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Desmantelan banda mató a 11 militares
SANTO DOMINGO.- La Policía apresó a 7 de 11 presuntos delincuentes, a quienes acusa de al menos diez asesinatos, entre ellos un mayor del Ejército, un sargento y dos cabos de la institución del orden, en hechos perpetrados por separado.
Los supuestos delincuentes fueron identificados como Richard Evangelista (Nilson), de 18 años; Samil Hernández Roque, de 18; Jefry Ramón Puentes Severino, de 19; Luiyi Francisco de Jesús Patrocinio (Luiyi El Greñú), de 22; Vladimir Rivera del Carmen (Bandy); José Carlos Mercedes Medina (Carlito y/o Masucana).
Tmbién, Bernardo de la Cruz Valenzuela (Vantroy), El Vico, Robertico y Pibull, quienes están prófugos y son buscados de manera activa..
Los detenidos y los prófugos se dedicaban a cometer asesinatos y atracos en los municipios Santo Domingo Este y Norte para despojar a sus víctimas de prendas, dinero, celulares, armas de fuego, vehículos y motocicletas .
En poder de los detenidos se ocuparon tres pistolas 9 milímetros, una Tanfoglio, una Taurus y otra Pietro Beretta asi como una jeepeta Mitsubishi Montero, blanca, y tres motocicletas, negras, sin placas, en las que se desplazaban para cometer sus fechorias.
Víctimas
Según la Policía, los prevenidos confesaron haber matado al mayor Tolentino Valdez, a quien despojaron de su arma de reglamento, una pistola marca Tanfoglio, 9 milímetros, el primero de agosto del presente año, en la calle Luis López, sector Valle del Este, en Santo Domingo Este.
También al sargento Angel Manuel Mateo Rodríguez, asesinado el pasado lunes en su vehículo, un Toyota Camry, gris, en la avenida 25 de Febrero, encima del puente seco de la avenida España, en Santo Domingo Este. Este último fue despojado de su arma de reglamento, una pistola Browning, 9 milímetros, y de dinero.
Mientras que la tarde del día 4 de agosto de 2012, los detenidos presuntamente ultimaron al cabo Luis López Ortega y a su hijo menor, Marinito López Martínez, de 16 años, e hirieron a Adonis López Martínez, cuando laboraban en su negocio «Casa del Reductor», en la avenida Los Restauradores, del sector Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte.
También asesinaron, la noche del 23 de junio de este año, al cabo policial Junior de la Cruz Jiménez, de 24 años, cuando transitaba junto a Roberto Jorge Severino, quien resultó herido de bala, por la calle Juan López esquina Charles de Gaulle, del sector Valle del Este, en una motocicleta Yamaha RX-115, roja.
De la Cruz Jiménez fue despojado de su arma de reglamento, una pistola CZ200, 9 milímetros.
Los detenidos también son responsables de la muerte de Michael Rosario Guzmán, de 37 años, al que sorprendieron en la avenida Estados Unidos frente al parque Mirador del Este, mientras lavaba su jeepeta, una Toyota Runner, gris, del 2004.
También asesinaron a Emilio Espinosa Zabala, mientras compraba en el colmado «Caché II», de la calle 20, número 26, esquina Caracol, en sector El Progreso, de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.
En otra acción, mataron a Rafael Esperanza Rosario, quien se encontraba frente a la casa número 5, de la calle Limoncillo, barrio Las Frutas, en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este.
Además, a Jaime Antonio García Aquino (El Calvo), frente a su vivienda de la calle José Cabrera, número 137, del sector Alma Rosa I, despojándolo de una pistola Browning, 9 milímetros.
En su accionar delictivo figura, además, haber herido de bala a Heriberta Alcántara González, de 30 años.
Al grupo también se le imputan mas de 40 asaltos a mano armadas, perpetrados a diferentes establecimientos comerciales, entre los que figuran el colmado «Richard», ubicado en el Perla Antillana; Súper colmado «Guerrero», en El Almirante; colmado «Tejada», en El Almirante.
La Policía informó que profundiza las investigaciones, ya que quedan pendientes por recuperar en manos de los prófugos varias armas de fuego, incluyendo una pistola Carandaí, utilizada para matar al mayor del Ejército Tolentino Valdez.
almomento.net
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.