Nacionales
Detienen a cinco mujeres vinculadas a la venta de drogas
Foto de archivo
Cinco mujeres supuestamente involucradas en la venta de drogas fueron apresadas por separado en las últimas horas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
A Yissel Francisca Rojas, de 21 años de edad; Warleys Josefina Marte Burgos, alias La Chory, de 26; Amancia Mota, Yolanda Paul, de 29; e Inés Johanny Luna Zabala, les 40, fueron detenidas en la Capital, La Vega, Hato Mayor, Dajabón y Montecristi y les fueron ocupadas cientos de porciones de cocaína, crack, marihuana y dinero en efectivo, informó la agencia antinarcóticos.
El organismo explicó que Rojas fue detenida mientras atendía un “punto” que alegadamente controlaba frente a un colmado de la calle María de Toledo, en el sector de Villa Consuelo, Distrito Nacional, donde se le ocupó 105 envolturas de crack dentro de una cartera de mano.
A La Chory, un fiscal adjunto y miembros de la DNCD, le ocuparon cuatro porciones de cocaína y 63 de marihuana durante un allanamiento a su vivienda, una casa de dos niveles de la Calle 17, en el sector Villa Olga, en La Vega.
“Tras su detención, La Chory dijo a las autoridades que sentía mareos y náuseas debido a que alegadamente estaba embarazada, siendo llevaba a un centro de salud, donde mediante análisis se estableció que se trataba de una coartada suya” subrayó el organismo.
Amancia Mota, una mujer de edad avanzada no precisada, fue arrestada en relación a 15.3 gramos de cocaína, ocupada en el patio de su vivienda, en Miches, droga de la que dijo pertenecía a Deni Mota alias Chulito, su hijo.
Mientras que Paul supuestamente fue sorprendida cuando retornaba de Haití con una porción de marihuana y dos de cocaína dentro de su cartera, arresto practicado por militares en un callejón del barrio La Bomba, próximo a un destacamento del Ejército Nacional, en Dajabón.
Por último la DNCD dijo que Luna Zabala fue apresada junto a Héctor Omar Eguren Devora, de 31 años, un supuesto reconocido vendedor de drogas en un “punto” que operaban en una casa sin número de la calle Proyecto, en el sector Guatapanal, en Montecristi. Decomisaron 132 envolturas de cocaína, y dinero en efectivo en dólares y pesos.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado, solicitó este jueves a la Cámara de Cuentas que audite sus finanzas desde el año 2020 hasta la fecha para cumplir con «una exigencia de transparencia» en el Congreso.
En medio de la sesión de este jueves, De los Santos reveló que el Senado no ha sido auditado en más de diez años, por lo que exigió una revisión a los ingresos y los gastos de la Cámara Alta en los últimos cinco años.
En su discurso, el presidente del Senado recordó que ocupó el puesto de liderazgo en agosto del 2023 y que nunca solicitó una auditoría por los conflictos internos que vivía la Cámara de Cuentas en ese entonces y que impedirían una revisión transparente.
En ese año, los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, encabezados por Janel Andrés Ramírez, lideraron una serie de escándalos que casi los llevan a un juicio político que terminaría en su destitución.
El presidente del Senado también enfatizó que retrasó el pedimento de una auditoría a la espera de una nueva ley de la Cámara de Cuentas que hiciera más fuerte la fiscalización de las entidades públicas.
El presidente de los senadores precisó que aunque la ley le da una autonomía administrativa y financiera al Congreso, él mismo quiso impulsar una auditoría para transparentar su propia gestión y la anterior, que dirigió Eduardo Estrella cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) llegó al poder.
«Entendemos que como primer poder del Estado debemos dar ejemplo de cómo se maneja lo ajeno con transparencia. Eso salió de nosotros sin que nadie nos lo haya solicitado», puntualizó al resaltar que todos los senadores respaldaron su pedimento a la Cámara de Cuentas.
Nacionales
Aprueban de urgencia en el Senado proyecto que fusiona Ministerio de Economía con Hacienda
Santo Domingo, R.D.-El Senado aprobó este jueves en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que fusiona los ministerios de Hacienda y Economía, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo como parte de su plan de reforma estatal.
La iniciativa fue aprobada con 24 votos a favor y ahora pasará a la Cámara de Diputados para seguir el mismo trámite legislativo antes de ser convertida formalmente en ley y promulgada por el presidente Luis Abinader.
La fusión fue aprobada mediante un procedimiento de urgencia, una modalidad que permite a los legisladores acelerar el trámite de los proyectos. En lugar de debatirlos en dos sesiones distintas —una para la primera lectura y otra para la segunda—, ambos debates se realizan en una misma jornada para agilizar el proceso.
Con la unión de las entidades, ahora existirá un nuevo Ministerio de Hacienda y Economía que será el órgano rector de las finanzas públicas, del sistema nacional de planificación y de la inversión pública.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).– Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, destacó el compromiso de su gestión con la tutela efectiva de los derechos de las víctimas, al agradecer el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) a programas formativos y proyectos que, mediante el intercambio de experiencias y conocimientos, fortalecen las capacidades de respuesta del Ministerio Público.
Reynoso se refirió al tema en el acto de lanzamiento del proyecto “Reforzado el Sistema Integral de Atención y Protección a Víctimas de delitos”, apoyado por la Aecid y coordinado por el servicio nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (Relevic).
El acto contó con la presencia de Eva María Granados Galiano, secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Reino de España, y Antonio Pérez-Hernández, embajador de esa nación en República Dominicana. También, Nuria Pérez Llavero, directora de gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional; Laura Oroz, directora de Cooperación con América Latina y el Caribe; Manuel Alba Cano, coordinador General de la Cooperación Española en el país; Ana Álvarez Rodríguez, responsable de proyectos Aecid, y Raquel Rojo, cooperante Aecid.
Del Ministerio Público estuvo el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, así como las fiscales María Rosalba Díaz y Ana Andrea Villa Camacho, responsables del Relevic y de la Dirección de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, entre otros fiscales y colaboradores.
La procuradora general planteó que durante el año pasado el Ministerio Público recibió unas 70 mil denuncias de violencia de género. Resaltó que las víctimas son atendidas bajo el modelo multidisciplinario promovido por la Aecid, el cual se enfoca en iniciativas que evitan la revictimización y trata bajo criterios profesionales de especialistas.
“Pasamos de que una mujer tuviese que ir a un destacamento a conversar con un policía, a un sistema integral, multidisciplinario, donde hay psicólogos, forenses, trabajadores sociales, fiscales especializados, donde hay un protocolo, y eso tiene que ver muchísimo con la cooperación española”, puntualizó, al resaltar los avances en la materia.
Calificó la española como “una cooperación de lujo” para la implementación y desarrollo del proyecto que aborda los principales desafíos que afectan la atención, protección y reparación de las víctimas dentro del sistema de justicia penal en la República Dominicana.
Mientras, Eva María Granados Galiano valoró el proyecto “Reforzado el Sistema Integral de Atención y Protección a Víctimas de Delitos” como muestra del trabajo y del compromiso con la Procuraduría General de la República para mejorar el acceso a la justicia de las víctimas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
“Con este proyecto hemos querido poner el sistema de protección a víctima español al servicio del sistema dominicano, aportando los mecanismos, los procesos que nos funcionan, poniendo en valor las experiencias de éxito y también las lecciones aprendidas”, explicó Granados Galiano, quien precisó que esta colaboración va más allá de la atención jurídica.
“Creo que se trata de ofrecer, desde los poderes públicos, una respuesta lo más amplia posible, no solo jurídica, estamos hablando de respuestas sociales a víctimas y con ello intentamos ofrecer una respuesta no solo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino también minimizadora de otros efectos traumáticos que en su condición pueden generar”, sostuvo.