Análisis Noticiosos
Denuncia a la Procuraduría contiene múltiples indicios
Por Juan Bolívar Díaz
La denuncia presentada esta semana ante la Procuraduría General de la República (PGR) por cuatro organizaciones sociales para que se investiguen indicios de que la Odebrecht financió las campañas electorales del presidente Danilo Medina y su partido es un legítimo recurso constitucional que debe ser respondido.El documento se refiere a interrogatorios de las autoridades brasileñas a los ejecutivos de Odebrecht y los mecanismos operativos de financiamiento a campañas electorales en varios países, pero su mayor aporte es la documentación del ingreso enmarañado de 4.3 millones de dólares a una cuenta bancaria en Santo Domingo.
Denuncia y recusación. Al iniciarse el quinto mes desde el estallido del escándalo internacional de la corrupción de Odebrecht, cuatro entidades sociales, integrantes de la Marcha Verde, elevaron una instancia, amparadas en derechos constitucionales, para que la PGR investigue indicios de que la constructora brasileña habría financiado campañas electorales del presidente Danilo Medina y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El Centro Social Juan XXIII, integrado por profesionales e intelectuales católicos, el movimiento cívico Participación Ciudadana, la Fundación Masada, presidida por el destacado jurista y escritor José Luis Taveras, y Santiago Somos Todos, estos últimos dos de Santiago, se amparan en los artículos 22, 246 y 262 de la Constitución de la República que establecen el derecho a “Denunciar las faltas cometidas por funcionarios públicos en el desempeño de su cargo” y en “la facultad de toda persona que tenga conocimiento de una infracción de acción pública para denunciarla ante la Procuraduría General”.
Citan presumibles violaciones a la Constitución, al Código Penal y a la Ley Electoral, para fundamentar su petición de que “se proceda con la comprobación de los hechos”, que consideran atentatorios contra la soberanía nacional por injerencia de una empresa extranjera en los asuntos políticos dominicanos, con financiamiento proveniente de actos delictuales que constituyen lavado de activos.
A la vez los demandantes apelan a la Ley del Ministerio Público para pedir la inhabilitación del Procurador Jean Alain Rodríguez en la investigación, por su condición de miembro del Comité Central del partido gobernante, y que la asuma su primer adjunto suplente o el de mayor edad.
El aporte más relevante. Entre los indicios más relevantes de la denuncia formal resalta la documentación de depósitos por 4 millones 396 mil 796 dólares (unos 208 millones de pesos), mediante una maraña triangular hasta llegar a una cuenta bancaria en Santo Domingo de una empresa creada aquí con el artístico nombre de Cine & Art 2013, atribuida al asesor electoral del presidente Danilo Medina, Joao Santana, entre octubre del 2013 y julio del 2014. Identifica cinco depósitos con fechas, tres por montos de 200 mil 174 dólares, otro por 380 mil 173 y el quinto por 400 mil 174 dólares.
Documenta cómo Odebrecht hace transferencias de fondos de entre 105 mil y 289 mil dólares a ocho empresas constituidas en Lima, Perú, por su socio Eduardo Monteverde, y estas los pasan a una novena, Isagon SAC, que los envía finalmente a Cine & Art 2013 en Santo Domingo, a través de bancos reconocidos identificados en la instancia.
El origen de la documentación es un informe del congresista peruano Juan Pari Choquecota a la comisión investigadora de los sobornos en Perú de Odebrecht y otras dos empresas brasileñas, a su vez recogida en una investigación del consorcio IDL Reporteros que encabeza el destacado periodista Gustavo Gorriti, titulada “Los Sinuosos Caminos del Lava Jato en Perú, cuyo capítulo II se titula “Cine & Arte del Lava Jato en la República Dominicana”. Consigna 16 transferencias bancarias de Isagon SAC a Cine & Art 2013, cuyo registro mercantil la ubica en la calle Helio 102, donde estaba Polis Caribe, la empresa formal de Joao Santana. Un asociado de éste, Marcelo Macarenhas Kertész, figura como presidente y en la misma tendría acciones un hijo del asesor político.
Pagos del gobierno a Joao. La instancia investigativa se refiere ampliamente a la condición de Santana como asesor político del presidente Medina y dice que en las declaraciones de estados financieros presentados por el PLD a la Junta Central Electoral “no se evidencia ningún pago a Santana ni a sus empresas. Sin embargo refiere dos pagos del gobierno a las empresas de Joao, un cheque del 16 de diciembre del 2014 a Polis Caribe por 16 millones 720 mil 754 pesos por concepto de “saldo en el pago de servicios de realización y producción de comerciales Publicitarios”. Este había sido denunciado en la campaña electoral del año pasado por el Partido Revolucionario Moderno. La segunda erogación fue a Cine & Art 2013, por otros 16 millones 198 mil pesos, que aparece en una relación de pagos de noviembre del 2014 del Ministerio de Educación, sin concepto identificado.
Esos serían indicios de que Cine & Art 2013 tenía vínculos con el Gobierno, y de que las empresas de Santana recibían pagos del erario público, y de hecho se ha informado con anterioridad de que Polis Caribe tenía registro como suplidora del Estado, lo cual sugiere una confusión en los papeles del asesor electoral del presidente hasta su requerimiento en febrero del 2016, por la justicia brasileña, tres meses antes de las elecciones nacionales, para ser apresado a su llegada a Brasil, lo mismo que su esposa y administradora financiera Mónica Moura.
La denuncia se refiere también a la sentencia condenatoria de los Santana-Moura a 8 años de cárcel dictada por la Sala Criminal de Curitiba, Brasil ,atribuyéndola a su condición de haber sido parte de “una red mafiosa” constitutiva de una “asociación de malhechores”.
Una buena oportunidad. La denuncia demanda de investigación de las cuatro entidades sociales coincidió con el testimonio de Joao Santana ante la Corte Electoral de Brasil esta semana donde sostuvo que no había financiado las campañas del presidente Medina, lo que fue celebrado por este afirmando que su asesor político “dijo lo que tenía que decir y nadie puede decir lo que no ha sucedido”. De acuerdo con esto, por lo menos los jefes de Santana dijeron lo que no es cierto.
Dada la seguridad que tiene el mandatario de que no hubo dinero de Odebrecht en su campaña, debería ser el primero en auspiciar que se investiguen y aclaren los indicios en que se fundamenta la petición de las entidades sociales, que no parecen inventos y han sido publicadas por los diarios brasileños y de otros países.
Con los datos aportados no sería difícil establecer la veracidad o falsedad de las cuentas de Cine & Art 2013, aclarar los pagos del gobierno a Santana y referirse a las versiones de los ejecutivos del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht. Es que el Presidente no puede referirse sólo a los testimonios que le convienen, sino abordar el escándalo en todas sus dimensiones.
Al Presidente se le debería dar crédito y presumirlo inocente de esos cargos, como corresponde en justicia, pero su Gobierno y partido en vez de empeñarse en establecer la realidad del escándalo, han tratado de ignorarlo, estigmatizan a los que reclaman sanciones y su justicia no ha encontrado hasta ahora camino de sanciones. Alguien debería recordarles la histórica máxima de que “no basta que la mujer del César sea honesta, también tiene que parecerlo”.-
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.