Opinión
Decreto infame (500-25)
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– En su decreto número 500 del año en curso, Luis Abinader, copiando órdenes ejecutivas de Donald Trump, hizo suya la fábula del «Cartel de los Soles» y asumió el recurso de atribuirle a todos los carteles de la droga la condición de «organizaciones terroristas«; recurso empleado para militarizar las supuestas operaciones antidroga y usar el tema como pretexto para agredir, intervenir e invadir militarmente países soberanos, fuera de su control.
Ese proceder se potencia si se trata de territorios ricos en recursos energéticos, minerales estratégicos, agua y biodiversidad; ambicionados por las elites capitalistas estadounidenses y asignada su conquista y reconquista neocolonial al Pentágono y a sus Comandos.
Es el caso de Venezuela y de los pocos países de Nuestra América.
Ella lo dejó claro en 2023 en su intervención en el Atlantic Council: «¿Por qué esta región importa? Por todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras… El triángulo del Litio, entre Argentina, Bolivia y Chile …el 60% del litio del planeta está en América Latina«
Pero su recuento no finalizó allí, sino que, para Richardson, América Latina posee –y es verdad- «las reservas de petróleo más grandes del planeta», incluidas las de «crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año».
Por último, con un lenguaje posesivo, la ex jefa del Comando Sur se atrevió a decir: «tenemos el 31 % del agua dulce del mundo en esta región«, enfatizando que a EEU le «queda mucho por hacer» en esta región y «tenemos que empezar nuestro juego».
·ABINADER NO PUEDE ALEGAR IGNORANCIA
Luis Abinader, ni desconoce esas declaraciones ni ignora esos designios imperiales, presentes por demás en este país amarrado, con su complaciente anuencia, por el Comando Sur.
Tampoco ignora que el denominado «cartel de los soles» es una burda fabula de Donald Trump y sus asesores de imágenes.
Sobre eso ya se han escrito libros desmontando la mentira. Pero, además, circula profusamente el testimonio del ex Vicesecretario y ex Director Ejecutivo del Programa Anti Droga y Delito de la ONU. Pino Ariacchi.
«Durante mi mandato como Director de la ONUDD, la agencia de la ONU contra la droga y el delito, estuve en Colombia, Bolivia, Perú y Brasil, pero nunca visité Venezuela.
Simplemente, no hubo necesidad. La cooperación del gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico era una de las mejores de Sudamérica; se puede comparar solo con el impecable historial de Cuba. Este hecho, en la delirante narrativa de Trump de «Venezuela como narcoestado», suena a una calumnia geopolíticamente motivada.»
«Pero los datos, publicados en el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la organización que tuve el honor de dirigir, cuentan una historia opuesta a la que difunde la administración de Trump.»
«Una historia que desmonta pieza por pieza el entramado geopolítico construido alrededor del «Cártel de los Soles», una entidad tan legendaria como el Monstruo del Lago Ness, pero apta para justificar sanciones, embargos y amenazas de intervención militar contra un país que, casualmente, se ubica sobre una de las mayores reservas de petróleo del planeta.»
«Venezuela según la ONUDD: Un país irrelevante en el mapa del narcotráfico».
El informe 2025 de la Onudd es clarísimo, lo que debería avergonzar a quienes han construido la retórica de la demonización de Venezuela. El informe solo hace una mención mínima y breve a Venezuela, y afirma que una fracción mínima de la producción colombiana de drogas pasa por el país rumbo hacia Estados Unidos y Europa.
Venezuela, según la ONU, se ha consolidado como un territorio libre del cultivo de hoja de coca, marihuana y productos similares, así como de la presencia de cárteles criminales internacionales.
·LO DOMINA EL SERVILISMO
Entonces, ¿por qué es capaz de emitir un decreto mentiroso, infame, que involucra directamente a las fuerzas armadas dominicanas y al Estado dominicano en esos viles planes de agresión militar gringa a Venezuela?
¿Por qué?
¿Por qué asumir la criminal política exterior de un imperio genocida ¿Con qué derecho?
¿Hasta dónde va llegar su servilismo?
Apoya al nazi-fascista Zelensky.
Respalda las guerras desatadas por EEUU y la OTAN.
Se mete el rabo entre las piernas frente al holocausto palestino.
Apoyó a Guaidó, delincuente de tomo y lomo.
Se sumó al ultraderechista Grupo de Lima.
Apoyo a González Urrutia, matacuras y agente de la CIA.
Comprometió al país con sucesivas invasiones militares a Haití.
Pactó con el Comando Sur el respaldo a su doctrina de seguridad nacional y a sus acciones militares correspondiente, lo que implica comprometer los cuerpos castrenses y el territorio dominicano con las operaciones militares de EEUU destinadas a imponer su dominación y su saqueo en esta región.
Ahora se arrastra ante el despliegue militar trumpista contra Venezuela y los procesos soberanos de Nuestra América, avalando las mentiras y las narrativas que sirven de pretexto para asaltar nuestras enormes reservas de petróleo, gas, oro, litio, tierra rara, titanio, uranio, níquel, agua y biodiversidad.
El por qué es simple y a la vez pérfido: Abinader es un magnate metido a político, más dócil frente a los designios de la Casa Blanca y el Pentágono, que muchos agentes y colaboradores de la CIA.
Abinader es un lacayo de cuerpo y alma, de mente y corazón.
Es el gobernante más servil de la neo-colonialidad moderna.
Un auténtico Gobernador de Colonia montado sobre una seudo-república.
·EL DERECHO ES NUESTRO: ¡A REBELARNOS!
Esa ha sido su nefasta opción, sin el menor derecho a involucrar a los cuerpos militares y al Estado dominicano en esa bochornosa y peligrosa aventura.
Ni siquiera su Constitución y la de los Hipólito, Leonel y Danilo se lo permite. Mucho menos el pisoteado derecho internacional vigente.
Civiles y militares, hombres y mujeres, jóvenes y niños, tenemos derecho a apelar a Duarte, a Luperón, A Gilbert, a Manolo y las Mirabal, a Fernández Domínguez y Caamaño, para impugnar esa ruta ominosa, para rebelarnos contra esa manera de desconocer el derecho a nuestra autodeterminación y a la de todos los pueblos del mundo.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?