Reportaje A Fondo
Despenalización del aborto en Colombia: la historia de lucha de miles de mujeres
La organización Causa Justa, que consiguió despenalizar el aborto en Colombia hasta la 24ª semana, recoge el testigo del movimiento feminista, de Florence Thomas a Mónica Roa
Mexico/Bogotá.-Este lunes hubo fiesta en el centro de Bogotá. Cientos de personas llenaron las calles que rodean el edificio de la Corte Constitucional, en pleno corazón de la capital colombiana. Celebraban que los magistrados decidieron despenalizar la interrupción del embarazo hasta la 24ª semana. Las mujeres jóvenes fueron las protagonistas de un festejo que varias generaciones esperaban desde hace tiempo en un país donde nunca ha sido fácil hablar del aborto. Florence Thomas, una de las voces más influyentes del feminismo en Colombia, recuerda que hasta hace apenas unos años era un tema casi prohibido. “La gente se salía de mis charlas cuando empezaba a hablar del aborto”, decía Thomas a este diario en noviembre pasado, cuando el constitucional ya estudiaba la demanda del movimiento feminista colombiano representado por la organización Causa Justa, que recoge el testigo de mujeres como Florence Thomas o Mónica Roa, la abogada que consiguió en 2006 la despenalización del aborto en tres causales.
Thomas llegó de Francia a vivir en Colombia a finales de los sesenta y se encontró con un país que no escuchaba a las mujeres. “Parecía que los hombres eran los únicos que podían hablar. Yo no entendía eso”. No había espacio para debatir sobre la interrupción del embarazo, pero los grupos feministas insistieron y lo que se logró esta semana no habría sido posible sin la rebeldía de mujeres con Florence, como todos la conocen. A través de su trabajo como maestra en la Universidad Nacional, como escritora, pero sobre todo como una de las líderes de la organización Mesa por la vida y la salud de las mujeres, ha promovido una conversación en torno a la interrupción del embarazo y la educación reproductiva.
Entre los años ochenta y noventa, se presentaron ante el Congreso –recuerda Florence– al menos siete proyectos de ley para despenalizar el aborto y todos terminaron archivados. “La Iglesia tenía más peso que ahora en las decisiones que se tomaban. Recuerdo que me invitaban a programas de televisión y la contraparte era cualquier antiderechos que aparecía con un feto metido en tarro. Así era muy difícil debatir”, cuenta la activista, que reconoce la importancia del movimiento Católicas por el derecho a decidir (CDD) en la discusión sobre el aborto en un país tan religioso como lo es Colombia. En 2006, los grupos feministas alcanzaron un hito con el trabajo liderado por la abogada Mónica Roa. “Ella cambió el rumbo de la historia”, reconoce Thomas. Roa se dio cuenta de que el camino no era el Congreso. Habían fracasado tantos intentos allí, que decidió probar en la Corte Constitucional y logró que los magistrados despenalizaran el aborto en tres casos: cuando la vida o la salud (física o mental) de la mujer está en peligro; cuando el embarazo es resultado de violación o incesto; o cuando una malformación fetal hace inviable la vida fuera del útero.
Muchas libertades individuales han avanzado en Colombia a golpe de sentencias de la Corte Constitucional sobre discusiones que provocan choques de valores. La del aborto marcó un antes y un después. Para entonces, solo abrirse a la posibilidad de las causales era un avance gigantesco. “Éramos bastante pequeñas comparadas con el movimiento que hay hoy en día”, al que admira y agradece, recuerda Roa por teléfono desde su vivienda en Madrid. En su momento tuvo que enfrentar amenazas de seguridad y mantener guardaespaldas por años. “Siento que cada vez hay un movimiento social con una base juvenil muy grande que va haciendo suyos estos reclamos”.
Las olas de entonces ya empiezan a hacer marea. “Esto que pasa hoy va a tocar la vida de muchísimas personas en Colombia, y les va a dar una oportunidad de imaginar un país en donde todas las maternidades sean deseadas”, celebra Roa sobre la decisión de la Corte, que califica como un paso de gigante, o un salto cuántico. “Desde hace muchos años hay una triada de países que son México, Argentina y Colombia, que van halando la vanguardia en Latinoamérica”, valora. Sin embargo, reconoce con la perspectiva que da el tiempo los límites del denominado litigio estratégico, y que las causales han demostrado no ser suficientes. “Los procesos de cambio social son eso, procesos. No ocurren de la noche a la mañana. Una cosa es convencer a una mayoría de jueces de la Corte Constitucional y otra lograr remover los obstáculos institucionales y culturales del sector de la salud, la educación, la función pública y todos los que sean relevantes para que todas las mujeres que necesiten un aborto conozcan sus derechos y los puedan ejercer de manera digna y oportuna”.
Aún está pendiente hacer realidad la promesa que la Constitución de 1991 le hace a las mujeres y niñas. “Solo cuando se logren remover los obstáculos institucionales y culturales para tener plena educación sexual, acceso a anticonceptivos, protección frente a la violencia sexual, aborto libre, digno y responsable y practicado lo antes posible, servicios de maternidad segura, y justicia para los abortos forzados, podremos promover ciudadanías libres y responsables, y familias con relaciones sanas que construyan país, desarrollo y bienestar”, concluye.
Desde que se promulgó la Constitución de 1991, el mayor hito en torno al aborto era esa sentencia del 10 de mayo de 2006, en la que la Corte Constitucional le puso un piso a la despenalización. El tribunal señaló que no era posible revocar esas tres causales, pero el Congreso podía avanzar en una despenalización mayor siempre y cuando respetara esos mínimos –lo que nunca ocurrió–. En aquel momento, la dignidad humana comenzaba a tener un mayor peso en la jurisprudencia, y prevaleció en la decisión, recuerda el exmagistrado Manuel José Cepeda, quien emitió entonces una recordada aclaración de voto. “El punto de partida, y lo esencial, es la dignidad humana. Por eso las tres excepciones que abre la Corte en ese momento tienen las características que tienen”, explica el jurista. Destaca que son momentos distintos, pues mientras en 2006 la controversia estaba planteada contra la penalización absoluta, ahora se ha planteado en la necesidad de ir más allá. “Las mujeres no están pudiendo acceder aún cuando se encuentran legítimamente en esas tres causales. Entonces, dentro del espíritu de la sentencia anterior hay que avanzar para que se quiten las barreras de acceso. Y la única manera es que la mujer pueda, en ejercicio de su dignidad y autonomía, tomar la decisión”, señala Cepeda. “Lo que está en juego acá es el goce efectivo del derecho. En la práctica, no exclusivamente a nivel jurídico. Para los magistrados es fundamental que los derechos no se queden en el papel”.
El paso del Constitucional llevaba tiempo madurando. “Tenemos un presidente de derecha que ha impedido cualquier avance en materia de regulación, pero al mismo tiempo estamos en un momento en que globalmente hay una movilización feminista importante y ha habido cambios legales en muchos sitios, entonces políticamente es un escenario con oportunidades y restricciones”, valora la académica Isabel Cristina Jaramillo, profesora de Derecho de la Universidad de Los Andes que ha sido asesora de Causa Justa. “Lo que se esperaba en el 2006 era volver este un debate más laico, y eso se ha logrado. El debate contemporáneo es laico, y en materia de derechos de las mujeres”, apunta la también autora de La Batalla por el Derecho al Aborto, que además ha sido postulada como magistrada del Constitucional. Señala que, bajo las circunstancias actuales, los médicos revisan las causales y tienden a interpretarlas de la manera más restrictiva. “Frente al abandono del Congreso, las mujeres tenemos que buscar nuestra protección de los derechos frente al órgano que está encargado, que es la Corte Constitucional. Hay personas muriendo, yendo a la cárcel, por algo que ya se definió en la sociedad colombiana, y es que impedirle a las mujeres abortar en ciertas circunstancias es vulnerarles su dignidad”.
Figuras como Thomas, que ha dedicado su vida a hablar del aborto, aplauden lo que han hecho las mujeres más jóvenes para lograr que la despenalización, así no sea total, hoy sea una realidad. “Cuando empezamos no teníamos redes, ni internet, solo teníamos las calles y ahí salíamos a gritar. Cuando veo ahora a las jóvenes me alegra saber que ellas tienen más opciones para impactar”, dice.
Catalina Martínez es una de las voces de la generación que en los últimos años ha llevado las banderas a favor del aborto en Colombia. Es la directora regional del Centro de Derechos Reproductivos y desde allí ha acompañado legalmente a madres que han visto morir a sus hijas tras un aborto clandestino o a mujeres acusadas judicialmente por haber interrumpido su embarazo. “[Llegar aquí] es el resultado de muchas luchas feministas y de haber dado pasos contundentes durante todos estos años. El Congreso colombiano se ha quedado corto frente a la oportunidad de legislar sobre los derechos de las mujeres, por eso la Corte Constitucional se convirtió en la puerta para materializar y acceder a nuestros derechos”, decía Martínez el pasado noviembre cuando estaba por vencerse uno de los plazos que tenía la Corte para fallar.
Causa Justa logró abrir una conversación pública sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos que jamás se había visto en Colombia. Hoy solo el 20% de los ciudadanos está de acuerdo con que las mujeres vayan a la cárcel por abortar. Artistas, líderes de opinión y políticos se han unido al movimiento a favor del aborto y han hecho de este un espacio más diverso. “La causa va más allá de grupos feministas. Esto se trata de un tema de salud, de derechos humanos, de democracia”, dice Martínez.
Mariana Ardila es otra de las abogadas que ha contribuido al avance en los derechos de las mujeres en Colombia. Desde Women’s Link ha liderado la lucha por el aborto libre desde hace más de una década. “El país no ha cambiado por arte de magia, esto ha sido el resultado de un trabajo sostenido de varias organizaciones para investigar, hacer litigio estratégico, hablar con médicos”. La despenalización del aborto hasta la semana 24 es el máximo logro de un trabajo de muchos años y del esfuerzo de muchas personas. “No sé si la gente dimensiona lo que hay detrás de la historia que se escribió hoy. No somos unas cuantas. Somos miles. Somos cada vez más. Lo pusimos y lo dejamos todo. ¡Y este es el resultado!”, escribió en un tuit Mariana Ardila tras conocer la noticia. Colombia hoy es un país más justo gracias al movimento feminista.
elpais.com
Reportaje A Fondo
La COP29, en cinco claves: Financiación climática, mercados de carbono, daños y pérdidas
Por Efe
La COP29 debe promover un consenso internacional que permita reducir el uso de combustibles fósiles, uno de los principales responsables del cambio climático.
Desde cómo aumentar la financiación frente a la nueva era de desastres climáticos, hasta cómo mejorar la adaptación, la mitigación de emisiones y la compensación a los países por pérdidas y daños, especialmente a los más vulnerables, son algunas de las cinco claves de las negociaciones de la cumbre climática mundial que se celebrará en Azerbaiyán.
La próxima conferencia de la ONU sobre el clima, la COP29, tendrá lugar en Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre, con la presencia de líderes de todo el mundo al más alto nivel para intentar intensificar la acción por el clima y proteger al mundo frente a los embates climáticos.
Apodada «la cumbre de las finanzas», la COP29 tiene entre sus principales desafíos el de fijar una nueva meta financiera, con la movilización de muchos más recursos, frente al cambio climático, y establecer un nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiación para el clima (NCQG, por sus siglas en inglés) adaptado a los nuevos tiempos.
Los desastres climáticos son cada vez más graves, con olas de calor de dimensiones desconocidas por todo el mundo, huracanes destructivos, sequías, deshielo de los polos; las evidencias llaman a gritos al mundo a buscar soluciones frente al cambio climático antes de que los efectos sean irreversibles.
Estas son las cinco claves de la COP29:
1. Financiación
La agenda de la cumbre vendrá marcada sin lugar a dudas por las negociaciones del denominado «nuevo objetivo colectivo cuantificado» (new collective quantified goal, o NCQG) destinado a liberar mayores flujos financieros frente a la crisis climática.
La COP29 aspira a aumentar a partir de 2025 el desembolso destinado a la lucha climática y actualizarlo a los nuevos tiempos dado que la actual cifra de 100.000 millones de dólares anuales se pactó en 2009 a nivel global por los países desarrollados para respaldar a los más vulnerables frente a los embates del clima pero se queda muy corta.
Este nuevo objetivo colectivo cuantificado es clave para mantener el compromiso del histórico Acuerdo de París de 2015, cuando los países pactaron contener el calentamiento global por debajo de 2 grados respecto a los niveles preindustriales y preferiblemente inferior a 1,5 grados.
Quedan pendientes de resolverse aspectos de la nueva meta financiera de los países: ¿quiénes habrían de confomar la base de países donantes de la financiación? ¿cuáles serían concretamente los receptores de las ayudas?
¿Qué cantidad del desembolso financiero pactado por los países procedería de fuentes públicas y privadas respectivamente? ¿se aportarían los fondos en forma de subvenciones, de préstamos?.
Existen fricciones muy acusadas sobre financiación entre los países desarrollados y el sur global, dado que estos últimos son las grandes víctimas del clima pese a que apenas son responsables del desastre dada su escasa industrialización.
2. Reducción de emisiones de CO2
Las emisiones de CO2 continúan en escalada libre en el mundo pese a los llamamientos de la comunidad internacional para revertirlas, y uno de los principales mecanismos de política climática para controlarlas son los llamados mercados de carbono.
«Quien contamina paga» es el principio que subyace tras dicha herramienta basada en un sistema de asignación de un precio a las emisiones de CO2 y la compra de créditos de derechos de emisiones para animar a gobiernos y empresas a reducirlas.
La COP29 aspira a promover un marco actualizado para estos mercados de carbono que aunque son muy relevantes arrastran ineficiencias. Los expertos reclaman mejor gestión, supervisión, trazabilidad y verificación.
3. Los países vulnerables, en el corazón de las negociaciones
Países en vías de desarrollo, como los africanos reclaman auxilio urgente y también los pequeños estados insulares en medio del océano, ante el riesgo de desaparecer por la subida del nivel del mar por el deshielo de los polos.
El fondo de pérdidas y daños está diseñado para compensar a esos países por los efectos catastróficos del cambio climático, en línea con los compromisos del Acuerdo de París. Es posible que por primera vez en 2025 se pudieran repartir partidas de dicho fondo.
Hasta el momento se han comprometido solo por parte de los países alrededor de 700 millones de dólares pese a que las estimaciones por pérdidas y daños anuales de los países en desarrollo rondan los 400.000 millones anuales.
4. Más ambición climática
La COP29 llamará a aumentar la ambición climática con las contribuciones nacionales determinadas (NDC) o planes de reducción de emisiones de cada país, que deben ser actualizadas según el Acuerdo de París antes de febrero de 2025.
Están pendientes además los primeros Informes de Transparencia Bienales (BTR) que los países deben aportar para evaluar cómo se avanza en la implementación de esas contribuciones nacionales para reducir las emisiones y aumentar la adaptación, un compromiso a menudo eclipsado por el de la mitigación de emisiones.
5. Combustibles fósiles y energías renovables
En la COP28 se acordó que se debía triplicar la capacidad mundial de energías renovables para 2030; la COP29 debe promover un consenso internacional que permita reducir el uso de combustibles fósiles, uno de los principales responsables del cambio climático. (Amaya Quincoces Riesco)
Reportaje A Fondo
España y la brecha global: avances y desafíos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Solo a través de un compromiso renovado y acciones concretas podremos alcanzar los objetivos de la Agenda 2030
El reciente Informe de Desarrollo Sostenible 2024, publicado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, ha puesto de relieve los avances y desafíos que enfrentamos en el camino hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En el ámbito global, el ritmo de avance en los ODS varía significativamente entre los distintos grupos de países. Al igual que en años anteriores, los países europeos, especialmente los nórdicos, encabezan el índice de los países con mayores avances. Finlandia ocupa el primer puesto, seguida de Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia. A la vez, los datos muestran que el progreso medio de los ODS en los grupos de economías emergentes BRICS y los BRICS+ desde 2015 ha sido más rápido que la media mundial. Todo ello tiene como resultado el aumento de las desigualdades entre países, produciendo un mayor desequilibrio mundial. El desarrollo sostenible sigue siendo un reto de inversión a largo plazo, y reformar la arquitectura financiera mundial es, por tanto, más urgente que nunca.
Una vez más, el informe indica que el progreso mundial en el cumplimiento de los ODS se ha estancado desde 2020, con el ODS 2 de Hambre cero, el ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles, el ODS 14 de Vida submarina, el ODS 15 de Vida de Ecosistemas Terrestres y el ODS 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas especialmente retrasados. Las cinco metas en las que la mayor proporción de países muestra un retroceso desde 2015 son la tasa de obesidad (ODS 2), la libertad de prensa (ODS 16), el de protección de ecosistemas (ODS 15), la gestión sostenible del nitrógeno (ODS 2) y —debido en gran parte a la pandemia de covid-19— la esperanza de vida al nacer (ODS 3). Los objetivos relacionados con el acceso básico a infraestructuras y servicios, incluido el de Industria, Innovación e Infraestructuras (ODS 9), muestran tendencias ligeramente más positivas, aunque los avances siguen siendo demasiado lentos y desiguales entre países.
Avances notables en España
Si bien es alentador ver que por primera vez uno de los ODS ha sido cumplido en su totalidad —el ODS 5 de Igualdad de Género—, la realidad es que España aún tiene importantes retos a los que debe hacer frente.
España va avanzando lentamente en el grado de cumplimiento de diferentes objetivos, mejorando su puntuación global hasta la posición 14 entre 167 países evaluados
Desde su implementación en 2015, España ha logrado avances significativos en varias metas claves. Además del cumplimiento por primera vez de uno de los ODS, otros tres objetivos están muy próximos a alcanzar todas sus metas: el ODS 1 de Fin de la Pobreza, el ODS 3 de Salud y Bienestar, y el ODS 7 de Energía Asequible y No Contaminante. España va avanzando lentamente —quizás demasiado lentamente— en el grado de cumplimiento de los diferentes objetivos. Estos progresos han contribuido a que España mejore su puntuación global y escale dos puestos, situándose en la posición 14 entre los 167 países evaluados en el informe. Este ascenso es especialmente notable en comparación con el año 2016, cuando España ocupaba la posición 30.
Otros logros incluyen una reducción en el número de objetivos que hasta el año pasado presentaban desafíos significativos, pasando de seis a cuatro: se ha mejorado en el ODS 8 de Trabajo Decente y Crecimiento Económico y en el ODS 12 de Producción y Consumo Responsable. Esta mejora también se refleja en una disminución del número de indicadores con malos resultados, de 14 en 2023 a 12 hoy.
Pero es importante señalar que los datos del informe también muestran algunos signos de preocupación, como que el ritmo de mejora de los años anteriores parece que pierde velocidad. Concretamente, la tendencia de evolución positiva en la mejora se ve reducida en cuatro objetivos: el ODS 6 de Agua y Saneamiento, el ODS 10 de Reducción de las Desigualdades, el ODS 12 de Consumo Responsable y el ODS 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Sin duda, dimensiones sociales a las que las noticias de los medios de comunicación han prestado atención en el último año.
España está aún tiene un gran camino por recorrer, y, por tanto, es necesario hacer mayores esfuerzos, en el ODS 13 de Acción Climática, el ODS 15 de Vida de Ecosistemas Terrestres, el ODS 17 de Alianzas para Conseguir los Objetivos y el ODS 2 de Hambre Cero. También hay, a pesar de las mejoras, importantes deficiencias en los ODS 12 Consumo Responsable y el ODS 14 de Vida Submarina.
En conclusión, si bien España ha demostrado avances importantes en varios objetivos, los desafíos que persisten requieren un esfuerzo continuo y coordinado. Es crucial que todos los sectores de la sociedad se involucren activamente para lograr el cumplimiento de los ODS y asegurar un futuro sostenible para todos y todas. La transformación de nuestros sistemas educativos y la actualización constante de datos son pasos fundamentales en este proceso. Solo a través de un compromiso renovado y acciones concretas podremos alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda 2030.
elpais.com
Reportaje A Fondo
Los paramilitares de Sudán siembran el terror con la violencia sexual contra las mujeres
El Cairo.-Desde que estalló la guerra civil en Sudán, en abril de 2023, unas 10 millones de personas han huido de casa en busca de un lugar más seguro, en la que se considera la mayor crisis de desplazados del mundo. Millones de personas más han quedado, sin embargo, atrapadas atrás, también en territorios ocupados por las temidas Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares, una de las dos principales partes beligerantes.
En las zonas bajo su control, y en menor medida en las que controla el ejército regular, se han producido todo tipo de atrocidades: campañas de limpieza étnica, matanzas, uso de niños soldado, detenciones por perfil étnico, torturas, quema de pueblos, saqueos. En este contexto, la violencia sexual está siendo una de las formas más extendidas para sembrar el terror entre la población civil, aunque también una de las más difíciles de documentar.
En el caso de las mujeres y las niñas, que son las víctimas principales, las agresiones y la explotación sexual suelen ir acompañadas de otras formas de violencia como secuestros, palizas, torturas, trabajo forzado —cocinar, prestar servicios domésticos y recoger cosechas— y abuso verbal, según han documentado organizaciones de derechos humanos.
“Hasta ahora hemos documentado 194 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto”, señala Sulaima Ishaq, directora de la Unidad de Lucha contra la Violencia contra la Mujer, afiliada al ministerio de Asuntos Sociales de Sudán. “[Pero sabemos] que es básicamente la punta del iceberg, quizás solo refleje un 2% de lo que realmente ocurre”, desliza. “La situación de las mujeres y las niñas [en Sudán] se deteriora cada día”, lamenta Ishaq. “Están pagando un precio muy alto en esta guerra”.
Infierno en Jartum
Uno de los primeros lugares donde se registraron casos de violencia sexual generalizada fue en las tres ciudades que conforman la capital del país y donde estalló inicialmente la guerra: Jartum, Omdurman y Bahri. Una investigación reciente de Human Rights Watch (HRW), centrada en estas ciudades y apoyada principalmente en proveedores de atención sanitaria, contó un total de 262 supervivientes entre abril de 2023 y febrero de 2024.
La mayoría de casos en la zona de la capital se han atribuido a los paramilitares, que son quienes controlan la mayor parte, y han afectado sobre todo a mujeres y niñas sudanesas, pero también a refugiadas. Según un informe de febrero de la oficina de la ONU para los derechos humanos (ACNUDH), más de la mitad de los incidentes de violencia sexual en Jartum se producen en el interior de residencias, mientras que otros tienen lugar en la calle.
Casi un tercio de los incidentes documentados por HRW fueron violaciones en grupo, en ocasiones de más de una víctima a la vez. Afectaron desde a niñas de nueve años hasta a mujeres mayores
Casi un tercio de los incidentes compartidos con HRW, ocurridos entre mayo y noviembre del año pasado, fueron violaciones en grupo perpetradas por entre dos y cinco miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido. En algunos casos, además, estas violaciones se cometieron contra más de una víctima a la vez, en ocasiones varias mujeres de la misma familia. Y afectaron desde a niñas de nueve años hasta a mujeres mayores.
Un fenómeno alarmante que está acompañando algunos de estos casos de violencia sexual cometidos por los paramilitares son los matrimonios forzados e infantiles de las víctimas. En algunos casos, las familias se han visto obligadas a aceptarlo por el poder sin control de las Fuerzas de Apoyo Rápido, o han accedido a hacerlo por desesperación económica o creyendo que protegerían a una mujer o niña de otras futuras violaciones, según HRW.
Aunque la mayoría de casos de violencia sexual en la capital sudanesa han sido cometidos por los paramilitares, otros se han atribuido a soldados del ejército regular. En los últimos meses, los militares han logrado recuperar poco a poco territorio en Omdurman, pero su avance ha ido acompañado de numerosos casos de violencia sexual, según un artículo reciente del medio británico The Guardian basado en más de dos docenas de testimonios.
En muchos de estos casos, que tienden a denunciarse menos por temor a represalias, las mujeres afirmaron que mantener relaciones sexuales con soldados fue su única forma de lograr comida, en un contexto de hambre generalizada. Aun así, Ishaq apunta que el 95% de casos que ha confirmado su unidad fueron perpetrados por los paramilitares.
Aunque menos documentada, la violencia sexual también se ha utilizado contra hombres y niños en Jartum, principalmente en las decenas de centros de detención —muchos de ellos informales— que controlan tanto los paramilitares como el ejército regular en la zona de la capital, según reveló en un informe de finales del año pasado elaborado por un grupo de abogados de derechos humanos sudaneses conocidos como Abogados de Emergencia.
Un miembro de este grupo asegura, en condición de anonimato, que hasta ahora han confirmado seis casos de violación en centros de detención y que han documentado tres: una mujer extranjera a manos de los paramilitares, una niña de 13 años a manos de un grupo aliado del ejército, y un joven trans en un campamento del ejército.
“El uso de la violencia sexual como arma contra las mujeres es sistemático”, afirma por teléfono el mismo abogado, que subraya que, en el caso de los niños y hombres, “la mayoría de los casos de violencia sexual se produce en centros de detención”. “Fuera de estos no hemos documentado ningún caso de violencia sexual contra varones”, explica.
Terror rural
Más allá de la capital y otras grandes ciudades, informes recientes han empezado a arrojar luz sobre el uso sistemático de la violencia sexual por parte de paramilitares también en zonas rurales ocupadas. Allí, la mayor dispersión de la población, las limitaciones de acceso a servicios, la menor organización social, los apagones de internet y una sociedad aún más conservadora hacen mucho más difícil dar a conocer y documentar atrocidades.
Una de las regiones más castigadas hasta ahora ha sido Jazira, al sur de Jartum y ocupada por las Fuerzas de Apoyo Rápido a finales de 2023 en una ofensiva relámpago que empujó hacia otras partes del país a cientos de miles de personas. Una de las únicas instancias en las que Jazira recibió atención internacional fue a principios del pasado junio, cuando un asalto paramilitar sobre la localidad de Wad Al Nora dejó más de un centenar de muertos.
Un informe publicado en julio por la prestigiosa Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África (SIHA) concluyó que la violencia sexual de los paramilitares en Jazira ha sido muy extendida pese a haber recibido poca atención. Al igual que ocurre en la capital, la mayoría de denuncias se corresponden a violaciones en grupo, lo que sugiere una campaña “diseñada para instigar terror” y asegurar el control sobre la población local.
Cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido invaden una aldea, su primera ola de violencia tiene por objetivo asegurar su control, aunque luego mantengan una presencia física escasa o nula, según el informe de SIHA. Al entrar, sus miembros suelen disparar al aire, saquear negocios, y asaltar viviendas en busca de combatientes y soldados del ejército, matando a hombres y ejerciendo violencia sexual contra mujeres y niñas.
Después de esta primera ola inicial de violencia, SIHA señala que parecen producirse otras dos en zonas donde los paramilitares ya se han asegurado un cierto grado de control. En estos casos, la violencia sexual puede ir acompañada de secuestros y de matrimonios forzados y se centra más bien en mujeres concretas, en su mayoría con presencia pública, como personal sanitario y trabajadoras del sector informal, o como represalias selectivas.
Este uso extendido de la violencia sexual, junto al resto de atrocidades, y la persecución selectiva de mujeres presentes en el espacio público propaga el miedo entre los locales muy rápidamente, lo que, según SIHA, permite a los paramilitares someter y asegurarse el control de los lugares rurales que invaden, aunque no estén presentes en todo momento. También les sirve para desincentivar que la gente se reúna y acuda a servicios sanitarios.
“La violencia sexual siembra el terror y creemos que, como las Fuerzas de Apoyo Rápido carecen de capacidad administrativa y están muy interesadas en el saqueo, les interesa el desalojo forzoso [de la población]; vaciar de locales, en la medida de lo posible, las ciudades y los pueblos que están ocupando”, considera Hala Al-Karib, directora regional de SIHA.
Tanto Al Karib como Ishaq apuntan que los mismos patrones de violencia sexual documentados en Jazira se han replicado en otras zonas rurales de Sudán posteriormente ocupadas de forma total o parcial por los paramilitares, como el Estado de Sennar, al sur de Jazira y con frontera con Etiopía y Sudán del Sur.
Esclavitud en Darfur
La violencia sexual ya fue una de las principales armas de guerra de las milicias a las que el régimen del exdictador Omar Al Bashir subcontrató la campaña de contrainsurgencia que dio lugar al genocidio de Darfur de principios de siglo; las mismas que años más tarde se institucionalizaron en las Fuerzas de Apoyo Rápido. Ahora, en la guerra civil en curso, estos mismos crímenes se están cometiendo a escala mucho mayor por todo el país.
Un informe de un panel de expertos de la ONU filtrado a finales del año pasado, después de que los paramilitares se hicieran con el control de casi todo Darfur ―su feudo tradicional― ya subrayó que la violencia sexual en la región en el marco de su ofensiva no solo fue generalizada, sino que se intensificó a medida que avanzaba el conflicto. Entre abril y agosto de 2023, observadores locales ya habían registrado 262 violaciones.
El mismo informe, que también señalaba que era muy probable que la cifra de violaciones real fuera mucho más elevada debido a que muchos casos no se denuncian, notó que la falta generalizada de acceso a atención sanitaria en la región, y el miedo al estigma y la marginación por parte de sus propias comunidades dificultan poder hacer un seguimiento más preciso sobre el alcance real de estas violaciones.
En Darfur, las niñas y mujeres corren un riesgo particularmente alto de ser violadas en campos de desplazados internos, mientras huyen en busca de lugares seguros, en puestos de control durante desplazamientos, y en sus propios hogares, según el anterior informe. Además, en Darfur la violencia sexual también tiene un marcado carácter étnico, y las principales víctimas son niñas y mujeres de comunidades locales no árabes.
Ishaq, de la Unidad de Lucha contra la Violencia contra la Mujer, explica que ahora tienen también conocimiento de la existencia de mercados en Darfur en los que se está traficando con niñas y mujeres, que en ocasiones son incluso trasladadas a la fuerza fuera de Sudán. En Darfur se lamenta desde hace años la falta de rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la población local desde hace dos décadas. Y muchos consideran que esta falta de justicia ha allanado el camino a los crímenes actuales en el resto de Sudán.
“En 2019, cuando el régimen de Al Bashir fue derrocado tras la revolución de Sudán, el Gobierno de transición presionó mucho a la ONU para que pusiera fin a la misión de mantenimiento de la paz conjunta con la Unión Africana [en Darfur], que hasta cierto punto había mantenido mecanismos de observación de los derechos humanos y reducido la capacidad de los [paramilitares] para cometer violaciones extremas”, señala Al Karib.
“Tras la cancelación de la misión a finales de 2020, la violencia en Darfur se exacerbó considerablemente”, agrega la directora de SIHA. “A las Fuerzas de Apoyo Rápido no les importa su imagen; su esencia como institución es dominación, control y desposesión”
Atrapadas y solas
Los combates, las restricciones a la circulación, la destrucción de instalaciones sanitarias, la ocupación de hospitales, los ataques contra personal médico y sociedad civil, el bloqueo de la ayuda humanitaria y los saqueos, sumados al estigma social entorno a la salud sexual y reproductiva, forman una barrera de obstáculos muy difícil de sortear para que las víctimas puedan acceder a atención sanitaria de emergencia y a apoyo psicosocial.
Las consecuencias para las víctimas son muy profundas. HRW se ha hecho eco de casos de infecciones de transmisión sexual y hemorragias vaginales, hematomas y otras lesiones provocadas durante las violaciones que, en al menos cuatro ocasiones, causaron la muerte de la víctima. Muchas han quedado embarazas después de no haber podido acceder a una anticoncepción de emergencia ni al aborto. Y las supervivientes presentan síntomas de estrés postraumático, depresión, miedo, insomnio, ansiedad y pensamientos suicidas.
“La gente está atrapada. Todos lo estamos de diferentes maneras, y esto está afectando la forma en que realmente se pueden gestionar los casos [de violencia sexual]: encontrar apoyo a la salud y apoyo social”, nota Ishaq.
En paralelo a la violencia sexual perpetrada por las partes beligerantes, el rosario de crisis que atraviesa Sudán también ha incrementado de forma preocupante el riesgo de sufrir violencia marchista en el ámbito doméstico. En esta línea, se estima que unas 6,5 millones de mujeres podrían padecer este tipo de violencia, de acuerdo con el Fondo de Población de la ONU, que cuenta con unos 60 espacios seguros de prevención y respuesta.
Organizaciones feministas y de derechos humanos señalan que desde el exterior de Sudán se puede contribuir a afrontar esta lacra de violencia sexual con mayores ayudas a grupos que estén documentando estos crímenes y a establecer puntos de servicios y centros de atención, incluidas clínicas, dentro del país, para registrar casos y atender a las víctimas. HRW, por su parte, pide a la ONU y a la Unión Africana que formen una nueva misión de protección de civiles en Sudán cuyo mandato incluya atajar la violencia sexual. “El mundo debe mirarnos con una mirada humanitaria y no olvidarnos. No se olviden de Sudán”, reclama Ishaq.
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