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Detenido en Villa Duarte tenía 15 fichas por droga

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 El hombre que fue detenido con 36 libras de marihuana en Villa Duarte, Santo Domingo Este, tiene en el archivo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) 15 fichas por droga y según la entidad, fue indultado por el Poder Ejecutivo en agosto de 2001.

“Carlos Alberto Caminero Pimentel, alias Tintín y/o López, cayó preso por primera vez en junio de 1992 y desde entonces ha entrado y salido de la DNCD en las múltiples oportunidades señaladas antes, a pesar de que en cada una de estas había sido sorprendido con cantidades de drogas suficientes para ser condenado”, señala la DNCD en un comunicado de prensa.

El hombre  fue dejado libre mediante indulto el 16 de agosto de 2001, por el decreto 858-01. Desde entonces había sido arrestado en diferentes oportunidades, pero de igual forma maniobraba para salir de prisión, explicó este sábado el oficial de prensa de la DNCD, Roberto Lebrón, en el referido comunicado. 

Agregó que la segunda ocasión en que este hombre resulto detenido por la DNCD fue el 20 de junio del 1994, para volver a manos de los agentes antidrogas el 9 de agosto del 2007 y desde entonces fue capturado de manera reiterada, dos veces en el 2008, tres veces en 2010, y en una oportunidad en el 2011.

En cada ocasión, el cuerpo antidrogas indicó que el apresado fue puesto en manos del Ministerio Publico, instancia que se supone solicitó medidas de coerción en su contra.

El Caribe

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Confeso asesino de Orlando Jorge Mera solicita interroguen a consultor jurídico de Medio Ambiente y a encargado de autorizar permisos

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Santo Domingo, RD.-Fausto Miguel Cruz de la Mota, acusado del asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, pide a la fiscal del Distrito Nacional que interrogue al consultor jurídico de esa institución y al encargado de autorizar los permisos medios ambientales.

El imputado, quien está recluido en la cárcel de Najayo, a través de sus abogados Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez elevó una instancia a la fiscal Rosalba Ramos Castillo, quien junto a la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, investigan el crimen.

En la instancia solicitan al Ministerio Público interrogar a Edilio Segundo Florián, consultor jurídico de Medio Ambiente y Milvio Linares Villegas, esté último por ser encargado de dar o no la autorizaciones o permisos, de cualquier naturaleza dentro de la entidad y a la vez por su afinidad con el funcionario asesinado, ya que es su sobrino.

También piden interpelar dentro la investigación a Juan Manuel Cuervo DesanglesAlfonso Mendoza, al director de la Oficina de Samaná, al coronel solo identificado como Cepeda, Carmen Maribel Peralta Cuevas, el oficial Nicolás Montero y Erika Altagracia Herrera Reyes.

Igualmente, solicitan en la proposición de diligencias copias de los reportes médicos realizados al imputado desde el día de su arresto hasta la fecha, incluyendo el informe de evaluación psicológica y el reporte de los medicamentos suministrados, hecho en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva, como la realizada en la cárcel de Najayo.

Consideran que es obligación del Ministerio Público extender la investigación a las circunstancias de cargo y también a las que sirvan para descargo del imputado, procurando recoger con urgencia los elementos probatorios y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo.

“Por ello es que resulta necesario a la defensa del imputado Fausto Miguel Cruz de la Mota, de cara a un posible juicio de fondo con todas las garantías y para establecer con certeza lo sucedido”, acotó Sierra.

 Cruz de la Mota  fue detenido por la muerte de su  amigo de infancia,  ocurrida el 6 de junio en las oficinas de Medio Ambiente.

De acuerdo con el expediente del órgano acusador, Fausto Miguel Cruz, apodado «Carandai», planificó el asesinato del ministro, porque este se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurum Gavia, S.A.

Supuestamente, el imputado estaba frustrado porque “hizo campaña política para el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y no le resolvieron.

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Preguntas sin respuestas de jueza frente a acusación contra red del Abusador.

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Tras ser recusada y apartada del caso de César Emilio Peralta (El Abusador), la jueza que conocía la audiencia preliminar a los alegados integrantes de una red de narcotráfico, encabezada por la figura anteriormente mencionada, fue sacada del proceso luego de cuestionar la calidad de la acusación presentada por los fiscales en contra de los imputados.

La magistrada Patricia Padilla fue apartada del caso tras el Ministerio Público recusarla y un tribunal de alzada acoger esta petición, luego de que opinará sobre el expediente elaborado por el Ministerio Público del que dijo está “desnudo y sin pruebas”.

“Se destapan con una acusación desnuda, sin pruebas… es evidentemente observable las faltas en las que ha incurrido el Ministerio Público y que inclusive dieron lugar a la suspensión del extitular de la (Procuraduría) Especializada Antilavado”, dijo en una audiencia la jueza, que conocía el caso desde el año pasado.

La Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la recusación del órgano acusador por entender que la imparcialidad de Padilla estaba comprometida ya que en la audiencia se originó una discusión técnico procesal en el que mostró su disgusto con el accionar de los fiscales y emitió juicios de valor respecto a la acusación. Además de que, indicó la Corte, la jueza violentó debido proceso al interrumpir el discurso del Ministerio Público cuando este le estaba recusando.

En su análisis, el tribunal de alzada precisa que los juicios de valor que emitió magistrada Padilla dejan en evidencia su prejuzgamiento del proceso, lo que, explica, compromete la imparcialidad de la juzgadora.
Previo a que fuera recusada y sacada del caso, la jueza Padilla se había inhibido del proceso, cuestión que le fue rechazada por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional como la Corte de Apelación al no encontrar, en ese momento, fundamento para ser apartada.

En la siguiente audiencia fue cuando la fiscal Ramona Nova, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, presentó la recusación y la jueza emitió sus comentarios.

En la audiencia preliminar a la magistrada Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, solo le restaba escuchar los alegatos finales de varias defensas para retirarse a deliberar y decidir si los acusados irían o no a juicio.

Audiencia será reiniciada

Este proceso judicial llegó a los tribunales en agosto del 2019, luego de que la red sindicada a “César el Abusador” fue desmantelada tras una larga investigación.

Aunque el caso tiene ya casi tres años en la justicia, no fue hasta el año pasado cuando se pudo comenzar a conocer la audiencia preliminar.

Ahora la situación se complica ya que la audiencia tendrá que reiniciarse. Esto así debido a que la magistrada Franchesca Potentini, que fue apoderada de este caso, debe ponerse en conocimiento del mismo y para esto hay que arrancar desde cerco.

De acuerdo a lo explicado por juristas, la audiencia preliminar tendrá que recomenzar ya que la jueza Potentini no tiene conocimiento de lo que allí se debatió y tampoco puede “ponerse al corriente” solo leyendo las actas de audiencia o la acusación presentada por los fiscales.

La situación se debe a que al ver un cambio de juzgador, que es quien tiene que tomar una decisión respecto a este caso, se perdió el principio de inmediación que establece el Código Procesal Penal.

La magistrada Potentini es quien, ahora, decidirá si el caso pasa o no a un juicio de fondo y que los imputados sean juzgados en una siguiente etapa. La jueza fijó la audiencia para el viernes 15 de julio.
El Ministerio Público ha dicho que tienen una acusación “con mucha fortaleza” y que cuentan con un auto de apertura a juicio “seguro”.

Los imputados en este caso de narco y lavado

El Ministerio Público ha establecido que la alegada red de César Emilio Peralta, quien actualmente se encuentra en una prisión de Puerto Rico, logró colocar, estratificar e integrar al sistema financiero nacional más de RD$3,418,786,413 procedentes del narcotráfico. Los implicados en este caso son Marisol Franco, esposa de César el Abusador; el expelotero Octavio Dotel, José Bernabé Quiterio, Manuel Sánchez , Johanny Paniagua, Yadher Vásquez (Jake Mate) y Edward Patricio Montero Cabral (el Zapatazo). Además, Alan Bueno Alcéquiez (Alan Dólar), Rafael Reyes, Rodolfo Cedeñ, Heriberto de la Cruz (Erick Aqua), Lidio Peña, Jeifry del Rosario, Melchor Alcántara, Genri Dantana Badía, entre otros.

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Abogados Jean Alain dicen no tener importancia informe de la Cámara de Cuentas

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SANTO DOMINGO.-La defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, consideró sin ningún valor jurídico  el informe de la Cámara de Cuentas sobre una auditoría que supuestamente detectó «inobservancias» e «irregularidades» por varios miles de millones de pesos en la gestión que encabezó su cliente durante el período 2016-2020.

El consejo de defensa del exfuncionario acusó al Ministerio Público de filtrar el documento a los medios de comunicación sin haberlo notificado a Rodríguez o sus abogados. «Y peor aún, antes de que en este caso, el mismo órgano que lo emite, la Cámara de Cuentas lo publique en su portal oficial, como establece la ley», señalaron.

Aseguraron que el informe de la Cámara de Cuentas establece que «no hubo ni sobreevaluación, ni sobornos en la ejecución» del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario. «Esta omisión constituye una falta de objetividad del Ministerio Público», plantearon.

Definieron la publicación del informe como una «muestra más del populismo penal exacerbante aplicado por un Ministerio Público irresponsable y violatorio de todas las normas procesales que utiliza una campaña mediática para condicionar a la opinión pública e influenciar a los jueces».

Entre las inobservancias encontradas por la Cámara de Cuentas figuran documentación no suministrada, por un valor de RD$1,782,419 y adjudicación por RD$103,525,976 a una empresa, que señala como propietaria a una funcionaria del Ministerio de la Presidencia.

Además asignación de contratos por RD$510,104,650 a consorcios sin registro de proveedor del Estado y pagos de facturas con número de comprobante fiscal inválido, ascendentes a RD$46,728 pesos y RD$178,370.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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