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Inadmisible recurso interpuesto por imputado en Coral y Coral 5G.
Santo Domingo.-El recurso de apelación interpuesto por José Manuel Rosario Pirón, acusado de incurrir en corrupción administrativa en el expediente de las operaciones Coral y Coral 5G para el retiro de grillete electrónico, fue declarado inadmisible por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Al acoger la solicitud del Ministerio Público, los jueces Isis Muñiz, Delio Germán y Rosalba Garib explicaron que su decisión está basada en lo establecido en el auto de apertura a juicio contra el procesado, donde el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó las medidas de coerción existentes, el cual le fue notificado el pasado 21 de agosto del presente año.
La magistrada Isis Muñiz ordenó el archivo de la glosa procesal.
Rosario Pirón fue enviado a juicio el pasado mes de julio junto a los demás procesados de las operaciones Coral y Coral 5G, cuyos expedientes fueron fusionados. El juicio se ventilará en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el próximo 26 de octubre.
En el entramado de corrupción fue desmantelado durante las operaciones Coral y Coral 5G, dirigidas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Junto a Cáceres Silvestre, Torres Robiu y Rosario Pirón también fueron enviados a juicio Alejandro Montero, Boanerges Reyes, Carlos Lantigua, Elida Trinidad, Enmanuel Alba, Epifanio Peña, Erasmo Roger Pérez, Erick Pereira, Esmeralda Ortega, Franklin Mata Flores, Jehohanan Rodríguez Jiménez, Julio de los Santos Viola, Kelman Santana, Lucía de los Santos Viola, Manuel Alba Solano, Miguel Ventura Pichardo, Onoris Soto de los Santos, Pedro Castillo Nolasco, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón, Rossy Guzmán, Santiago Suárez, Tanner Flete Guzmán, Yehudy Guzmán Alcántara y Raymel Del Rosario Viola.
También, las personas jurídicas Randa Internacional Company, Rawel Importadores, RG y Soluciones Financieras, S.O.S Carretera, S.S.A Corporation, Único Real State e Inversiones, Aldom Glass Aluminium, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial, Distribuidor KF, Distribuidora TAFL, Hacienda Kelman, Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, Meijo Comercial, Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve, MJTRESV Agroindustrial, Optumus E.I.R.L. y RyF Agroindustrial.
En el proceso los acusados del caso Coral y Coral 5G recibieron distintas medidas de coerción, incluyendo la prisión preventiva por 18 meses, luego de que el Ministerio Público demostrara su vinculación con los hechos de corrupción, logrando además que el caso fuera declarado de tramitación compleja.
El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas que son acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
Los cargos por los que son procesados incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos entre otros hechos delictivos.
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.