Por Oscar López Reyes

Pretendiendo prolongar la creencia de internet del “chivo sin ley” (“fake news” o noticias falsas, desinformación, manipulación, coerción, ciberdelincuencia, etc.), el nuevo Código Penal -estipula condenas hasta de 40 años- ha sido rebautizado como la Ley Mordaza por pseudo-periodistas, “comunicadores” sin títulos universitarios ni otro aval académico o gremial que ejercen el chantaje extorsivo mediático monetario. ¿Acaso asistimos a una revancha en favor de la impunidad de los delitos de palabras (más devastadores que una bala), el aborto, la corrupción y el narcotráfico?

Está en marcha, y crece, la industria de la intimidación, amparados los extorsionadores en el libertinaje digital, la dañina viralidad y la percepción de impunidad por la ausencia de sanción penal. Pululan, especialmente en las redes sociales y la radio, las advertencias de divulgar datos comprometedores o retirar los difundidos si no les efectúan transferencias económicas inmediatas.

Nunca como ahora, malandrines con el antifaz de periodistas presionan y emprenden campañas de descréditos contra figuras públicas, empresarios y políticos con noticias falsas o descontextualizadas, montajes digitales, ediciones tendenciosas, titulares sensacionalistas, perfiles falsos, fotografías e informaciones íntimas y sensibles, rumores espúreos, imágenes o videos manipulados y otros datos personales perjudiciales.

¿Por estos y otros tipos de modus operandi, ha oído usted que condenaron a un director de diario, a un egresado universitario de comunicación social o a otros profesionales del ecosistema informativo?

Sencillamente, “agua pasada no mueve molino”. Más que una persecución contra la libertad de expresión, las campanas repican contra el delito de extorsión mediática, una modalidad delictiva que le está ganando a los abogados extorsionistas.

Categóricamente, ha tomado cuerpo un delito penal grave, que conlleva a penas de cárcel, útil como un mecanismo disuasivo para sujetos con patrones de conductas impulsivas, terroríficas e incontrolables. Ellos están atrapados por trastornos episódicos y sin arrepentimiento, que se vuelven un peligro público, y que ameritan de psicoterapia, como palpablemente se ha visto últimamente. La prisión apuntala como un preferible tono de voz para calmar el dolor de las víctimas y evitar que respondan con el castigo de una paliza o la muerte.

Alégase que el Tribunal Constitucional ha despenalizado delitos de prensa, pero no olvidemos que últimamente esa instancia se ha constituido en una afrenta para la sociedad. Ha estado aplicando el derecho desde la Luna, divorciado de la realidad, y creándole más conflictos al Estado, sancionando sentencias absurdas, que instituciones oficiales no están en capacidad de cumplir, porque de hacerlo dejarían sin presupuesto la salud, la educación, las obras públicas y otros servicios sociales.

Igual de mal andan senadores y diputados, que son marionetas del populismo y que se doblegan en un santiamén, como si asistieran a un convite de comadres. Luego de más de 20 años discutiendo para lograr la aprobación del Código Penal, ahora esos legisladores acceden fácilmente, como si tuvieran en brazos de Morfeo, a dar rienda suelta a la propuesta para modificarlo sin ser sometido a pruebas, porque ni siquiera ha entrado en vigencia.

Valga referir, como aporte adicional a las anotaciones preexistentes, que los más diversos autores doctrinarios internacionales sobre el derecho a la información concuerdan en que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no absoluto, que precisa de límites para proteger derechos de terceros y garantizar el orden social. Basta citar a Alejandro Fuenmayor E. en El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, Francisco Morera Alfaro en Los derechos de los ciudadanos frente a las tareas de la información, Enrique Villalobos Quirós en El derecho a la información y Manuel Fernández Areal en Introducción al derecho de la información.

Y, ¿cuál otro? Sí, podemos leer a Carlos Soria en Derecho a la información y derecho a la honra; A. Hugo Osorio Meléndez en Políticas de información y derecho. Estudio comparativo; Eduardo Nova Monreal en Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de derechos; Ernesto Villanueva e Issa Luna Pla en El derecho de acceso a la información, y Orrin E. Klapp en Información y moral. Estrategias de apertura y cierre ante la nueva información.

En esa óptica, ¿qué dice el nuevo Código Penal?

Acerca de la difamación extorsiva, el artículo 209 expresa que “Quien haga imputación pública a una persona, física o jurídica, de un hecho preciso o concreto que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, por cualquier forma pública, … le cause un perjuicio, y con ello obligue o procure obligar a la víctima a ceder a sus exigencias, será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público”.

En esta circunstancia, más que acudir a la violencia como los iracundos, la alternativa más expedita para los injuriados y acosados está en el sometimiento judicial para que un juez decida, interponiendo las pruebas y colocando otras piezas regidos por los fundamentos del derecho, dictaminen la culpabilidad o inocencia del imputado. Y todavía para las partes queda la opción de apelar la sentencia.

Si el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional modifican el nuevo Código Penal, al unísono tendrán que hacer una revolución, en virtud de que en República Dominicana a través de varias leyes son perseguibles y sancionables con prisión el chantaje, las campañas injuriosas y difamatorias, los rumores falsos, las expresiones ofensivas o despectivas por medios informáticos, telemáticos o audiovisuales (redes sociales, internet, blogs) y prensa escrita.

¿Y cuáles son esas disposiciones legales?

Son la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales; la Ley 53-07 Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 136-03 o Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y otras, que contemplan encierros carcelarios de hasta diez años y multas de hasta dos millones 500 mil pesos o 500 veces el salario mínimo del sector público. ¡Muy bien!

Aunque luzca una irreverencia y un riesgo decirlo, el sometimiento judicial a un periodista por difamación e injuria representa una prueba para demostrar su profesionalidad y apego a las leyes y a los principios y valores éticos en el manejo informativo y el análisis interpretativo. Si así fuere, ¿por qué tanto miedo?

Con frecuencia, ciertas esferas de los diarios exageran y procuran rehuir para no colocarse frente a un crucifijo, por la aversión y el temor traumático, arrastrado por sangrientas experiencias pretéritas. Preservemos el contenido del nuevo Código Penal, y actuemos con la potestad de informar y opinar sin censura ni autocensura, pero ajustados al derecho, y caminando derecho.

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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.

Por Isaías Ramos

República Dominicana no enfrenta solo un debate salarial. Enfrenta una crisis de arraigo, identidad, soberanía laboral y cumplimiento constitucional. Durante las últimas tres décadas se consolidó un modelo de bajos salarios, débil fiscalización y desorden migratorio-laboral. Pero desde la Constitución de 2010, que consagra el Estado Social y Democrático de Derecho, esa falla dejó de ser solo económica: se convirtió en contradicción frontal con el mandato constitucional. Hoy el problema se ha agudizado. La pregunta es necesaria: ¿para quién funciona realmente este modelo económico?

Según el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD, 39.5% de las personas en República Dominicana contempla irse a vivir o trabajar a otro país, frente a 31.7% en América Latina y el Caribe: 395 de cada 1,000 personas, contra 317 de cada 1,000 del promedio regional. La principal razón para emigrar es la falta de oportunidades económicas: 58.4%.

Ese dato debe estremecer. Los dominicanos no contemplan irse porque no amen su patria. Contemplan irse porque trabajan, luchan, pagan transporte, comida, impuestos y deudas, y aun así sienten que no avanzan. La emigración deseada es un voto de desconfianza contra un modelo que produce crecimiento, pero no suficiente esperanza.

La Constitución no manda una República para administrar resignación. Define al país como Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo y la soberanía popular. También reconoce que todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad, y declara de alto interés la nacionalización del trabajo.

Por eso, el salario justo no es una consigna. Es mandato constitucional.

La evidencia salarial es contundente. En el primer trimestre de 2026, la ONE reportó que el salario mensual promedio por empleado formal fue RD$34,621. Incluso los sectores mejor remunerados —minas y canteras, organismos extraterritoriales y electricidad— promediaron RD$79,724, RD$70,541 y RD$67,246. Si ese es el techo salarial formal, el país debe preocuparse: muchos ingresos permiten consumir, pero no necesariamente progresar, ahorrar, comprar vivienda o construir patrimonio.

La canasta básica familiar nacional llegó en mayo de 2026 a RD$49,268.36; la del primer quintil fue RD$29,489.84 y la del segundo RD$38,441.67. Frente a eso, demasiados salarios formales siguen siendo salarios de supervivencia. Ahí está el corazón del problema: están convirtiendo la pobreza salarial en ventaja competitiva.

El primer deber de los gobiernos debe ser garantizar salarios justos y dignos. El segundo, aplicar la indexación del mínimo exento del impuesto al salario. La DGII reconoce para 2026 una exención contributiva hasta RD$416,220 anuales y, al mismo tiempo, que por la Ley de Presupuesto queda sin efecto el ajuste previsto en el artículo 327 del Código Tributario. En palabras simples: los gobiernos siguen cobrándole inflación al trabajador formal.

La excusa fiscal tampoco basta. Hacienda estima el gasto tributario de 2026 en RD$393,541.54 millones, equivalente a 4.54% del PIB. Entonces la pregunta no es si hay recursos; la pregunta es a quién deciden proteger primero los gobiernos.

Tercer deber: no hay exenciones sin salario digno. Todo régimen con privilegios fiscales debe demostrar retorno social: salario digno, formalidad, transparencia, capacitación y movilidad salarial.

Cuarto deber: hacer cumplir el 80/20 laboral. El Código de Trabajo establece que al menos 80% de los trabajadores de una empresa debe ser dominicano, y que al menos 80% de la nómina debe corresponder a trabajadores dominicanos, con las excepciones previstas por la ley.

La alerta está en los medios. Almomento, citando la Encuesta Sectorial Construcción 2025 del Instituto Nacional de Migración, afirma que la mano de obra haitiana representa 68.3% de los trabajadores de la construcción, frente a 31.1% de locales; en empresas formales, la proporción sería 69.1% haitiana y 30.2% dominicana. Ese dato exige auditoría nacional. Si se confirma, sería una inversión práctica del mandato de nacionalización del trabajo, con consecuencias salariales, demográficas, culturales e identitarias.

Hay que decirlo sin odio ni confusión: el problema no es el inmigrante pobre que busca trabajo. El problema son los gobiernos que han permitido el desorden. No son los extranjeros los culpables de desplazar al trabajador dominicano; los responsables son las autoridades llamadas a cumplir y hacer cumplir la Constitución, el Código de Trabajo, la ley tributaria y el orden migratorio-laboral.

Donde debía haber control, hubo tolerancia. Donde debían estar las fronteras resguardadas, hubo abandono, corrupción sin consecuencias y complicidad con el desorden. Donde debía prevalecer la Constitución, se traicionó el interés nacional. Donde debía haber salario justo, hubo precariedad. Donde debía haber defensa del trabajo dominicano, hubo indiferencia. Y donde debía haber cumplimiento de la ley, hubo gobiernos mirando hacia otro lado.

Ese desorden empuja al dominicano a emigrar y a la nación a perder cohesión, identidad, soberanía laboral y control sobre su destino.

Desde el Frente Cívico y Social sostenemos que la patria no se defiende culpando al inmigrante pobre. Se defiende cumpliendo la Constitución, pagando salarios dignos, indexando el impuesto al salario, ordenando la frontera y haciendo cumplir el 80/20.

República Dominicana no necesita una economía que administre resignación. Necesita una economía que produzca arraigo.

Los dominicanos no quieren irse. Los están empujando.

Ya basta. Llegó la hora de hacer valer la Constitución y activar, de verdad, el Estado Social y Democrático de Derecho: un Estado que no esté de rodillas ante los privilegios, sino de pie junto al pueblo trabajador.

Por Narciso Isa Conde

Lula, antes símbolo de la izquierda, ahora busca distanciarse de esa etiqueta. Su papel en los BRICS y la controversia con Odebrecht marcan su legado.

«Después de trabajar junto a los movimientos populares para construir una nueva propuesta, un pequeño número de dirigentes mete el pie y el alma en la corrupción, comprometiendo todo el proyecto. (Frei Betto*, REBELIÓN 2005)»

A Lula las agencias de EE. UU. y los grandes medios occidentales lo presentan como parte de las izquierdas, porque lo fue en el pasado y, malintencionadamente, les interesa seguir calificándolo de esa manera.

Su importante rol en el Foro de Sao Paulo y en la creación y expansión de los BRICS ha reforzado esa imagen del mandatario brasileño, en tanto ambos bloques o espacios han sido hostilizados por las derechas y las ultraderechas mundiales y por el decadente imperialismo estadounidense, infectado de fascismo.

La desinformación y la confusión reinante no son fáciles de despejar.

Esto no solo pasa con Lula y el PT; acontece con no poco de lo que en el mundo de hoy se le llama izquierda, progresismo y hasta socialismo.

Nadie con sentido común y sin intereses espurios debe negar el valor del Foro de Sao Paulo frente a la contraofensiva de las derechas y ultraderechas continentales. Cierto que inicialmente fue un proyecto de Lula y de Fidel; yo participé en su encuentro de fundación por iniciativa cubana

 Pero en verdad, al paso de varios años, ese espacio de coordinación involucionó; abandonado su firmeza antiimperialista, haciéndo concesiones al neoliberalismo, rechazando los movimientos insurgentes e incorporado a partidos de gobiernos inmersos en la neo-colonización neoliberal.

En el VI Encuentro del Foro de Sao Paulo, en San Salvador, el PT y el PRD mexicano se opusieron a que Chávez, recién salido de la cárcel, hablara en la reunión plenaria, y tuvimos que ingeniárnosla el comandante Schafik Handal y yo para convertir una asamblea de comisión en un gran acto donde Chávez finalmente presentó sus ideas.

 Además, nadie en justicia debe negar a Lula y al PT el valor que, en el presente, incluso dentro de la economía capitalista-mundo, tienen sus aportes al fortalecimiento de los BRICS.

Pero tampoco se debe olvidar que Lula se opuso al ingreso de Venezuela a los BRICS en el momento que más lo necesitaba; que ayudó a EEUU y a las derechas fascistas en el acoso al chavismo y al presidente Maduro; colocándose a la derecha de China, Rusia e Irán al interior de los BRICS.

Lula hace tiempo renunció a ser de izquierda.

El meollo del asunto estriba en que finalmente Lula optó por gobernar Brasil conciliando con una parte de sus grandes corporaciones; con cierta autodeterminación como imperialismo emergente, pero sin rupturas con EE. UU. y la Unión Europea; sin asumir posiciones antiimperialistas y sin revocar las contrarreformas neoliberales impuestas por gobiernos anteriores.

Al tratarse de alianzas con corporaciones transnacionales brasileñas en competencia en el mercado mundial con las estadounidenses y europeas de sus mismos ramos, las operaciones políticas-empresariales no se limitaron al territorio de Brasil, sino que diferentes componentes de esa maquinaria multiempresarial optaron por jugar ese papel en ultramar, a partir de las facilidades que les ofrecían las relaciones políticas y estatales del PT y su Gobierno, haciendo uso, claro está, de sus cuantiosos fondos para sobornar, financiar y obtener enormes ventajas en los países seleccionados.

En esos planes de expansión jugó un papel destacado la asesoría electoral y publicitaria de la familia SANTANA-MAURO.

No voy a adentrarme aquí en todos los casos latino-caribeños y africanos relacionados con la corruptela de ODEBRECHT, ANDRADE, VOA y EMBRAER; situación oportuna y pérfidamente aprovechada por su competencia norteamericana a todos los niveles: político, económico, judicial, moral…

Pero vale destacar que las corporaciones estadounidenses y europeas, debidamente protegidas por la dictadura mediática occidental y el poder militar «made in USA«, han operado de igual manera. Si no, que se indaguen las actuaciones de las petroleras y mineras occidentales y los casos específicos de la Earon, Hally Burton, Grupo Trump, Barry Gold, General Electric…

Considero sí imprescindible recordar, con unas cuantas pinceladas, lo acontecido en nuestro país con el fenómeno escandaloso de la exportación de la corrupción brasileña en tiempo de Lula.

Esto, para que se entienda, que pese a todo lo que significó positivamente Lula para el campo de las fuerzas populares y de izquierda en este país, aquí no es posible, sin pecar de encubrimiento, ignorar el daño político, moral y económico derivado de las relaciones privilegiadas del PT y LULA con la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana-PLD y los gobiernos corruptos y corruptores de LEONEL FERNÁNDEZ y DANILO MEDINA.

Tampoco es posible ignorar las responsabilidades específicas de Lula y de la cúpula del PT en el impacto moralmente degradante, tanto del caso ODEBRECHT como de la EMBRAER–SÚPER TUCANOS, en lo relacionado con la expansión de la corrupción política, empresarial y militar en nuestro país;

Esto, claro está, en el caso de Lula, evidentemente no se relaciona con el enriquecimiento personal, sino más bien con una corrupción sistémica empleada en términos políticos.

 Lula se dejó entrampar en esa madeja de delitos políticos y empresariales interestatales, previa degradación de la original política revolucionaria y de izquierda del PT y de sus bases ético-morales.

·         La conexión dominico-brasileña.

La cúpula del PT de Brasil optó, sobre todo al iniciarse el segundo periodo (2008) del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por una relación política preferencial con la alta dirección de ese partido, que previamente se había neoliberalizado y corrompido en alianza con el Partido Reformista Socialcristiano, liderado por Balaguer; relación que abrió paso a una fuerte, duradera y rentable CONEXIÓN del corrompido y corruptor cártel brasileño de la construcción en REPÚBLICA DOMINICANA.

Esta CONEXIÓN DOMINICANA, débilmente iniciada durante el gobierno de Hipólito Mejía, se desplegó durante los ocho años siguientes de la presidencia de Leonel Fernández (incluyó el contrato-estafa para la adquisición de los aviones Super-Tucanos con la EMBRAER brasileña, una parte de los 15 contratos sobrevaluados en favor de ODEBRECHT y los sobornos correspondientes), enlazó con la candidatura presidencial de Danilo Medina en el 2011 y continuó reforzándose durante su primer gobierno y su actual gestión, en la que se registra la súper-estafa del contrato de las plantas de carbón de Punta Catalina.

Lula, desde la presidencia de Brasil, hizo de intermediario y, cuando salió de ella, se dispuso a hacer de «lobista político», sin reparar en las consecuencias.

Leonel fue el primer socio político y el principal beneficiario económico en Dominicana hasta el 2012, con logros significativos iniciales para Odebrecht y para otras empresas dominicanas y brasileñas, destacándose obras como el Acueducto del Nordeste y la compra sobrevaluada e innecesaria de los Super-Tucanos.

El descarte de LEONEL como referente presidencial dominicano se produjo entre el 2011 y 2012, a consecuencia de su descrédito y de su desgaste político, y ante el riesgo brasileño de perder la conexión estatal en República Dominicana si perdía el PLD.

En esa variación de la preferencia del PT gravitó la valoración mercadológica de Joao Santana a favor de Danilo, quien inmediatamente visitó Brasil, ganó el favor de los líderes del PT, estableció los primeros vínculos con su futuro asesor Joao Santana, apuntaló las relaciones con Lula y ejecutivos de Odebrecht, desplazando de esa manera a Leonel como socio político del cartel brasileño.

Ese paso fue consumado a raíz de la visita de Danilo Medina a Brasil y de sus entrevistas con Lula y Dilma Rousseff en 2011, ya en su condición de candidato presidencial del PLD.

Desde ese momento se abrió el proceso hacia una fuerte implantación de JOAO SANTANA y POLIS/CARIBE (sucursal de POLIS-PROPAGANDA establecida discretamente en la calle Helios de Bella Vista, en Santo Domingo) hasta el extremo de sentar su sede en el Palacio Nacional y convertir esa oficina en la Oficina Regional de los sobornos y financiamientos electorales de ODEBRECHT.

Asegurado el triunfo espurio de Danilo Medina, Lula visitó nuestro país y se entrevistó con el «presidente electo» a principios del 2013, acompañado de ALEJANDRINO ALENCAR, ejecutivo de ODEBRECH.

Odebrecht ha admitido que invitó y financió a Lula a viajar para ayudar, en diversos eventos, a la expansión de las empresas brasileñas.

Tres meses después de la visita de Lula a República Dominicana, se anunció la licitación de las plantas a carbón de Punta Catalina y, en septiembre de ese año, se aprobó el financiamiento de 656 millones de dólares a cargo del banco estatal de Brasil (BANDES).

Poco después se le asignó el contrato a la empresa brasileña y la STANLEY CONSULTANT; en noviembre de ese mismo año declaró que solo la ODEBRECHT clasificaba para esos fines, pese a representar un costo de casi mil millones de dólares más que lo ofrecido por su principal competidora.

Testimonios ofrecidos a la justicia brasileña dan cuenta, además, de los financiamientos de Odebrecht a las campañas electorales de Danilo Medina– Margarita Cedeño en el 2012 y el 2016; algo impensable sin la mediación de Luis Ignacio – Lula– Da Silva.

Por demás, Temístocles Montás, ministro acusado de recibir soborno y financiamiento electoral, admitió uno de esos financiamientos.

¿Simple coincidencias o graves evidencias de culpabilidad compartida en la esfera de la corrupción, como recurso de competencia política, no necesariamente empleado como factor de enriquecimiento personal?

Esas realidades son las que determinan que, a pesar de los méritos históricos de Lulú y de la saña discriminatoria auspiciada por EEUU y las ultraderechas brasileñas en contra de Lula y el PT, los señalamientos de sus complicidades en casos como el de las manipulaciones políticas y las prácticas de corrupción de la Odebrecht dentro y fuera de las fronteras brasileñas tengan real asidero en la manera como se ha manejado la cúpula del PT frente a la corrupción sistémica y su uso politiquero. Esos entrampamientos casi siempre resultan costosos políticamente.