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PANAMÁ. La familia del fallecido exdictador panameño Manuel Antonio Noriega lo despidió el martes en privado con un proceso de cremación al día siguiente de su muerte, que dejó a los familiares de las víctimas de su régimen con las ansias de conocer la verdad sobre esos crímenes.

Rubén Murgas, amigo de la familia y quien colaboró con el gobierno de Noriega, dijo a la prensa que se trató de una ceremonia “muy emotiva” de algunas horas. Las cenizas quedaron en manos de Felicidad Sieiro, la viuda del otrora hombre fuerte y madre de sus tres hijas: Lorena, Sandra y Thays, agregó.

El abogado de la familia Noriega, Ezra Ángel, aclaró más tarde que la incineración de los restos del exdictador estaría lista el miércoles.

Noriega, de 83 años, falleció el lunes por la noche más de dos meses después de permanecer en cuidados intensivos en un hospital público tras sufrir una hemorragia que le sobrevino luego de ser operado para extirparle un tumor cerebral benigno.

“Esto fue todo y se hizo a contrarreloj”, dijo Murgas, y agregó que fue conmovedor escuchar a los nietos de Noriega hablar sobre su abuelo muerto.

El fallecimiento de Noriega cierra un capítulo importante de la historia reciente del país, puesto que la expulsión del exdictador a raíz de la invasión estadounidense el 20 de diciembre de 1989 puso fin a la era de control militar que se extendió 21 años.

La empresa de servicios de cremación, donde fue la ceremonia, está a un costado del cementerio Jardín de Paz, en el que fueron enterrados muchos de los militares y civiles muertos durante la invasión tras ser exhumados de fosas comunes.

Mientras Panamá pareció indiferente a la muerte de Noriega, familiares de las víctimas de los más horrendos crímenes que se le atribuyen a la dictadura sienten que con el fallecimiento se apaga la posibilidad de conocer la verdad sobre esos hechos.

Aunque nunca fue presidente, el hombre que gobernó de facto y con mano férrea tras su ascenso como comandante en jefe del ejército en 1983 hasta su expulsión fue señalado en tres sonados asesinatos de los cuales resultó condenado: la decapitación del crítico Hugo Spadafora ocurrida en 1985 y el fusilamiento del mayor Moisés Giroldi y de un grupo de militares de una fallida rebelión en 1989.

Spadadora, un médico que integró las filas de la guerrilla que llevó al triunfo la revolución sandinista en Nicaragua a fines de la década de 1970, amenazaba con desenmascarar las actividades de Noriega en el narcotráfico.

“Nosotros ya lo habíamos perdonado por lo que ocurrió”, dijo telefónicamente a The Associated Press Josué Giroldi, hijo del mayor Giroldi, quien lideró aquella fallida revuelta y de quien Noriega era padrino de bodas.

“Nunca confesó la verdad sobre esos hechos y esto sí nos deja en la zozobra para toda la vida”, agregó Giroldi, de 37 años, y el segundo de tres hermanos del matrimonio del mayor fusilado.

Giroldi tuvo la oportunidad de verse cara a cara con Noriega en una audiencia judicial poco antes de la operación a la que se sometió el exgeneral el 7 de marzo. Allí Noriega negó que hubiese dado la orden para fusilar a su compañero de armas y de familia.

Noriega también rechazó que mandara decapitar a Spadafora, según indicaron el martes algunos viejos opositores que lo visitaron en la cárcel en Panamá, pero esto no lo comparte la familia de Spadafora, que imploró por mucho tiempo sobre información que diera con la cabeza de éste.

“Ahora Noriega enfrenta la justicia divina”, tuiteó Alida Spadafora, hermana de Hugo. “Se lleva sus secretos a la tumba, pero muchos conocen la verdad de sus atrocidades y deben hablar”.

El exdictador pagó más de dos décadas de cárcel en Estados Unidos y Francia por narcotráfico y lavado de dinero antes de regresar a Panamá. Debido a la condena por el caso de Spadafora, París accedió a repatriarlo en diciembre de 2011.

Noriega también enfrentaba junto a otros siete compañeros de armas un proceso por el crimen del opositor comunitario Heliodoro Portugal, quien desapareció en 1970 y cuyos restos fueron encontrados poco después de la caída de Noriega.

“Realmente muchísimas familias panameñas no van a saber qué pasó con sus seres queridos. Esto es triste porque no puede haber reconciliación ni puede haber paz si no se sabe la verdad de las cosas”, dijo a la AP Patria Portugal, hija del opositor asesinado.

Sin embargo, muchos panameños consideraron que Noriega ya había pagado lo suficiente tras las rejas.

“Ya él había sufrido mucho”, dijo Adelina de Sánchez, una pensionada de 59 años que llegó el martes a acompañar a un familiar al hospital Santo Tomás, donde murió Noriega. “Ya pagó. ¿Qué más le podían hacer? Dios sabrá qué va a hacer con él”.

Balbina Herrera, una política que fue adepta al régimen de Noriega y excandidata presidencial en 2009, admitió que con la muerte del exdictador se cierra un ciclo que aún no ha sido aclarado, pues “no tuvimos la capacidad como sociedad de ponernos de acuerdo a través de una reconciliación o una búsqueda de la verdad en este país”.

Una Comisión de la Verdad dijo a principios del 2000 que documentó 110 casos de personas desaparecidas y asesinadas durante la era de gobierno castrense (1968-1989), que en su mayoría esperan justicia.