Una tercera muerte en Villa Vásquez

Por redacción

El tercer fallecido fue identificado como Cristhofer Carlos Belliard, alias “Cri Cri”, quien murió tras resultar herido de bala durante una intervención policial en el municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi.

Sobre este último caso, la información disponible es más limitada y la Policía no ha detallado las circunstancias en que se produjo la intervención.

Los tres hechos permanecen bajo investigación.

Corresponderá a las autoridades establecer mediante las pesquisas, experticias balísticas y demás evidencias las circunstancias particulares de cada muerte.

Por el momento, la versión de que los tres hombres enfrentaron a tiros a los agentes corresponde a la información ofrecida por la Policía Nacional.

El presidente del Tribunal Constitucional advierte que combatir el delito no autoriza a desconocer las garantías fundamentales

Por Alberto Rodríguez

Santo Domingo, República Dominicana.– El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier, defendió la vigencia del debido proceso como una condición indispensable del Estado de derecho y sostuvo que garantizar los derechos de una persona sometida a un proceso penal no equivale a promover la impunidad.

La posición fue expuesta durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, dedicado este año al análisis del debido proceso constitucional en materia penal. El encuentro reunió a juristas dominicanos y extranjeros para examinar los desafíos que enfrenta la justicia penal en un contexto marcado por la criminalidad organizada, la mora judicial, los delitos tecnológicos y el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial.

Estévez planteó que la persecución del delito y la protección de la seguridad ciudadana deben desarrollarse dentro de los límites fijados por la Constitución.

A su juicio, la eficacia del sistema penal no puede medirse únicamente por la capacidad de investigar, acusar o sancionar, sino también por la forma en que las instituciones respetan las garantías de quienes intervienen en un proceso.

Durante su intervención recordó que el artículo 69 de la Constitución dominicana consagra la tutela judicial efectiva y el debido proceso, mientras que el artículo 40 protege la libertad y la seguridad personal.

El magistrado insistió en que esas garantías no deben considerarse obstáculos para la justicia, sino mecanismos de control frente al poder del Estado.

“Defender el debido proceso no significa defender la impunidad”, afirmó Estévez al explicar que respetar las reglas constitucionales supone también proteger la dignidad humana y la legitimidad de las decisiones judiciales.

Límites al poder de castigar

El presidente del TC recurrió a planteamientos del jurista italiano Luigi Ferrajoli para destacar que las garantías procesales funcionan como límites al ejercicio del poder punitivo.

Desde esa perspectiva, el proceso penal no puede quedar sometido exclusivamente a las exigencias de castigo o a las presiones derivadas de determinados casos de alto impacto social.

Estévez advirtió sobre fenómenos como el populismo penal, la presión de la opinión pública y las actuaciones arbitrarias dentro de los procesos.

En el cierre del congreso fue más lejos al señalar que la protección efectiva del debido proceso depende, en gran medida, de la existencia de jueces independientes capaces de resistir presiones externas e internas.

El magistrado sostuvo que incluso ante posibles excesos del Ministerio Público, actuaciones temerarias de litigantes o presiones provenientes de la opinión pública, corresponde al juez ejercer el control necesario para garantizar los derechos fundamentales.

Jurisprudencia y reforma procesal penal

Durante el encuentro también se abordó la influencia de las decisiones del Tribunal Constitucional sobre la evolución del proceso penal dominicano.

Estévez destacó precedentes relacionados con el acceso a la carpeta fiscal, la notificación de las decisiones judiciales, la asistencia de abogados durante determinadas actuaciones probatorias y los mecanismos de revisión vinculados al hábeas corpus.

El presidente del TC valoró igualmente la reforma del Código Procesal Penal como parte de un proceso de interacción entre las decisiones constitucionales y la labor legislativa.

El tribunal ha presentado esa relación como una expresión de diálogo institucional entre el Congreso Nacional y la jurisdicción constitucional.

Derechos del imputado, víctimas y sociedad

Estévez rechazó la idea de que el debido proceso sea una garantía diseñada exclusivamente para beneficiar al imputado.

Sostuvo que el respeto de las reglas procesales también protege a las víctimas y a la sociedad, porque contribuye a que las decisiones judiciales sean legítimas, verificables y adoptadas dentro de un marco constitucional.

El congreso se desarrolló durante tres jornadas y reunió a más de 500 participantes por día, de acuerdo con el Tribunal Constitucional. En las sesiones participaron especialistas nacionales e internacionales en derecho constitucional, penal y procesal penal.

Para Estévez, el reto no consiste en escoger entre seguridad y garantías, sino en conseguir que la respuesta del Estado frente al delito sea efectiva sin abandonar los principios que justifican el ejercicio mismo de la justicia.

Unas 100 tareas resultaron afectadas en Los Ríos; propietarios denuncian que el fuego se originó en una parcela vecina y reclaman que se establezcan responsabilidades

Por Rosa Hernández

Bahoruco, República Dominicana.– Lo que comenzó hace 25 años como la decisión de un padre de sembrar un patrimonio para sus hijos terminó convertido en un paisaje de árboles carbonizados, vegetación destruida y proyectos familiares paralizados.

Un incendio registrado en la comunidad de Pino Fresco, municipio de Los Ríos, provincia Bahoruco, afectó aproximadamente 100 tareas de terreno sembradas principalmente de pinos y otras especies forestales, según documentos levantados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La propiedad pertenece a Genaro Díaz Rivas, de 67 años, quien comenzó a sembrar árboles en el año 2001 con el propósito inicial de aprovechar posteriormente la madera.

Sin embargo, con el paso del tiempo la familia decidió conservar la plantación y transformar el área en un proyecto de turismo familiar que incluiría pequeñas cabañas, contacto con la naturaleza y cultivos de café.

El incendio ocurrido el 11 de septiembre cambió esos planes.

Un bosque sembrado pensando en sus hijos

La hija del propietario, Marlennis Díaz, explicó que su padre comenzó a desarrollar la plantación con apoyo de un proyecto de cooperación internacional.

Aunque contaban con autorización para el aprovechamiento de los árboles, asegura que la familia nunca realizó la tala.

“Nosotros nunca cosechamos ni un solo árbol de pino de ahí”, manifestó.

El bosque se convirtió con los años en un patrimonio que Genaro esperaba dejar a sus siete hijos.

La familia también había sembrado alrededor de 2,500 plantas de café, concebidas como parte de la experiencia que ofrecerían a futuros visitantes del proyecto.

Según Marlennis, el objetivo era combinar la conservación de los árboles con una iniciativa que permitiera generar ingresos sin destruir el entorno natural.

Familia asegura que había advertido sobre riesgo de quema

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía de Bahoruco, Genaro Díaz fue informado alrededor de la 1:00 de la tarde del 11 de septiembre de que un fuego iniciado en terrenos cercanos había alcanzado su propiedad.

Díaz sostiene que previamente había advertido sobre el riesgo de realizar quemas en una parcela contigua.

La familia atribuye el origen del incendio a labores realizadas para acondicionar terrenos destinados al cultivo de habichuelas.

Según la versión ofrecida por Marlennis, trabajadores que operaban en una propiedad ubicada en una zona inferior de la montaña habrían utilizado fuego para limpiar el terreno.

Aunque presuntamente habían abierto franjas cortafuegos, las llamas se habrían salido de control y avanzado montaña arriba hasta llegar a la plantación.

La denuncia presentada el 15 de septiembre identifica a Víctor Emilio Díaz y Valerio Batista como personas señaladas dentro del caso.

Estas acusaciones corresponden a la versión de los denunciantes y será responsabilidad de las autoridades determinar las circunstancias del incendio y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.

Medio Ambiente documentó daños en unas 100 tareas

Personal del Ministerio de Medio Ambiente realizó una inspección el mismo día del siniestro.

Los documentos levantados por las autoridades registran daños en alrededor de 100 tareas, incluyendo pinos, cedros, helechos y otras especies forestales.

La evaluación técnica también habría identificado altos niveles de persistencia e irreversibilidad del impacto ambiental, así como condiciones de fragilidad en el área afectada.

Una de las personas señaladas en el expediente, Víctor Emilio Díaz, aparece firmando el acta levantada por Medio Ambiente en el espacio correspondiente a “Responsable del Daño Ambiental”.

Sin embargo, la firma de ese documento no constituye por sí misma una admisión de responsabilidad penal ni una sentencia judicial.

La Dirección Provincial de Medio Ambiente posteriormente solicitó su sometimiento ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

Familia estima que perdió miles de árboles

Marlennis Díaz estima que antes del incendio existían más de 7,000 árboles dentro de la plantación.

De acuerdo con los cálculos de la familia, aproximadamente el 80 % habría resultado totalmente quemado.

También temen que árboles que todavía conservan hojas verdes terminen muriendo por los daños sufridos durante el fuego.

El informe oficial citado por la familia no establece un número definitivo de árboles afectados ni determina cuántos podrán sobrevivir.

A las pérdidas forestales se agregan daños a la plantación de café, una empalizada y distintas especies de fauna presentes en el lugar.

Marlennis relató que, al recorrer la zona después del incendio, encontró animales pequeños muertos por efecto de las llamas, entre ellos ranas, lagartos y mariposas.

Brigadas evitaron que el fuego continuara avanzando

La familia reconoció la intervención de brigadas y personal del Ministerio de Medio Ambiente.

Guardaparques y otros empleados acudieron al lugar con herramientas manuales y trabajaron en la apertura de barreras para impedir que las llamas siguieran extendiéndose.

Aunque consiguieron detener el avance hacia otras zonas, una parte considerable de la plantación ya había sido consumida.

El terreno se encuentra en la Sierra de Neiba, a unos 1,340 metros sobre el nivel del mar y, según la documentación aportada, fuera de los límites del parque nacional del mismo nombre.

Familia reclama investigación y consecuencias

La familia de Genaro Díaz asegura que ha contratado representación legal y espera que el Ministerio Público determine las circunstancias en que comenzó el incendio, las responsabilidades correspondientes y las posibilidades de obtener reparación por los daños sufridos.

El caso también plantea interrogantes sobre el uso del fuego para preparar terrenos agrícolas en zonas montañosas y los riesgos que esta práctica puede representar para propiedades vecinas y ecosistemas forestales.

La legislación dominicana contempla consecuencias penales para determinadas conductas relacionadas con incendios provocados, pero corresponderá a las autoridades establecer qué disposiciones resultan aplicables conforme a las pruebas del caso.

Para Genaro y su familia, las pérdidas no se limitan al valor económico de los árboles.

En pocas horas desapareció buena parte de un bosque que tardó un cuarto de siglo en crecer, junto con el proyecto familiar que esperaban desarrollar entre pinos, café y naturaleza.

Ahora reclaman que el expediente avance y que la justicia determine quién debe responder por los daños.

“Esta vez nosotros queremos que haya un régimen de consecuencia”, expresó Genaro Díaz.