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AMÉRICA DEL NORTE

Demócratas trazan líneas para llevar a Trump a juicio político

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AP

Los líderes del Partido Demócrata han instruido que se actúe rápidamente para llevar a juicio al Presidente.

Washington.-¿Qué sigue ahora que las comisiones de la Cámara de Representantes inician investigaciones de acusación en un posible juicio político a Donald Trump?

Los demócratas de la Cámara de Representantes están planeando un rápido comienzo de sus gestiones para promover un juicio político al presidente Donald Trump, con audiencias y comparecencias a partir de la próxima semana.

Los líderes demócratas han dado instrucciones a las comisiones para que actúen rápidamente. Las acciones está comenzando a pesar de que los legisladores partieron el viernes de Washington, D.C. para un receso de dos semanas.

El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el representante demócrata Adam Schiff, dijo el viernes que su panel se estará moviendo “rápidamente”.

Esa comisión, así como la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes y la Comisión de Asuntos Exteriores de la cámara baja, han programado comparecencias en los próximos días de funcionarios del Departamento de Estado relacionados con los tratos de Trump con Ucrania.

A los miembros de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja se les ha dicho que estén preparados para regresar a Washington D.C. durante el receso. La representante de California Jackie Speier dijo que ya ha cancelado algunos de sus compromisos anteriores.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho a los demócratas que necesitan “golpear mientras el hierro está caliente” en el proceso de acusación, haciendo que las comisiones aceleren al máximo su trabajo. El representante demócrata Jim Himes dijo que se está formando un plan “muy rápidamente”.

La comisión de Schiff ha estado negociando para entrevistar al informante que inició la tempestad, al reportar una conducta impropia de Trump en una llamada telefónica con el presidente ucraniano en julio. El informante reveló también que los funcionarios de la Casa Blanca procedieron entonces a “bloquear” los detalles, transfiriendo todos los archivos de la llamada a un sistema informático separado.

La denuncia del informante, cuya identidad no se conoce públicamente, fue divulgada el jueves después de que el director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, se la ocultara al Congreso durante semanas.

El inspector general que manejó esa denuncia, Michael Atkinson, testificará en privado ante la Comisión de Inteligencia el 4 de octubre, según una persona familiarizada con la comisión que habló con la condición de que se mantuviera en el anonimato por tratarse de deliberaciones internas.

Los legisladores de la comisión dijeron el viernes que también quieren hablar con los colaboradores de la Casa Blanca que estuvieron presentes en la llamada y con Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente.

Los demócratas dicen que esperan terminar la investigación en cuestión de semanas, quizás incluso antes del Día de Acción de Gracias, el cuarto jueves de noviembre.

El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el representante demócrata Jerrold Nadler, ha dicho que quiere una resolución sobre el juicio político para finales de año. La representante demócrata Pramila Jayapal, quien forma parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos, dijo que el plazo se mantendrá “absolutamente”, y que el plan es que se haga antes de enero, o “quizás antes”.

Si la Cámara de Representantes vota para aprobar los cargos contra Trump, el Senado liderado por los republicanos celebraría entonces un juicio político.

Algunos senadores republicanos han expresado su preocupación por las interacciones de Trump con Ucrania, pero existen pocos indicios de que habrá suficiente inconformidad como para condenar al presidente, quien todavía tiene un fuerte apoyo en las filas del Partido Republicano. Si Trump fuera procesado, se necesitarían dos tercios de los votos en el Senado para condenarlo y destituirlo de su cargo.

El presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, el senador republicano Richard Burr, ha dicho que su comisión investigará el asunto ucraniano, pero acotó: “no esperen que nos movamos a la velocidad de la luz. Eso probablemente ocurrirá en la Cámara” de Representantes.

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Demócratas empiezan a reunir pruebas contra Trump

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Agencias
El mandatario tildó de partidista la investigación de los legisladores

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, arriba al Congreso para reunirse con legisladores.

Washington.- La oposición demócrata está trabajando de forma intensa para reunir pruebas con vistas a abrir un juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y planea emitir citaciones judiciales para obtener documentos y el testimonio de testigos en una investigación que el mandatario tildó este viernes de “partidista”.

Los legisladores del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, que lidera las pesquisas, quieren continuar su tarea la próxima semana, pese al receso del Congreso, y podrían celebrar una sesión el próximo viernes.

Según el medio Politico, que cita a tres miembros de dicho comité, se espera que los legisladores emitan citaciones judiciales para pedir la entrega de documentos y la comparecencia de testigos, mientras trabajan para corroborar las alegaciones del informante de los servicios de Inteligencia, que han desencadenado las pesquisas contra Trump.

El martes los demócratas anunciaron que iban a iniciar una investigación de juicio político a Trump tras las filtraciones en la prensa de una queja de un informante de la Inteligencia del país sobre el contenido de una llamada telefónica entre el presidente estadounidense y su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski.

Durante esa conversación telefónica, mantenida el 25 de julio, Trump instó a Zelenski a que investigara al exvicepresidente Joseph Biden, actualmente aspirante a la candidatura demócrata a las elecciones presidenciales de 2020, y a su hijo Hunter por supuesta corrupción.

Semanas después, el informante, que según The New York Times era un miembro de la CIA, presentó una queja oficial y, ayer, el Comité de Inteligencia reveló el contenido del documento, donde se muestra que el denunciante expresó su preocupación sobre la posibilidad de que Trump usara su poder para solicitar interferencia extranjera en los comicios.

“Estaremos aquí parte de la semana (próxima), sí”, dijo el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff a Politico.

“Vamos a intentar programar sesiones, entrevistas con testigos, trabajaremos en citaciones judiciales y requerimientos de documentos. Vamos a estar ocupados”, adelantó Schiff.

Precisamente, el presidente del comité fue blanco de la ira de Trump en Twitter.

“El representante Adam Schiff se inventó completamente mi conversación con el Presidente de Ucrania y lo leyó ante el Congreso y Millones (de personas). Debe dimitir y ser investigado. Ha estado haciendo esto durante dos años. ¡Es un hombre demente!”, tuiteó Trump.

El mandatario también tildó de partidista la investigación de los legisladores: “Parece más y más que el llamado informante no es un informante en absoluto (…) ¿Un operativo partidista?”, insinuó Trump.

Y criticó que “toda la información de segunda mano” del presunto agente de la CIA “resultó ser tan inexacta que puede que ni siquiera otro filtrador o espía” le enviase esa información.

Trump se refería a la “más de media docena de funcionarios del Gobierno” que el denunciante tuvo como fuente para redactar un texto en el que describe cómo la Casa Blanca trató de “bloquear” los registros de la conversación telefónica del pasado 25 de julio.

En medio de esta tormenta política, más de 300 exfuncionarios de seguridad nacional del país y de política exterior publicaron un comunicado en el que advirtieron del peligro que supone la actuación de Trump.

En la nota consideran que las revelaciones de los últimos días requieren de una respuesta: “Específicamente, todos nosotros reconocemos el imperativo de procedimientos formales para un juicio político para confirmar hechos adicionales y valorar las consecuencias de lo que hemos sabido y lo que todavía puede emerger”.

“Aplaudimos a aquellos miembros del Congreso, incluida la presidenta (Nancy) Pelosi, que han empezado ahora esta vía necesaria”, agregaron.

A su juicio, parece que Trump ha excedido su autoridad y los recursos de la Presidencia para promover que haya injerencia extranjera en “los procesos democráticos del país”.

“Esto constituiría un abuso de poder inadmisible”, sentenciaron, al tiempo que subrayaron que esto puede representar un esfuerzo para subordinar los intereses nacionales de EE.UU. y de sus aliados al interés de un presidente.

El comunicado fue promovido por la organización Acción Nacional de Seguridad, donde se encuentran muchos funcionarios de la Administración de Barack Obama (2009-2017).

Pese a que algunos de los firmantes trabajaban para el anterior Gobierno hay también funcionarios de carrera que han estado en Administraciones tanto demócratas como republicanas.

Figura clave

El ex fiscal general de Ucrania Víctor Shokin, uno de los figurantes en el juicio político abierto en Estados Unidos contra Trump, se ha dirigido al Tribunal Supremo para que le restituya en el cargo.

Según informaron a la agencia representantes de Shokin, el Supremo estudiará el próximo 3 de octubre la demanda presentada por el ex fiscal general.

Shokin mantiene que su despido, sancionado en febrero de 2016 por la Rada Suprema (Legislativo) y dispuesto por el entonces presidente ucraniano, Petró Poroshenko, fue ilegal.

Poroshenko, que dejó la presidencia en abril pasado, destituyó a Shokin por no combatir como es debido la corrupción en el país.
Esta noticia se conoce después de que la Casa Blanca divulgara la transcripción de la conversación telefónica mantenida en julio entre Trump y el actual presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, que se encuentra ahora de visita en Estados Unidos.

Casa Blanca confirma detalle clave de denuncia

La Casa Blanca confirmó ayer un detalle crucial de la denuncia de un agente de inteligencia anónimo según la cual el presidente Donald Trump abusó del poder de su cargo. Un alto funcionario reconoció que el borrador de la transcripción de la llamada telefónica de Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy el 25 de julio fue archivada, por indicación de los abogados, en un sistema altamente confidencial del Consejo de Seguridad Nacional. El motivo del traslado y cuándo se produjo no quedaron claros. La denuncia, que constituye el eje de la investigación de los legisladores demócratas para un juicio político al mandatario, dice que la decisión de “bloquear” los detalles de la llamada indica que “funcionarios de la Casa Blanca comprendían la gravedad de lo dicho en la llamada”.

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Trump insiste en necesidad de nuevo tramo de muro por «emergencia nacional»

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EFE

Donald Trump

San Diego, EEUU, –El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este miércoles en la necesidad de un tramo de unas 500 millas (más de 800 kilómetros) de muro fronterizo para atajar lo que considera «una tremenda emergencia nacional».

Durante una visita a un tramo de la valla fronteriza erigida en Otay Mesa (sur de California), el presidente señaló que la «tremenda emergencia nacional» que supone el tráfico de drogas y personas solo podrá ser contenida con la construcción del muro y «cuando los traficantes de personas no puedan atravesarlo».

Añadida hoy en la agenda oficial de su gira por California, Trump ha vuelto al mismo sitio que visitó en 2018 para observar los ocho prototipos del nuevo muro que durante su campaña electoral prometió construir en las más de 2.000 millas (más de 3.200 kilómetros) de frontera con México.

El proyecto de los prototipos rebasó los 3 millones de dólares y finalmente fueron demolidos en febrero de este año sin que ninguno fuera seleccionado.

No obstante, la valla fronteriza en San Diego comenzó a ser reemplazada en junio de 2018 por un nuevo muro metálico de entre 18 y 30 pies (entre 5 y 9 metros) de altura, casi el doble que el tramo anterior, por un costo de 147 millones de dólares.

Entre la comitiva que acompañó al mandatario estuvo el secretario de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan, quien señaló a los periodistas que acompañó al grupo que el área donde se levantaron los prototipos tiene ahora unas 24 millas (38 kilómetros) de pared primaria o secundaria.

Trump dijo que las características del nuevo muro en esta área hacen más difícil el ingreso de personas porque no es fácil de escalar ni de cortar.

El presidente firmó una de las columnas del muro durante su recorrido y luego tuiteó una imagen en la que aparece el concreto a sus espaldas junto con la frase «No más falso asilo», reforzando así los comentarios que ha hecho antes en torno a los «criminales» que toman ventaja de la política migratoria de asilo humanitario estadounidense.

Trump aseguró que una vez sea levantada la nueva barrera los contingentes militares desplegados en la frontera serán retirados y se mantendrán solo los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Respecto a la cooperación de México para abordar la crisis migratoria, luego de enviar agentes de la Guardia Nacional mexicana tanto a la frontera con Estados Unidos como a la que dicho país comparte con Centroamérica, Trump resaltó que «están pagando por 27.000 soldados».

También dijo que con subir los aranceles a México en un 5 % por seis meses quedaría cubierto el costo total del muro, pero descartó que vaya a tomar una medida en ese sentido.

Menos de 15 personas, entre simpatizantes y trabajadores de Otay Mesa, una zona comercial al sur de la ciudad de San Diego, esperaron sobre las calles la llegada del convoy que transportó al presidente y a funcionarios federales, algunos de ellos de la Patrulla Fronteriza.

Trump arribó a California, un territorio hóstil para él, el martes procedente de Nuevo México, en el marco de una gira de recaudación de fondos que lo llevó a San Francisco, a la que visitó por primera vez desde que es presidente y donde permaneció poco más de tres horas sin dejarse ver en público.

Posteriormente partió a Los Ángeles y fue parte de una cena de recaudación de fondos en Beverley Hills, para luego, hoy miércoles, dirigirse hacia San Diego, en el sur de California.

Entre los que esperaban al presidente a su llegada a la estación aérea militar de Miramar, en San Diego, estaba Yisroel Goldstein, rabino de la sinagoga Chabad en Poway, quien resultó herido en el tiroteo que se registró en abril de este año en este centro religioso.

«Estamos construyendo un montón de muro», prometió el presidente este miércoles a sus seguidores, mientras que cerca de 200 manifestantes se apostaron cerca del US Grant Hotel, en el centro de San Diego, donde Trump se reunió con contribuyentes para una comida cuyos boletos alcanzaron hasta los 100.000 dólares.

En las inmediaciones del lugar se levantó un globo gigante del «Bebé Trump», que presenta al presidente como un bebé, a la vez que los protestantes expresaron su rechazo a las políticas migratorias que actualmente mantienen en Tijuana (México) a unos 10.000 migrantes que solicitaron asilo en Estados Unidos.

En su recorrido por el muro, el mandatario apuntó hacia Tijuana y dijo que «hay miles de personas de aquel lado que están intentando entrar».

De la viabilidad del plan de construir entre 450 y 500 millas (724 y 806 kilómetros) de valla fronteriza el próximo año, anunciado desde la semana pasada por su Administración, Trump aseguró que dependerá de las condiciones del terreno.

El anuncio movilizó a grupos nativos americanos que han manifestado su oposición a que tramos de la verja pasen por sus tierras.

Asimismo, esta semana el diario The Washington Post difundió un informe del Servicio Nacional de Parques que advirtió que el plan de levantar una estructura de acero en la frontera sur puede dañar hasta 22 sitios arqueológicos.

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Justicia tardía es negación de justicia, según organización iberoamericana

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Madrid, 17 sep (EFE).- El nuevo secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos (Comjib), Enrique Gil Botero, llega al organismo con ganas de sacarlo de la, a su juicio, «crisis» que atraviesa y con una máxima clara: «una justicia tardía es la negación de la justicia misma».

En su primer acto como Secretario General en Madrid, Gil afirma, en una entrevista con Efe, que uno de sus objetivos es crear «una comunidad jurídica» común a los 22 países que integran la organización (19 de América Latina más España, Portugal y Andorra), para lo que habría que «compatibilizar lo incompatible» y evitar choques entre la justicia europea a la que también responden España y Portugal como países miembro.

«Podemos crear una gran normativa, en el pasado ya se habló de un código procesal iberoamericano, es algo viable y no solamente viable, es lo aconsejable», remarca el colombiano Gil, quien tomó el testigo de la Comjib del guatemalteco Arkel Benítez.

Junto a la comunidad jurídica iberoamericana, Gil, que fue ministro de Justicia de Colombia entre 2017 y 2018 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, quiere lanzar una plataforma digital de intercambio de datos entre países «para poner en práctica mecanismos de colaboración contra la delincuencia».

«Va a permitir la transmisión de datos en un tiempo realmente asombroso; si antes una solicitud de cooperación o información podía tardarse hasta 2 años, lo vamos a tener en tiempo de 10-15 minutos», adelanta el colombiano, elegido Secretario General el pasado mes de julio y con mandato hasta 2023.

Según cuenta, esta plataforma debería estar activa a finales de este año y convertirse en «un mecanismo valioso para efectos de colaboración» que permitirá «que la justicia sea pronta y expedita porque una justicia tardía es la negación de la justicia misma».

Consciente de los retos que tienen los sistemas judiciales en Iberoamérica, se detiene en «el tema álgido y universal» de la corrupción, en su opinión «el cáncer de la democracia».

«Comjib debe buscar políticas públicas no solo para enfrentar la corrupción en funcionarios públicos también en el ámbito privado, la corrupción en cualquier dimensión es censurable, reprochable, antiética y debe ser sancionado de manera ejemplar porque está poniendo en jaque muchas de nuestras democracias», zanja.

Gil Botero reconoce que ese organismo está inmerso en una «crisis de caos» y «económica», que, según afirma, puede atajar con «suficiente claridad» trazando «líneas de trabajo y de choque».

«Por eso es una oportunidad para insistir y llamar a los países para que cumplan con sus membresías para el correcto funcionamiento» de la Conferencia, afirma.

El máximo responsable de la Comjib reivindica también la ubicuidad de esta organización porque «todos los países que hacen parte del sistema iberoamericano tienen misma familia jurídica», y asegura que no compite con otros organismos regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«Aunque todos los sistemas sean distintos, pertenecemos a la misma familia y dentro hay líneas de transversalidad jurídica que hacen de Iberoamérica lo que es», puntualiza.

En su toma de posesión, celebrada hoy en Madrid, estuvo acompañado por la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, la ministra de Justicia y la fiscal general de España, Dolores Delgado y María José Segarra respectivamente y la directora de la Agencia Española de Cooperación, Aina Calvo.

Grysnpan el dio la bienvenida al sistema iberoamericano y destacó el «momento crucial» por el que está pasando la Comjib, un momento de «relanzamiento y refundación», afirmó.

«Con Enrique (Gil) al frente, será fortalecida por los años que están por venir, tendremos mucho éxito todos juntos», enfatizó.

Por su parte, la ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, adelantó que el éxito de Gil en Comjib será «el éxito de todos y también será el de la justicia».

«Es una nueva etapa que no arranca de cero pero sí vamos a poner el contador a cero, hemos hecho un esfuerzo de imaginación, de deseo, de desarrollo…ahora vamos a poder empezar esos avances uno a uno», apuntó Delgado. EFE

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