Latinoamericanas
Denuncian que 90% de Policía de Cancún está infiltrada por narcotraficantes
En declaraciones ofrecidas desde Cancún, el comandante de la 34 Zona Militar afirmó que al menos 800 agentes municipales están en narconóminas. La autoridad sostuvo que gran parte de los policías terminan cooperando con la delincuencia organizada, al ser amenazados si rechazan los sobornos.
Al menos 800 agentes de la policpia de Cancún se vinculan al narcotráfico. (Foto: Ap)
Al menos 800 agentes municipales de la Policía de Cancún (sureste) están incluidos también en narconóminas, así lo denunció este jueves el comandante de la 34 Zona Militar, ubicada en Quintana Roo, el general Anastasio García Rodríguez.
En declaraciones ofrecidas a la prensa, el alto mando militar indicó que “la infiltración” en el cuerpo de “seguridad” fue comprobada y afirmó que lo que más preocupa es la alta cifra de agentes que se vinculan a los delitos, que se acerca al 90 por ciento de los funcionarios.
“La infiltración es real, porque (los policías) figuran en las nóminas del crimen organizado (…) En la Policía de Cancún los 14 sectores de la policía están infiltrados, incluidos los de las delegaciones municipales de Puerto Morelos y Leona Vicario”, aseveró.
El general aclaró que pese a lo más común es dudar de la ética de los uniformados, también hay que comprender su situación, y alegó que “gran parte de los policías terminan cooperando con la delincuencia organizada, al ser amenazados si rechazan los sobornos de los cárteles de la droga”.
“Uno los entiende, porque (en el mundo del narcotráfico) es: o le entras, o pones en peligro de muerte a tu familia”, agregó.
Hablando puntualmente de regiones. García indicó que “toda la policía de Benito Juárez está infiltrada por grupos de la delincuencia organizada”, a su vez, dijo que la policía municipal de Playa del Carmen está involucrada con el crimen organizado, pero el fenómeno no tiene la magnitud de Cancún. “Podría decirse que en Playa (del Carmen) es menor”, insistió.
La denuncia por la corrupción dentro de los cuerpos policiales de Cancún fue presentada este miércolespor el mando policial de la zona.
Al darse a conocer las declaraciones, el alcalde de Cancún, Julián Ricalde Magaña, tomó el anuncio con molestia y dijo que mandó una carta a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) “para ver si esto es un diagnóstico militar o una declaración personal, que yo califico de ligera”.
“Voy a llamar al general; no es la primera que hace (estas afirmaciones), tenemos obligación de presentar nuestra queja a la Sedena. La certificación de las policías corresponde al Centro de Control del Estado, supervisado por la Federación; no nos autoevaluamos ni certificamos a nuestros policías. Hay que parar esto”, añadió.
Desde el 2006, el Ejército mexicano ha tenido una participación sin precedentes en la ofensiva antidrogas desplegada por el presidente Felipe Calderón, que ha causado más de 60 mil muertes en los últimos seis años.
La participación de militares ha sido denunciada reiteradamente por organizaciones civiles nacionales e internacionales, que los acusan de asesinatos de inocentes y otras violaciones.
Además de esto, las comunidades también denuncian la ineficiencia de la policía, alegando que es tan poca su colaboración para mantener el orden que ya ni se denuncian los crímenes porque se sabe que quedarán en la impunidad.
Agencia AP
Bogotá, Colombia.-El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez llegó el martes a su fin y en adelante la jueza deberá decidir si lo absuelve o lo declara culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, un hecho sin precedentes al ser el primer exmandatario en afrontar un juicio en Colombia.
Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para, con ayuda de terceros, manipular testigos en busca de cambiar sus versiones o para que declarasen que no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia.
La jueza citó para el 28 de julio para dar sentido del fallo. De ser hallado culpable, Uribe Vélez se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
El expresidente, último en intervenir durante el juicio, pidió a la juez ser absuelto: “Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón, yo le pido a usted que me absuelva». Aseguró que nunca ordenó buscar a personas presas para que cambiaran su versión, sino que solicitó verificar informes que le llegaban sobre «manipulaciones de políticos para afectar mi reputación”.
“Le he dado la cara a la justicia colombiana”, resaltó Uribe, quien aseguró que no está en sus planes salir del país ni pedir asilo político.
La jueza tiene bajo sus hombros la responsabilidad de decidir el futuro judicial de uno de los políticos más influyentes en Colombia. Uribe lidera el Centro Democrático, principal partido de oposición a Gustavo Petro, primer presidente de tendencia izquierdista en el país sudamericano.
¿Cómo inició el proceso?
El proceso judicial empezó en 2012 cuando Uribe Vélez denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por buscar en las cárceles testimonios de paramilitares que declarasen en su contra y lo vincularan con el paramilitarismo, una facción armada que combatía a las guerrillas de izquierda.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia cerró la causa contra Cepeda al no hallar méritos y abrió una contra Uribe Vélez para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos. Dos años después, el entonces senador Uribe Vélez fue detenido dos meses en una hacienda de su propiedad.
Sin embargo, salió libre al renunciar a su escaño en el Congreso, por lo que la corte perdió competencia y el caso pasó a la fiscalía. Sólo fue en 2024 cuando la fiscalía decidió acusar formalmente a Uribe y llevarlo a juicio.
Las claves del juicio
La jueza deberá ahora determinar si Uribe, a través de un abogado, buscó cambiar la versión que había dado en su contra Juan Guillermo Monsalve, preso por secuestro extorsivo, quien ha declarado que en una hacienda que perteneció a la familia de Uribe Vélez se creó en la década de 1990 un grupo paramilitar al que perteneció.
La defensa de Uribe asegura que él no buscó a Monsalve, sino que fueron a la cárcel a oír sus intenciones tras enterarse que quería retractarse de sus dichos. La fiscalía sostiene que el abogado Diego Cadena, actuando en nombre de Uribe, buscó su retractación con sobornos.
La fiscalía también dice que Cadena buscó, en nombre de Uribe, al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor” para que declarara a favor de Uribe supuestamente a cambio de dinero. La defensa aseguró que el exmandatario no se enteró de ayudas económicas entregadas al exparamilitar sino tiempo después y las rechazó de inmediato.
La jueza también deberá determinar si Uribe buscó o no al exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, quien estando preso en Estados Unidos envió cartas a la Corte Suprema de Justicia asegurando que Cepeda le ofreció beneficios a cambio de declarar contra el expresidente.
Entre las pruebas del juicio, estuvieron las grabaciones de las llamadas interceptadas que sostuvo Uribe con el abogado Cadena. La fiscalía asegura que en ellas se prueba que Uribe le daba instrucciones al abogado para sobornar testigos.
La defensa aseguró que Uribe no dio instrucciones en ese sentido en las llamadas y pidió que no fueran tomadas como pruebas, alegando que fueron obtenidas por error cuando la justicia investigaba a otro congresista.
Agencia EFE
La Habana.- Doce personas heridas, una de ellas de gravedad, fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido este jueves por el choque entre un auto y un tractor en la localidad de Santa Martha, de la provincia cubana provincia de Matanzas (oeste), informaron medios estatales.
La persona herida de gravedad es una adolescente de 15 años que fue trasladada a un hospital provincial.
Un informe del Ministerio del Transporte, divulgado en mayo pasado, refirió que en el primer trimestre de 2025 las muertes por accidentes de tránsito en Cuba aumentaron un 18 % (un total de 173) en comparación con igual periodo del año anterior.
Además, indicó que entre enero y marzo hubo una disminución de lesionados por accidentes de tráfico en su comparación interanual, al pasar de 1,601 en el ejercicio pasado a 1,514 en el presente.
En 2024, en la isla se registraron 7,507 accidentes de tráfico, un 12 % menos que en 2023, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial.
Las autoridades citaron la falta de atención al control del vehículo -en el 30 % de los casos- y no conceder el derecho de vía (29,9 %) como las principales causas de la accidentalidad en las vías cubanas.
El Gobierno cubano también ha reconocido que el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que han provocado accidentes en las vías.
Puerto Príncipe.- La embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe exhortó a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Haití y, si ya se encuentran allí, abandonar el país lo antes posible.
«No viajen a Haití. Si es usted ciudadano estadounidense en Haití: abandone Haití lo antes posible mediante medios de transporte comerciales o privados», escribió la embajada en su cuenta de Facebook.
La legación pide también a sus ciudadanos que eviten las multitudes y sigan los medios de comunicación para obtener información actualizada, y que eviten las zonas en las que se hayan registrado actos violentos, manifestaciones o disturbios.
VUELOS REANUDADOS
La embajada recordó que se han reanudado los vuelos comerciales regulares entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien (norte) y el aeropuerto Antoine Simon de Les Cayes (sur), así como entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien y la terminal nacional Guy Malary de Puerto Príncipe (oeste).
«Los ciudadanos estadounidenses en Haití deben abandonar el país por medios de transporte comerciales o privados cuando consideren que es posible hacerlo con total seguridad», se lee en la nota.
RIESGOS HELICOPTEROS
La embajada destacó que tiene conocimiento de ciudadanos estadounidenses que se desplazan a Cap-Haitien en helicóptero desde lugares que no son aeropuertos comerciales.
«Estos vuelos conllevan riesgos potenciales que los ciudadanos deben tener en cuenta antes de subir al avión», consideró la embajada.
Recordó que el personal del Gobierno estadounidense no está autorizado a viajar en vuelos comerciales con destino u origen en Puerto Príncipe debido a las restricciones de la Administración Federal de Aviación (FDA) y a los riesgos potenciales para el tráfico aéreo.
«El Gobierno estadounidense no respalda a las compañías privadas o comerciales», advirtió la embajada de Washington en Puerto Príncipe.
BANDAS SIEMBRAN EL TERROR
Desde hace años, en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en ciudades de otros departamentos como Artibonite y Centro los grupos armados siembran el terror con ataques, asesinatos, secuestros y violaciones.
Según los datos más recientes del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, al menos 2.680 personas murieron a causa de la violencia armada interna entre enero y mayo pasados en un país con en torno a 1,3 millones de desplazados, de ellos más de la mitad menores.
jt/am