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Sentencia efectiva y debido proceso demanda en caso SENASA Defensor del Pueblo.
Santo Domingo, R.D.-El defensor del Pueblo se refirió este jueves al caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), afirmando que esta situación representa un llamado a la sociedad y exige respuestas de las autoridades.
«Entiendo que el Ministerio Público tiene que dar garantía de un debido proceso, pero que las sentencias sean efectivas. Todo servidor público tiene que tener la ética como parte de su gestión», expresó.
El funcionario señaló que si las medidas de coerción solicitadas y el expediente presentado por el Ministerio Público logran probarse, deberán producirse sanciones.
- «Es una responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial demostrar que esta sociedad hay régimen de consecuencias, que es lo que todos pensamos que debe de existir con este caso de Senasa«, afirmó.
«Senasa rompe incluso la dignidad humana»
El defensor del Pueblo calificó la situación como lacerante debido a que la mayoría de los casos que llegan a la institución están relacionados con vulneraciones al derecho a la salud y que por ello la institución ha tenido que intervenir en casos relacionados con medicamentos, coberturas, hospitalizaciones e incluso cadáveres no entregados.
«Senasa rompe incluso hasta la dignidad humana por el tipo de corrupción que se dice que se hizo», expresó.
Agregó que según el documento que revisó, existen elementos «llamativos» y que «es fácil de demostrar que hubo algún tema relacionado, pero el debido proceso tiene que mantenerse».
Al ser cuestionado sobre si algún usuario llegó directamente por el caso específico de Senasa, respondió que no, pero sí recibieron personas que alegaban tener cobertura sin recibir servicios, así como pacientes que aseguraban no obtener medicamentos a pesar de tener su estatus al día.
Indicó que el régimen de consecuencias tiene que ser real, y los acuerdos que plantea el Ministerio Público tienen que darse sobre la base de poder llegar a consecuencias. Ulloa también reaccionó a las posiciones de empresarios vinculados al caso
«Aquí no hay sectores, aquí lo que son es corruptos que tienen que cumplir la pena según el Código Penal de la República Dominicana. El llamado es que existan consecuencias, porque estamos hablando de salud de personas, no estamos hablando de un bien público o estamos hablando de algo que se comprobó o se sobrevaloró», indicó.
De su lado, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio, recordó que tan pronto se hicieron públicas las informaciones del caso Senasa, el Conep emitió un comunicado expresando «alta preocupación por la gravedad de las acusaciones«, especialmente en un sector tan sensible como el de la salud.
«Lo que hemos apelado es porque se hagan las investigaciones correspondientes, se sancionen, y aquí no hay distinción entre el sector público y el sector privado. No importa si ha sido un funcionario del Gobierno, no importa si ha sido una empresa. Todo el peso de la ley debe caer sobre aquellos que han infringido algunos de los procedimientos correspondientes, y en adición a futuro, esto también debe ser un momento de reflexión de dónde está el mecanismo de control del Estado», señaló.
Sobre eventuales implicaciones empresariales en el caso, afirmó que el Conep cuenta con una gobernanza corporativa robusta, con estatutos, reglamentos y un código de ética.
«El Conep tiene una gobernanza corporativa bastante robusta, de hecho, en adición a los estatutos, hay reglamentos, un código de ética que es parte de todos nuestros miembros y quien infringe la ley, inmediatamente queda separado de la institución una vez se agote el proceso correspondiente», añadió.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dispuso este martes por decreto la extradición a Estados Unidos de tres dominicanos requeridos por la justicia de ese país por distintos cargos criminales.
La medida está contenida en los decretos números 41-26, 42-26 y 43-26, emitidos por el Poder Ejecutivo y dados a conocer por la Presidencia de la República.
Los decretos ordenan la entrega de Louis Júnior Rodríguez Serrano, también conocido como Lowi Júnior Rodríguez Marte; Wady Joel Díaz Meléndez, y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, quienes enfrentan procesos judiciales en diferentes jurisdicciones de Estados Unidos.
Rodríguez Serrano o Rodríguez Marte es requerido por la justicia federal estadounidense por múltiples cargos contenidos en la acusación formal del caso número 24-CR-6, presentada el 4 de enero de 2024 ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.
Los cargos incluyen:
- Cargo uno: Asociación delictuosa para cometer fraude por medios electrónicos y correo postal, en violación del título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1349.
- Cargos nueve y diez: Fraude electrónico, en violación del título 18, secciones 2 y 1343.
- Cargos doce al dieciséis: Fraude por correo postal, en violación del título 18, secciones 2 y 1341.
- Cargo diecisiete: Asociación delictuosa para cometer lavado de activos derivados del fraude electrónico y postal, en violación del título 18, sección 1956(h).
- Cargo diecinueve: Lavado de activos, en violación del título 18, secciones 2 y 1956(a)(1)(B)(i).
El cargo está tipificado como violación del capítulo 265 de las Leyes Generales de Massachusetts, sección 1.
Asimismo, el dominicano Gerardo Heriberto Núñez Núñez será extraditado para enfrentar cargos por asociación delictuosa para cometer lavado de activos, conforme a la acusación del caso criminal número 1:24-cr-10138, presentada el 14 de mayo de 2024 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.
El expediente señala violaciones al título 18 del Código de los Estados Unidos, secciones 1956(h), 1956(a)(1)(B)(i), 1956(a)(2)(B)(i) y 1957.
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Abogados sostienen que denuncia contra Julio Iglesias podría ser aceptada en República Dominicana.
Santo Domingo.- Podría ser aceptada en la República Dominicana la denuncia presentada en España contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas suyas en el país y Bahamas, que fue archivada en tribunales de Europa por «falta de jurisdicción».
Los supuestos hechos ocurrieron en República Dominicana, concretamente en la mansión de Iglesias en Punta Cana (este), una de las denunciantes es dominicana y el cantante posee la nacionalidad dominicana, «por lo que evidentemente el caso es competencia de la República Dominicana, no de España», dijo a EFE el jurista y académico dominicano Cándido Simón.
La Fiscalía española concluyó el viernes que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia pueda investigar la denuncia porque, según argumentó, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una «conexión material con España», por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.
El caso afecta a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
El abogado criminalista dominicano y profesor de Derecho Penal René del Rosario explicó a EFE que las denunciantes pueden «perfectamente» presentarse a la fiscalía de Higüey, el principal municipio de la provincia La Altagracia, donde se ubica Punta Cana, e interponer una denuncia o querella, pero también el Ministerio Público, por tratarse de una acción pública, puede ordenar una investigación.
En Derecho y Medicina «es peligroso hacer pronósticos», pero «en este tipo de casos, aunque sin el perfil (mediático) de Julio Iglesias, regularmente la acción no procede por la dificultad científica de poder establecer que los hechos pasaron y más cuando el sospechoso lo niega», apuntó.
Tras conocerse la denuncia, Julio Iglesias aseguró que nunca «ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer», y posteriormente intentó personase en esta investigación, para tener acceso directo al contenido de la denuncia, pero la Fiscalía de su país rechazó su petición.
Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, y días después, el 16, la Fiscalía otorgó la condición de testigos protegidos a las denunciantes, representadas por la organización Women’s Link Worldwide.
La apertura de esta causa se conoció el mismo día que una investigación periodística de eldiario.es. (España) y Univisión Noticias (EEUU) recogía relatos de ambas denunciantes sobre presuntas agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021, cuando éste tenía 77 años.
Aunque Julio Iglesias tiene la nacionalidad dominicana y una de las denunciantes es dominicana, las autoridades locales prácticamente se han mantenido al margen del tema.
Santo Domingo.- Un protocolo de enmienda fue sometido al Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader sometió al acuerdo sobre transporte aéreo entre el gobierno dominicano y el de Cuba, firmado el 29 de junio de 2023, para eliminar el tope de aerolíneas entre ambos países.
El convenio vigente establece un límite de dos líneas aéreas para operar las rutas de las dos naciones.
La nueva pieza busca que se puedan designar tantas aerolíneas como se considere, según la normativa interna de cada estado, con el propósito de incrementar el flujo de pasajeros, el comercio, la conectividad y el transporte aéreo entre los territorios.
El convenio actual, firmado el 9 de diciembre de 2005, indica en el referido apartado que cada parte contratante tendrá derecho a designar, de conformidad con sus regulaciones internas, “hasta dos líneas aéreas” (…).
Los demás numerales del artículo III y demás contenidos del documento quedan invariables.
La pieza de corrección fue introducida al Senado de la República el pasado 22 de enero, por lo que deberá agotar su trámite en el órgano legislativo.
Si la Cámara Alta ratifica el acuerdo, como se prevé, este pasará a la Cámara de Diputados para un proceso similar. Si el ala congresual refrenda el convenio, el documento pasará al Tribunal Constitucional, que verificará si está conforme a la Carta Magna, para darle el visto bueno y remitirlo al Poder Ejecutivo, que lo hará efectivo.
El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC) en República Dominicana, José Ernesto Marte Piantini; y el del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), Armando Luis Daniel López, suscribieron, el 29 de junio de 2023, el protocolo de enmienda al acuerdo sobre transporte aéreo entre ambas naciones en presencia de Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte de la República de Cuba, y Juan Carlos Salazar, secretario general de la OACI.
El convenio se realizó en el marco de la Undécima Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, evento organizado por la Oficina Regional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La firma del documento concluye las negociaciones iniciadas a través de la Junta de Aviación Civil y actualiza el acuerdo suscrito en la ciudad de la Habana, Cuba, el 9 de diciembre del 2005, con modificaciones al artículo 3, el cual contiene las disposiciones que rigen la designación y autorización de los operadores aéreos entre los dos territorios caribeños.