Reportaje A Fondo
Despenalización del aborto en Colombia: la historia de lucha de miles de mujeres
La organización Causa Justa, que consiguió despenalizar el aborto en Colombia hasta la 24ª semana, recoge el testigo del movimiento feminista, de Florence Thomas a Mónica Roa
Mexico/Bogotá.-Este lunes hubo fiesta en el centro de Bogotá. Cientos de personas llenaron las calles que rodean el edificio de la Corte Constitucional, en pleno corazón de la capital colombiana. Celebraban que los magistrados decidieron despenalizar la interrupción del embarazo hasta la 24ª semana. Las mujeres jóvenes fueron las protagonistas de un festejo que varias generaciones esperaban desde hace tiempo en un país donde nunca ha sido fácil hablar del aborto. Florence Thomas, una de las voces más influyentes del feminismo en Colombia, recuerda que hasta hace apenas unos años era un tema casi prohibido. “La gente se salía de mis charlas cuando empezaba a hablar del aborto”, decía Thomas a este diario en noviembre pasado, cuando el constitucional ya estudiaba la demanda del movimiento feminista colombiano representado por la organización Causa Justa, que recoge el testigo de mujeres como Florence Thomas o Mónica Roa, la abogada que consiguió en 2006 la despenalización del aborto en tres causales.
Thomas llegó de Francia a vivir en Colombia a finales de los sesenta y se encontró con un país que no escuchaba a las mujeres. “Parecía que los hombres eran los únicos que podían hablar. Yo no entendía eso”. No había espacio para debatir sobre la interrupción del embarazo, pero los grupos feministas insistieron y lo que se logró esta semana no habría sido posible sin la rebeldía de mujeres con Florence, como todos la conocen. A través de su trabajo como maestra en la Universidad Nacional, como escritora, pero sobre todo como una de las líderes de la organización Mesa por la vida y la salud de las mujeres, ha promovido una conversación en torno a la interrupción del embarazo y la educación reproductiva.
Entre los años ochenta y noventa, se presentaron ante el Congreso –recuerda Florence– al menos siete proyectos de ley para despenalizar el aborto y todos terminaron archivados. “La Iglesia tenía más peso que ahora en las decisiones que se tomaban. Recuerdo que me invitaban a programas de televisión y la contraparte era cualquier antiderechos que aparecía con un feto metido en tarro. Así era muy difícil debatir”, cuenta la activista, que reconoce la importancia del movimiento Católicas por el derecho a decidir (CDD) en la discusión sobre el aborto en un país tan religioso como lo es Colombia. En 2006, los grupos feministas alcanzaron un hito con el trabajo liderado por la abogada Mónica Roa. “Ella cambió el rumbo de la historia”, reconoce Thomas. Roa se dio cuenta de que el camino no era el Congreso. Habían fracasado tantos intentos allí, que decidió probar en la Corte Constitucional y logró que los magistrados despenalizaran el aborto en tres casos: cuando la vida o la salud (física o mental) de la mujer está en peligro; cuando el embarazo es resultado de violación o incesto; o cuando una malformación fetal hace inviable la vida fuera del útero.
Muchas libertades individuales han avanzado en Colombia a golpe de sentencias de la Corte Constitucional sobre discusiones que provocan choques de valores. La del aborto marcó un antes y un después. Para entonces, solo abrirse a la posibilidad de las causales era un avance gigantesco. “Éramos bastante pequeñas comparadas con el movimiento que hay hoy en día”, al que admira y agradece, recuerda Roa por teléfono desde su vivienda en Madrid. En su momento tuvo que enfrentar amenazas de seguridad y mantener guardaespaldas por años. “Siento que cada vez hay un movimiento social con una base juvenil muy grande que va haciendo suyos estos reclamos”.
Las olas de entonces ya empiezan a hacer marea. “Esto que pasa hoy va a tocar la vida de muchísimas personas en Colombia, y les va a dar una oportunidad de imaginar un país en donde todas las maternidades sean deseadas”, celebra Roa sobre la decisión de la Corte, que califica como un paso de gigante, o un salto cuántico. “Desde hace muchos años hay una triada de países que son México, Argentina y Colombia, que van halando la vanguardia en Latinoamérica”, valora. Sin embargo, reconoce con la perspectiva que da el tiempo los límites del denominado litigio estratégico, y que las causales han demostrado no ser suficientes. “Los procesos de cambio social son eso, procesos. No ocurren de la noche a la mañana. Una cosa es convencer a una mayoría de jueces de la Corte Constitucional y otra lograr remover los obstáculos institucionales y culturales del sector de la salud, la educación, la función pública y todos los que sean relevantes para que todas las mujeres que necesiten un aborto conozcan sus derechos y los puedan ejercer de manera digna y oportuna”.
Aún está pendiente hacer realidad la promesa que la Constitución de 1991 le hace a las mujeres y niñas. “Solo cuando se logren remover los obstáculos institucionales y culturales para tener plena educación sexual, acceso a anticonceptivos, protección frente a la violencia sexual, aborto libre, digno y responsable y practicado lo antes posible, servicios de maternidad segura, y justicia para los abortos forzados, podremos promover ciudadanías libres y responsables, y familias con relaciones sanas que construyan país, desarrollo y bienestar”, concluye.
Desde que se promulgó la Constitución de 1991, el mayor hito en torno al aborto era esa sentencia del 10 de mayo de 2006, en la que la Corte Constitucional le puso un piso a la despenalización. El tribunal señaló que no era posible revocar esas tres causales, pero el Congreso podía avanzar en una despenalización mayor siempre y cuando respetara esos mínimos –lo que nunca ocurrió–. En aquel momento, la dignidad humana comenzaba a tener un mayor peso en la jurisprudencia, y prevaleció en la decisión, recuerda el exmagistrado Manuel José Cepeda, quien emitió entonces una recordada aclaración de voto. “El punto de partida, y lo esencial, es la dignidad humana. Por eso las tres excepciones que abre la Corte en ese momento tienen las características que tienen”, explica el jurista. Destaca que son momentos distintos, pues mientras en 2006 la controversia estaba planteada contra la penalización absoluta, ahora se ha planteado en la necesidad de ir más allá. “Las mujeres no están pudiendo acceder aún cuando se encuentran legítimamente en esas tres causales. Entonces, dentro del espíritu de la sentencia anterior hay que avanzar para que se quiten las barreras de acceso. Y la única manera es que la mujer pueda, en ejercicio de su dignidad y autonomía, tomar la decisión”, señala Cepeda. “Lo que está en juego acá es el goce efectivo del derecho. En la práctica, no exclusivamente a nivel jurídico. Para los magistrados es fundamental que los derechos no se queden en el papel”.
El paso del Constitucional llevaba tiempo madurando. “Tenemos un presidente de derecha que ha impedido cualquier avance en materia de regulación, pero al mismo tiempo estamos en un momento en que globalmente hay una movilización feminista importante y ha habido cambios legales en muchos sitios, entonces políticamente es un escenario con oportunidades y restricciones”, valora la académica Isabel Cristina Jaramillo, profesora de Derecho de la Universidad de Los Andes que ha sido asesora de Causa Justa. “Lo que se esperaba en el 2006 era volver este un debate más laico, y eso se ha logrado. El debate contemporáneo es laico, y en materia de derechos de las mujeres”, apunta la también autora de La Batalla por el Derecho al Aborto, que además ha sido postulada como magistrada del Constitucional. Señala que, bajo las circunstancias actuales, los médicos revisan las causales y tienden a interpretarlas de la manera más restrictiva. “Frente al abandono del Congreso, las mujeres tenemos que buscar nuestra protección de los derechos frente al órgano que está encargado, que es la Corte Constitucional. Hay personas muriendo, yendo a la cárcel, por algo que ya se definió en la sociedad colombiana, y es que impedirle a las mujeres abortar en ciertas circunstancias es vulnerarles su dignidad”.
Figuras como Thomas, que ha dedicado su vida a hablar del aborto, aplauden lo que han hecho las mujeres más jóvenes para lograr que la despenalización, así no sea total, hoy sea una realidad. “Cuando empezamos no teníamos redes, ni internet, solo teníamos las calles y ahí salíamos a gritar. Cuando veo ahora a las jóvenes me alegra saber que ellas tienen más opciones para impactar”, dice.
Catalina Martínez es una de las voces de la generación que en los últimos años ha llevado las banderas a favor del aborto en Colombia. Es la directora regional del Centro de Derechos Reproductivos y desde allí ha acompañado legalmente a madres que han visto morir a sus hijas tras un aborto clandestino o a mujeres acusadas judicialmente por haber interrumpido su embarazo. “[Llegar aquí] es el resultado de muchas luchas feministas y de haber dado pasos contundentes durante todos estos años. El Congreso colombiano se ha quedado corto frente a la oportunidad de legislar sobre los derechos de las mujeres, por eso la Corte Constitucional se convirtió en la puerta para materializar y acceder a nuestros derechos”, decía Martínez el pasado noviembre cuando estaba por vencerse uno de los plazos que tenía la Corte para fallar.
Causa Justa logró abrir una conversación pública sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos que jamás se había visto en Colombia. Hoy solo el 20% de los ciudadanos está de acuerdo con que las mujeres vayan a la cárcel por abortar. Artistas, líderes de opinión y políticos se han unido al movimiento a favor del aborto y han hecho de este un espacio más diverso. “La causa va más allá de grupos feministas. Esto se trata de un tema de salud, de derechos humanos, de democracia”, dice Martínez.
Mariana Ardila es otra de las abogadas que ha contribuido al avance en los derechos de las mujeres en Colombia. Desde Women’s Link ha liderado la lucha por el aborto libre desde hace más de una década. “El país no ha cambiado por arte de magia, esto ha sido el resultado de un trabajo sostenido de varias organizaciones para investigar, hacer litigio estratégico, hablar con médicos”. La despenalización del aborto hasta la semana 24 es el máximo logro de un trabajo de muchos años y del esfuerzo de muchas personas. “No sé si la gente dimensiona lo que hay detrás de la historia que se escribió hoy. No somos unas cuantas. Somos miles. Somos cada vez más. Lo pusimos y lo dejamos todo. ¡Y este es el resultado!”, escribió en un tuit Mariana Ardila tras conocer la noticia. Colombia hoy es un país más justo gracias al movimento feminista.
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São Paulo.-Hace cuatro años Brasil eligió uno de los Congresos más conservadores de las últimas décadas. Un Parlamento de mayoría bolsonarista, dominado de nuevo por señores de tez blanca, traje, corbata y Biblia. Basta comparar el poder político de los religiosos al de las mujeres. Los escaños de la bancada evangélica duplican a los ocupados por legisladoras. Pese a haber tenido una presidenta, el porcentaje de diputadas en Brasil es menor que en cualquier otro país latinoamericano… Y menor que en Arabia Saudí. Pero en aquella misma elección los brasileños también eligieron por primera vez en la historia a dos diputadas transexuales: las izquierdistas Erika Hilton, 32 años, y Duda Salabert, 44 años.
Paradojas de un país que es al mismo tiempo paraíso e infierno para ese colectivo, porque en pocos rincones del mundo tiene tanta visibilidad, pero ninguno es tan letal (al menos 80 asesinatos en 2025).
La reciente elección de una de ellas, Hilton, como presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer ha desatado una polémica formidable en torno a la diputada, la definición de mujer y la representatividad. “Siempre seré mujer”, contestó ella.
Con once votos a favor y diez en blanco, su designación fue saludada por sus aliadas de la izquierda parlamentaria como un paso más a favor de la inclusión en la política institucional. Toma el relevo al frente de la comisión de una parlamentaria indígena, también del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). La diputada Hilton también suele definirse como “una travesti negra, de la periferia”. Erika Santos Silva creció en una favela de Francisco Morato, una ciudad en la zona metropolitana de São Paulo.
En esta controversia, a la cuestión trans, que desgarra al feminismo en medio mundo, se le suman los componentes de raza y clase, una arraigada polarización, la toxicidad de las redes sociales y la cuenta atrás para unas elecciones muy reñidas.
Los más reaccionarios intentaron sabotear la designación con una campaña para la que se apropiaron del lema Ele, não (Él, no), con el que la izquierda intentó galvanizar en 2018 la oposición a que Jair Bolsonaro alcanzara el poder, y lo resignificaron como ofensa tránsfoba. Fracasaron. Una vez electa, los ultras atacaron sin piedad a la diputada Hilton al grito de que no es una mujer “de verdad” y, por tanto, carecería de legitimidad para el cargo. Otras voces combinaron la defensa de los derechos de los transexuales con el temor a que las cuestiones identitarias monopolicen el debate en la Comisión de la Mujer y los problemas cotidianos y acuciantes que atañen a las brasileñas de a pie acaben arrinconados o diluidos en una discusión ideológica.
La nueva presidenta de la comisión ha anunciado que su prioridad será fiscalizar la red de acogida de mujeres maltratadas (en un momento en que Brasil contabiliza cuatro feminicidios al día, más que nunca), luchar contra la violencia política de género y promover políticas de salud integral para las brasileñas.
Blanco de incontables ataques y bregada en frecuentes polémicas, la parlamentaria celebró el nombramiento como “una reparación de la historia para tantas mujeres a las que les negaron la dignidad”. Y a sus críticos los despachó con el estilo combativo que ha convertido en marca de la casa: “La opinión de transfóbicos e imbeCIS es loúltimoo que me importa”, tuiteó con esas mayúsculas, haciendo un juego de palabras en portugués con imbécil y cisgénero, las personas que se identifican con el género con el que nacieron.
Antes de saltar en 2022 al Congreso en Brasilia, Erika Hilton triunfó en las municipales de 2020 como la concejala más votada del país. Destaca entre sus señorías porque entra al embate directo, tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram y es objeto preferencial de ataques y amenazas de la derecha más radical. Y por su aspecto. Sí, tacones, vestidos ajustados y melena siempre impecable. Ella misma ha contado que de niña soñaba con ser presentadora o artista, y que decidió entrar en política al verse tirada en la calle, forzada a ganarse la vida con la prostitución, cuando era una cría de 14 años.
En una larga entrevista con el podcast Mano a mano contó que la misma madre que la crio con su abuela en un hogar donde tuvo la libertad ser tal y como se sentía abrazó un día el fundamentalismo religioso y la expulsó de casa. “De repente, era un demonio, un animal”. Ese dolor la impulsa y la acompañará siempre, aunque se haya reconciliado con su madre. “Queremos caminar con la cabeza erguida, vivir más allá de los 30 años y ser algo más que putas”, explicó en aquella entrevista.
Con un 18% de parlamentarias, los problemas de las mujeres brasileñas siempre han resultado bastante secundarios para el Parlamento. Por la presidencia de la Comisión de la Mujer ya han pasado diputadas de derechas, centro e izquierda, pero si un partido tan pequeño como el PSOL logra presidirla es porque no es ahí donde se libran las batallas políticas más relevantes para sus señorías. Un veterano observador del Congreso dice que la Comisión de la Mujer nunca, desde que fue creada en 2016, había concitado tanta atención.
Tanto Hilton como Salabert se han esforzado hacer política parlamentaria más allá de la defensa de los derechos LGTBQ+. Tienen estilos muy distintos, pero ambas son blanco preferencial de ataques derechistas, sea por su condición de mujeres, por ser transexuales o por sus propuestas. Mientras la primera centra su trabajo en cuestiones de derechos humanos o derechos laborales, como la ampliación de uno a dos días libres por semana, la segunda aborda esos asuntos además de cuestiones mediaombientales y educativas. Mientras a Hilton se la ve cómoda en la confrontación directa, Salabert, del Partido Democratico Trabalista ( PDT), de centro-izquierda, apuesta más por la conciliación.
Al hilo de la polémica, la parlamentaria Salabert ha criticado “la indignación selectiva” y recordado algunos hechos a los desmemoriados que ahora salen a defender a las mujeres: que Brasil ya tuvo una comisión municipal de la mujer integrada solo por hombres (en São Paulo, en 2024), partidos que usan candidatas femeninas fraudulentas para beneficiarse de las cuotas de género o que la dirección del Partido de la Mujer Brasileña es netamente masculina.
Todas las formaciones políticas calientan ya motores para las elecciones de octubre, de las que saldrán el presidente, los gobernadores y el Congreso. Las negociaciones para formar candidaturas y alianzas son intensas. Ni una sola mujer suena como candidata a la presidencia en unos comicios dominados por Lula y Bolsonaro hijo. Tampoco se espera ninguna revolución que propicie un desembarco de mujeres que coloque a Brasil en la parte alta de la tabla de la representación parlamentaria femenina, junto a países como México, Bolivia o Costa Rica, que rondan el 50%.
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La embajada estadounidense afirma: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado” en la designación de nuevos funcionarios de la Corte
En lo que parece ser una razón más de indignacion de los paises latinoamericanos, según una publicaciñn del periódico El Pais de España, la cual es reproducida inextensa por este diario, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó este martes de que su Gobierno consultó con el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre una supuesta injerencia en la elección de dos magistrados, entre ellos la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien, según la información del mandatario, sería nombrada para ocupar una silla en la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país.
“Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros, como Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras”, dijo Arévalo en una conferencia de prensa y en un comunicado emitido más tarde por el Gobierno. “Esta situación es altamente irregular y preocupante. Acciones como estas son incongruentes con el excelente estado de las relaciones entre nuestro Gobierno y el de Estados Unidos. Por ello, hemos comenzado las consultas con el Departamento de Estado para aclarar esta situación”, informó el mandatario.
Consuelo Porras en Guatemala, en septiembre de 2025.Congreso de Guatemala
Guatemala deberá designar este año a los nuevos magistrados de la Corte para el periodo 2026-2031. Para integrar ese ente, el Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios y la Universidad de San Carlos, la principal del país, votan a lo interno para nombrar a un magistrado titular y un suplente eligiendo así cinco magistrados titulares y cinco suplentes que dirigirán esa Corte.
Las declaraciones del presidente surgieron luego de que uno de los candidatos que apoyaba el Ejecutivo a través de su bancada oficial y de diputados aliados, Rony López, actual magistrado suplente de la CC, quien ha denunciado al MP por seguimiento y amenazas, perdió los votos y en su lugar comenzó a correr el rumor de que el actual magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, sería reelecto.
Molina Barreto fue candidato a la vicepresidencia en 2018 con Zury Ríos, la hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, acusado de haber cometido un genocidio contra las poblaciones indígenas de Guatemala. Además, ha sido criticado por sus fallos judiciales en los que anuló la condena por genocidio contra Ríos Montt, por fallar a favor del expresidente condenado por corrupción Otto Pérez Molina y por beneficiar al líder del Barrio 18, Aldo Ochoa.
Medios locales, que han documentado dos lobbys pagados por políticos de oposición y algunos empresarios de la élite guatemalteca, atribuyen el apoyo de la mayoría de diputados y de la embajada de Estados Unidos a favor de Barreto debido a ese cabildeo. La embajada estadounidense en Guatemala no respondió a las consultas sobre la denuncia del presidente. John Barrett, encargado de negocios de la embajada, dijo en la red social X que “como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”.
Reportaje A Fondo
Una segunda vida para los disfraces de Carnaval: la idea de Río para que los residuos de la fiesta no acaben en el vertedero
El proyecto ‘Sustenta Carnaval’ ha recuperado casi 70 toneladas de los vestuarios que se usan en el Sambódromo, reduciendo emisiones e integrando a población en riesgo de exclusión social
Río de Janeiro.-En la bella canción del sambista carioca Martinho da Vila llamada ‘Para tudo se acabar na quarta feira (Para que todo se acabe el miércoles)’ el compositor exalta, con cierta melancolía, a los artesanos del carnaval, esas personas anónimas que trabajan todo el año “empeñadas en construir la ilusión” para que después, todo se termine el Miércoles de Ceniza. El carnaval es, por definición, la fiesta de la alegría efímera, pero en el caso del Sambódromo de Río de Janeiro, con sus monumentales desfiles, esa fugacidad tiene un coste ambiental considerable. En las noches en que reinan las escuelas de samba, desfilan decenas de miles de personas vestidas con aparatosos disfraces, unos 100.000 cada año. Su vida útil es lo que se tarda en cruzar el gran estadio del carnaval durante el desfile, menos de 90 minutos. Hasta hace pocos años, después de brillar bajo los focos y los aplausos muchos de ellos acababan en el vertedero. Para luchar contra ese problema ambiental y convertir el residuo en oportunidad, hace unos años surgió el proyecto ‘Sustenta Carnaval’.
La sede de la organización está en la zona portuaria de Río, a pocos pasos de la Cidade do Samba, el gigante recinto donde se construyen las carrozas y se confeccionan los disfraces del carnaval. Aquí el almacén es menos opulento, pero igualmente colorido: montañas de disfraces se acumulan en el suelo y suben varios metros hasta casi tocar el techo en algunos puntos. Son los restos de los carnavales de otros años, que tras pasar por aquí tendrán una segunda oportunidad: los clientes de a pie más creativos pueden llevarse piezas tras un módico precio en función del peso, pero además hay convenios con agrupaciones carnavalescas con menos recursos o incluso con ayuntamientos de otras ciudades que buscan organizar un carnaval más económico. También se donan a escuelas públicas, o se alquilan a compañías teatrales y rodajes de cine. La idea es reciclar de todas las maneras posibles. De momento, en los últimos cinco años, los impulsores de la idea ya han salvado de la basura 66 toneladas.
Pululando entre esta marea de sombreros, faldas, plumas y todo tipo de tejidos aparece, siempre sonriente, Jean Santos, el coordinador técnico del proyecto. Recuerda divertido la aventura del primer año: “Fue un test, alquilamos un camión y recolectamos tres toneladas. Las colocamos provisionalmente en mi casa y en casa de una amiga, fue una locura”. En realidad, las propias escuelas de samba recopilan sus propios disfraces para reutilizar lo que se pueda al año siguiente (tras un minucioso trabajo de descarte, reconversión, pintura, tinte, etc).
No obstante, muchas no tienen los recursos ni la logística necesaria para movilizar camiones, personal y almacenes y acaban desechando parte de sus disfraces. Durante años, muchos quedaban acumulados al final del Sambódromo durante horas, pero generaban problemas incluso de seguridad, porque se generaban auténticas montañas que dificultaban la salida del recinto de los componentes de las escuelas, un flujo continuo que dura toda la madrugada durante cinco noches consecutivas.
El proyecto ha sido premiado incluso en el Reino Unido y ha logrado la certificación ISO20121, por su minucioso trabajo para mitigar la huella de carbono de estas piezas. Se sabe que la industria textil es de las más contaminantes del mundo, y según estudios de ‘Sustenta Carnaval’ un kilo de un estos disfraces generalmente sintéticos y procedentes de China o India ha supuesto, a lo largo toda su trayectoria, la emisión de 47,2 kilos de CO2 equivalente. Por eso estiman que con todo lo que se ha reusado hasta ahora se ha evitado la emisión de más de 3.115 toneladas de CO2 en a la atmósfera.
Pero la preocupación no es sólo ambiental, sino también social. En el almacén de Río trabajan personas en riesgo de exclusión social y parte de los disfraces son transformados en carteras por mujeres inmigrantes y vecinas de una favela de la ciudad de Niterói. En el propio almacén de la organización estos días se imparten talleres de reciclaje de disfraces y accesorios.
‘Sustenta Carnaval’ cuenta con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente del ayuntamiento de Río y de la Liga Independiente de las Escuelas de Samba, pero faltan recursos. Santos explica que el sueño que acarician ahora es poder construir un entresuelo para ganar espacio y clasificarlo todo. Además, así también podrían impartir clases continuamente. “Nuestro sueño es que las personas que trabajan todos los años en el carnaval puedan hacer un curso y certificarlas como profesionales. Hoy en día ya hay cursos de posgrado en temas de carnaval, pero sobre todo en el mundo académico. La gente que está en la base no está certificada, nuestra idea es revertir eso”, dice optimista. Mientras tanto, una vez termine el carnaval, la rueda volverá a ponerse en marcha: será hora de hacer espacio para otra veintena de toneladas y de ir pensando en cómo aprovechar esa infinidad de posibilidades.
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