Santo Domingo, RD.-En algunos casos de corrupción, el Ministerio Público ha estado abierto a negociar con imputados a cambio de sus delaciones, a fin de obtener informaciones que le permitan reunir más pruebas y fortalecer los expedientes.Nacionales
Delatores han sido claves en casos de corrupción
En búsqueda de informaciones valiosas, el Ministerio Público ha llegado a acuerdos con estas personas, dándoles un trato privilegiado, que va desde excluirlos del expediente y usarlos solo como testigos o de solicitar una medida de coerción menos gravosa
Santo Domingo, RD.-En algunos casos de corrupción, el Ministerio Público ha estado abierto a negociar con imputados a cambio de sus delaciones, a fin de obtener informaciones que le permitan reunir más pruebas y fortalecer los expedientes.En búsqueda de informaciones valiosas, el Ministerio Público ha llegado a acuerdos con estas personas, dándoles un trato privilegiado, que va desde excluirlos del expediente y usarlos solo como testigos, o de solicitar una medida de coerción menos gravosa, que no sea la prisión preventiva.
“Todo el que colabore con una investigación del Ministerio Público tendrá la seguridad que sea necesaria para garantizar su integridad física y las de sus familiares”, expresó en una ocasión el titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Uno de los nombres que ha tenido más notoriedad es el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, implicado en la red de corrupción desarticulada mediante la operación Coral, que tiene como principal acusado al mayor general Adán Cáceres, exjefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina.
El exdirector financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística empezó a mostrar su interés de cooperar con el Ministerio Público desde las primeras audiencias de medida de coerción, en mayo del 2021, cuando admitió su implicación y advirtió que iba a decir toda la verdad sobre el entramado.
Su nombre se popularizó tanto que en siguientes procesos se escuchaba alguna gente comparar a delatores con éste, refiriendo que tal persona era el “Girón” de ese nuevo caso que había sido sometido. Públicamente dijo cómo operaba la red. Señaló que le pidió borrar las nóminas de las instituciones que administraba y responsabilizó de algunos hechos a otros vinculados.
Por esa colaboración de Girón, el ministerio público no pidió prisión preventiva en un centro de corrección, como hizo con los demás implicados, sino domiciliaria, la cual cumple en una residencia desconocida hasta el momento por razones de seguridad.
El caso Medusa
En la red de corrupción desmantelada en la operación Medusa sobresale como delatora Rainery Elizabeth Medina Sánchez, exencargada del departamento de Almacén de la Procuraduría en la pasada administración, que no figura entre los acusados.
A esta mujer, la corte de apelación de Santo Domingo le varió la prisión preventiva por arresto domiciliario, al ser acusada de encabezar una banda que sustrajo televisores de la Procuraduría, cuando era encargada del área de almacén.
El ministerio público no se opuso a la variación de la coerción, entre otras razones, porque se mantiene cooperando con el proceso.
En una ocasión, el principal acusado en el caso Medusa, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, consideró que el proceso en su contra no sería más que una fábula inventada por la exempleada de la Procuraduría.
La mujer admitió su participación a los fiscales en el entramado de corrupción, realizando entradas irreales de órdenes de producto incompletos, facturas adulteradas y en licitaciones amañadas, responsabilizando de estos ilícitos a otros implicados en el caso.
Luego, cuando el Ministerio Público presentó la acusación y solicitud de apertura a juicio, la semana pasada, dejó fuera a uno de los que inicialmente figuraba, por su cooperación.
Se trata del exjefe de Gabinete de la Procuraduría, Rafael Stefano Canó Sacco, quien no fue procesado judicialmente junto a los demás que se le conoció la medida de coerción porque logró salir del país y fue declarado prófugo. Después fue solicitada su extradición, pero no ha sido traído al país.
Otro que cooperó, denunciando los sobornos y aportando evidencias fue el ingeniero Antón Casanova, quien tampoco aparece en el expediente, pero le atribuye las maniobras fraudulentas a Canó Sacco.
En el caso Pulpo, que fue el primero desmantelado, a final del 2020, el Ministerio Público también ha contado con la cooperación de imputados, personas investigadas o mencionadas en el expediente, en el que figura como cabecilla Alexis Medina.
En este incluso, varios investigados decidieron devolver dinero obtenido de forma ilícita. Tal es el caso de Wilfredo Arturo González Castillo y Bolívar Antonio Ventura Rodríguez.
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Legalidad
La ley 76-02, que instituye el Código Procesal Penal, contempla el criterio de oportunidad, en el artículo 34, que otorga potestad al Ministerio Público para prescindir de la acción pública sobre uno o varios de los hechos atribuidos o de imputados. El artículo 281 establece las causales para disponer el archivo de un caso, incluyendo que las partes hayan conciliado y que se proceda aplicar un criterio de oportunidad, con lo cual se extingue la acción penal. El artículo 363, señala el procedimiento penal abreviado, que lo propone previo a que se ordene la apertura de juicio.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.