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Por asesinato de chofer en Santiago depositan acusación formal contra siete hombres.
Siete hombres fueron acusados formalmente por el Ministerio Público del asesinato del chofer de un camion recolector de desechos solidos ocurrido en el Palacio de Justicia de Santiago, cuyo expediente fue depositado ayer.
La acusación fue presentada contra Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
El grupo es acusado por el crimen de Deivy Carlos Abreu Quezada, quien murió en abril pasado, tras ser atacado por un grupo de motoristas que lo persiguió hasta el Palacio de Justicia, donde había acudido en busca de protección luego de un supuesto incidente.
- Todos enfrentan cargos por asociación de malhechores y asesinato, según informó el representante legal de la familia de la víctima, Álvaro Jesús Núñez.
El abogado explicó que el expediente será asignado a un juzgado de instrucción para continuar el proceso.
Núñez sostuvo que la acusación se fundamenta en los mismos elementos probatorios recopilados durante la investigación.
«Son los mismos elementos, ya todo se ha recogido. Están todos identificados y entendemos que la acusación reúne los méritos para una posible condena», expresó.
Ratifican medidaAsimismo, indicó que este miércoles fue ratificada la prisión preventiva que pesa sobre Carlos Andrés Roa Morán, luego de una revisión solicitada por la defensa.
De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió luego de que una turba de motoristas intentara obligar a Abreu Quezada a detener la marcha del camión tras un supuesto incidente. Al percibir una actitud violenta, el chofer continuó conduciendo, lo que dio inicio a una persecución que culminó en el estacionamiento del Palacio de Justicia de Santiago, donde fue atacado mortalmente.
Por este crimen, un octavo implicado, Jhovanny de Jesús Mets Cruz, de 28 años, continúa prófugo.
De acuerdo con las autoridades, el fugitivo es señalado como la persona que presuntamente le ocasionó las heridas de arma blanca que provocaron la muerte de Abreu Quezada.
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Prision preventiva solicita el Ministerio Público para imputado de matar a su pareja en La Zurza
Santo Domingo, R.D.- La imposición de prisión preventiva pidió el Ministerio Público como medida de coerción para un hombre imputado por el asesinato de su pareja durante un hecho ocurrido en el sector La Zurza del Distrito Nacional la noche del pasado 2 de agosto.
La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por el procurador fiscal José Guillermo Soriano Moreno en contra del imputado Kauri Samuel Upia por el asesinato de Neliza Figueroa.
Este miércoles, luego de acoger una solicitud de la defensa, el juez Rigoberto Sena aplazó para el próximo 7 de agosto la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público.
El expediente establece que los hechos ocurrieron en presencia de los dos hijos menores de edad procreados por la pareja.
Como parte de la investigación, un testigo acudió al apartamento tras recibir la alerta de uno de los hijos de la pareja y encontró a la víctima gravemente herida. De inmediato notificó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Minutos después se presentó al lugar una patrulla de la Policía Nacional, que arrestó en flagrante delito al imputado, quien permanecía en el interior de la vivienda.
El Ministerio Público ha otorgado al proceso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 295, 296, 297 y 298 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-El presunto autor del homicidio del baloncestista Yeudi Miguel Hernandez Rodriguez (Yeo), de 26 anos, se entregó este miércoles de manera voluntaria ante el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Policía Nacional.
La Policía precisó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.
Indicó que la entrega se produjo como resultado de las intensas labores de búsqueda e investigación desarrolladas por los agentes actuantes, en coordinación con el Ministerio Público. Dijo que como parte de las pesquisas se realizaron levantamientos, análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos y otras diligencias investigativas.
Asimismo, la institución informó que durante el proceso fueron ocupadas varias armas de fuego y la motocicleta que presuntamente fue utilizada en la comisión del hecho en el que Rodríguez Batista recibió la herida de bala que posteriormente le causó la muerte.
La Policía Nacional precisó que los oficiales investigadores y el Ministerio Público trabajan para determinar con precisión las circunstancias del caso
Santo Domingo, R.D.-Once negocios de 10 senadores fueron suspendidos como beneficiarios de Registro de Proveedores del Estado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), cuya medida se produjo el pasado 19 de junio en cumplimiento de los lineamientos de la Ley 47-25 que entro en vigencia en enero de este ano.
La DGCP indicó que la norma “establece un régimen de inhabilidades absolutas para los funcionarios electos y designados”.
Los negocios de senadores que no podrán ofrecer servicios al Estado responden al Instituto de Medicina Popular, Combustibles Altenativos, Centro de Instituciones Médicas, Unión Telecard Dominicana, Gespro, Unión Médica del Norte, Comercial La Sidra, Constructora 059041 SRL, TurinordTV y Asetran.
Contrataciones explica que, contrario a la derogada Ley 340-06 que permitía la participación accionaria de un 10% de los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía, como es el caso de los legisladores, el nuevo marco legal vigente, establece en su artículo 38, la prohibición expresa de su participación societaria sin importar el porcentaje e impide que estos mantengan funciones de dirección, gerencia o participación en consejos de administración.
La disposición se suma al rol del Ministerio de Administración Pública (MAP), institución que establece el Régimen de Incompatibilidades y el Código de Ética de la Ley 41-08 de Función Pública.
La única actividad secundaria permitida por ley es la docencia o investigación académica, siempre que no choque con la jornada del Estado.
Los funcionarios públicos tienen prohibido por la legislación de Contrataciones ser proveedores del Estado o beneficiarse de fondos públicos mediante empresas propias o proyectos de autogestión.
Mediante una nota de prensa, la DGCP recordó que, en el ejercicio de sus atribuciones como administrador del Registro de Proveedores del Estado, en fecha 13 de febrero del presente año, emitió la circular núm. DGCP44-PNP-2026- 001, otorgando un plazo de quince días hábiles a los funcionarios y servidores del Estado dominicano comprendidos dentro de las causales de inhabilidad a los fines de que solicitaran la suspensión de su RPE, pues agotado dicho plazo procedería con la suspensión de oficio, conforme a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de Aplicación número 52-26.
De igual modo, la institución reiteró que los cruces de datos y las tareas de verificación y debida diligencia que dieron como resultado lo dispuesto en el acto administrativo número DGCP44-2026-002421 forman parte de sus labores rutinarias para preservar la integridad del RPE.
Aclaró que estas disposiciones no revisten un carácter sancionador ni constituyen una medida punitiva contra los titulares del Registro de Proveedores del Estado (RPE), sino que responden a una medida de naturaleza preventiva y administrativa cuya finalidad es asegurar el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley número 47-25 de Contrataciones Públicas, la cual establece las inhabilidades aplicables a determinadas personas para contratar con el Estado mientras se encuentren en el ejercicio de funciones.
Mientras que, en el período 2020-2025 el órgano rector emitió un acto administrativo y tres resoluciones que ordenaron la suspensión de oficio del RPE de 591 funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, así como de autoridades municipales electas en el periodo 2024-2028 y sociedades comerciales relacionadas, conforme a las disposiciones del artículo 14 de la derogada Ley 340-06.
La dirección de Compras reveló que, en el ejercicio de sus atribuciones, en el período 2020-2025 también suspendió 591 registros bajo las disposiciones de la derogada Ley 340-06. Aclaró que esta medida no constituye una sanción administrativa, sino que es una medida preventiva para garantizar la integridad del Registro de Proveedores del Estado.
Los senadores con RPE suspendidos son: Moisés Ayala Pérez, (Barahona); Santiago José Zorrilla Sena, (El Seibo); Jonhson Encarnación Díaz (Elías Piña); Carlos Manuel Gómez Ureña (Espaillat); Ginnette Altagracia Bournigal Socias De Jimenez (Puerto Plata); Gustavo Lara Salazar (San Cristóbal); Daniel Enrique De Jesús Rivera Reyes (Santiago); Bernardo Alemán (Montecristi); Casimiro Antonio Marte Familia (Santiago Rodríguez), (con dos RPE); y Alexis Victoria Yeb, (María Trinidad Sánchez)