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Recusan juezas de caso Cattleya por presunta falta de imparcialidad
Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fueron recusadas por alegada falta de imparcialidad por tres abogados defensores en el caso que se le sigue a la supuesta red de explotación sexual descubierta mediante la Operación Cattleya.
La recusación fue presentada contra las magistradas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, la cuales rechazaron un recurso de oposición de los abogados litigantes contra la admisión de pruebas periciales presentadas por el Ministerio Público.
Los togados que interpusieron la recusación alegando que el órgano acusador estaba siendo favorecido por las magistradas son Brayan Humberto Santana Martínez, Domingo Aquino y Bomar Quezada, representantes legales de los imputados María Paula Morillo, Oscar Wilson, José Alberto y la razón social Hotel Oscar Inn.
Estos abogados argumentaron que la oposición buscaba que el Ministerio Público no presentara unos cinco discos duros, por considerar que estos no estaban validados y no podían ser expuestos en el proceso de audiencia.
El Ministerio Público afirmó que la recusación presentada contra las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional obedece a una vieja táctica dilatoria utilizada por la defensa de la acusada María Paula Murillo Vargas y otros dos imputados en la red de trata de personas con fines de explotación sexual, desmantelada en agosto de 2022 mediante la Operación Cattleya.
El procurador fiscal Eduardo Velázquez explicó que la recusación se fundamenta en un supuesto alegato de imparcialidad, luego de que el tribunal rechazara un recurso de oposición de la defensa. Dicho recurso buscaba impedir la incorporación de discos duros que contienen fotografías, conversaciones y otros documentos que evidencian la actividad ilícita de explotación sexual y tráfico ilícito de personas.
«En virtud de esa decisión, las defensas recurrieron a la vieja táctica dilatoria de la recusación, con el único propósito de retrasar el proceso, pues saben que la acusación contra cada uno de los imputados es indestructible y que recibirán una condena segura», señaló Velázquez.
El fiscal agregó que el perito Ogando, autenticó los informes periciales, validando la información contenida en los discos duros. Sin embargo, la defensa intentó sorprender al tribunal alegando que no recibió la notificación de estas pruebas, cuando en realidad fueron debidamente notificadas durante la fase intermedia del proceso.
Ante esta situación, la audiencia fue recesada hasta que la corte decida sobre la solicitud de apartar a las juezas del juicio, el cual se encuentra en su fase final.
La estructura
El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una estructura criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al tráfico ilícito de migrantes. Según la acusación, captaban, trasladaban y explotaban sexualmente a mujeres, en su mayoría extranjeras, engañándolas con falsas promesas de empleo en el país. Además, enfrentan cargos por asociación de malhechores y, en algunos casos, por lavado de activos, debido a los supuestos beneficios económicos obtenidos de esta actividad ilícita.
Los acusados son José Miguel Michel Gurdis, alias Michel; Daniel Enrique Inirio Abreu; Cristina Virginia González Hernández; Cristina María Castillo Vargas; Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz; José Alberto Soriano Rosario, alias Cirujano; y Dionicio Mieses de la Cruz, alias Dionis. También figuran Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto, alias Ángel; Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee; Braulio Manuel Lugo; Marie Fokina Achille; Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz; Melvin José Valentín Peguero; Zafiro Nataly Sánchez González; Oscar Wicene y Alejandro Arturo Batista Bustamante, alias Gato.
Asimismo, la acusación involucra a los hoteles Caribe y Oscar, ubicados en el sector Gascue del Distrito Nacional, así como al hotel Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.