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Rechazan nuevos aplazamientos en caso de Gonzalo Castillo en el caso Calamar.
SANTO DOMINGO.- Los abogados de Gonzalo Castillo, imputado en el caso Calamar por presunta corrupción, anunciaron este jueves que están “totalmente preparados” para presentar los argumentos de defensa con los que demostrarán la verdad ante la acusación del Ministerio Público contra el exministro de Obras Públicas.
La jurista Laura Acosta declaró que la defensa ha mantenido una conducta de colaboración con el tribunal y que no existe razón atribuible a su representado ni a sus abogados que justifique nuevos aplazamientos.
“Estamos listos para que este caso se conozca de una vez y por todas”, expresó la togada.
Acosta consideró razonable la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de verificar, a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la condición de salud del exsenador Rafael Calderón, imputado que no se presentó a la audiencia y que posee una licencia médica por 30 días.
La jurista sostuvo que la defensa ha actuado con total disposición para que el procedimiento avance, recordando que han presentado propuestas de calendario de audiencias y han facilitado toda la documentación requerida. “Hemos sido colaboradores con el tribunal para que esto avance”, dijo.
También enfatizó: “Dejamos a la mejor apreciación del tribunal la decisión de separar o no al exsenador Calderón”.
“Esta es ya la tercera vez que se retrasa el inicio de nuestra defensa. Hemos estado listos desde hace tiempo. No pedimos su separación por coherencia, pero el tribunal debe prever qué ocurrirá si no puede reincorporarse en treinta días. El nuevo Código Procesal Penal ofrece herramientas para actuar con prudencia y garantizar la continuidad del proceso, y este escenario exige esa valoración”, resaltó.
Durante la audiencia de hoy, el Ministerio Público favoreció un aplazamiento hasta mañana viernes a las 2:00 de la tarde. Para la defensa, este nuevo retraso no responde a acciones propias, sino a circunstancias externas que, aseguraron, no deben seguir afectando el derecho de su representado a que la acusación sea conocida en un tiempo razonable.
El equipo legal de Castillo está integrado por Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Militar condenado a 20 años de prisión por abuso sexual contra niña de siete años en Los Tres Brazos
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad, en un hecho ocurrido en el año 2024, en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
Acción penal
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
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Defensa Pública llama a respetar el escalafón en la selección de jueces de la Suprema Corte
Santo Domingo, R.D.-La coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, Elizabeth Rodríguez Díaz, hizo un llamado a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.