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Abogados de Jean Alain desmienten sanción de Agencia Española al país por presuntos actos ilícitos del exprocurador

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Santo Domingo.-Los abogados de Jean Alain Rodríguez denunciaron  que la Procuraduría General de la República envía noticias falsas a los medios de comunicación, como lo es la supuesta sanción de la Agencia Española al país por presuntos actos ilícitos del exprocurador.

«Enviaron a los medios de comunicación noticias de una inexistente sanción de la Agencia de Cooperación Española por una sobrevaluación de equipos antropológicos del Inacif, a pesar de que la empresa Suplidora Médica del Caribe, S.R.L., representada por la señora Ana Sención, les confirmó al mismo Ministerio Público que no existía sobrevaluación y por esto no fue acusada ni ella ni su empresa, ni existe sanción de la prestigiosa agencia internacional», cita la nota de prensa.

El abogado Carlos Balcácer expresó que «la Procuraduría, nerviosa y sin norte fijo, está desbordando alocadamente los medios de comunicación, despachando noticias falsas que forman parte de la vengativa e insostenible acusación que no deberían estar presentándola en las gradas periodísticas a través de un circo mediático que procura congraciarse con sus jefes del Palacio Nacional».

Enfatizó que el supuesto apartamento que han difundido como noticia, «nunca fue propiedad de Jean Alain Rodríguez: la ausencia de un título, un contrato, un recibo de pago, un testigo, ni nada parecido figura en la acusación, excepto una manipulada entrevista de una persona que le vendió formalmente un solar destinado a parqueos a la Procuraduría en 18 millones de pesos y el cual la Fiscalía del Distrito Nacional dispone su entero uso y disfrute, evidenciándose que ese individuo que vendió formalmente fue obligado a entregar a la PGR un apartamento valorado en 12 millones de pesos, forzándolo a decir que dicho apartamento, pagado y en posesión de esa persona, era de Jean Alain Rodríguez. De ese sujeto no existe rastro de conversación telefónica o personal con nuestro defendido, por lo que -hablar de testaferro- resulta hasta demencial».

En tanto que Gustavo Biaggi y Nelys Rivas manifestaron que esto «debería avergonzar al órgano persecutor compuesto de tanta gente supuestamente capacitada y no prestarse a este juego del populismo punitivo».

«Si alguien hubiera sobrevaluado un solo equipo, como es el también caso promovido en prensa sobre instrumentos antropológicos del Inacif, la Procuraduría hubiera sometido a la justicia al natural suplidor del momento, que según ellos, sobrevaluó dichos equipos, pero no lo hacen porque tienen pleno conocimiento de que la compra de esos equipos cumplió con todo su proceso conforme la ley de compras, que Jean Alain Rodríguez no participó en el mismo, que no conoce a esa empresa y que su representante, la señora Ana Rosa Sención, al ser entrevistada, desmintió categóricamente la sobrevaluación y les demostró que sus equipos eran distintos y superiores a los que ellos habían presentado como comparativo encontrados en páginas informales vía internet. Por igual, no existe constancia de queja o sanción de la Agencia de Cooperación Española por esa compra, quienes al contrario, han continuado con la cooperación de forma regular con la institución como pueden verlo en la misma página de la PGR», señalaron.

La información que circuló en los medios de comunicación fue que los recursos otorgados por la Agencia Española para el Desarrollo (AECID), a fin de fortalecer la eficacia de la investigación criminal en la República Dominicana, fueron presuntamente sustraídos por los exfuncionarios de la institución de persecución del Estado y tuvo como consecuencia sanciones internacionales para el país.

Según la acusación de la Procuraduría Especializada Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), las prácticas corruptas en la gestión del exprocurador general Jean Alain Rodríguez provocaron el «retiro de la cooperación y el descrédito».

En el expediente se detallan las alegadas irregularidades de la contratación de una empresa que sobrevaloró «cuatro veces por encima del valor comparable con la cotización internacional» de unos equipos comprados para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La empresa Suplidora Médica del Caribe, SRL, representada por Ana  Rosa Sención, fue preseleccionada a la realización del proceso de comparación de precios,  práctica común para «simular los procesos de compras y contrataciones», característica repetida por «la organización criminal.

Tras una auditoría a la  adquisición de los instrumentos, se comprobó que estos fueron comprados por un monto de «€$28,258.46», y que al realizarse las comparaciones de precios se identificó una diferencia de aproximadamente €$ 21,624.00, «equivalente a un monto cuatro (4) veces por encina al valor comparable con la cotización internacional realizada, más los impuestos de ley», indicó la Pepca.

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Lanzan nueva política de anonimato de datos en Poder Judicial.

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).

La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.

Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).

El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.

En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.

Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).

La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.

Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.

La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.

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Sigue política irracional de préstamos del Gobierno.

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SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio

El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.

El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.

Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.

Este  miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.

Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.

sp-am

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Desvinculan de Educación a más de 600 docentes por faltas graves y cobrar sin trabajar.

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Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del  Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos

  • El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.

«Profunda investigación»

El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

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