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Abogados de Jean Alain desmienten sanción de Agencia Española al país por presuntos actos ilícitos del exprocurador
Santo Domingo.-Los abogados de Jean Alain Rodríguez denunciaron que la Procuraduría General de la República envía noticias falsas a los medios de comunicación, como lo es la supuesta sanción de la Agencia Española al país por presuntos actos ilícitos del exprocurador.
«Enviaron a los medios de comunicación noticias de una inexistente sanción de la Agencia de Cooperación Española por una sobrevaluación de equipos antropológicos del Inacif, a pesar de que la empresa Suplidora Médica del Caribe, S.R.L., representada por la señora Ana Sención, les confirmó al mismo Ministerio Público que no existía sobrevaluación y por esto no fue acusada ni ella ni su empresa, ni existe sanción de la prestigiosa agencia internacional», cita la nota de prensa.
El abogado Carlos Balcácer expresó que «la Procuraduría, nerviosa y sin norte fijo, está desbordando alocadamente los medios de comunicación, despachando noticias falsas que forman parte de la vengativa e insostenible acusación que no deberían estar presentándola en las gradas periodísticas a través de un circo mediático que procura congraciarse con sus jefes del Palacio Nacional».
Enfatizó que el supuesto apartamento que han difundido como noticia, «nunca fue propiedad de Jean Alain Rodríguez: la ausencia de un título, un contrato, un recibo de pago, un testigo, ni nada parecido figura en la acusación, excepto una manipulada entrevista de una persona que le vendió formalmente un solar destinado a parqueos a la Procuraduría en 18 millones de pesos y el cual la Fiscalía del Distrito Nacional dispone su entero uso y disfrute, evidenciándose que ese individuo que vendió formalmente fue obligado a entregar a la PGR un apartamento valorado en 12 millones de pesos, forzándolo a decir que dicho apartamento, pagado y en posesión de esa persona, era de Jean Alain Rodríguez. De ese sujeto no existe rastro de conversación telefónica o personal con nuestro defendido, por lo que -hablar de testaferro- resulta hasta demencial».
En tanto que Gustavo Biaggi y Nelys Rivas manifestaron que esto «debería avergonzar al órgano persecutor compuesto de tanta gente supuestamente capacitada y no prestarse a este juego del populismo punitivo».
«Si alguien hubiera sobrevaluado un solo equipo, como es el también caso promovido en prensa sobre instrumentos antropológicos del Inacif, la Procuraduría hubiera sometido a la justicia al natural suplidor del momento, que según ellos, sobrevaluó dichos equipos, pero no lo hacen porque tienen pleno conocimiento de que la compra de esos equipos cumplió con todo su proceso conforme la ley de compras, que Jean Alain Rodríguez no participó en el mismo, que no conoce a esa empresa y que su representante, la señora Ana Rosa Sención, al ser entrevistada, desmintió categóricamente la sobrevaluación y les demostró que sus equipos eran distintos y superiores a los que ellos habían presentado como comparativo encontrados en páginas informales vía internet. Por igual, no existe constancia de queja o sanción de la Agencia de Cooperación Española por esa compra, quienes al contrario, han continuado con la cooperación de forma regular con la institución como pueden verlo en la misma página de la PGR», señalaron.
La información que circuló en los medios de comunicación fue que los recursos otorgados por la Agencia Española para el Desarrollo (AECID), a fin de fortalecer la eficacia de la investigación criminal en la República Dominicana, fueron presuntamente sustraídos por los exfuncionarios de la institución de persecución del Estado y tuvo como consecuencia sanciones internacionales para el país.
Según la acusación de la Procuraduría Especializada Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), las prácticas corruptas en la gestión del exprocurador general Jean Alain Rodríguez provocaron el «retiro de la cooperación y el descrédito».
En el expediente se detallan las alegadas irregularidades de la contratación de una empresa que sobrevaloró «cuatro veces por encima del valor comparable con la cotización internacional» de unos equipos comprados para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La empresa Suplidora Médica del Caribe, SRL, representada por Ana Rosa Sención, fue preseleccionada a la realización del proceso de comparación de precios, práctica común para «simular los procesos de compras y contrataciones», característica repetida por «la organización criminal.
Tras una auditoría a la adquisición de los instrumentos, se comprobó que estos fueron comprados por un monto de «€$28,258.46», y que al realizarse las comparaciones de precios se identificó una diferencia de aproximadamente €$ 21,624.00, «equivalente a un monto cuatro (4) veces por encina al valor comparable con la cotización internacional realizada, más los impuestos de ley», indicó la Pepca.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.