Opinión
Delincuencia desde las cárceles
Por Nelson Encarnación
Es un hecho conocido por todos que la mayoría de las estafas telefónicas de que han sido víctimas miles de dominicanos tiene su epicentro en las cárceles, ya sea del llamado nuevo modelo o del sistema antiguo, cuya diferencia sólo existe en el interés de algunos de casarse con una gloria existente.
La facilidad con la que estos delincuentes operan se debe, en primer lugar, a la irresponsabilidad de las autoridades encargadas de evitar dichas acciones, pero además, por la evidente complicidad de personal de esos recintos.
Son actitudes de manifiesta irresponsabilidad permitir el uso masivo de teléfonos celulares en poder de prisioneros—o privados de libertad que es el eufemismo de moda—los cuales son utilizados no para mantener una comunicación útil con el exterior sino para organizar actos delictivos.
En reiteradas ocasiones hemos escuchado que la Procuraduría General de la República pondrá en operación dispositivos para el bloqueo de señales celulares, de modo que se impida la comunicación a través de esos aparatos.
Es lo que se estila en todas las sociedades organizadas, en cuyos sistemas carcelarios está establecido el derecho de los reclusos a comunicarse periódicamente con familiares, abogados o allegados, pero mediante llamadas a través de teléfonos fijos monitoreadas por las autoridades, de modo que éstas tengan real control de sus movimientos.
Hace unos días estuve cerca de ser víctima de una estafa mediante ese esquema, cuando a un apreciado colega que reside en Nueva York le fueron hackeadas sus cuentas de Facebook y Whatsapp, a través de las cuales se montó una trama dirigida a timar a sus contactos.
Los delincuentes se pusieron en contacto conmigo, lógicamente que suplantando la identidad del colega, para que le pagara a una embarcadora irreal unas cajas y tanques con mercancías supuestamente enviados desde Nueva York.
Son tan osados que hasta me remitieron dos cuentas bancarias para fines de depósito del importe correspondiente al supuesto envío. Estuve a punto de realizar la transferencia, hasta que en los textos enviados resultaban faltas ortográficas elementales que no serían cometidas por mi amigo.
Fue ahí cuando opté por llamarle a su teléfono residencial para darme cuenta de que estuve cerca de caer en las redes de los estos delincuentes.
Luego de esto escribí en mis cuentas de redes sociales la denuncia con atención a la Procuraduría General, a la Policía Nacional y a las dos instituciones bancarias a las que pertenecían las cuentas remitidas.
Para el Ministerio Público y la Policía esa denuncia no existió, y sólo uno de los dos bancos se puso en contacto conmigo para indagar sobre algo que ellos saben, pues la cuenta tiene un dueño, cuyo nombre, de todos modos, suministré.
Por Ismael Batista
A Marco Tulio Cicerón, político, filósofo, jurista, escritor y orador romano, le atribuyen esta frase: ”Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla.”
Pero, ¿qué es la historia?. La historia es relación de hechos ocurridos en el pasado; realmente acepción del concepto evoca contramovimiento a la dialéctica de la sociedad y las cosas: inmovilidad, inacción, desidia, apatía, expectación.
Pero, no es así, pues, bajo este criterio se detendría la historia y el universo.
Por el contrario, la historia es una herramienta para encarar los desafíos del futuro, por lo tanto, los que participan en lides sociales y políticas deben conocerla.
Además, deben saber que quiénes escriben la historia son los conquistadores o los que ganan la guerra. Y, no solo eso, igualmente imponen costumbres, idioma, religión y cultura. Es lo mismo para las clases sociales.
En consecuencia, nuestra historia ha llegado a un punto de inflexión, pues, ha sido, opacada, ocultada y mal contada a las nuevas generaciones.
Y, estos conceptos atañen a la faena política del Dr. José Francisco Peña Gómez y el general Ulises Heureaux. Por ejemplo, Peña Gómez, tenía todas las condiciones y el mérito para ocupar el solio presidencial, no obstante le cerraron el camino
Así mismo, el general Ulises Heureaux tuvo el valor de asumir grandes riesgos y sacrificios en la guerra de la Restauración y en la de los 6 años, a pesar de ello, historiadores tratan de opacar, denostar sus méritos histórico de patriota.
Historia digna de contar
No había cumplido 18 años cuando se enrola en el ejército restaurador, posiblemente influenciado por el también puerto puertoplateño Gregorio Luperón.
Pero sería sus condiciones de combatiente puesta a pruebas en la guerra restauradora lo que le acreditó para establecer su prestigio militar y alcanzar el grado de coronel en el ejército revolucionario.
De esta manera, en campo de batalla fue excepcional, audaz y de mucho coraje, lo que fue el preludio para ganarse confianza de los lideres del movimiento restaurador, esto es, los generales Matías Ramón Mella, Gaspar Polanco, Pedro A. Pimentel, José María Cabral, Gregorio Luperón.
Después de años de luchas, al concluir el conflicto Lilís emerge como figura y líder de este episodio estelar de la historia dominicana.
El 14 de septiembre de 1863, José Antonio Salcedo es designado presidente del gobierno restaurador
Coronel Ulises Heureaux tendría 20 años de edad cuando fue designado comandante en armas de la fortaleza San Felipe en Puerto Plata.
Pero la carrera militar del General Ulises Heureaux en favor de la patria, no se detiene.
Combatió conjuntamente con Matías Ramon Mella y Gregorio Luperón al dictador Buenaventura Báez en la guerra antimperialista conocida como de los 6 años, cuando Báez en el intento de ceder el territorio nacional a los Estados Unidos con el fin del presidente Ulysses S. Grant utilizarlo en los planes expansionista de ese país.
En esta contienda bélica, igual que en restauradora, el general Heureaux exhibió en el campo de batalla capacidad estratégica militar y de osado guerrero en todos los frentes de guerra, al extremo de que fue objeto de trampas y embocadas porque era objeto de guerra aniquilar el batallador del escenario.
En efecto, el rol desempeñado por insigne Lilis en guerra de los 6 años le abrió las puertas a la celebridad internacional, pues su nombre, en esos tiempos, ocupa las principales páginas de los diarios más influyentes de Estados Unidos y Europa.
Al finalizar la guerra, al coronel Ulises Heureaux le fueron colocadas las insignias de general como reconocimiento a los grandes servicios y los enormes sacrificios asumidos por la patria.
Por ello, al contar o escribir de hombres de nuestra historia patria, es indispensable revestirse de objetividad al narrar los hechos, sean buenos o malos, sobre todo si asumes que en las acciones de la historia las circunstancias y la época influyen.
Por Isaías Ramos
En nuestra nación, la Constitución no es solo un documento legal; es la promesa de una sociedad justa y equitativa. Sin embargo, esta promesa ha sido traicionada. El artículo 63, numeral 13, que obliga al Estado a educar a los ciudadanos en sus derechos y deberes fundamentales, en la formación social y cívica, y en la enseñanza de la Constitución, ha sido enterrado. Esto no es un accidente ni una simple omisión. Es un acto deliberado, parte de un modelo político, económico y social que sigue una lógica distópica: “quitarle a los de abajo para darle a los de arriba”.
En esta distopía real, ¿por qué educarían a un pueblo que, al conocer sus derechos, podría desafiar al sistema? Una ciudadanía consciente e informada es una amenaza directa al poder y los privilegios de una élite política y económica que se alimenta de nuestra ignorancia. La desinformación no es una falla del sistema; es su principal herramienta de control. Nos mantienen embrutecidos para debilitarnos, para que no podamos exigir lo que por derecho nos pertenece.
No se limitan a mantenernos en la ignorancia. Han perfeccionado el engaño con un lenguaje propio de las novelas distópicas. Hablan de “modernización fiscal” cuando, en realidad, planean subir impuestos que golpean con más fuerza a los pobres. Justifican “subidas abusivas en los peajes” con términos como “nivelación”, cuando esos recursos van directamente a engordar las arcas de sus financistas, quienes sostienen esta maquinaria de explotación.
Incluso los apagones programados, presentados como “control de oferta”, son un preludio para la privatización de nuestras infraestructuras energéticas en 2026, una maniobra diseñada para transferir el control de lo público a manos privadas.
El problema no es solo lo que hacen, sino cómo lo hacen. Cada acción está diseñada para sostener un sistema que despoja a las mayorías para beneficiar a una élite voraz. El sufrimiento de las mayorías se ha convertido en el precio de los privilegios de unos pocos. Lo más indignante es que esta traición se perpetra desde el mismo Estado que, en lugar de protegernos, ha decidido ignorar su mandato constitucional de educarnos y empoderarnos.
Sin embargo, esta realidad no es inmutable. La educación en derechos fundamentales no es un lujo ni una concesión; es un derecho constitucional y, más importante aún, la herramienta más poderosa para romper el ciclo de manipulación que nos mantiene sometidos.
La historia ha demostrado que un pueblo educado no se somete, se organiza, lucha y vence. Por eso, la educación en derechos fundamentales debe convertirse en una prioridad nacional. Conocer la Constitución no es solo un derecho, es el primer paso para construir una ciudadanía fuerte y activa, capaz de enfrentar a un sistema que se beneficia de nuestra desinformación.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que un pueblo informado y consciente es un pueblo invencible. Debemos exigir el cumplimiento del artículo 63 y todas las garantías que la Constitución nos otorga. No podemos permitir que sigan utilizando nuestra ignorancia como su mayor herramienta de poder.
Solo a través del conocimiento podemos desafiar este sistema que nos quita para darles a ellos y construir una sociedad donde la Constitución sea una guía real, no un papel que otros pisotean. Pero no basta con indignarnos. Es hora de pasar a la acción.
Participemos en nuestras comunidades, promovamos la educación cívica, enseñemos a nuestros hijos y vecinos sus derechos, y fomentemos la unión en torno a un propósito común: recuperar nuestra dignidad y nuestra libertad.
La narrativa distópica que nos han impuesto no tiene por qué ser nuestro destino. El futuro no pertenece a la élite que nos oprime, sino al pueblo que despierta, se educa y se organiza. Imaginemos una sociedad en la que cada dominicano conozca sus derechos, donde el poder no esté concentrado en unos pocos, sino emanando del pueblo.
Esa visión no es un sueño lejano; está al alcance de nuestras manos si actuamos juntos. Dejemos de ser espectadores y convirtámonos en protagonistas de nuestra historia. El poder es del pueblo, y es hora de reclamarlo.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
De acuerdo al Estatuto de Roma la Corte Penal Internacional podrá ejercer su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con los apartados a) y c) del artículo 13, con sujeción a las disposiciones de este artículo.
La Corte Penal Internacional únicamente podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de agresión cometidos un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta Estados Partes
La Corte Penal Internacional ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión a condición de que se adoptara una decisión después del primero de enero de 2017 por la misma mayoría de Estados Partes que se requiere para la aprobación de una enmienda al Estatuto de Roma.
La Corte Podrá , de conformidad con el artículo 12 ejercer su competencia sobre un crimen de agresión, resultante de un acto de agresión cometido por un Estado Parte salvo que ese Estado Parte haya declarado previamente que no acepta esa competencia mediante el depósito de una declaración en poder del Secretario de la CPI La retirada de esa declaración podrá efectuarse en cualquier momento y será considerada por el Estado Parte en un plazo de tres años
En lo que respecta a un Estado no Parte del Estatuto de Roma la Corte Penal Internacional no ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión cuando este sea cometido por los nacionales de ese Estado o en el territorio del mismo
El Fiscal si llegara a la conclusión de que existe fundamento razonable para iniciar una investigación sobre un crimen de agresión verificara en primer lugar si el Consejo de Seguridad ha determinado la existencia de un acto de agresión cometido por el Estado de que se trate. El Fiscal notificará al Secretario General de las Naciones Unidas la situación ante la Corte, adjuntando la documentación y otros antecedentes que sean pertinentes.
Cabe destacar que cuando el Consejo de Seguridad dicha determinación el Fiscal de la Corte Penal Internacional podrá iniciar la investigación acerca del crimen de agresión
En otro orden cuando no se realice dicha determinación en el plazo de seis meses desde la fecha de notificación el Fiscal podrá iniciar los procedimientos de investigación respecto de un crimen de agresión siempre y cuando la Sección de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el procedimiento contenido en el artículo 15, haya autorizado el inicio de la investigación sobre un crimen de agresión y el Consejo de Seguridad no haya decidido lo contrario de conformidad con el artículo 16 del Estatuto de Roma
La determinación de que hubo acto de agresión realizada por un órgano ajeno a la Corte Penal Internacional no irá en perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del Estatuto de Roma.