Santo Domingo, RD.-La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez sostienen que los hallazgos consignados en el informe final de la Cámara de Cuentas sobre el Plan Nacional de Humanización Penitenciario no son de carácter punitivo, sino “incumplimientos administrativos”.Nacionales
Abogados de Alain sostienen hallazgos de CC no tienen carácter penal
Santo Domingo, RD.-La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez sostienen que los hallazgos consignados en el informe final de la Cámara de Cuentas sobre el Plan Nacional de Humanización Penitenciario no son de carácter punitivo, sino “incumplimientos administrativos”.En rueda de prensa ayer, Carlos Balcácer y Francisco Franco se refirieron a varios puntos contenidos en el informe de la Cámara, señalando que el ministerio público “hizo una mala interpretación del peritaje y manejó la información a su antojo”.
En efecto, juzgan “preocupante” que la Cámara de Cuentas afirme esto “desconociendo u omitiendo lo establecido en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios Obras y Concesiones y su reglamento, número 543-12.
Estas precisan, agregan, “que habla de la falta de planificación de obras, previendo dicha ley que aumenta y disminuye en un 25% todo monto contratado originalmente en obra”.
“No existe violación a la ley ni falta de planificación general cuando el aumento de las obras solo fue de un 5.13%”, indica la defensa del imputado.
Y añade que todas las obras en ingeniería se evalúan con lo que se denomina “un presupuesto o estimado de las obras”.
En esa auditoría de la Cámara de Cuentas, exponen, “se afirma que existen procedimientos de compras vinculadas al Plan de Humanización que no fueron publicados y presentan un resumen a detalle”.
En este detalle “se confirma la existencia de estudios de suelo, estudios de topografía, impacto ambiental, entre otros… que según la auditoría no fueron publicados, pero sí certifica su existencia”.
De igual manera, señalan se ha cuestionado la existencia de un estudio de impacto ambiental sobre La Nueva Victoria, quedando demostrado esta falsa acusación al contar dicha obra con la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la respectiva resolución del Ayuntamiento de Guerra otorgando el permiso de suelo, documentos que reposan en los archivos de la Procuraduría General.
Balcácer dijo que el ministerio público se ha negado a suministrar una fotocopia de dicha documentación, en franca violación a lo dispuesto en la ley de libre acceso a la Información pública No. 200-04.
“Sobre la deficiencia en la supervisión y fiscalización de obras y vicios ocultos en la construcción de las obras, vale la pena señalar que Jean Alain Rodríguez no es constructor ni tampoco ingeniero”, adujo.
Sobre la Ausencia de Títulos de Propiedad cabe señalar que la Nueva Victoria hoy denominada Las Parras, se construyó sobre terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), amparada por su correspondiente certificado de títulos y un acuerdo interinstitucional para esos fines, siendo el inmueble erigido en un inmueble del Estado dominicano.
En esa ocasión la Procuraduría se ocupó de transparentar la reubicación de las personas que estaban asentadas, en su mayoría ilegalmente, sin recibir quejas, hasta el día de hoy.
DETALLES
El informe
Una auditoría de la Cámara de Cuentas, solicitada por la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), revela “irregularidades e inobservancias a la ley” en su implementación, algo que compromete administrativa y civilmente y “revela los indicios de responsabilidad penal” de los principales funcionarios de la PGR durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de agosto de 2020.
Una de las cifras más altas es el dinero del erario dedicado a los contratos en obras no planificadas, la CC dice que se destinó en RD$8,535,985,800. Mientras, el monto por vicios ocultos de construcción de obras es de 438,715,007 pesos.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó este viernes que ya son 46 las personas físicas y jurídicas acusadas en el expediente de corrupción Operación Calamar.
El expediente de 3,162 páginas fue depositado de manera formal el jueves e involucra a varios exministros de la pasada gestión de gobierno del expresidente Danilo Medina.
«Hay más de dos mil medios de prueba, que servirán para que se produzca una apertura a juicio y cuando se de ese juicio, nosotros vayamos a procurar las sanciones correspondientes.
El documento acusatorio fue depositado el jueves a las 4:00 de la tarde en la Coordinación de los Juzgados de Instrucción.
Tras recibir el documento, la Coordinación de los Juzgados de Instrucción deberá determinar qué juzgado será apoderado en el caso.
En el expediente Calamar el Ministerio Público imputa a los exministros José Ramón Peralta (Administrativo 2012-2020), Donald Guerrero (Hacienda 2016-2020) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas 2012-2020).
Además de los exministros Peralta y Guerrero se involucra en la supuesta estafa al Estado al excandidato presidencial del PLD, Castillo, a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por alegadamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.
El alegado fraude contra el Estado también involucra al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.
Asimismo, se cita en el expediente al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.
Los imputados son señalados por, supuestamente, sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
Santo Domingo, R.D.-Siete expedientes conoció este viernes el Tribunal Constitucional (TC) que atacan la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Los documentos fueron conocidos durante una audiencia que se realizó en la sala de audiencias de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La misma estuvo encabezada por el presidente de la alta corte, Napoleón Estévez Lavandier. Además, de los jueces que integran el organismo constitucional.
A través de una nota de prensa, el TC indicó que los mismo quedaron pendiente de ser fallados.
En el desarrollo de la audiencia, se conoció el expediente TC-01-2024-0005 que tuvo como accionante a Cirilo de Jesús Guzmán López, quien atacó los artículos 9, 10, 11 y 26 de esta norma. Y en el TC-01-2024-0006, el Partido Generación de Servidores (GENS) y Carlos Peña también se opusieron a esta ley.
Asimismo, ocurrió con el expediente TC-01-2024-0007, en el que el Instituto de Capacitación y Formación Política Jurídica y Social (ICAP) atacó el artículo 9, numerales 2, 4, 6 y 15; y los artículos 11, 26 y 29 de la referida ley.
TC deja en estado de fallo quince expedientes
Acuerdo con la nota, la institución dejó en estado de fallo quince expedientes de acción directa de inconstitucionalidad.
Entre estos, el expediente TC-01-2023-0047, en el que Edward Ureña Ureña atacó el artículo 73.5 de la Ley 821-27 de Organización Judicial y sus modificaciones, de fecha 21 de noviembre de 1927.
Igualmente, el expediente TC-01-2023-0048, interpuesto por Manuel Samil Segura de la Cruz, quien refutó la Ley Nacional de Vacunas de la República Dominicana.
De igual manera, el expediente TC-01-2023-0049, con el que Darío Antonio Cueto Leonardo impugnó los artículos 145, párrafo II de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, del 17 de febrero de 2023; y el décimo sexto de la Resolución núm. 38-2023, del 15 de agosto de 2023, que regula la participación de funcionarios públicos en el período de la precampaña y en la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024.
También los magistrados dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2023-0050, con el cual Johannatan Loanders Medina Reyes atacó el artículo 291 del Código Procesal Penal.
Por igual, dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2023-0051, que tuvo como accionante a Pedro Marino Peña Torres, quien refutó el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
También quedó pendiente de fallo el expediente TC-01-2024-0001, en el que Identidad Dominicana (IDEDOM), impugnó la Ley número 391, del 20 de septiembre de 1943, que establece penas correccionales para las personas que practiquen los espectáculos de «Voudou» o «Luá».
Asimismo, el expediente TC-01-2024-0002, igualmente interpuesto por Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc, que atacó el artículo 130, párrafo II del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, del 7 de marzo de 2023.
En la audiencia, además, se conoció y quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0003, cuyo accionante Jean Carlos Machuca de la Mota atacó las actuaciones e informes provenientes de la Policía Nacional y de los señores Ramón O. Hernández Peralta, Roberto A. Albino Filpo, Miguel Cuevas Cuevas y Flavia D. Montero Romero.
Los magistrados también dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0008, con el que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y el licenciado Miguel Alberto Surún Hernández refutaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de esta misma ley.
Igualmente, el expediente TC-01-2024-0009, interpuesto por Ruddys Antonio Mejía Tineo, quien impugnó la ley, y el expediente TC-01-2024-0010, donde Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc., y los señores María Ysabel Jerez Guzmán y Rudys Odalis Polanco Lara atacaron específicamente sus artículos 9, 11 13, 15, 26 y 30.
Finalmente, los jueces de esta alta corte vieron el expediente TC-01-2024-0013, que tuvo como accionantes al Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional de San Pedro de Macorís y la señora Josefina Guerrero, quienes atacaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de la mencionada ley promulgada el 15 de enero de 2024.
SANTO DOMINGO.-El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, informo que el Ministerio Público presentó acusación formal en contra de los implicados en el caso Calamar.
La instancia con los encartados y nuevas pruebas, fueron depositadas ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los fiscales de la dirección de Persecución y del Pepca.
La magistrada hará un inventario de las piezas y mediante un sorteo aleatorio computarizado, apoderará a uno de los juzgados de instrucción que conocerá el juicio preliminar.
El apoderamiento de la acusación se producirá luego de que el Ministerio Público interrogue al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo; y al exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario.
El 8 de abril, la jueza Franchesca Potentini, intimó a la procuradora Miriam Germán a presentar acusación en contra de los implicados, en un plazo de 15 días.
IMPUTADOS
En el caso figuran como imputados el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo.
También Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos, de Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola.
Igualmente, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
mpv