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No fue alterado voto automatizado.
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La empresa española Alhambra Eidos, quien hizo la auditoría forense a los equipos del voto automatizado utilizado en las primarias del seis de octubre del 2019, aseguró ayer que software de dicho sistema impide la realización de tareas maliciosas y que el código fuente no puede alterar los resultados.
Al concluir sus trabajos en el país, los técnicos auditores ofrecieron ayer una declaración a la prensa y entregaron un informe final de 390 páginas al Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) que ahora analizará y leerá los resultados para posteriormente compartirlo a los medios de comunicación.
En su declaración, el director de proyectos de Alhambra Eidos, Sergio García, afirmó que durante la experticia que iniciaron a principio de enero, pudieron comprobar que el sistema de voto automatizado tuvo un correcto funcionamiento en un 99,8% y que los problemas que pudieron identificar consisten en conectividad de la red que se presentaron al momento de la transmisión de los resultados.
Mencionó que las mesas que presentaron esas dificultades fueron sólo 16, pero que al analizarlas no pudieron ver alteraciones en ellas.
Sostuvo, además, que los votos que se encontraban en las urnas corresponden con lo que se encuentra en la base de datos central y que no detectaron la intromisión de hackers nacionales o internacionales.
“Dicho análisis concluye que el sistema impide la realización de tareas maliciosas y además determina un resultado positivo en cuanto al desempeño de sus funciones normales como estación de votación. Se comprobó que el Código Fuente no puede alterar los resultados o intentar conectar a las personas con sus votos e identificar por quien votó cada uno de los electores,no hallándose indicio alguno de ello. Todo el Código Fuente de manejo de datos hace lo que tiene que hacer y nada más”, precisó Antonio Gil, auditor jefe del área técnica.
Antonio Gil recordó que para la auditoría fue seleccionada una muestra del 5% de los 7,732 equipos que se utilizaron en las primarias que corresponden a 370 máquinas, pero que por solicitud de los partidos fueron incluidas 20 más que se escogieron al azar, con lo que resultaron ser 390.
“El análisis de las bases de datos de los 390 equipos, divididos en 13 tandas de 30 mesas cada una, ha tenido un resultado coherente en el escenario auditado”, enfatizó.
El voto automatizado ya ha recibido el espaldarazo de dos firmas auditoras, puesto que la pasada semana, la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), quien tenía a su cargo certificar el sistema de cara a las elecciones municipales, informó que no identificó ninguna deficiencia que pudiera causar preocupación por el uso de esta tecnología.
En una rueda de prensa celebrada en la sede de la Junta Central Electoral (JCE), Sophie Lagueny, jefa de la misión de IFES, a través de la firma Pro V&, manifestó que el equipo de evaluación quedó impresionado con el sistema.
Dijo que IFES sí identificó algunas recomendaciones a corto plazo, las cuales se han compartido verbalmente con la Junta Central Electoral (JCE) y se presentarán formalmente en un resumen de resultados antes del final de la próxima semana.
“El informe se estructurará con recomendaciones para mejorar el sistema a corto, mediano y largo plazo. Tanto el resumen de resultados como el informe completo se harán públicos para garantizar la máxima transparencia en el proceso”, dijo la jefa de la misión de IFES.
El equipo técnico de Pro V&V analizó la funcionalidad, auditabilidad, seguridad y mecanismos de transmisión del sistema de votación automatizado, así como la cadena de custodia y código fuente.
IFES también incluyó una revisión de la aplicación móvil que se utilizará para transmitir los resultados del sistema de votación manual y se reunió con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la Junta Central Electoral para obtener una comprensión más completa de los desafíos y las preocupaciones que se abordarán en la evaluación preelectoral.
“IFES aprecia la cooperación que ha recibido mientras llevo a cabo su trabajo esta semana. Esperamos continuar brindando asesoramiento técnico a la Junta Central Electoral antes de las elecciones municipales del 16 de febrero y antes de las elecciones generales del 17 de mayo del corriente año (…). Como un líder mundial en la promoción de la democracia, IFES impulsa el desarrollo de buenas políticas de gobierno y de los derechos propios de la democracia”, dijo Sophie Lagueny en su declaración ante los medios de comunicación.
El auditor jefe del área técnica de Alhambra Eidos, Antonio Gil, manifestó que los sistemas auditados, basados en Windows 10 personalizados en su ejecución y seguridad, disponen de un nivel de seguridad, desempeño y tolerancia a fallos que los hacen “robustos, fiables y rápidos en su ejecución”. “Analizando el tráfico existente entre el servidor de la base de datos central y sus comunicaciones con el exterior y, con ello, comprobando a través de herramientas principalmente SIEM si hay contenido malicioso que pueda vulnerar el correcto funcionamiento de la plataforma a auditar, se constata que el tráfico de red auditado no contiene ninguna actividad, virus o malware detectado, con lo que no ha habido alteración en el funcionamiento del proceso electoral desde un punto de vista de código malicioso”, precisó.
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.