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No fue alterado voto automatizado.
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La empresa española Alhambra Eidos, quien hizo la auditoría forense a los equipos del voto automatizado utilizado en las primarias del seis de octubre del 2019, aseguró ayer que software de dicho sistema impide la realización de tareas maliciosas y que el código fuente no puede alterar los resultados.
Al concluir sus trabajos en el país, los técnicos auditores ofrecieron ayer una declaración a la prensa y entregaron un informe final de 390 páginas al Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) que ahora analizará y leerá los resultados para posteriormente compartirlo a los medios de comunicación.
En su declaración, el director de proyectos de Alhambra Eidos, Sergio García, afirmó que durante la experticia que iniciaron a principio de enero, pudieron comprobar que el sistema de voto automatizado tuvo un correcto funcionamiento en un 99,8% y que los problemas que pudieron identificar consisten en conectividad de la red que se presentaron al momento de la transmisión de los resultados.
Mencionó que las mesas que presentaron esas dificultades fueron sólo 16, pero que al analizarlas no pudieron ver alteraciones en ellas.
Sostuvo, además, que los votos que se encontraban en las urnas corresponden con lo que se encuentra en la base de datos central y que no detectaron la intromisión de hackers nacionales o internacionales.
“Dicho análisis concluye que el sistema impide la realización de tareas maliciosas y además determina un resultado positivo en cuanto al desempeño de sus funciones normales como estación de votación. Se comprobó que el Código Fuente no puede alterar los resultados o intentar conectar a las personas con sus votos e identificar por quien votó cada uno de los electores,no hallándose indicio alguno de ello. Todo el Código Fuente de manejo de datos hace lo que tiene que hacer y nada más”, precisó Antonio Gil, auditor jefe del área técnica.
Antonio Gil recordó que para la auditoría fue seleccionada una muestra del 5% de los 7,732 equipos que se utilizaron en las primarias que corresponden a 370 máquinas, pero que por solicitud de los partidos fueron incluidas 20 más que se escogieron al azar, con lo que resultaron ser 390.
“El análisis de las bases de datos de los 390 equipos, divididos en 13 tandas de 30 mesas cada una, ha tenido un resultado coherente en el escenario auditado”, enfatizó.
El voto automatizado ya ha recibido el espaldarazo de dos firmas auditoras, puesto que la pasada semana, la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), quien tenía a su cargo certificar el sistema de cara a las elecciones municipales, informó que no identificó ninguna deficiencia que pudiera causar preocupación por el uso de esta tecnología.
En una rueda de prensa celebrada en la sede de la Junta Central Electoral (JCE), Sophie Lagueny, jefa de la misión de IFES, a través de la firma Pro V&, manifestó que el equipo de evaluación quedó impresionado con el sistema.
Dijo que IFES sí identificó algunas recomendaciones a corto plazo, las cuales se han compartido verbalmente con la Junta Central Electoral (JCE) y se presentarán formalmente en un resumen de resultados antes del final de la próxima semana.
“El informe se estructurará con recomendaciones para mejorar el sistema a corto, mediano y largo plazo. Tanto el resumen de resultados como el informe completo se harán públicos para garantizar la máxima transparencia en el proceso”, dijo la jefa de la misión de IFES.
El equipo técnico de Pro V&V analizó la funcionalidad, auditabilidad, seguridad y mecanismos de transmisión del sistema de votación automatizado, así como la cadena de custodia y código fuente.
IFES también incluyó una revisión de la aplicación móvil que se utilizará para transmitir los resultados del sistema de votación manual y se reunió con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la Junta Central Electoral para obtener una comprensión más completa de los desafíos y las preocupaciones que se abordarán en la evaluación preelectoral.
“IFES aprecia la cooperación que ha recibido mientras llevo a cabo su trabajo esta semana. Esperamos continuar brindando asesoramiento técnico a la Junta Central Electoral antes de las elecciones municipales del 16 de febrero y antes de las elecciones generales del 17 de mayo del corriente año (…). Como un líder mundial en la promoción de la democracia, IFES impulsa el desarrollo de buenas políticas de gobierno y de los derechos propios de la democracia”, dijo Sophie Lagueny en su declaración ante los medios de comunicación.
El auditor jefe del área técnica de Alhambra Eidos, Antonio Gil, manifestó que los sistemas auditados, basados en Windows 10 personalizados en su ejecución y seguridad, disponen de un nivel de seguridad, desempeño y tolerancia a fallos que los hacen “robustos, fiables y rápidos en su ejecución”. “Analizando el tráfico existente entre el servidor de la base de datos central y sus comunicaciones con el exterior y, con ello, comprobando a través de herramientas principalmente SIEM si hay contenido malicioso que pueda vulnerar el correcto funcionamiento de la plataforma a auditar, se constata que el tráfico de red auditado no contiene ninguna actividad, virus o malware detectado, con lo que no ha habido alteración en el funcionamiento del proceso electoral desde un punto de vista de código malicioso”, precisó.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.