabajando para encontrar aún más despilfarro, fraude y abuso en el esfuerzo de todo el gobierno de la Administración para proteger a los contribuyentes estadounidenses».
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.