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Desmantelan banda mató a 11 militares
SANTO DOMINGO.- La Policía apresó a 7 de 11 presuntos delincuentes, a quienes acusa de al menos diez asesinatos, entre ellos un mayor del Ejército, un sargento y dos cabos de la institución del orden, en hechos perpetrados por separado.
Los supuestos delincuentes fueron identificados como Richard Evangelista (Nilson), de 18 años; Samil Hernández Roque, de 18; Jefry Ramón Puentes Severino, de 19; Luiyi Francisco de Jesús Patrocinio (Luiyi El Greñú), de 22; Vladimir Rivera del Carmen (Bandy); José Carlos Mercedes Medina (Carlito y/o Masucana).
Tmbién, Bernardo de la Cruz Valenzuela (Vantroy), El Vico, Robertico y Pibull, quienes están prófugos y son buscados de manera activa..
Los detenidos y los prófugos se dedicaban a cometer asesinatos y atracos en los municipios Santo Domingo Este y Norte para despojar a sus víctimas de prendas, dinero, celulares, armas de fuego, vehículos y motocicletas .
En poder de los detenidos se ocuparon tres pistolas 9 milímetros, una Tanfoglio, una Taurus y otra Pietro Beretta asi como una jeepeta Mitsubishi Montero, blanca, y tres motocicletas, negras, sin placas, en las que se desplazaban para cometer sus fechorias.
Víctimas
Según la Policía, los prevenidos confesaron haber matado al mayor Tolentino Valdez, a quien despojaron de su arma de reglamento, una pistola marca Tanfoglio, 9 milímetros, el primero de agosto del presente año, en la calle Luis López, sector Valle del Este, en Santo Domingo Este.
También al sargento Angel Manuel Mateo Rodríguez, asesinado el pasado lunes en su vehículo, un Toyota Camry, gris, en la avenida 25 de Febrero, encima del puente seco de la avenida España, en Santo Domingo Este. Este último fue despojado de su arma de reglamento, una pistola Browning, 9 milímetros, y de dinero.
Mientras que la tarde del día 4 de agosto de 2012, los detenidos presuntamente ultimaron al cabo Luis López Ortega y a su hijo menor, Marinito López Martínez, de 16 años, e hirieron a Adonis López Martínez, cuando laboraban en su negocio «Casa del Reductor», en la avenida Los Restauradores, del sector Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte.
También asesinaron, la noche del 23 de junio de este año, al cabo policial Junior de la Cruz Jiménez, de 24 años, cuando transitaba junto a Roberto Jorge Severino, quien resultó herido de bala, por la calle Juan López esquina Charles de Gaulle, del sector Valle del Este, en una motocicleta Yamaha RX-115, roja.
De la Cruz Jiménez fue despojado de su arma de reglamento, una pistola CZ200, 9 milímetros.
Los detenidos también son responsables de la muerte de Michael Rosario Guzmán, de 37 años, al que sorprendieron en la avenida Estados Unidos frente al parque Mirador del Este, mientras lavaba su jeepeta, una Toyota Runner, gris, del 2004.
También asesinaron a Emilio Espinosa Zabala, mientras compraba en el colmado «Caché II», de la calle 20, número 26, esquina Caracol, en sector El Progreso, de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.
En otra acción, mataron a Rafael Esperanza Rosario, quien se encontraba frente a la casa número 5, de la calle Limoncillo, barrio Las Frutas, en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este.
Además, a Jaime Antonio García Aquino (El Calvo), frente a su vivienda de la calle José Cabrera, número 137, del sector Alma Rosa I, despojándolo de una pistola Browning, 9 milímetros.
En su accionar delictivo figura, además, haber herido de bala a Heriberta Alcántara González, de 30 años.
Al grupo también se le imputan mas de 40 asaltos a mano armadas, perpetrados a diferentes establecimientos comerciales, entre los que figuran el colmado «Richard», ubicado en el Perla Antillana; Súper colmado «Guerrero», en El Almirante; colmado «Tejada», en El Almirante.
La Policía informó que profundiza las investigaciones, ya que quedan pendientes por recuperar en manos de los prófugos varias armas de fuego, incluyendo una pistola Carandaí, utilizada para matar al mayor del Ejército Tolentino Valdez.
almomento.net
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.