Nacionales
Jean Alain tratado como “el criminal más vil”, según abogados de la defensa.
El Ministerio Público trata como como el más vil de los criminales al ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, según el Consejo de Defensa del exfuncionario.
Los abogados resaltaron que el exfuncionario del Ministerio Público “con apenas 42 años de edad, decidió intervenir “el deficitario sistema penitenciario nacional” para pagar una deuda social que arrastraba el país durante más de siete décadas.
Afirmaron que Rodríguez construyó y reformó 14 recintos de los 41 centros carcelarios existentes, y que estaban en condiciones deprimidas.
Defienden que el proceso relativo al Plan de Humanización fue diáfano y transparente, para lo cual se realizaron los debidos procedimientos, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones (Ley 340-06), bajo una licitación pública a nivel nacional, donde fueron seleccionadas cinco empresas constructoras que cumplían con los requerimientos establecidos para el proceso, todas de alto nivel.
“Las empresas elegidas constan de alto reconocimiento, confiabilidad, vasta experiencia y aval de cumplimiento en el ramo de la industria de la construcción. No son empresas que surgieron al vapor para estos fines, ni las componen ingenieros o familiares relacionados. Son seis contratistas aprobados bajo el marco de unas licitaciones que fueron aprobadas como regulares”, expresaron los abogados en el comunicado.
También expresaron que las construcciones cuentan con los debidos estudios de suelo, contemplando el desarrollo pluvial, estancamiento de agua y demás requisitos para este tipo de estructuras. Refirieron que “la veracidad de esta afirmación queda demostrada porque la actual Procuraduría ratificó expresamente, mediante adendas, los contratos de las empresas constructoras y les aumento el precio respectivo, por ajuste por devaluación de la moneda”.
“Estas adendas fueron suscritas por la Procuradora Miriam Germán Brito y fueron depositados por la misma PEPCA, que nunca hace alusión a ello. El pasado 2 de diciembre del 2020, la Procuradora General ratifica y refrenda estos contratos, puntualizando que los mismos fueron otorgados bajo condiciones regulares, en procesos de licitación llevados a cabo exitosamente, y a su vez, aumenta, por ajuste de “equilibrio económico” todos y cada uno de los contratos, lo que contradice la acusación de un posible desfalco en la construcción de La Nueva Victoria”, reafirmaron.
Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público.
La versión del Ministerio Público
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público han reiterado en varias ocasiones que “la imputación del Ministerio Público y sus pruebas han resultado imbatibles para la defensa”.
La Procuraduría establece que el entramado corrupto que supuestamente lideraba Jean Alain Rodríguez estafó al Estado con más de 6,000 millones de pesos y llamó la atención de que en la cárcel construida para alojar privados de libertad de La Victoria, los ingenieros estructuralistas consultados por el Ministerio Público plantean que existen lotes, como el número 4, en los que no se deben alojar internos porque pueden venirse abajo.
En la acusación contra este alegado entramado corrupto, además del exprocurador Rodríguez, Rodríguez Imbert y Solano Augusto, figuran como imputados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
Según el expediente, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y estafó al Estado con más de RD$6,000 millones.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.