Latinoamericanas
Desmienten maltrato y abuso sexual a exjueza venezolana
Varias internas recluidas en el centro penitenciario donde estuvo recluida la exjueza venezolana, María Lourdes Afiuni, desmintieron la versión de una presunta agresión sexual sufrida en el penal. La exjueza es procesada por delitos de corrupción, abuso de autoridad entre otros delitos.
La exjueza venezolana, María Lourdes Afiuni, está siendo procesada por ayudar al banquero venezolano Eligio Cedeño (Foto:Archivo)
Compañeras de reclusión desmintieron la denuncia, realizada a través de un libro, del presunto maltrato y abuso sexual a la exjueza venezolana, María Lourdes Afiuni, quien es procesada por delitos de corrupción, abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión del banquero Eligio Cedeño, requerido por la justicia de ese país de incurrir en evasión de fondos y en estafa inmobiliaria.
En declaraciones a la estatal de televisión VTV, una de las internas el Centro de Reclusión del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) en Los Teques en el estado Miranda (norte de Venezuela) manifestó en relación a la presunta violación que denunció Afiuni que “si a ella le hubiese pasado eso, lo hubiese dicho el mismo día. Ella sabe los procedimientos y sabe que después de dos años, un médico no sabrá sí fue violada o no”.
La información sobre la presunta agresión sexual contra la exjueza se dio a conocer a través de un libro recientemente publicado, donde la jueza afirma haber sido violada y producto de la agresión sexual haber concebido un hijo que perdió por un aborto espontáneo. La exjueza nunca denunció la supuesta agresión a pesar de ser una privada de libertad con un gran acceso a los medios de comunicación.
Las internas se mostraron sorprendidas cuando Afiuni alegó un supuesto embarazo, debido a que en numerosas ocasiones se quejaba de “calorones”, propios de mujeres pre-menopaúsicas.
En esa misma línea se expresó la interna Yadira Torres, quien explicó que el ambiente interno del penal es de respeto, “ahí nadie se mete con nadie, ahí uno llega, algunas internas te reciben, te dicen dónde te tienes que acomodar, te dan el espacio que te va a corresponder con la gente que hay ahí. Sí, hay bastante gente, pero ahí nadie se mete con nadie. Si tú no hablas, nadie te habla, si tú no dices, no te dicen, ahí respetan”.
Sobre la versión que desde su cuarto se veían garitas y que en el centro se realizaban reiteradas fiestas, argumentaron: “Hay un timbre de silencio que se prende a las 9 de la noche y luego se activa nuevamente hasta a las 6 de la mañana del otro día”.
Otra interna, Anni Estaba, informó que a Afiuni se le otorgaban, de manera muy seguida, visitas especiales, entre las que se encuentra la de su estilista. «A ella se le otorgaban visitas especiales bastante seguido, venían muchos amigos, abogados, jueces, fiscales y personas que podía entrar libremente al penal», comentó.
La exjueza estaba en una celda de máxima seguridad
La exdirectora del Inof, Isabel González, tras las denuncias de presunto abuso contra la ex jueza María Lourdes Afiuni publicadas en un libro, afirmó que “ella solicitó a viva voz que debía permanecer en un espacio de seguridad máxima, porque temía por su integridad física, todos los días teníamos presencia fiscal”.
González agregó que el caso Afiuni y su relación con el banquero Eligio Cedeño recibió mucha cobertura de los medios. “Si por lo más mínimo la privada de libertad se quejaba ¿Por qué esperar dos años para decir que existió una violación en su contra?”.
En esa misma línea se expresó la directora de Relaciones Internacionales y Recursos Humanos del Ministerio de Servicios Penitenciarios venezolano, Laila Tajeldine, quien consideró que “no puede ser que cada vez que el Estado quiera aplicar el sistema de justicia, vayan a tildar a los procesados como presos políticos».
Tajeldine expresó que se considera que María Lourdes Afiuni no es ‘presa política’, tal como lo han querido hacer ver algunos medios de comunicación, porque se le acusa de delitos de corrupción, abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión del banquero Eligio Cedeño.
“Ella es una mujer que ayudó a un ladrón a escaparse a salir ileso y ahora, irónicamente, es denominada ‘presa política’” aseguró Tajeldine.
Latinoamericanas
Persiste el caos en Haití que espera el pleno establecimiento del Consejo de Transición
Latinoamericanas
ONG reporta 241 personas muertas en las cárceles de El Salvador en dos años de régimen de excepción
AP
El Salvador.-La organización Socorro Jurídico Humanitario afirmó el miércoles que 241 personas murieron en las cárceles en los dos años de vigencia del régimen de excepción en el país, luego de ser detenidos como sospechosos de ser pandilleros o colaborar con estos grupos criminales.
La directora de la organización, Ingrid Escobar, dijo que desde 2022 han recibido 500 denuncias de fallecidos bajo custodia del Estado, pero «nosotros hemos confirmado 241: 239 adultos y dos niños hijos de privadas de libertad».
Según el informe de la ONG, «el 44% murió por muerte violenta, torturas graves, el 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente».
El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, consiguió que el Congreso del país aprobara hace dos años un régimen de excepción, como parte de su política de mano dura contra las pandillas, que suspendió derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado o el de conocer los motivos de la detención.
Además, el plazo de detención administrativa —sin pasar a disposición judicial— se extiende de 72 horas a 15 días y hasta dos años para investigarlos.
La medida fue la respuesta del gobierno a los índices de violencia y de asesinatos en el país.
La situación de los detenidos en las cárceles de El Salvador ha sido recurrentemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por vulneración de los mismos.
Socorro Jurídico Humanitario también pidió al Estado salvadoreño que investigue conforme a la ley «todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, así como todas las desapariciones forzadas de detenidos».
Por su parte, la organización Cristosal registra más de 3,500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.
Amnistía Internacional también sostiene que ha habido desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo custodia del Estado, así como trato cruel e inhumano, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.
Al presentar el informe, la directora Escobar dijo que «el Estado de El Salvador tiene que estar claro que ha sido violador de tratados internacionales y que ha cometido crímenes de lesa humanidad».
Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, indicó que desde la entrada en vigencia del estado de excepción el 27 de marzo de 2022, han detenido a 79,184 personas, calificadas como «presuntos terroristas». Con estas cifras, el ministro refirió que han capturado al 75% de los pandilleros del país y que la mayoría del 25% faltante, ya están fuera del territorio nacional.
El mismo gobierno ha tenido que liberar a más de 7,000 personas por falta de pruebas en los últimos dos años. Alrededor del 90% de los reclusos están en la cárcel sin sentencia.
En ese sentido, la ong Socorro Jurídico Humanitario estimó que el 35% son inocentes y que el 94% de los fallecidos no tenían afiliación con pandillas.
«La mayoría eran personas trabajadoras como comerciantes informales, taxistas y/o transportistas informales, agricultores, pescadores, pastores y predicadores evangélicos, empleados municipales y un sindicalista», señala en informe.
No obstante, el ministro Villatoro reiteró en una entrevista con la televisión local la necesidad de continuar con la política de seguridad contra las pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
Según el gobierno, la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6,665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2023, el año cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 homicidios de presuntos pandilleros, que fallecieron en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas.
Según cifras oficiales, en los tres primeros meses de 2024 se contabilizan 31 homicidios, un 34% menos que los 47 registrados en el mismo periodo del año pasado. En los dos primeros días del abril, se ha confirmado un homicidio.
Con al régimen de excepción, el Congreso también reformó el Código penal para aumentar las penas de cárcel para los pandilleros y sus colaboradores. Además, los fiscales pueden presentar juicios masivos por clicas —o grupos de pandillas— sin necesidad de individualizar los procesados.
Latinoamericanas
Haití extiende por un mes más el estado de emergencia en la capital debido a la violencia
Efe
Puerto Príncipe.-El Gobierno de Haití informó este miércoles que extenderá el estado de emergencia en todo el Departamento Oeste, donde se ubica la capital, desde este jueves hasta el 3 de mayo próximo.
Las autoridades también decidieron extender el período de toque de queda en toda esa demarcación desde este miércoles hasta el 10 de abril próximo.
Estas disposiciones han sido tomadas con el fin de restablecer el orden y tomar las medidas oportunas para recuperar el control de la situación, dijo el comunicado emitido por la oficina del primer ministro interino, Michel Patrick Boisvert.
El toque de queda se extenderá desde las siete de la noche hora local (24:00 GMT) hasta las seis de la mañana hora local del miércoles venidero (11:00 GMT).
Esta medida no se aplica a los agentes del orden en servicio, bomberos, conductores de ambulancias, personal sanitario y periodistas debidamente identificados.
Durante el período del estado de emergencia, todas las manifestaciones en la vía pública están prohibidas, de día o de noche, en el Departamento Oeste.
En consecuencia, se ordenó a la policía utilizar todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir el toque de queda y detener a todos los infractores.
La orden de Boisvert no sorprende a los haitianos, ya que la situación de violencia imparable que afecta a la capital, principalmente, se mantiene a causa de los ataques por doquier de las bandas armadas que controlan o inciden en casi la totalidad de Puerto Príncipe.
Lo dispuesto por el ministro interino se produce cuando aumentan las expectativas en torno a reuniones para la conformación del Consejo Presidencial para la Transición en Haití, impulsado por la Comunidad del Caribe (Caricom) y países como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, con el propósito de sacar a Haití de una situación de inseguridad sin precedentes.
Mientras se llevan a cabo esas discusiones, algunas zonas de la región metropolitana de la capital presentaron este miércoles una aparente calma, y en otras áreas se escucharon intensos tiroteos durante todo el día.
La Policía Nacional de Haití (PNH) intensificó sus operaciones como única institución que queda en pie en el país desde que estalló la crisis a finales de febrero pasado, y se declara movilizada y decidida a seguir luchando contra las bandas armadas en concertación con la población.
En un comunicado hecho público este miércoles, la PNH anunció la muerte de un poderoso jefe de banda en un intercambio de disparos, así como la incautación de armas y municiones.
‘New York New York’, el jefe de la banda de Cité Doudoune, en la comuna de Croix-des-Bouquets, al norte de la capital, fue abatido, según la policía, durante una operación para acabar con el bandidaje.