Análisis Noticiosos
Del “golpe blando” a las guerras jurídicas: la izquierda latinoamericana teme una justicia politizada
Del “golpe blando” a las guerras jurídicas: la izquierda latinoamericana teme una justicia politizada
Bogota.-Los presidentes progresistas de América Latina, o que se ufanan de serlo, se quejan con frecuencia de algunas decisiones judiciales. En un pasaje particularmente convulso de sus diez meses en el poder, el colombiano Gustavo Petro, que ya había alertado de una posible conspiración de los militares para derrocarlo, denunció esta semana un “golpe blando” que amenaza con diezmar en el Congreso al Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que lo llevó al poder, mientras las grandes reformas legislativas que se propone siguen atascadas. Casi al tiempo, el mexicano Andrés Manuel López Obrador calificaba de “golpe de Estado técnico” los fallos que buscan frenar las obras de infraestructura insignias de su Administración.
La ambigüedad del mensaje de Petro –que según explicó después se refería a decisiones de la Procuraduría y no de las cortes– provocó críticas y confundió a propios y extraños, pero ilustra las suspicacias que han hecho carrera. La idea de una justicia politizada ha adquirido dimensiones regionales. En medio de los vientos de cambio que ha traído una nueva camada de izquierdas en América Latina, en varios países hablan de persecuciones jurídicas que se ceban con los Gobiernos de la nueva ola rosa. El encuentro del Grupo de Puebla que reunió a finales del año pasado a más de un centenar de dirigentes progresistas iberoamericanos en Santa Marta, en el Caribe colombiano, ya discutía en su agenda el concepto que en el mundo anglosajón se conoce como lawfare.
El de Petro cuando era alcalde de Bogotá es considerado una caso emblemático de lawfare. El entonces procurador encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios, Alejandro Ordóñez, un ultraconservador lefebvrista de retórica incendiaria, famoso por su visión católica del Estado, lo destituyó e inhabilitó por 15 años por fallas en la implementación de un nuevo modelo de aseo en la capital colombiana. Petro consiguió medidas cautelares a su favor en el sistema interamericano de justicia, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón en 2020, cuando declaró que el Estado colombiano había violado sus derechos políticos y que debían eliminarse las facultades de la Procuraduría para destituir funcionarios electos por voto popular.
“Las guerras jurídicas son un instrumento de utilización política de la justicia”, dice Samper, uno de los principales articuladores del Grupo de Puebla junto al chileno Marco Enríquez-Ominami y al brasileño Aloizio Mercadante, al que Lula encomendó dirigir el Banco de Desarrollo de Brasil. “Es una manera de ataque que ha encontrado especialmente la derecha para cuestionar, dificultar, obstaculizar o inclusive romper la posibilidad de que haya personajes progresistas que puedan avanzar en la política”, apunta en diálogo con este periódico. Las guerras jurídicas apuntan a causar daños reputacionales, políticos y jurídicos. “Todas las municiones del lawfare tienen que ver con la afectación del debido proceso”, sea la presunción de inocencia, el derecho a la defensa o la segunda instancia. A las guerras jurídicas, añade Samper, se pueden sumar otras estrategias como sembrar desconfianza alrededor de la economía o fomentar la sensación de inestabilidad institucional con el objetivo de eliminar las bases de gobernabilidad. Un repaso al panorama de algunos países de la región.
Del ‘impeachment’ al asalto bolsonarista
Además de la intentona golpista de la capital, en Brasil buena parte de la izquierda considera que el impeachment que la expresidenta Rousseff sufrió en 2016 fue un golpe parlamentario. El presidente Lula también echó mano de la tesis del lawfare para explicar su encarcelación, que le impidió participar en las elecciones de 2018. La divulgación de las maniobras del entonces juez Sérgio Moro y los fiscales para poder condenarle y el archivo de varias causas pendientes contribuyó a fortalecer su relato de que fue víctima de una persecución jurídica que pretendía acabar con su carrera política.
“Me quieren presa o muerta”
En Argentina la tesis sobre la persecución judicial determina la confrontación política desde el comienzo de la investigación del caso de corrupción por el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua. Aunque el fallo todavía no es firme, la número dos del Gobierno ha tratado de instalar la idea de la proscripción. Esta semana lo dejó claro al afirmar, una vez más, que sus adversarios políticos, entre los que la dirigente incluye el sistema judicial, buscan apartarla de la escena política. “Me quieren presa o muerta”, escribió en una larga carta publicada en sus redes sociales. Hacía referencia a dos acontecimientos.
En primer lugar, el intento de magnicidio que sufrió el pasado 1 de septiembre, el hecho más grave que ha convulsionado Argentina en su historia reciente. La Fiscalía descartó que detrás del atentado hubiera un móvil político y decidió terminar la instrucción sobre el ataque centrándose en los tres autores materiales. En segundo lugar, Cristina Kirchner también aludía a su situación procesal. Un tribunal la condenó en diciembre por defraudación al Estado y la absolvió del delito de asociación ilícita. La vicepresidenta rechazó en su momento el falló con unas palabras durísimas: “Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución o el Código Penal. Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial”. Y este es el clima que permea la conversación pública y la disputa entre partidos cuando faltan menos de cinco meses para las elecciones presidenciales.
“Golpe de Estado técnico”
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantiene desde hace años un pulso con un sector del aparato judicial al que considera vinculado al pasado político del país. Esta semana, sin embargo, el mandatario fue más allá en sus señalamientos y acusó a los jueces de perseguir un “golpe de Estado técnico” contra su Gobierno. Se refería a la resolución de un juzgado federal que ordenó suspender de forma definitiva la deforestación en cuatro tramos del Tren Maya, una de las obras más importantes de la Administración y, como ninguna otra, emblema de su proyecto político, la llamada Cuarta Transformación.
López Obrador aseguró en cualquier caso que no acatará el fallo judicial y, por tanto, las obras continuarán. “Van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque de acuerdo con la Constitución y las leyes tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo”, afirmó.
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.