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Abogados de Jean Alain desmienten sanción de Agencia Española al país por presuntos actos ilícitos del exprocurador
Santo Domingo.-Los abogados de Jean Alain Rodríguez denunciaron que la Procuraduría General de la República envía noticias falsas a los medios de comunicación, como lo es la supuesta sanción de la Agencia Española al país por presuntos actos ilícitos del exprocurador.
«Enviaron a los medios de comunicación noticias de una inexistente sanción de la Agencia de Cooperación Española por una sobrevaluación de equipos antropológicos del Inacif, a pesar de que la empresa Suplidora Médica del Caribe, S.R.L., representada por la señora Ana Sención, les confirmó al mismo Ministerio Público que no existía sobrevaluación y por esto no fue acusada ni ella ni su empresa, ni existe sanción de la prestigiosa agencia internacional», cita la nota de prensa.
El abogado Carlos Balcácer expresó que «la Procuraduría, nerviosa y sin norte fijo, está desbordando alocadamente los medios de comunicación, despachando noticias falsas que forman parte de la vengativa e insostenible acusación que no deberían estar presentándola en las gradas periodísticas a través de un circo mediático que procura congraciarse con sus jefes del Palacio Nacional».
Enfatizó que el supuesto apartamento que han difundido como noticia, «nunca fue propiedad de Jean Alain Rodríguez: la ausencia de un título, un contrato, un recibo de pago, un testigo, ni nada parecido figura en la acusación, excepto una manipulada entrevista de una persona que le vendió formalmente un solar destinado a parqueos a la Procuraduría en 18 millones de pesos y el cual la Fiscalía del Distrito Nacional dispone su entero uso y disfrute, evidenciándose que ese individuo que vendió formalmente fue obligado a entregar a la PGR un apartamento valorado en 12 millones de pesos, forzándolo a decir que dicho apartamento, pagado y en posesión de esa persona, era de Jean Alain Rodríguez. De ese sujeto no existe rastro de conversación telefónica o personal con nuestro defendido, por lo que -hablar de testaferro- resulta hasta demencial».
En tanto que Gustavo Biaggi y Nelys Rivas manifestaron que esto «debería avergonzar al órgano persecutor compuesto de tanta gente supuestamente capacitada y no prestarse a este juego del populismo punitivo».
«Si alguien hubiera sobrevaluado un solo equipo, como es el también caso promovido en prensa sobre instrumentos antropológicos del Inacif, la Procuraduría hubiera sometido a la justicia al natural suplidor del momento, que según ellos, sobrevaluó dichos equipos, pero no lo hacen porque tienen pleno conocimiento de que la compra de esos equipos cumplió con todo su proceso conforme la ley de compras, que Jean Alain Rodríguez no participó en el mismo, que no conoce a esa empresa y que su representante, la señora Ana Rosa Sención, al ser entrevistada, desmintió categóricamente la sobrevaluación y les demostró que sus equipos eran distintos y superiores a los que ellos habían presentado como comparativo encontrados en páginas informales vía internet. Por igual, no existe constancia de queja o sanción de la Agencia de Cooperación Española por esa compra, quienes al contrario, han continuado con la cooperación de forma regular con la institución como pueden verlo en la misma página de la PGR», señalaron.
La información que circuló en los medios de comunicación fue que los recursos otorgados por la Agencia Española para el Desarrollo (AECID), a fin de fortalecer la eficacia de la investigación criminal en la República Dominicana, fueron presuntamente sustraídos por los exfuncionarios de la institución de persecución del Estado y tuvo como consecuencia sanciones internacionales para el país.
Según la acusación de la Procuraduría Especializada Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), las prácticas corruptas en la gestión del exprocurador general Jean Alain Rodríguez provocaron el «retiro de la cooperación y el descrédito».
En el expediente se detallan las alegadas irregularidades de la contratación de una empresa que sobrevaloró «cuatro veces por encima del valor comparable con la cotización internacional» de unos equipos comprados para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La empresa Suplidora Médica del Caribe, SRL, representada por Ana Rosa Sención, fue preseleccionada a la realización del proceso de comparación de precios, práctica común para «simular los procesos de compras y contrataciones», característica repetida por «la organización criminal.
Tras una auditoría a la adquisición de los instrumentos, se comprobó que estos fueron comprados por un monto de «€$28,258.46», y que al realizarse las comparaciones de precios se identificó una diferencia de aproximadamente €$ 21,624.00, «equivalente a un monto cuatro (4) veces por encina al valor comparable con la cotización internacional realizada, más los impuestos de ley», indicó la Pepca.
Nacionales
Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-El 20 por ciento de la poblacion en la República Dominicana padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico, cuyo ejemplo al respecto es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Un incremento su produjo este martes en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
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Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva impuso el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.