San Cristóbal, RD.-Preocupantes negligencias observan familiares de damnificados de San Cristóbal por parte del Gobierno, cuyas casas resultaron afectadas producto de la explosión el pasado lunes en San Cristóbal.
A pesar de las distintas ayudas que han sido enviadas a la provincia sureña en apoyo a los damnificados y afectados por la tragedia, varias familias de la calle Francisco J. Peynado, paralela a la Padre Ayala, donde ocurrió el siniestro, denunciaron ante periodistas de LISTÍN DIARIO, que aun el viernes no habían recibido ningún apoyo por las pérdidas materiales que tuvieron en sus hogares.
“Agradecemos todo el esfuerzo que han hecho los bomberos y los militares, los agentes de la Digesett, toda la Policía, pero necesitamos que nos ayuden, no que nos maltraten, no que se vea como si estamos mendigando algo, porque si ya se dijo que se nos va a dar esa ayuda, que se nos dé”, fue lo que relató el señor Luis Andrés Marty.
Luis Andrés es padre de dos niños, de 10 y 7 años, con quienes vive junto a su esposa en un apartamento alquilado, el cual fue afectado en los llavines y bisagras al momento de la explosión y permitió que delincuentes ingresaran en la residencia, llevándose consigo dos laptops, una bicicleta aro 29, una televisión, dos abanicos, aros de boda, una cadena de oro, un guillo de plata y una licuadora, ya que la familia se encontraba fuera de la ciudad.
El caballero contó que esa misma noche regresaron a San Cristóbal, tras la llamada de un vecino, y se mantenían yendo a la dependencia policial a interponer la denuncia por los daños y los agentes se negaban a aceptarla, hasta este viernes que hicieron la querella formal, según sus palabras.
“Hoy fue que nos recibieron la denuncia porque hablamos directamente con la fiscal y le dijo a los agentes que tenían que aceptarnos la denuncia porque si no iban a estar en falta y ellos están obligados a tomar la querella”, dijo.
Desde esa tarde, la familia relató estar viviendo “un terror”, ya que se pasan días enteros en la esquina donde le permiten estar, debido al perímetro y custodia militar, puesto que tampoco les es permitido ingresar a buscar alguna pertenencia por la proximidad de la residencia a la zona cero del desastre.
“Siempre es un show para uno poder entrar al apartamento, pero uno ve que entra gente hasta con niños a tirarse fotos con los bomberos (…) nosotros tenemos que pasarnos el día aquí y tener que coger todo el polvillo y todo el humo y lo que queremos es una orientación”, denunció.
Ante esta situación, tanto el caballero como otro vecino que reside en el mismo edificio, y solo se identificó como Andrés, exigieron que la gobernación de San Cristóbal le dé mayor respuesta a su pedido y les informen las acciones que se van a tomar.
“Hemos considerado que debieron ya estar organizado de otra manera, por lo menos decirle a uno lo primero que se va a hacer es esto y después esto, para uno no estar aquí expuesto, porque uno tiene que estar atento a lo suyo”, dijeron.
Entienden la difícil situación en la que se ve envuelta la comunidad y “que las autoridades no estaban sentadas esperando esto”, así como las victimas mortales, pero sostuvieron que su lucha es por recibir una ayuda por lo perdido.
“Nosotros fuimos afectados con las víctimas, porque eran nuestros vecinos y eran de nuestro diario vivir, pero si nos van a dar la ayuda por lo que perdimos, esa es la batalla que nosotros tenemos que luchar”, concluyó Andrés Marty.
Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.
Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.
En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.
Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.
La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.
«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisiónpreventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.
Detalló que entre las pruebas figuran evidenciasdocumentales,audiovisuales y testimoniales. Asimismo, mencionó entrevistas, interrogatorios e imágenes de video analizadas como parte de los elementos presentados en el caso.
«Entrevistas, interrogatorios, imágenes de video que fueron debidamente analizadas y un sinnúmero de elementos de pruebas que van a sustentar la imposición de la prisión preventiva, sin duda alguna»Laura SeguraProcuradora fiscal de San Cristóbal“
Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.
Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.
En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.
Vista de Yoleydi Linarez Araujo el sábado 9 de mayo del 2026 mientras se encontraba en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal.
El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificiosrespiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.
En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.
«Como coartadaposteriora la comisión de los hechos, salir unos 20 minutos a un establecimiento comercial y al retornar fingir encontrar a la víctima sin signos vitales tirada en el suelo en el interior del baño, simulandouna causa distintade la muerte«, señala el expediente.
El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).
Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la viviendaantes y después de la muerte de la menor.
La residencia donde fue encontrada sin vida la niña de seis años en la comunidad Sabana Toro, provincia San Cristóbal.
Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.
A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.
Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominioexclusivode la escena y de la menor fallecida.
Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha», quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta ilegal en que ha incurrido.
Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica, acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.
Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.
Según determinó la institución a través de las pruebas balísticas, una de estas fue robada en 2018 a un miembro de la Policía.
“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.
No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.
Además de los dispositivos, los agentes que realizaron el registro aseguran haber confiscado en el interior del automóvil dos cargadores de balas, uno de ellos con capacidad para 30, teniendo en total 14 proyectiles.
Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.
Asimismo, considera que los tres detenidos deben ser juzgados por porte ilegal de armas de fuego, tipificación penal contemplada en los artículos 43, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa
¿Cómo funciona la depuración?
“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.