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Presentan propuesta sobre bases de concurso para solucionar escasez de fiscales.
Santo Domingo.-Una propuesta fue enviada por el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) sobre las bases del concurso interno para el ascenso de 90 fiscalizadores a procuradores fiscales, estos últimos conocidos popularmente únicamente como “fiscales” y cuyo déficit, confirmó ese organismo, es de 116.
Los fiscalizadores forman parte del nivel jerárquico básico del organismo persecutor.
“En febrero del 2023, 437 miembros del Ministerio Público se encuentran en el nivel de fiscalizador y 399 en el nivel de procurador fiscal. De acuerdo a la propuesta mencionada, las operaciones propias del Ministerio Público demandan de 401 fiscalizadores y 515 procuradores fiscales”, dice un comunicado de la Procuraduría General de la República.
El CSMP, que preside la procuradora general, Miriam Germán Brito, sostiene que dio a conocer una propuesta que contiene 13 artículos “a todos los miembros de la Carrera del Ministerio Público a nivel nacional”.
“El objetivo es que los integrantes de la carrera remitan sus observaciones vía correo electrónico a la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, contando con un plazo de 20 días hábiles a estos fines. Hasta el próximo viernes 12 de mayo del año en curso se estarán recibiendo sus respectivos comentarios y observaciones”, agrega el comunicado.
Explica que la propuesta, en su artículo 3, sobre la finalidad y plazas, refiere que el concurso de oposición “tiene como finalidad cubrir las actuales 90 plazas vacantes de procuradores fiscales, identificadas en las fiscalías a nivel nacional, y documentadas en la propuesta de matrícula del Ministerio Público presentada por la Dirección General de Carrera en noviembre del 2021”.
Recuerda que el artículo 47 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), otorga al CSMP la atribución de autorizar la realización de concursos públicos para aspirantes a fiscalizador y para optar por funciones directivas u otros cargos.
Asimismo, en el numeral 16 se establece que podrá “disponer el ascenso de los miembros de la Carrera del Ministerio Público conforme al escalafón y los concursos internos cuando corresponda”.
Establece que para concursar hay que encontrarse en el nivel de carrera de fiscalizador y, ante la ausencia de un sistema de escalafón de carrera, todos los fiscalizadores tendrán derecho a optar para ascenso, tomando en consideración el tener, al menos, cuatro años como fiscalizador, y no encontrarse en licencia especial o médica indefinida, al momento de aplicar y durante el desarrollo del proceso.
Los concursantes, según lo planteado, deberán presentar:
- una comunicación informando su interés de participar en el proceso
- hoja de vida, con detalle de las posiciones ocupadas y sus fechas en el Ministerio Público, y de estudios superiores en Derecho Penal, Procesal Penal, copias de los títulos universitarios certificados y de designaciones en el Ministerio Público.
Otros miembros del Ministerio Público
Además de los fiscalizadores y procuradores fiscales, otros miembros del Ministero Público son los procuradores adjuntos del Procurador General de la República y los procuradores Generales de Corte de Apelación, según el artículo 4 de la Ley 133-11.
El concurso de fiscalizadores es demandado desde hace varios años por los miembros del Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.