Opinión
Devastador huracán institucional
Por Juan Bolívar Díaz
Con el ánimo sobrecogido asistimos al escándalo del develamiento del enorme entramado de narcotráfico, complicidades, corrupción e impunidad que se personifica en el ciudadano César Emilio Peralta, hace años denominado “César el Abusador”, revelador del devastador nivel que ha alcanzado la crisis de las instituciones nacionales.
Que esa banda de delincuentes internacionales haya operado durante dos décadas en la misma cara de las autoridades, traficando miles de kilogramos de drogas, y hayan tenido que intervenir organismos de seguridad de Estados Unidos para que se procediera a su desmantelamiento, es una expresión indiscutible de nuestras vulnerabilidades y de las complicidades con actividades criminales de altos montos.
Peor aún, que se haya montado un espectacular operativo, el más grandes de la historia nacional, con 50 allanamientos al mismo tiempo, y no se capturara a las principales cabezas de la banda de narcotraficantes, indica grave infiltración de los organismos de seguridad nacional. Sobre todo cuando quien aparece como líder hacía vida pública y asistía horas antes a un espectáculo artístico en un lujoso hotel.
La ciudadanía se pregunta cuál es el nivel de eficiencia y de corrupción que hay en la Dirección Nacional de Control de Drogas, en la Dirección Nacional de Investigaciones, en los organismos de “inteligencia” de cada una de las ramas de las fuerzas armadas y la Policía Nacional, que no pudieron establecer el origen de la riqueza exhibida por el señor Peralta, quien llegó al extremo de grabar videos sobre relojes valorados en medio millón de dólares, sosteniendo que él no era un riquito de juego, sino un millonario de verdad.
Es difícil no quedar estupefacto al ver los videos y el historial presentados a todo el país por el programa televisivo de la periodista Nuria Piera. Sobrecogen también las crónicas de los periódicos, con detalles inauditos, y que las intervenciones sobre una veintena de empresas, de operaciones públicas como discotecas, casas de cambios, y de otros tantos inmuebles, y autos, y hasta yate de lujo, que se exhibían en las redes, tuviera que ser motorizada por solicitudes de extradición y con la concurrencia directa del Departamento contra Narcóticos (DEA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
También llama la atención que una decena de discotecas recibieran medio centenar de notificaciones por evasión de impuestos durante los últimos tres años, y no fueran intervenidas, sin que algún organismo de “inteligencia” tomara iniciativa para rastrear al posesionario de tanta riqueza, que repartía propinas en maletines, que pagaba el consumo de decenas de personas en centros de diversión de altos costos.
Este escándalo tiene en común con el de Odebrecht, los aviones Tucanos, Figueroa Agosto y otros, que fue detonado por las autoridades norteamericanas, y que estaban amparados en la violencia y la corrupción imperantes en el país, como dijo el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, horas después del espectacular operativo del martes 20.
Por cierto que ha tenido como repercusión la revelación del principal diario de Boston, de que el beisbolista David Ortiz ha contratado una agencia de investigación de esa ciudad para determinar cuál fue la realidad del atentado criminal que lo afectó el 9 de junio, lo que implicas que, como gran parte de la ciudadanía, él duda de las investigaciones oficiales. Desde el primer momento se relacionó al Abusador con ese atentado.
No hay dudas que la credibilidad de todas autoridades y la justicia dominicana está en crisis, tanto que ya hasta los solicitados en extradición por Estados Unidos la aceptan voluntariamente “porque allá la justicia es buena”, y se anuncia que el principal acusado estaría dispuesto a entregarse, pero a las autoridades norteamericanas.
Ante una crisis tan devastadora en cualquier nación de mediana intensidad democrática, el presidente se hubiese sumado públicamente a la consternación pidiendo explicaciones y con disposiciones extraordinarias. Ayer se comunicaba que Danilo Medina se había reunido con los organismos de emergencia ante el riesgo de tormenta atmosférica. Pero no se ha informado que hiciera lo mismo con los organismos de seguridad nacional ante el devastador huracán del narcotráfico que desnuda tanta corrupción e impunidad.-
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
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La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.