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Desapariciones, muertes, prófugos, estafas y hackeo: El historial de intervenciones del FBI en RD
Santo Domingo, RD.-¿Ayuda la integración del FBI a esclarecer hechos delictivos y desapariciones en República Dominicana? Todo indica que sí.
Incluso, en los últimos años, el FBI ha sido parte de las pesquisas de desapariciones, estafas y hackeos, lavado de dinero, muertes, extradiciones y la captura de prófugos en el país. Algunos resueltos, otros sin concluir.
Brianna Genao: Catorce días esperando su regreso
Brianna Genao, de 3 años, desapareció en un abrir y cerrar de ojos de la comunidad de Barrero, Puerto Plata, en plena víspera de Año Nuevo.
Tras la similitud con los últimos casos de desaparición registrados en el país, el nivel de búsqueda para dar con el paradero de la pequeña se ha intensificado.
Sin embargo, luego de catorce días de búsqueda, con la esperanza de su regreso, no se hizo esperar más para acudir al apoyo internacional. Este miércoles, unidades caninas del FBI y la INL de la Embajada de Estados Unidos se unen a la investigación de la menor. Reinician la búsqueda y las entrevistas.
Operación Discovery 3.0
La Operación Discovery 3.0, una red internacional de robo de identidad y lavado de dinero que estafó a ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro a través de plataformas digitales.
Esta red fraudulenta fue desmantelada en el 2025. Se ejecutaron un total de 34 allanamientos distribuidos entre Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.
La investigación se desarrolló con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y la cooperación del Buró Federal de Investigaciones.
Sudiksha konanki: La hindú que no dejó rastros
Sudiksha Konanki, de 20 años, de origen indio y residente en Estados Unidos, desapareció la madrugada del 6 de marzo de 2025 mientras caminaba en la playa del Hotel Riu Punta Cana, provincia de La Altagracia.
Según reseñas periodísticas, la última vez que fue vista la joven llevaba puesto un bikini de dos piezas marrón, unos pendientes redondos grandes, tobillera de metal en su pierna derecha, pulseras amarillas y de acero en su mano derecha y otro brazalete multicolor en su mano izquierda.
A pesar de que Konanki no ha sido encontrada y su investigación quedó suspendida, la joven fue buscada por mar y tierra con equipos de alta tecnología. Aquí, el FBI también se involucró.
Hackeo en la cuenta de Abinader
El 17 de marzo de 2024, la cuenta de la red social X del presidente de la República, Luis Abinader, fue hackeada por un “grupo anónimo de hackers”.
Esa noche los ciberdelincuentes llegaron a realizar tres publicaciones, una a las 10:17 de la noche, otra a las 10:20 y una a las 10:36.
Sin embargo, aunque nunca se reveló quiénes estaban detrás de estos ataques, la ayuda del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos sirvió de mucho. El FBI recuperó la cuenta del mandatario.
Leomar Valdés Martínez: Prófugo de EE.UU.
A la edad de 80 años fue arrestado Leomar Valdés Martínez, de nacionalidad cubana. Era buscado desde el año 2005 por las autoridades norteamericanas por los cargos de asesinato y lavado de activos.
Valdés Martínez residió en el sector Filiú en San Pedro de Macorís por más de una década y llevaba una vida normal, según testimonios de los vecinos.
Sin embargo, no fue hasta el 2015 que el imputado fue apresado por un operativo encabezado por el FBI, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) y la Policía Nacional.
Operación Miller
Tras la operación Miller, Estados Unidos entregó a República Dominicana 21 objetos que datan de la era precolombina y fueron adquiridos y llevados de manera ilegal por Don Miller.
Sin embargo, estos bienes culturales fueron decomisados en 2014 por el FBI, organismo que también recuperó una colección privada de más de 7,000 objetos de diversas culturas del mundo.
La entrega de las piezas fue realizada en un acto encabezado por la exministra de Cultura dominicana, Milagros Germán, y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Robert W. Thomas.
Muerte de seis turistas en 2018
En el 2018, seis turistas hospedados en distintos hoteles del país fallecieron por intoxicación de bebidas.
Los vacacionistas eran: Yvette Monique Sport, de 51 años, David Harrison, de 45, Robert Wallace, de 67, Miranda Schaup-Werner, de 41, Nathaniel Edward Holmes, de 63, y Cynthia Ann Day, de 49.
Debido a las similitudes aparentes entre sus muertes, sus familiares sugirieron que están relacionadas.
Es así como el Departamento de Estado de los EE.UU. entró en la escena de la investigación para ofrecer un mayor análisis de toxicología. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los resultados de la investigación.
Santo Domingo, R.D.-Fue revocada por la Camara Penal de la Corte de Apelacion de La Vega la decision que declaró la extincion penal del proceso seguido contra Miguel Arturo Lopez Florencio (Micky Lopez), procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción penal del caso. La corte también ordenó la continuación del juicio.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
El expediente también indica que el grupo criminal logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de ocho mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. De acuerdo al órgano acusador, la red también servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.
Los acusados, según refiere el expediente, se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.
A la estructura se le atribuye la violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión que revoca la sentencia de extinción de la acción penal en este caso y destacó que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso para lograr justicia.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Vianela García representaron al Ministerio Público en la audiencia donde los jueces de la Corte de Apelación de La Vega, Amauris Pimentel, Osvaldo Aquino y Ariela Cedano, decidieron revocar la sentencia de extinción de la acción penal del caso, ordenando que continúe el juicio.
El proceso inició en el año 2020, siendo los acusados enviados a juicio en el año 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados por las defensas como estrategia para dilatar el proceso. El órgano acusador enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.
En el recurso de apelación de la sentencia recurrida el órgano acusador resalta la falta de motivación de la decisión, destacando que es una obligación fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano. Indicó que la decisión fue apelada por una errónea aplicación de la norma jurídica.
Igualmente, precisó que en la sentencia del tribunal colegiado no se tomaron en cuenta los criterios que se deben considerar al momento de decidir sobre la extinción de la acción penal.
En ese sentido, sostuvo que “la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis y la conducta de las autoridades judiciales, así como la organización judicial, la duración media de los procesos y el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores”.
El órgano acusador recordó que por el caso fue procesada y condenada la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de López Florencio, quien desde el mes de septiembre del pasado año cumple una condena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.
Santiago, R.D.-Los familiares de Angélica Geraldín Hernández, quien falleció mientras se sometía a un procedimiento en el centro de estética Diosa, en Santiago, anunciaron que presentarán una querella contra al menos cuatro personas involucradas.
Así lo informó el abogado de la familia, Pedro Domínguez Brito, quien dijo que entre los «responsables del hecho» hay tres médicos.
Señaló que, aunque por el momento no revelarán los nombres de los implicados, estos profesionales de la salud están estrechamente vinculados al centro donde se realizó el procedimiento.
El abogado manifestóque uno de los doctores vinculados al caso ha sido sometido a la justicia en al menos tres ocasiones por presunta mala práctica médica.
- Domínguez Brito explicó que ese médico, cuyo nombre será ofrecido más adelante, fue procesado en los años 2011, 2015 y 2016.
Refirió que esos antecedentes forman parte de la documentación depositada ante el Ministerio Público como parte de la investigación.
Asimismo, aseguró que han recibido múltiples testimonios de mujeres que alegan haber sido afectadas por presuntas malas prácticas de los médicos involucrados.
El abogado afirmó que el objetivo de la familia es que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables y que este caso sirva como precedente para evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.
SANTO DOMINGO. – Tres meses de prision preventiva dictó el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra Dileisy García Sepúlveda, de 21 años, acusada de maltrato infantil, tras un caso que salió a la luz por la difusión de un video en redes sociales.
Por disposición de la jueza Stephanie Santiago Reyes, la imputada, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones.
El caso se hizo público luego de circular un video en el que, presuntamente, se observan agresiones físicas y verbales contra un menor de edad durante una transmisión en vivo.
De acuerdo con la defensa, el tribunal también dispuso que la imputada reciba charlas para el manejo de la ira, al considerar que requiere intervención especializada en conducta.
En tanto, el menor permanece bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), mientras se determina su situación familiar y legal.