Santo Domingo, RD.-La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez sostienen que los hallazgos consignados en el informe final de la Cámara de Cuentas sobre el Plan Nacional de Humanización Penitenciario no son de carácter punitivo, sino “incumplimientos administrativos”.Nacionales
Abogados de Alain sostienen hallazgos de CC no tienen carácter penal
Santo Domingo, RD.-La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez sostienen que los hallazgos consignados en el informe final de la Cámara de Cuentas sobre el Plan Nacional de Humanización Penitenciario no son de carácter punitivo, sino “incumplimientos administrativos”.En rueda de prensa ayer, Carlos Balcácer y Francisco Franco se refirieron a varios puntos contenidos en el informe de la Cámara, señalando que el ministerio público “hizo una mala interpretación del peritaje y manejó la información a su antojo”.
En efecto, juzgan “preocupante” que la Cámara de Cuentas afirme esto “desconociendo u omitiendo lo establecido en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios Obras y Concesiones y su reglamento, número 543-12.
Estas precisan, agregan, “que habla de la falta de planificación de obras, previendo dicha ley que aumenta y disminuye en un 25% todo monto contratado originalmente en obra”.
“No existe violación a la ley ni falta de planificación general cuando el aumento de las obras solo fue de un 5.13%”, indica la defensa del imputado.
Y añade que todas las obras en ingeniería se evalúan con lo que se denomina “un presupuesto o estimado de las obras”.
En esa auditoría de la Cámara de Cuentas, exponen, “se afirma que existen procedimientos de compras vinculadas al Plan de Humanización que no fueron publicados y presentan un resumen a detalle”.
En este detalle “se confirma la existencia de estudios de suelo, estudios de topografía, impacto ambiental, entre otros… que según la auditoría no fueron publicados, pero sí certifica su existencia”.
De igual manera, señalan se ha cuestionado la existencia de un estudio de impacto ambiental sobre La Nueva Victoria, quedando demostrado esta falsa acusación al contar dicha obra con la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la respectiva resolución del Ayuntamiento de Guerra otorgando el permiso de suelo, documentos que reposan en los archivos de la Procuraduría General.
Balcácer dijo que el ministerio público se ha negado a suministrar una fotocopia de dicha documentación, en franca violación a lo dispuesto en la ley de libre acceso a la Información pública No. 200-04.
“Sobre la deficiencia en la supervisión y fiscalización de obras y vicios ocultos en la construcción de las obras, vale la pena señalar que Jean Alain Rodríguez no es constructor ni tampoco ingeniero”, adujo.
Sobre la Ausencia de Títulos de Propiedad cabe señalar que la Nueva Victoria hoy denominada Las Parras, se construyó sobre terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), amparada por su correspondiente certificado de títulos y un acuerdo interinstitucional para esos fines, siendo el inmueble erigido en un inmueble del Estado dominicano.
En esa ocasión la Procuraduría se ocupó de transparentar la reubicación de las personas que estaban asentadas, en su mayoría ilegalmente, sin recibir quejas, hasta el día de hoy.
DETALLES
El informe
Una auditoría de la Cámara de Cuentas, solicitada por la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), revela “irregularidades e inobservancias a la ley” en su implementación, algo que compromete administrativa y civilmente y “revela los indicios de responsabilidad penal” de los principales funcionarios de la PGR durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de agosto de 2020.
Una de las cifras más altas es el dinero del erario dedicado a los contratos en obras no planificadas, la CC dice que se destinó en RD$8,535,985,800. Mientras, el monto por vicios ocultos de construcción de obras es de 438,715,007 pesos.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Nacionales
Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.