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No fue alterado voto automatizado.

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La empresa española Alhambra Eidos, quien hizo la auditoría forense a los equipos del voto automatizado utilizado en las primarias del seis de octubre del 2019, aseguró ayer que software de dicho sistema impide la realización de tareas maliciosas y que el código fuente no puede alterar los resultados.

Al concluir sus trabajos en el país, los técnicos auditores ofrecieron ayer una declaración a la prensa y entregaron un informe final de 390 páginas al Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) que ahora analizará y leerá los resultados para posteriormente compartirlo a los medios de comunicación.

En su declaración, el director de proyectos de Alhambra Eidos, Sergio García, afirmó que durante la experticia que iniciaron a principio de enero, pudieron comprobar que el sistema de voto automatizado tuvo un correcto funcionamiento en un 99,8% y que los problemas que pudieron identificar consisten en conectividad de la red que se presentaron al momento de la transmisión de los resultados.

Mencionó que las mesas que presentaron esas dificultades fueron sólo 16, pero que al analizarlas no pudieron ver alteraciones en ellas.

Sostuvo, además, que los votos que se encontraban en las urnas corresponden con lo que se encuentra en la base de datos central y que no detectaron la intromisión de hackers nacionales o internacionales.

“Dicho análisis concluye que el sistema impide la realización de tareas maliciosas y además determina un resultado positivo en cuanto al desempeño de sus funciones normales como estación de votación. Se comprobó que el Código Fuente no puede alterar los resultados o intentar conectar a las personas con sus votos e identificar por quien votó cada uno de los electores,no hallándose indicio alguno de ello. Todo el Código Fuente de manejo de datos hace lo que tiene que hacer y nada más”, precisó Antonio Gil, auditor jefe del área técnica.

Antonio Gil recordó que para la auditoría fue seleccionada una muestra del 5% de los 7,732 equipos que se utilizaron en las primarias que corresponden a 370 máquinas, pero que por solicitud de los partidos fueron incluidas 20 más que se escogieron al azar, con lo que resultaron ser 390.

“El análisis de las bases de datos de los 390 equipos, divididos en 13 tandas de 30 mesas cada una, ha tenido un resultado coherente en el escenario auditado”, enfatizó.

El voto automatizado ya ha recibido el espaldarazo de dos firmas auditoras, puesto que la pasada semana, la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), quien tenía a su cargo certificar el sistema de cara a las elecciones municipales, informó que no identificó ninguna deficiencia que pudiera causar preocupación por el uso de esta tecnología.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de la Junta Central Electoral (JCE), Sophie Lagueny, jefa de la misión de IFES, a través de la firma Pro V&, manifestó que el equipo de evaluación quedó impresionado con el sistema.

Dijo que IFES sí identificó algunas recomendaciones a corto plazo, las cuales se han compartido verbalmente con la Junta Central Electoral (JCE) y se presentarán formalmente en un resumen de resultados antes del final de la próxima semana.

“El informe se estructurará con recomendaciones para mejorar el sistema a corto, mediano y largo plazo. Tanto el resumen de resultados como el informe completo se harán públicos para garantizar la máxima transparencia en el proceso”, dijo la jefa de la misión de IFES.

El equipo técnico de Pro V&V analizó la funcionalidad, auditabilidad, seguridad y mecanismos de transmisión del sistema de votación automatizado, así como la cadena de custodia y código fuente.

IFES también incluyó una revisión de la aplicación móvil que se utilizará para transmitir los resultados del sistema de votación manual y se reunió con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la Junta Central Electoral para obtener una comprensión más completa de los desafíos y las preocupaciones que se abordarán en la evaluación preelectoral.

“IFES aprecia la cooperación que ha recibido mientras llevo a cabo su trabajo esta semana. Esperamos continuar brindando asesoramiento técnico a la Junta Central Electoral antes de las elecciones municipales del 16 de febrero y antes de las elecciones generales del 17 de mayo del corriente año (…). Como un líder mundial en la promoción de la democracia, IFES impulsa el desarrollo de buenas políticas de gobierno y de los derechos propios de la democracia”, dijo Sophie Lagueny en su declaración ante los medios de comunicación.

El auditor jefe del área técnica de Alhambra Eidos, Antonio Gil, manifestó que los sistemas auditados, basados en Windows 10 personalizados en su ejecución y seguridad, disponen de un nivel de seguridad, desempeño y tolerancia a fallos que los hacen “robustos, fiables y rápidos en su ejecución”. “Analizando el tráfico existente entre el servidor de la base de datos central y sus comunicaciones con el exterior y, con ello, comprobando a través de herramientas principalmente SIEM si hay contenido malicioso que pueda vulnerar el correcto funcionamiento de la plataforma a auditar, se constata que el tráfico de red auditado no contiene ninguna actividad, virus o malware detectado, con lo que no ha habido alteración en el funcionamiento del proceso electoral desde un punto de vista de código malicioso”, precisó.

 

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Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados

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Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones

SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.

Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.

Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.

En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.

Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.

A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.

La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.

Otros tres investigados en Santo Domingo Este

En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.

En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.

Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16

El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.

De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.

La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.

Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas

La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.

Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.

Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.

Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.

Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.

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Gobierno proyecta inversión pública de 2.7 % del PIB al cierre de 2026

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Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.

El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.

Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.

“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.

Inversión superaría proporción registrada en 2019

Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.

Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.

El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.

“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.

Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.

El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.

Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.

Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.

“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.

El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.

Déficit fiscal y deuda pública

Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.

Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.

Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.

No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.

Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión

Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.

Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.

El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.

Gobierno explica origen de recursos para combustibles

El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.

Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.

Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.

Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.

Inversión pública vuelve al centro del debate económico

Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.

Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.

El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.

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Tierras raras colocan a R.D. en el radar de Estados Unidos y la Unión Europea

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El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos

SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.

El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.

Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.

Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas

El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.

El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.

La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.

Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.

Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.

Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos

El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.

Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.

Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.

El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.

Unión Europea entra en la carrera

A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.

El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.

El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.

Emidom tendría participación estatal

Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.

El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.

De la expectativa a la comprobación

El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.

Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.

Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.

La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.

La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.

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