Análisis Noticiosos
Desafíos para Danilo a mitad de gobierno
Por Elba García
El presidente Medina llega a la mitad de su gobierno con amplia aprobación fruto del mejoramiento del gasto, de su austeridad y la ausencia de oposición, pero cada vez más amarrado por su propio partido por su decisión de no pelearse con nadie.
El presidente Medina llega a la mitad de su gobierno con amplia aprobación fruto del mejoramiento del gasto, de su austeridad y la ausencia de oposición, pero cada vez más amarrado por su propio partido por su decisión de no pelearse con nadie.
El gobierno de Danilo Medina llega a su primera mitad con alta aprobación por su mejoramiento de la inversión pública, especialmente en educación, por su austeridad, reducción de la corrupción y por mayor cercanía a la población, ayudado por la ausencia de oposición política.
Pero sin haber podido solventar los graves problemas de la pobreza, la energía eléctrica, la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad, enfrentará una difícil segunda mitad, limitado por las precariedades económicas y las luchas internas en su partido, precipitadas por la actitud presidencial de no enfrentarse con nadie
Los mayores éxitos
El mayor éxito de la primera mitad del gobierno del presidente Danilo Medina ha sido la reorientación de la limitada inversión pública (con apenas 5 por ciento en gasto de capital este año), especialmente su esfuerzo por cumplir la ley que destina el 4 por ciento del producto bruto interno para la educación, 15 años después de su promulgación.
Aunque todavía no ha alcanzado el 4 por ciento, el gobierno se aproxima a la meta, muy concentrado en la construcción de aulas para viabilizar la extensión de la jornada escolar, relegando otros aspectos fundamentales como la formación de maestros. La concretización del Pacto por la Educación y una campaña por erradicar el analfabetismo ha completado el crédito en el sector.
La atención a la pequeña y mediana empresa y productores agropecuarios, con el particular sello personal de las visitas presidenciales ha constituido otro éxito reconocido, aunque los 11 mil millones de pesos que han comprometido en dos años no llegan al 2 por ciento del presupuesto de gastos del 2014, y sólo se han desembolsado unos 7 mil millones de pesos, apenas unos 163 millones de dólares.
Una política de austeridad, cercanía con la gente y humildad de Medina, en contraste con el boato y la malversación de su antecesor, han contribuido al alto porcentaje de aprobación, de hasta 80 por ciento, que ha registrado el gobierno en las encuestas. La renegociación del contrato sobre la explotación de la mina de oro de Cotuí constituyó un hito en la popularidad del mandatario.
Se debe acreditar al gobierno de Danilo Medina el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la reducción del déficit que registran las finanzas públicas en los últimos siete años, aunque para ello ha tenido que continuar la política de alto endeudamiento, que según la cámara de cuentas se incrementó en 28 por ciento sólo en el 2013 y que éste año prosigue espoleado por el pago de capital e intereses de la deuda vieja, los subsidios y transferencias y el gasto corriente.
Los mayores fracasos
No haber logrado concretar los pactos Fiscal y Eléctrico, que junto al Educativo integran una trilogía básica de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se cuenta entre los fracasos de esta primera mitad de gobierno. Escasa voluntad política, amarres partidarios y las urgencias por el enorme déficit fiscal que heredó, determinaron que el gobierno arrancara con otra reforma tributaria, evadiendo comprometerse en un pacto fiscal de amplio espectro que implicaría restricción y reorientación del gasto.
Ha cifrado su ataque a la crisis energética en la construcción de dos grandes plantas de energía basadas en el carbón, el ingrediente de generación más contaminante y cuestionado, y aunque ha invertido en el terreno, llega a la mitad del período sin haber conseguido su financiamiento, por lo que será difícil concluirlas en este gobierno.
El combate a la inseguridad ciudadana ha sido otro propósito de poco éxito, sin haberse materializado la “reforma integral de la Policía Nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía”, como tampoco la “reestructuración y profesionalización” de las relaciones exteriores, planteadas en el discurso inaugural del presidente Medina.
Los resultados en el mejoramiento de la salud se corresponden con la pobre inversión que no alcanza al 2 por ciento del producto interno, absolutamente insuficiente. La positiva supresión de las cuotas por atención en los hospitales públicos no ha podido ser compensada, traduciéndose en precariedades, mientras la epidemia de la Chikungunya sumió este año el sistema en crisis con lenta respuesta oficial.
Quemado en transparencia
El gobierno de Medina ha hecho esfuerzos por mejorar la transparencia en las contrataciones, incluyendo veedores en organismos claves como el Ministerio de la Presidencia, pero aún está lejos de alcanzar las metas del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad suscrito en lc campaña electoral por iniciativa del movimiento Participación Ciudadana y Transparencia Internacional. El segundo monitoreo, de julio pasado, lo quema con apenas 22 por ciento de cumplimiento, registrando retroceso en las informaciones de muchas páginas de Internet, No se ha logrado establecer la cuenta única del tesoro ni se han eliminado organismos infuncionales ni duplicidades.
Se reconoce una reducción de la corrupción, pero con una manifiesta decisión de mantener la impunidad, sin combatir los conflictos de intereses, el clientelismo, el nepotismo, las nominillas y las decisiones en beneficio propio de los ejecutivos gubernamentales y especialmente en los organismos descentralizados y autónomos. En contradicción con los principios éticos que rigen la administración pública a la luz de la Ley de Función Pública.
Un fracaso total ha sido la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que no ha cumplido prácticamente ninguna de las 42 funciones que le atribuyó el decreto 486-12, que la creó. Ha ignorado el informe financiero que debe reclamar cada año a los funcionarios públicos obligados a declaración jurada de bienes. Su titular, Vincho Castillo, quedó descalificado con su ridícula declaración jurada de bienes donde excluyó gran parte de sus haberes. Nunca se conocieron tampoco los informes trimestrales sobre la aplicación de los decretos 499-12 y 262-13 que establecieron un plan de austeridad hasta diciembre del 2013.
El reparto del Estado
Pese a la buena intención de mejorar la administración pública, el gobierno de Medina llega a su primera mitad manteniendo en general el reparto del Estado sobre el que fundamentó su predominio el presidente Leonel Fernández. Dos tercios de los organismos estatales conservan los mismos titulares, desde los ministerios, a las direcciones generales, hasta las cámaras legislativas y de las instituciones autónomas y descentralizadas. Se trata de un sistema de parcelación del Estado, donde los dirigentes del Comité Político del partido de gobierno y sus aliados parecen inamovibles. Y desde luego cada uno de ellos dispone de amplia discreción en las nóminas, niveles salariales y otros beneficios, con frecuentes escándalos públicos.
El presidente Medina parece haberse empeñado en no pelearse con nadie. Ni siquiera sustituyó o trasladó al embajador ante el Vaticano, quien incurrió en tres desaguisados diplomáticos públicos en una misma semana, llegando al extremo de discutir en la prensa recomendaciones privadas que le formulara la Cancillería.
En un país de tan arraigada cultura presidencialista, muchos confunden la liberalidad con debilidad y abusan. Eso puede explicar que dirigentes de su partido, de las cámaras legislativas y hasta ministros y directores generales subordinados lo dejaran prácticamente solo lidiando con la crisis internacional originada en la sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a decenas de miles de personas.
Mientras el mandatario buscaba una salida humanitaria al escándalo, hasta subalternos directos y el liderazgo de su partido preferían sumarse al discurso excluyente de los seudos nacionalistas. Los impunes desafíos al reglamento de la Ley 169-14, que conjura el conflicto, tienen connotación de cuestionamiento al presidente y a su Ministro de la Presidencia por parte de aliados y funcionarios gubernamentales.
Intereses corporativos
Si en la primera mitad de su período el presiente Medina no pudo sobreponerse a los intereses corporativos partidarios para hacer el gobierno que quería y con los funcionarios que le fueran más leales, será casi imposible en la segunda mitad, sobre todo cuando ya la lucha por la candidatura presidencial del partido gobernante para el 2016 limita o determina las acciones gubernamentales. Fue un exceso permitir que funcionarios subalternos iniciaran una campaña electoral en el primer año de su gestión.
Los intereses corporativos han sido determinantes en que Danilo Medina produjera cambios formales significativos en el ejercicio presidencial, pero no de fondo en la gestión gubernamental, como parte de lo que “nunca se ha hecho”. Pretendió hacer tortillas sin romper huevos, y al final puede concluir con un “dry clean” para que se pueda vuelva a lo que antes se hizo.
Medina y sus asesores pueden reivindicar su gestión por el alto nivel de aprobación, que no es insólito, ya que los presidentes dominicanos llegan a la mitad del período con buena aceptación, incluyendo a Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. El declive comienza con la segunda mitad. Aunque Medina ha estado por encima del promedio, lo que en parte se atribuye al desguañangue de la oposición. El surgimiento de una alternativa opositora y la lucha por la candidatura oficialista con todas sus consecuencias, y en un escenario económico precario, serán el gran desafío para Danilo Medina en la segunda mitad de su gobierno, que inicia esta semana.-
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.