Más Noticias
Sentencia efectiva y debido proceso demanda en caso SENASA Defensor del Pueblo.
Santo Domingo, R.D.-El defensor del Pueblo se refirió este jueves al caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), afirmando que esta situación representa un llamado a la sociedad y exige respuestas de las autoridades.
«Entiendo que el Ministerio Público tiene que dar garantía de un debido proceso, pero que las sentencias sean efectivas. Todo servidor público tiene que tener la ética como parte de su gestión», expresó.
El funcionario señaló que si las medidas de coerción solicitadas y el expediente presentado por el Ministerio Público logran probarse, deberán producirse sanciones.
- «Es una responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial demostrar que esta sociedad hay régimen de consecuencias, que es lo que todos pensamos que debe de existir con este caso de Senasa«, afirmó.
«Senasa rompe incluso la dignidad humana»
El defensor del Pueblo calificó la situación como lacerante debido a que la mayoría de los casos que llegan a la institución están relacionados con vulneraciones al derecho a la salud y que por ello la institución ha tenido que intervenir en casos relacionados con medicamentos, coberturas, hospitalizaciones e incluso cadáveres no entregados.
«Senasa rompe incluso hasta la dignidad humana por el tipo de corrupción que se dice que se hizo», expresó.
Agregó que según el documento que revisó, existen elementos «llamativos» y que «es fácil de demostrar que hubo algún tema relacionado, pero el debido proceso tiene que mantenerse».
Al ser cuestionado sobre si algún usuario llegó directamente por el caso específico de Senasa, respondió que no, pero sí recibieron personas que alegaban tener cobertura sin recibir servicios, así como pacientes que aseguraban no obtener medicamentos a pesar de tener su estatus al día.
Indicó que el régimen de consecuencias tiene que ser real, y los acuerdos que plantea el Ministerio Público tienen que darse sobre la base de poder llegar a consecuencias. Ulloa también reaccionó a las posiciones de empresarios vinculados al caso
«Aquí no hay sectores, aquí lo que son es corruptos que tienen que cumplir la pena según el Código Penal de la República Dominicana. El llamado es que existan consecuencias, porque estamos hablando de salud de personas, no estamos hablando de un bien público o estamos hablando de algo que se comprobó o se sobrevaloró», indicó.
De su lado, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio, recordó que tan pronto se hicieron públicas las informaciones del caso Senasa, el Conep emitió un comunicado expresando «alta preocupación por la gravedad de las acusaciones«, especialmente en un sector tan sensible como el de la salud.
«Lo que hemos apelado es porque se hagan las investigaciones correspondientes, se sancionen, y aquí no hay distinción entre el sector público y el sector privado. No importa si ha sido un funcionario del Gobierno, no importa si ha sido una empresa. Todo el peso de la ley debe caer sobre aquellos que han infringido algunos de los procedimientos correspondientes, y en adición a futuro, esto también debe ser un momento de reflexión de dónde está el mecanismo de control del Estado», señaló.
Sobre eventuales implicaciones empresariales en el caso, afirmó que el Conep cuenta con una gobernanza corporativa robusta, con estatutos, reglamentos y un código de ética.
«El Conep tiene una gobernanza corporativa bastante robusta, de hecho, en adición a los estatutos, hay reglamentos, un código de ética que es parte de todos nuestros miembros y quien infringe la ley, inmediatamente queda separado de la institución una vez se agote el proceso correspondiente», añadió.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
Más Noticias
Militar condenado a 20 años de prisión por abuso sexual contra niña de siete años en Los Tres Brazos
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad, en un hecho ocurrido en el año 2024, en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
Acción penal
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Más Noticias
Defensa Pública llama a respetar el escalafón en la selección de jueces de la Suprema Corte
Santo Domingo, R.D.-La coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, Elizabeth Rodríguez Díaz, hizo un llamado a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.