Análisis Noticiosos
Del “golpe blando” a las guerras jurídicas: la izquierda latinoamericana teme una justicia politizada
Del “golpe blando” a las guerras jurídicas: la izquierda latinoamericana teme una justicia politizada
Bogota.-Los presidentes progresistas de América Latina, o que se ufanan de serlo, se quejan con frecuencia de algunas decisiones judiciales. En un pasaje particularmente convulso de sus diez meses en el poder, el colombiano Gustavo Petro, que ya había alertado de una posible conspiración de los militares para derrocarlo, denunció esta semana un “golpe blando” que amenaza con diezmar en el Congreso al Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que lo llevó al poder, mientras las grandes reformas legislativas que se propone siguen atascadas. Casi al tiempo, el mexicano Andrés Manuel López Obrador calificaba de “golpe de Estado técnico” los fallos que buscan frenar las obras de infraestructura insignias de su Administración.
La ambigüedad del mensaje de Petro –que según explicó después se refería a decisiones de la Procuraduría y no de las cortes– provocó críticas y confundió a propios y extraños, pero ilustra las suspicacias que han hecho carrera. La idea de una justicia politizada ha adquirido dimensiones regionales. En medio de los vientos de cambio que ha traído una nueva camada de izquierdas en América Latina, en varios países hablan de persecuciones jurídicas que se ceban con los Gobiernos de la nueva ola rosa. El encuentro del Grupo de Puebla que reunió a finales del año pasado a más de un centenar de dirigentes progresistas iberoamericanos en Santa Marta, en el Caribe colombiano, ya discutía en su agenda el concepto que en el mundo anglosajón se conoce como lawfare.
El de Petro cuando era alcalde de Bogotá es considerado una caso emblemático de lawfare. El entonces procurador encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios, Alejandro Ordóñez, un ultraconservador lefebvrista de retórica incendiaria, famoso por su visión católica del Estado, lo destituyó e inhabilitó por 15 años por fallas en la implementación de un nuevo modelo de aseo en la capital colombiana. Petro consiguió medidas cautelares a su favor en el sistema interamericano de justicia, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón en 2020, cuando declaró que el Estado colombiano había violado sus derechos políticos y que debían eliminarse las facultades de la Procuraduría para destituir funcionarios electos por voto popular.
“Las guerras jurídicas son un instrumento de utilización política de la justicia”, dice Samper, uno de los principales articuladores del Grupo de Puebla junto al chileno Marco Enríquez-Ominami y al brasileño Aloizio Mercadante, al que Lula encomendó dirigir el Banco de Desarrollo de Brasil. “Es una manera de ataque que ha encontrado especialmente la derecha para cuestionar, dificultar, obstaculizar o inclusive romper la posibilidad de que haya personajes progresistas que puedan avanzar en la política”, apunta en diálogo con este periódico. Las guerras jurídicas apuntan a causar daños reputacionales, políticos y jurídicos. “Todas las municiones del lawfare tienen que ver con la afectación del debido proceso”, sea la presunción de inocencia, el derecho a la defensa o la segunda instancia. A las guerras jurídicas, añade Samper, se pueden sumar otras estrategias como sembrar desconfianza alrededor de la economía o fomentar la sensación de inestabilidad institucional con el objetivo de eliminar las bases de gobernabilidad. Un repaso al panorama de algunos países de la región.
Del ‘impeachment’ al asalto bolsonarista
Además de la intentona golpista de la capital, en Brasil buena parte de la izquierda considera que el impeachment que la expresidenta Rousseff sufrió en 2016 fue un golpe parlamentario. El presidente Lula también echó mano de la tesis del lawfare para explicar su encarcelación, que le impidió participar en las elecciones de 2018. La divulgación de las maniobras del entonces juez Sérgio Moro y los fiscales para poder condenarle y el archivo de varias causas pendientes contribuyó a fortalecer su relato de que fue víctima de una persecución jurídica que pretendía acabar con su carrera política.
“Me quieren presa o muerta”
En Argentina la tesis sobre la persecución judicial determina la confrontación política desde el comienzo de la investigación del caso de corrupción por el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua. Aunque el fallo todavía no es firme, la número dos del Gobierno ha tratado de instalar la idea de la proscripción. Esta semana lo dejó claro al afirmar, una vez más, que sus adversarios políticos, entre los que la dirigente incluye el sistema judicial, buscan apartarla de la escena política. “Me quieren presa o muerta”, escribió en una larga carta publicada en sus redes sociales. Hacía referencia a dos acontecimientos.
En primer lugar, el intento de magnicidio que sufrió el pasado 1 de septiembre, el hecho más grave que ha convulsionado Argentina en su historia reciente. La Fiscalía descartó que detrás del atentado hubiera un móvil político y decidió terminar la instrucción sobre el ataque centrándose en los tres autores materiales. En segundo lugar, Cristina Kirchner también aludía a su situación procesal. Un tribunal la condenó en diciembre por defraudación al Estado y la absolvió del delito de asociación ilícita. La vicepresidenta rechazó en su momento el falló con unas palabras durísimas: “Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución o el Código Penal. Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial”. Y este es el clima que permea la conversación pública y la disputa entre partidos cuando faltan menos de cinco meses para las elecciones presidenciales.
“Golpe de Estado técnico”
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantiene desde hace años un pulso con un sector del aparato judicial al que considera vinculado al pasado político del país. Esta semana, sin embargo, el mandatario fue más allá en sus señalamientos y acusó a los jueces de perseguir un “golpe de Estado técnico” contra su Gobierno. Se refería a la resolución de un juzgado federal que ordenó suspender de forma definitiva la deforestación en cuatro tramos del Tren Maya, una de las obras más importantes de la Administración y, como ninguna otra, emblema de su proyecto político, la llamada Cuarta Transformación.
López Obrador aseguró en cualquier caso que no acatará el fallo judicial y, por tanto, las obras continuarán. “Van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque de acuerdo con la Constitución y las leyes tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo”, afirmó.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.