Nacionales
Hacinamiento en destacamento de Alma Rosa es llevado a los tribunales.
Santo Domingo, R.D.-Una acción constitucional de amparo interpuso la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) contra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, tras denunciar graves condiciones de hacinamiento e insalubridad en el área de detención del destacamento ubicado en el sector Alma Rosa en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.
La acción fue presentada luego de una inspección realizada el 8 de junio de 2026 por las defensoras públicas Nelsa Almánzar y Winie Adames, quienes comprobaron que 85 personas permanecían recluidas en un espacio destinado únicamente para detenciones temporales.
De los detenidos, 27 esperaban el conocimiento de medidas de coerción o diligencias procesales ante el Ministerio Público, mientras que otros 58 ya contaban con medidas de coerción impuestas por los tribunales, pero seguían en el destacamento debido a retrasos en su traslado hacia los centros penitenciarios correspondientes.
La Defensa Pública sostuvo que esta situación refleja deficiencias en el sistema de traslados penitenciarios, lo que provoca que personas permanezcan durante días o semanas en instalaciones policiales que no están diseñadas para albergar internos de manera prolongada.
Según la institución, las condiciones observadas afectan derechos fundamentales como la dignidad humana, la integridad física y moral, el derecho a la salud, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución y por tratados internacionales suscritos por la República Dominicana.
El director nacional de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que el problema no se limita a este destacamento, sino que se ha extendido a otras dependencias policiales de Santo Domingo Este.
«No podemos normalizar que personas permanezcan durante días o semanas en destacamentos policiales que fueron concebidos para detenciones transitorias. Esta situación vulnera la dignidad humana, afecta el debido proceso y compromete seriamente el funcionamiento del sistema de justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de detención acordes con la Constitución y asegurar el traslado oportuno de quienes ya cuentan con una medida de coerción hacia los centros penitenciarios correspondientes», expresó.
- El tribunal fijó una nueva audiencia para el próximo 10 de julio, fecha en la que las instituciones accionadas deberán depositar sus escritos de defensa.
La ONDP recordó que en 2019 presentó una acción similar por las condiciones de la denominada «carcelita» del Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle. Ese recurso fue acogido por los tribunales y posteriormente confirmado por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0501/20, que estableció un precedente sobre la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas de detención.
La institución informó que continuará realizando inspecciones en destacamentos y centros de detención y ejercerá las acciones legales que considere necesarias para procurar el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Santo Domingo.– La República Dominicana acogerá del 1 al 4 de diciembre de 2026 la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), considerada el principal foro mundial sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, que reunirá en el país a más de 2,000 participantes provenientes de alrededor de 140 países.
El anuncio fue realizado este miércoles por el presidente Luis Abinader, junto representantes de Transparencia Internacional y de la Conferencia Internacional Anticorrupción, en un encuentro con directores de los principales medios de comunicación del país, representantes de diarios nacionales, canales de televisión, emisoras de radio, quienes conocieron los detalles de la organización de este importante evento internacional que posicionará a la República Dominicana como centro del debate global sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.
La conferencia se celebra cada dos años
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la Conferencia Internacional Anticorrupción se celebra cada dos años y cuenta con más de 30 años de trayectoria, consolidándose como el principal espacio mundial para el diálogo sobre transparencia, rendición de cuentas e integridad.
El titular de Contrataciones Públicas precisó que el evento reunirá a líderes políticos, representantes de organismos internacionales, sociedad civil, academia, sector privado y periodistas de todo el mundo, quienes debatirán sobre los principales desafíos y soluciones para prevenir y combatir la corrupción.
Pimentel destacó que la elección de la República Dominicana como sede representa un reconocimiento a los avances que ha experimentado el país en materia de fortalecimiento institucional, transparencia e integridad pública, al tiempo que informó que el programa oficial de la conferencia será presentado en las próximas semanas.
Asimismo, resaltó que el periodismo de investigación ocupará un lugar central dentro de la conferencia, con la participación de organizaciones internacionales como el Pulitzer Center, la Global Investigative Journalism Network (GIJN) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que desarrollarán espacios de capacitación e intercambio de experiencias entre periodistas de diferentes países.
Agradece al Gobierno dominicano el respaldo para la realización del evento
En tanto, el presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, agradeció al Gobierno dominicano el respaldo para la realización del evento y afirmó que la corrupción es un problema global que solo puede enfrentarse mediante la cooperación entre gobiernos, sociedad civil, sector privado y medios de comunicación.
La Conferencia Internacional Anticorrupción es reconocida como el principal foro mundial sobre esta materia y constituye un espacio para impulsar alianzas, compartir experiencias y promover políticas públicas orientadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción a nivel global.
Estuvieron presentes el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; los directores de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna; de Prensa del Presidente (DPP), Carlos Alberto Caminero; de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch y el Asesor en materia de Comunicaciones, Raúl Baz, así como los directores de los periódicos, Listín Diario, Miguel Franjul; de Diario Libre, Aníbal de Castro; de El Nuevo Diario, Persio Maldonado; de El Caribe, Nelson Rodríguez; de Noticias SIN, Alicia Ortega; de Telenoticias, Canal 11, Roberto Cavada; del programa Oye País, Color Visión, Ruddy González; Columnista del periódico El Caribe, Miguel Guerrero; de Hoy Mismo, Color Visión, Luisín Mejía; la editora del Hoy Digital, Millizen Uribe. También de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez y Leidy Blanco.
Santo Domingo, R.D.-Más de 70 juristas, docentes universitarios de Derecho, investigadores jurídicos, litigantes y especialistas en derecho constitucional y penal expresaron este miércoles su respaldo a la incorporación de las tres causales del aborto en el nuevo Código Penal, por lo que propusieron cambios a los artículos 110 y 111 de la ley 74-25.
Los juristas y académicos consideran que la redacción actual de la normativa presenta «serios problemas de constitucionalidad y técnica legislativa».
Además, en la comunicación dirigida al diputado Wandy Batista, presidente de la Comisión Bicameral que estudia las modificaciones al Código Penal, sostuvieron que el artículo 111 omite reconocer circunstancias excepcionales en las que la continuación forzada de un embarazo afecta gravemente derechos fundamentales de mujeres, adolescentes y niñas, entre ellos la vida, la salud, la integridad física y psíquica, la dignidad, la igualdad y la autonomía personal.
En ese sentido, proponen sustituir la redacción vigente para establecer expresamente que la interrupción del embarazo no genere responsabilidad penal cuando la vida o la salud de la mujer, adolescente o niña se encuentre en peligro, sea incompatible con la vida extrauterina o cuando sea consecuencia de una violación sexual, agresión sexual o incesto.
Por ello, plantean modificar la expresión «fuera de la eximente del artículo 111«, de manera que el delito de aborto forzado no admita excepciones.
Respeto a la carta magna
Los especialistas consideran que el artículo 37 de la Constitución debe interpretarse de manera sistemática junto con el resto de los derechos fundamentales reconocidos por la propia Carta Magna. En ese sentido, afirmaron que ninguna disposición constitucional establece una protección absoluta de la vida prenatal que impida al legislador reconocer excepciones en circunstancias extremas.
- Finalmente, los juristas y académicos aseguran que las modificaciones propuestas no constituyen una excepción al orden constitucional, sino una forma de armonizar la protección de la vida prenatal con los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República Dominicana.
La propuesta fue presentada por Patricia Santana Nina y también está firmada por la exjueza del Tribunal Constitucional, Ana Isabel Bonilla Hernández; Así como por Cristóbal Rodríguez Gómez, Angélica Noboa Payán, Thiago Marrero Peralta, Carlos Morel, Dilia Leticia Jorge Mera, Paola Pelletier Quiñones, Michelle Perez Fuentes Hiciano, Emilio Zucco, Katia Ríos Goico, Alberto Fiallo-Billini Scalon, Laura Hernández Fondeur y decenas de especialistas del ámbito jurídico.
Nacionales
Pacheco dice Finjus y Congreso se durmieron al creer que entrada en vigencia del Código no llegaba
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que el país, en donde incluyó a la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el Congreso Nacional y otros estamentos, “se durmió un poquito en los laureles atendiendo otros tantos temas” y no presentó las propuestas de modificación al Código Penal.
“Hay que reconocer que el país del cual es parte la Finjus, la Fundación Institucionalidad y Justicia y, obviamente, el Congreso y todos los demás estamentos, se durmieron un poquito en los laureles atendiendo otros tantos temas que hay, con relación a la entrada en vigor del Código Penal, que se le dio ese año de la denominada vacatio legis, que es como se denomina el periodo de receso de la entrada en vigor del mismo”, dijo en referencia a las modificaciones que se debían hacer a la Ley 74-25 antes de su entrada en vigencia.
“Todo el mundo se durmió porque creyeron que la fecha no llegaba”, repitió Pacheco al hablar en el programa Hoy Mismo.
Se recuerda que la actual legislatura concluye el 26 de julio y, de acuerdo a Pacheco, el día 29 rendirán cuentas.
Argumentó, además, que las disquisiciones que existen referentes al Código Penal son en relación a algunos “8 o 9 artículos”, además de algunos errores materiales que “se fueron”.
“Luego estimo yo, no puedo hablar por la comisión; continuará trabajando porque el Senado va a tener una sesión, la comisión entrará en receso y luego que el Senado termine, continúa trabajando con las propuestas que se reciban hasta hoy a las 6:00 de la tarde. Luego mañana tiene la comisión toda la mañana para cotejar las que se reciban entre hoy al mediodía y las 6:00 de la tarde y el tiempo material es perfectamente posible”, expresó Pacheco.
Dijo que, a diferencia de lo que creen muchas personas, la entrada en vigencia del Código es el día 5 de agosto en todo el país.
“Tiempo material hay de más”, repitió, al referirse a las horas para conocer las propuestas antes de ser aprobadas en la Cámara de Diputados el viernes.