Opinión
Develada en Colombia la conjura contra Iván Márquez y Jesús Santrich
Abundan expedientes falsos fabricados por Uribe, Santos, Fiscalía, EE. UU-DEA-CIA y cúpula militar.
Por Narciso Isa Conde
«Por fin, los dos camaradas y amigos entrañables -luego de ser perversamente calificados y acusados de narco-terroristas- han quedado exculpados y justamente reivindicados mediante una investigación realizada por la Comisión de la Verdad.»
En el contexto de la nueva gestión gubernamental colombiana encabezada por Gustavo Petro y Francia Márquez, la Comisión de la Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha denunciado como falsos los expedientes construidos por el uribismo contra los comandantes de las FARC-EP, Iván Márquez y Jesús Santrich; ambos acusados de narco-terroristas después de firmada la paz; todo por asumir una actitud digna frente a la violación de lo acordado.
Es necesario denunciar de mi parte que por un expediente igualmente falaz, orden de captura y planes criminales, tengo 14 años que solo he podido viajar a Cuba y a Venezuela en vuelos directos y he tenido que enfrentar varias tramas en mi país.
Acusaciones parecidas pesan también contra destacados intelectuales y líderes sociales de Nuestra América y del mundo. Es el caso de Piedad Córdoba y de muchos/as otros/as luchadores/as colombianos/as, latino-caribeños y europeos.
· Las acusaciones en mi caso.
En mi caso la limitación de movimiento se debe a una “orden de captura por delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de financiamiento del terrorismo y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas y circular azul de INTERPOL”.
Esa acusación está contenida también en un documento titulado “Información de las FARC en República Dominicana/ Narciso Isa Conde), entregado por jefes militares colombianos a las más altas autoridades civiles y militares de mi país, en procura de mi extradición a Colombia; en ese informe militar los cargos, todos falsos y oportunamente desmentidos, son aún más grotescos que los que sustenta la referida circular de INTERPOL.
Entre otros quiero destacar textualmente las siguientes acusaciones:
· “Cabecilla de la Comisión internacional de FARC desde 1994”…”
· “Principal contacto con alias Iván Márquez para despliegue de Movimiento Continental desde Venezuela”… “
· Visita a campamentos de las FARC “para recibir entrenamiento terrorista y orientaciones criminales”…
· “Enlace en Centroamérica y vínculos con traficantes de armas”…
La solicitud de persecución a INTERPOL, la orden de captura y las medidas represivas contra mi familia se hicieron, pues, atribuyéndome una supuesta trayectoria terrorista, carente de la más mínima credibilidad; y paradójicamente la referida persecución fue promovida y asumida por los ex presidentes Uribe y Santos (culpables de graves crímenes de Estado) y por el Estado Imperialista más terrorista y mentiroso de la historia moderna: EEUU y su CIA.
· Penalización y Planes Criminales.
Tal penalización, gestada y potenciada en los Gobiernos de Uribe y de Santos, y apadrinada por la CIA -con planes de asesinatos incluidos- fue sostenida también por el Gobierno canalla de Iván Duque, responsable de numerosos asesinatos selectivos y expedientes falsos; los cuales han sido valientemente denunciados por la Comisión de la Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), creada a raíz del Acuerdo de Paz de la Habana, proceso al cual estuve relacionado como observador.
En mi caso, a la frustrada intención de extraditarme (dado que los gobiernos de turno rehusaron meterse en esa trampa, le siguieron dos tramas para asesinarme: una orquestada por el Embajador colombiano Chaux Mosquera, de pura cepa paramilitar, acompañado de su agregado militar, capitán Manuel Henríquez Morel; y la otra, por el general Montoya, quien sucedió a Mosquera al frente de esa Embajada, bien conocido por encabezar el genocidio en la Colonia 13 de Medellín ordenado por Uribe, donde fueron asesinadas más de 2,000 personas, todavía impune.
Toda la información correspondiente a mi situación previa a la llegada al país del general Montoya fue entregada al ex presidente Leonel Fernández el 18 de septiembre del 2008, quien si bien aceptó algunas de mis demandas para la preservación de mi vida, no ordenó investigar las conjuras, ni a sancionar a los involucrados. Ni procedió a negarle el “placet” al General Montoya, ni a solicitar su salida del país, pese a su persistente determinación criminal.
La posterior acción represiva contra mi familia incluyó el apresamiento en mayo del 2009 de mi esposa Lourdes Contreras al paso por Miami, en viaje hacia un evento feminista en Jamaica, y además la cancelación del visado a ella y a uno de mis hijos.
Entonces, el Departamento de Estado de EE. UU, emplazado a dar razones, alegó que por mi supuesta condición de “terrorista”, la sanción o represalia se extendía a los familiares cercanos
Por su parte Danilo Medina, que sucedió a Leonel en el 2012, no aceptó meterse en el lío de extraditarme a Colombia, como solicitaron las autoridades de ese país.
· Reivindicación de Iván Márquez y Jesús Santrich.
Los casos de Jesús Santrich y de Iván Márquez -uno asesinado en Venezuela después de burlar la trampa y el otro víctima reciente de un atentado similar a cargo de comandos caza-comandantes luego de creada la FARC/Nueva Marquetalia, tienen una especial relevancia y muestran el valor de la persistencia en la defensa del honor y la dignidad de los seres humanos.
Iván pudo sobrevivir y Jesús dejó un legado admirable. Ambos casos me tocan muy de cerca y no es para menos, dadas tanto sus cualidades revolucionarias, humanas e intelectuales, como los vínculos de solidaridad y amistad cultivados entre nosotros.
Para mí – y pienso que para no pocos colombianos y latino-caribeños- la denuncia de la trama en su contra asume las características de un merecido reconocimiento institucional a sus valores, lo que nos llena de regocijo.
Santrich e Iván, además de comandantes aguerridos, son dos artistas de la pluma, el pincel, la música y la poesía. Dos intelectuales revolucionarios de alto calibre.
Cuando en su discurso de toma de posesión, el Presidente Petro se refirió a su visita previa a Sierra Nevada e hizo referencia al pueblo originario que habita esa montaña y citó las hermosas palabras de la niña que intercambió con él en esa ocasión, recordé el relato que nos hiciera Santrich sobre su larga estancia guerrillera en esa zona, su aprendizaje y dominio del idioma local y su extraordinaria labor educativa en esa comunidad.
Por fin, los dos camaradas y amigos entrañables -luego de ser perversamente calificados y acusados de narco-terroristas- han quedado exculpados y justamente reivindicados mediante una investigación realizada por Comisión de la Verdad.
La denuncia está contenida en el Informe General de esa Comisión, en cuyo anexo a la página 56 se establece valientemente que ambos fueron víctimas de una trampa a cargo del Fiscal General de turno, la DEA-EE.UU y un representante del ejército; versión confirmada por el Presidente Petro y por el Canciller Álvaro Leiva, este último coautor de los principios de la Comisión de la Verdad y la JEP junto a al comandante Jesús Santrich, quienes trabajaron juntos el tema en ocasión de los Diálogos-Habana.
Ese doble asesinato moral finalmente fracasó y debe sentar un precedente de reparación moral más allá de casos específicos, como también inducir al arrepentimiento de quienes por cobardía, medios y persona, les hicieron el juego a las calumnias orquestadas por un poder descalificado para estigmatizar.
Esa conclusión de la Comisión de la Verdad debería servir de base para anular todas las circulares de la INTERPOL relacionadas con expedientes pre-fabricados y todos los encarcelamientos y condenas basados en el poder de mentir y de alienar; todos ellos motivados por el evidente propósito de penalizar la solidaridad con las fuerzas insurgentes y con el torrente opositor a ese régimen comprobadamente criminal y a la vez reprimir cruelmente las luchas populares en defensa de los derechos conculcados.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?