Nacionales
Presentan propuesta sobre bases de concurso para solucionar escasez de fiscales.
Santo Domingo.-Una propuesta fue enviada por el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) sobre las bases del concurso interno para el ascenso de 90 fiscalizadores a procuradores fiscales, estos últimos conocidos popularmente únicamente como “fiscales” y cuyo déficit, confirmó ese organismo, es de 116.
Los fiscalizadores forman parte del nivel jerárquico básico del organismo persecutor.
“En febrero del 2023, 437 miembros del Ministerio Público se encuentran en el nivel de fiscalizador y 399 en el nivel de procurador fiscal. De acuerdo a la propuesta mencionada, las operaciones propias del Ministerio Público demandan de 401 fiscalizadores y 515 procuradores fiscales”, dice un comunicado de la Procuraduría General de la República.
El CSMP, que preside la procuradora general, Miriam Germán Brito, sostiene que dio a conocer una propuesta que contiene 13 artículos “a todos los miembros de la Carrera del Ministerio Público a nivel nacional”.
“El objetivo es que los integrantes de la carrera remitan sus observaciones vía correo electrónico a la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, contando con un plazo de 20 días hábiles a estos fines. Hasta el próximo viernes 12 de mayo del año en curso se estarán recibiendo sus respectivos comentarios y observaciones”, agrega el comunicado.
Explica que la propuesta, en su artículo 3, sobre la finalidad y plazas, refiere que el concurso de oposición “tiene como finalidad cubrir las actuales 90 plazas vacantes de procuradores fiscales, identificadas en las fiscalías a nivel nacional, y documentadas en la propuesta de matrícula del Ministerio Público presentada por la Dirección General de Carrera en noviembre del 2021”.
Recuerda que el artículo 47 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), otorga al CSMP la atribución de autorizar la realización de concursos públicos para aspirantes a fiscalizador y para optar por funciones directivas u otros cargos.
Asimismo, en el numeral 16 se establece que podrá “disponer el ascenso de los miembros de la Carrera del Ministerio Público conforme al escalafón y los concursos internos cuando corresponda”.
Establece que para concursar hay que encontrarse en el nivel de carrera de fiscalizador y, ante la ausencia de un sistema de escalafón de carrera, todos los fiscalizadores tendrán derecho a optar para ascenso, tomando en consideración el tener, al menos, cuatro años como fiscalizador, y no encontrarse en licencia especial o médica indefinida, al momento de aplicar y durante el desarrollo del proceso.
Los concursantes, según lo planteado, deberán presentar:
- una comunicación informando su interés de participar en el proceso
- hoja de vida, con detalle de las posiciones ocupadas y sus fechas en el Ministerio Público, y de estudios superiores en Derecho Penal, Procesal Penal, copias de los títulos universitarios certificados y de designaciones en el Ministerio Público.
Otros miembros del Ministerio Público
Además de los fiscalizadores y procuradores fiscales, otros miembros del Ministero Público son los procuradores adjuntos del Procurador General de la República y los procuradores Generales de Corte de Apelación, según el artículo 4 de la Ley 133-11.
El concurso de fiscalizadores es demandado desde hace varios años por los miembros del Ministerio Público.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.