Latinoamericanas
Despiden en privado al fallecido exdictador Noriega
AP
PANAMÁ. La familia del fallecido exdictador panameño Manuel Antonio Noriega lo despidió el martes en privado con un proceso de cremación al día siguiente de su muerte, que dejó a los familiares de las víctimas de su régimen con las ansias de conocer la verdad sobre esos crímenes.
Rubén Murgas, amigo de la familia y quien colaboró con el gobierno de Noriega, dijo a la prensa que se trató de una ceremonia “muy emotiva” de algunas horas. Las cenizas quedaron en manos de Felicidad Sieiro, la viuda del otrora hombre fuerte y madre de sus tres hijas: Lorena, Sandra y Thays, agregó.
El abogado de la familia Noriega, Ezra Ángel, aclaró más tarde que la incineración de los restos del exdictador estaría lista el miércoles.
Noriega, de 83 años, falleció el lunes por la noche más de dos meses después de permanecer en cuidados intensivos en un hospital público tras sufrir una hemorragia que le sobrevino luego de ser operado para extirparle un tumor cerebral benigno.
“Esto fue todo y se hizo a contrarreloj”, dijo Murgas, y agregó que fue conmovedor escuchar a los nietos de Noriega hablar sobre su abuelo muerto.
El fallecimiento de Noriega cierra un capítulo importante de la historia reciente del país, puesto que la expulsión del exdictador a raíz de la invasión estadounidense el 20 de diciembre de 1989 puso fin a la era de control militar que se extendió 21 años.
La empresa de servicios de cremación, donde fue la ceremonia, está a un costado del cementerio Jardín de Paz, en el que fueron enterrados muchos de los militares y civiles muertos durante la invasión tras ser exhumados de fosas comunes.
Mientras Panamá pareció indiferente a la muerte de Noriega, familiares de las víctimas de los más horrendos crímenes que se le atribuyen a la dictadura sienten que con el fallecimiento se apaga la posibilidad de conocer la verdad sobre esos hechos.
Aunque nunca fue presidente, el hombre que gobernó de facto y con mano férrea tras su ascenso como comandante en jefe del ejército en 1983 hasta su expulsión fue señalado en tres sonados asesinatos de los cuales resultó condenado: la decapitación del crítico Hugo Spadafora ocurrida en 1985 y el fusilamiento del mayor Moisés Giroldi y de un grupo de militares de una fallida rebelión en 1989.
Spadadora, un médico que integró las filas de la guerrilla que llevó al triunfo la revolución sandinista en Nicaragua a fines de la década de 1970, amenazaba con desenmascarar las actividades de Noriega en el narcotráfico.
“Nosotros ya lo habíamos perdonado por lo que ocurrió”, dijo telefónicamente a The Associated Press Josué Giroldi, hijo del mayor Giroldi, quien lideró aquella fallida revuelta y de quien Noriega era padrino de bodas.
“Nunca confesó la verdad sobre esos hechos y esto sí nos deja en la zozobra para toda la vida”, agregó Giroldi, de 37 años, y el segundo de tres hermanos del matrimonio del mayor fusilado.
Giroldi tuvo la oportunidad de verse cara a cara con Noriega en una audiencia judicial poco antes de la operación a la que se sometió el exgeneral el 7 de marzo. Allí Noriega negó que hubiese dado la orden para fusilar a su compañero de armas y de familia.
Noriega también rechazó que mandara decapitar a Spadafora, según indicaron el martes algunos viejos opositores que lo visitaron en la cárcel en Panamá, pero esto no lo comparte la familia de Spadafora, que imploró por mucho tiempo sobre información que diera con la cabeza de éste.
“Ahora Noriega enfrenta la justicia divina”, tuiteó Alida Spadafora, hermana de Hugo. “Se lleva sus secretos a la tumba, pero muchos conocen la verdad de sus atrocidades y deben hablar”.
El exdictador pagó más de dos décadas de cárcel en Estados Unidos y Francia por narcotráfico y lavado de dinero antes de regresar a Panamá. Debido a la condena por el caso de Spadafora, París accedió a repatriarlo en diciembre de 2011.
Noriega también enfrentaba junto a otros siete compañeros de armas un proceso por el crimen del opositor comunitario Heliodoro Portugal, quien desapareció en 1970 y cuyos restos fueron encontrados poco después de la caída de Noriega.
“Realmente muchísimas familias panameñas no van a saber qué pasó con sus seres queridos. Esto es triste porque no puede haber reconciliación ni puede haber paz si no se sabe la verdad de las cosas”, dijo a la AP Patria Portugal, hija del opositor asesinado.
Sin embargo, muchos panameños consideraron que Noriega ya había pagado lo suficiente tras las rejas.
“Ya él había sufrido mucho”, dijo Adelina de Sánchez, una pensionada de 59 años que llegó el martes a acompañar a un familiar al hospital Santo Tomás, donde murió Noriega. “Ya pagó. ¿Qué más le podían hacer? Dios sabrá qué va a hacer con él”.
Balbina Herrera, una política que fue adepta al régimen de Noriega y excandidata presidencial en 2009, admitió que con la muerte del exdictador se cierra un ciclo que aún no ha sido aclarado, pues “no tuvimos la capacidad como sociedad de ponernos de acuerdo a través de una reconciliación o una búsqueda de la verdad en este país”.
Una Comisión de la Verdad dijo a principios del 2000 que documentó 110 casos de personas desaparecidas y asesinadas durante la era de gobierno castrense (1968-1989), que en su mayoría esperan justicia.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.