Nelson Blanco, de 46 años, también fue vinculado a un violento ataque contra dos menores ocurrido en 2003. Las autoridades estadounidenses investigan las circunstancias del nuevo incidente.

PROVIDENCE, Rhode Island, Estados Unidos. – Un ciudadano dominicano identificado como Nelson Blanco, de 46 años, permanece detenido sin derecho a fianza tras ser acusado de atacar con un arma blanca a una mujer y a su hija de apenas dos años en una vía pública de Providence, un hecho que ha vuelto a poner bajo atención de las autoridades estadounidenses sus antecedentes judiciales.

El incidente se produjo en las proximidades de las calles Broad y Public, donde, según las informaciones divulgadas, ambas víctimas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario.

Blanco enfrenta dos cargos de agresión con intención de cometer asesinato, además de otras imputaciones relacionadas con el uso de un arma peligrosa y presuntas violaciones a la propiedad privada.

Entre los delitos atribuidos figuran agresión con un arma mortal, entrada ilegal a una vivienda ocupada por una persona mayor de 60 años y posesión de un cuchillo durante la comisión de un delito violento.

Declaraciones del acusado agravan preocupación por el ataque

Uno de los aspectos más inquietantes del caso son las declaraciones que, de acuerdo con los reportes periodísticos, Blanco habría ofrecido a los investigadores durante los interrogatorios.

Según esas versiones, el detenido manifestó que interrumpió el ataque debido a que se encontraba en una calle principal, donde otras personas podían observar lo ocurrido.

Incluso, habría afirmado que, si los hechos se hubieran producido en una vía menos transitada, habría causado la muerte de ambas víctimas.

Estas declaraciones forman parte de las informaciones atribuidas a la investigación y deberán ser examinadas dentro del correspondiente proceso judicial.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente el motivo que habría provocado la agresión contra la mujer y su hija.

Nuevo arresto revive ataque ocurrido hace 23 años

La detención de Blanco también ha provocado preocupación entre dos hombres que sobrevivieron a un ataque con arma blanca ocurrido el 27 de septiembre de 2003, cuando todavía eran niños.

Se trata de Andy López y Dave Belony, quienes tenían seis y siete años, respectivamente, cuando fueron agredidos mientras jugaban en el patio trasero de una vivienda junto a Kelvin, hermano de López.

De acuerdo con los testimonios ofrecidos a la cadena estadounidense 12 News, los menores conocían a Blanco porque residía en un cobertizo situado detrás de la propiedad.

Los sobrevivientes relataron que el hombre se aproximó a ellos y posteriormente los atacó con un cuchillo, provocándoles lesiones de consideración.

López recibió dos heridas en uno de sus ojos, lo que le ocasionó la pérdida permanente de la visión de ese lado.

Belony, por su parte, sufrió al menos cinco heridas en distintas partes del cuerpo, incluyendo abdomen, espalda y costillas.

Ambos fueron trasladados al Hospital Infantil Hasbro, donde recibieron atención médica especializada y fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas.

Su recuperación se extendió durante aproximadamente tres meses.

Sobrevivientes denuncian secuelas permanentes

Más de dos décadas después, los afectados aseguran que las consecuencias físicas y emocionales del ataque continúan presentes en sus vidas.

López explicó que la pérdida de visión limitó sus oportunidades personales y profesionales, incluyendo aspiraciones que tenía de ingresar a la Policía o trabajar como conductor de camiones.

Belony manifestó que todavía enfrenta dificultades emocionales relacionadas con aquella experiencia.

Ambos expresaron consternación al conocer que el mismo hombre señalado en la agresión de 2003 había sido arrestado nuevamente por un presunto ataque contra una mujer y una niña pequeña.

Los sobrevivientes cuestionaron que, después de tantos años, se produzca una nueva acusación de violencia contra una persona que anteriormente había enfrentado cargos de naturaleza semejante.

No pudo ser juzgado por el caso anterior

Tras el incidente de 2003, Blanco fue detenido por un agente policial que lo encontró caminando por la avenida Elmwood, poco después de que ocurrieran las agresiones.

En aquella ocasión fue acusado de dos cargos de agresión con intención de cometer asesinato.

Sin embargo, según las informaciones difundidas por 12 News, posteriormente fue declarado incompetente para enfrentar un juicio.

Esa determinación judicial impidió que el proceso avanzara hacia un juicio ordinario en aquel momento.

La declaración de incompetencia procesal no equivale a una absolución ni constituye por sí misma una decisión sobre la responsabilidad penal del acusado.

El nuevo arresto ha generado interrogantes entre los sobrevivientes acerca del tratamiento judicial del caso anterior y de las circunstancias que permitieron que Blanco permaneciera fuera de prisión antes de las acusaciones actuales.

En espera de evaluación judicial

Blanco permanece bajo custodia mientras las autoridades judiciales determinan si se encuentra en condiciones de comprender el proceso penal y participar en su defensa.

Se ha previsto una audiencia para finales de octubre destinada a examinar su competencia procesal, un asunto que también fue determinante en las actuaciones judiciales relacionadas con el ataque de 2003.

Las informaciones publicadas presentan diferencias sobre las condiciones de su detención: algunos reportes señalan que permanece sin derecho a fianza, mientras que CBS Boston informó inicialmente de una fianza de 200,000 dólares.

Niña resultó gravemente herida

Informaciones adicionales de medios estadounidenses indican que la agresión ocurrió el miércoles 7 de octubre, cuando la madre esperaba a otro de sus hijos cerca de una parada de autobús escolar.

La niña se encontraba en un coche infantil cuando recibió varias heridas, mientras que su madre fue atacada en un hombro. La menor permanecía en estado crítico, según los reportes médicos difundidos el 8 de octubre, y la madre había recibido el alta hospitalaria.

Mientras tanto, el nuevo episodio ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de evaluación judicial, el seguimiento de personas previamente declaradas incompetentes para enfrentar procesos penales y las medidas destinadas a proteger a la población frente a posibles actos de violencia.

Los sobrevivientes del ataque de 2003 esperan que esta vez el sistema judicial ofrezca respuestas a las víctimas y que se adopten las medidas necesarias para prevenir nuevos hechos semejantes.

Manifestantes reclaman una investigación independiente y responsabilidades judiciales por el incidente ocurrido en Marble Hill, mientras el Gobierno de Donald Trump defiende la actuación de los agentes migratorios.

NUEVA YORK, Estados Unidos. — El caso de un ciudadano dominicano herido de bala durante una intervención de agentes federales de inmigración ha provocado manifestaciones y nuevas exigencias de rendición de cuentas en Nueva York, donde organizaciones comunitarias y defensores de los inmigrantes reclaman el cese de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La controversia surgió después de que Oscar Belgal, de 28 años, recibiera un disparo durante un procedimiento migratorio realizado el jueves 8 de octubre en el sector Marble Hill, próximo a El Bronx, mientras se encontraba dentro de su vehículo acompañado de su hijo de cinco años.

El menor resultó ileso, pero su presencia durante el incidente ha intensificado los cuestionamientos sobre la manera en que los agentes federales ejecutan determinadas operaciones de detención.

El viernes, grupos de manifestantes recorrieron calles del Bajo Manhattan para exigir justicia, transparencia y una investigación independiente que permita establecer las circunstancias en que se produjo el tiroteo.

La movilización concluyó frente a instalaciones del organismo migratorio y estuvo acompañada de consignas contra las operaciones del ICE en las comunidades de inmigrantes.

Exigen responsabilidades por actuación de agentes federales

Durante la protesta, los participantes reclamaron que la Fiscalía General del Estado de Nueva York examine el incidente y que se divulguen las grabaciones disponibles sobre la intervención.

También solicitaron investigar la actuación del agente federal identificado por manifestantes como Brenden Cuni, cuyo nombre apareció en carteles exhibidos durante la marcha.

Los manifestantes consideran que las circunstancias del incidente justifican una investigación para determinar si existió un uso injustificado de la fuerza.

El presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), Murad Awawdeh, reclamó que se esclarezcan los hechos y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, solicitó mayores garantías de protección para las comunidades migrantes y cuestionó las prácticas utilizadas por las autoridades federales durante determinados arrestos.

Por su parte, el sacerdote y activista Fabián Arias expresó preocupación por el temor que, según afirmó, generan estos procedimientos entre familias inmigrantes que residen en la ciudad.

Autoridades federales defienden el procedimiento

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ofreció una versión diferente sobre las circunstancias que condujeron al uso del arma de fuego.

Según el organismo, los agentes desarrollaban una operación dirigida a detener al ciudadano dominicano, a quien atribuyen antecedentes penales y presuntos vínculos con la organización conocida como Los Trinitarios.

La institución aseguró que Belgal habría utilizado su automóvil de manera peligrosa contra los agentes durante el intento de detención, situación que, de acuerdo con la versión oficial, motivó la respuesta armada.

Sin embargo, estos señalamientos han sido cuestionados por testigos y representantes de organizaciones civiles, quienes consideran necesario examinar las evidencias audiovisuales para determinar qué ocurrió realmente.

El dominicano recibió asistencia médica después del incidente y posteriormente quedó bajo custodia federal.

Sus abogados acudieron a los tribunales para evitar que fuera trasladado fuera de la jurisdicción mientras se examina su situación legal. Una orden judicial dispuso frenar temporalmente su deportación.

Trump respalda actuación del ICE

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió públicamente a los agentes migratorios involucrados en la detención y cuestionó las críticas formuladas por dirigentes políticos de Nueva York.

El mandatario sostuvo que las autoridades federales habían capturado a una persona considerada peligrosa por los organismos de seguridad y afirmó que la actuación del ICE debía recibir reconocimiento en lugar de cuestionamientos.

Estas declaraciones contrastan con los planteamientos de organizaciones de derechos civiles, que reclaman mayor supervisión sobre los procedimientos migratorios y el uso de armas de fuego durante las intervenciones.

Organizaciones denuncian clima de temor entre inmigrantes

La copresidenta de Make the Road New York, Natalia Aristizábal, cuestionó la intensidad de las detenciones migratorias desde el inicio del segundo mandato de Trump, en enero de 2025.

Según afirmó, unas 19,000 personas han sido detenidas en operativos migratorios en el estado de Nueva York durante ese período, aproximadamente la mitad dentro de la ciudad.

Las organizaciones convocantes consideran que estas políticas están generando incertidumbre entre familias inmigrantes, particularmente en comunidades con una importante presencia latinoamericana.

Mientras tanto, el caso de Belgal ha colocado nuevamente en discusión los límites del uso de la fuerza por parte de los agentes federales, las garantías procesales de las personas sometidas a procedimientos migratorios y la necesidad de mecanismos independientes de investigación.

El incidente continúa bajo escrutinio de las autoridades y de organizaciones defensoras de los derechos civiles, en medio de posiciones enfrentadas sobre la actuación del ICE.

La investigación deberá determinar si el empleo del arma de fuego estuvo legalmente justificado y establecer las responsabilidades que correspondan, sin que los señalamientos formulados contra el ciudadano dominicano constituyan, por sí solos, una justificación para el uso de fuerza letal.