Opinión
Develada en Colombia la conjura contra Iván Márquez y Jesús Santrich
Abundan expedientes falsos fabricados por Uribe, Santos, Fiscalía, EE. UU-DEA-CIA y cúpula militar.
Por Narciso Isa Conde
«Por fin, los dos camaradas y amigos entrañables -luego de ser perversamente calificados y acusados de narco-terroristas- han quedado exculpados y justamente reivindicados mediante una investigación realizada por la Comisión de la Verdad.»
En el contexto de la nueva gestión gubernamental colombiana encabezada por Gustavo Petro y Francia Márquez, la Comisión de la Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha denunciado como falsos los expedientes construidos por el uribismo contra los comandantes de las FARC-EP, Iván Márquez y Jesús Santrich; ambos acusados de narco-terroristas después de firmada la paz; todo por asumir una actitud digna frente a la violación de lo acordado.
Es necesario denunciar de mi parte que por un expediente igualmente falaz, orden de captura y planes criminales, tengo 14 años que solo he podido viajar a Cuba y a Venezuela en vuelos directos y he tenido que enfrentar varias tramas en mi país.
Acusaciones parecidas pesan también contra destacados intelectuales y líderes sociales de Nuestra América y del mundo. Es el caso de Piedad Córdoba y de muchos/as otros/as luchadores/as colombianos/as, latino-caribeños y europeos.
· Las acusaciones en mi caso.
En mi caso la limitación de movimiento se debe a una “orden de captura por delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de financiamiento del terrorismo y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas y circular azul de INTERPOL”.
Esa acusación está contenida también en un documento titulado “Información de las FARC en República Dominicana/ Narciso Isa Conde), entregado por jefes militares colombianos a las más altas autoridades civiles y militares de mi país, en procura de mi extradición a Colombia; en ese informe militar los cargos, todos falsos y oportunamente desmentidos, son aún más grotescos que los que sustenta la referida circular de INTERPOL.
Entre otros quiero destacar textualmente las siguientes acusaciones:
· “Cabecilla de la Comisión internacional de FARC desde 1994”…”
· “Principal contacto con alias Iván Márquez para despliegue de Movimiento Continental desde Venezuela”… “
· Visita a campamentos de las FARC “para recibir entrenamiento terrorista y orientaciones criminales”…
· “Enlace en Centroamérica y vínculos con traficantes de armas”…
La solicitud de persecución a INTERPOL, la orden de captura y las medidas represivas contra mi familia se hicieron, pues, atribuyéndome una supuesta trayectoria terrorista, carente de la más mínima credibilidad; y paradójicamente la referida persecución fue promovida y asumida por los ex presidentes Uribe y Santos (culpables de graves crímenes de Estado) y por el Estado Imperialista más terrorista y mentiroso de la historia moderna: EEUU y su CIA.
· Penalización y Planes Criminales.
Tal penalización, gestada y potenciada en los Gobiernos de Uribe y de Santos, y apadrinada por la CIA -con planes de asesinatos incluidos- fue sostenida también por el Gobierno canalla de Iván Duque, responsable de numerosos asesinatos selectivos y expedientes falsos; los cuales han sido valientemente denunciados por la Comisión de la Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), creada a raíz del Acuerdo de Paz de la Habana, proceso al cual estuve relacionado como observador.
En mi caso, a la frustrada intención de extraditarme (dado que los gobiernos de turno rehusaron meterse en esa trampa, le siguieron dos tramas para asesinarme: una orquestada por el Embajador colombiano Chaux Mosquera, de pura cepa paramilitar, acompañado de su agregado militar, capitán Manuel Henríquez Morel; y la otra, por el general Montoya, quien sucedió a Mosquera al frente de esa Embajada, bien conocido por encabezar el genocidio en la Colonia 13 de Medellín ordenado por Uribe, donde fueron asesinadas más de 2,000 personas, todavía impune.
Toda la información correspondiente a mi situación previa a la llegada al país del general Montoya fue entregada al ex presidente Leonel Fernández el 18 de septiembre del 2008, quien si bien aceptó algunas de mis demandas para la preservación de mi vida, no ordenó investigar las conjuras, ni a sancionar a los involucrados. Ni procedió a negarle el “placet” al General Montoya, ni a solicitar su salida del país, pese a su persistente determinación criminal.
La posterior acción represiva contra mi familia incluyó el apresamiento en mayo del 2009 de mi esposa Lourdes Contreras al paso por Miami, en viaje hacia un evento feminista en Jamaica, y además la cancelación del visado a ella y a uno de mis hijos.
Entonces, el Departamento de Estado de EE. UU, emplazado a dar razones, alegó que por mi supuesta condición de “terrorista”, la sanción o represalia se extendía a los familiares cercanos
Por su parte Danilo Medina, que sucedió a Leonel en el 2012, no aceptó meterse en el lío de extraditarme a Colombia, como solicitaron las autoridades de ese país.
· Reivindicación de Iván Márquez y Jesús Santrich.
Los casos de Jesús Santrich y de Iván Márquez -uno asesinado en Venezuela después de burlar la trampa y el otro víctima reciente de un atentado similar a cargo de comandos caza-comandantes luego de creada la FARC/Nueva Marquetalia, tienen una especial relevancia y muestran el valor de la persistencia en la defensa del honor y la dignidad de los seres humanos.
Iván pudo sobrevivir y Jesús dejó un legado admirable. Ambos casos me tocan muy de cerca y no es para menos, dadas tanto sus cualidades revolucionarias, humanas e intelectuales, como los vínculos de solidaridad y amistad cultivados entre nosotros.
Para mí – y pienso que para no pocos colombianos y latino-caribeños- la denuncia de la trama en su contra asume las características de un merecido reconocimiento institucional a sus valores, lo que nos llena de regocijo.
Santrich e Iván, además de comandantes aguerridos, son dos artistas de la pluma, el pincel, la música y la poesía. Dos intelectuales revolucionarios de alto calibre.
Cuando en su discurso de toma de posesión, el Presidente Petro se refirió a su visita previa a Sierra Nevada e hizo referencia al pueblo originario que habita esa montaña y citó las hermosas palabras de la niña que intercambió con él en esa ocasión, recordé el relato que nos hiciera Santrich sobre su larga estancia guerrillera en esa zona, su aprendizaje y dominio del idioma local y su extraordinaria labor educativa en esa comunidad.
Por fin, los dos camaradas y amigos entrañables -luego de ser perversamente calificados y acusados de narco-terroristas- han quedado exculpados y justamente reivindicados mediante una investigación realizada por Comisión de la Verdad.
La denuncia está contenida en el Informe General de esa Comisión, en cuyo anexo a la página 56 se establece valientemente que ambos fueron víctimas de una trampa a cargo del Fiscal General de turno, la DEA-EE.UU y un representante del ejército; versión confirmada por el Presidente Petro y por el Canciller Álvaro Leiva, este último coautor de los principios de la Comisión de la Verdad y la JEP junto a al comandante Jesús Santrich, quienes trabajaron juntos el tema en ocasión de los Diálogos-Habana.
Ese doble asesinato moral finalmente fracasó y debe sentar un precedente de reparación moral más allá de casos específicos, como también inducir al arrepentimiento de quienes por cobardía, medios y persona, les hicieron el juego a las calumnias orquestadas por un poder descalificado para estigmatizar.
Esa conclusión de la Comisión de la Verdad debería servir de base para anular todas las circulares de la INTERPOL relacionadas con expedientes pre-fabricados y todos los encarcelamientos y condenas basados en el poder de mentir y de alienar; todos ellos motivados por el evidente propósito de penalizar la solidaridad con las fuerzas insurgentes y con el torrente opositor a ese régimen comprobadamente criminal y a la vez reprimir cruelmente las luchas populares en defensa de los derechos conculcados.
Por Isaías Ramos
San Juan habló.
El Presidente entendió.
Ahora el Estado debe actuar.
El proyecto minero Romero ya no es un simple expediente ambiental: es una prueba de soberanía, autoridad institucional y respeto a la Constitución.
San Juan no se levantó contra la inversión ni contra el progreso. San Juan se levantó por el agua. Y cuando un pueblo se levanta por el agua, defiende la vida.
En un Estado Social y Democrático de Derecho, la inversión es bienvenida, pero subordinada a la dignidad humana, al interés general, al agua, al ambiente sano y a la soberanía popular.
El presidente Luis Abinader acertó al paralizar las actividades vinculadas al proyecto. Respondió a una realidad inocultable: una provincia agrícola, hídrica y movilizada rechazó un proyecto extractivo que percibe como amenaza a sus ríos y agricultura.
Las declaraciones de la empresa, afirmando que no se da por vencida y que buscará diálogo, pueden sonar diplomáticas; pero después de una decisión presidencial, pueden leerse como desafío elegante, presión calculada y gesto improcedente ante una comunidad que ya habló.
La empresa tiene derecho al debido proceso y a una respuesta formal. Pero no tiene derecho a desconocer la voluntad social ni a tratar el rechazo popular como obstáculo vencible con comunicación estratégica.
En República Dominicana la inversión no está por encima de la Constitución. Una concesión no es soberanía. Un permiso no es carta blanca. Una exploración no es derecho adquirido a explotar. Y un estudio de impacto ambiental no puede convertirse en antesala inevitable de una mina rechazada por el territorio.
El artículo 8 ordena al Estado proteger los derechos de las personas y crear condiciones para el desarrollo humano. La Constitución reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico, esencial para la vida, y ordena proteger el ambiente sano para presentes y futuras generaciones.
Si una permisología de exploración o evaluación ambiental avanza ignorando la vocación agrícola, la fragilidad hídrica, la ausencia de licencia social y el rechazo masivo, contradice la Ley General de Medio Ambiente y el mandato superior de la Constitución.
La Ley Ambiental nació para prevenir, informar, consultar, restaurar y aplicar el principio de precaución. Cuando existe riesgo grave para el agua, la salud y la vida comunitaria, la falta de certeza absoluta no puede usarse como excusa para avanzar.
San Juan ya respondió la pregunta de fondo: agua sí, oro no.
A quienes defienden con ligereza la explotación industrial de oro habría que pedirles algo más que entusiasmo económico y frases sobre “minería responsable”: que citen, en cualquier lugar del mundo, con nombre, país, fecha y evidencia independiente, un caso de explotación aurífera industrial que no haya provocado daño ambiental significativo o irreversible, afectación hídrica comprobada, relaves peligrosos no remediados, deterioro neto de ecosistemas o pasivos pagados por comunidades; y que además haya dejado a su pueblo mejor, más seguro y más próspero, descontados los costos ambientales, sociales, hídricos y de remediación.
En República Dominicana la prudencia debe ser mayor: somos parte de una isla, con ríos cortos, acuíferos frágiles y montañas interconectadas. Aquí un error ambiental no queda aislado: baja al valle, afecta la agricultura y compromete agua sin sustituto. El oro se exporta y se agota; el agua y los suelos fértiles no se recuperan con discursos.
Si existe en el mundo un ejemplo incuestionable de explotación industrial de oro sin daño ambiental significativo, afectación hídrica, relaves peligrosos, deterioro neto del territorio ni pasivos comunitarios, que lo presenten. Y si no existe, que no nos pidan fe donde corresponde aplicar prudencia constitucional.
República Dominicana necesita una nueva Ley de Minería nacida de la Constitución, no extractivista: una ley que ponga el agua por encima del oro, la cuenca por encima del polígono minero y la comunidad por encima del contrato. Debe declarar zonas incompatibles con minería metálica y exigir garantías reales, cierre, post-cierre, monitoreo independiente, transparencia y participación ciudadana efectiva.
Que nadie confunda la paralización anunciada con victoria definitiva. El pueblo debe mantenerse vigilante hasta que las aguas se aclaren; hasta que la decisión sea formalizada y blindada; hasta que se legisle una Ley de Minería armónica con la Constitución; y hasta que ninguna empresa use la permisología como escalera hacia una explotación que el territorio ya rechazó.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social impulsaremos una ruta cívica, jurídica e institucional: solicitudes para que ningún expediente avance sin transparencia, motivación legal y control ciudadano; estudio de una acción constitucional contra normas mineras incompatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho; y convocatoria a una vigilancia nacional por el agua. Esta no es causa de un grupo: es causa de país.
En un país donde la partidocracia tantas veces ha abandonado al pueblo, la vigilancia ciudadana no es desconfianza gratuita: es deber patriótico. Hoy resuena aquella advertencia: “Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.
En el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la mayor riqueza de una nación no está debajo de la tierra. Está en su gente, en su agua, en sus alimentos, en su educación, en su soberanía alimentaria y energética, y en su ciudadanía despierta.
San Juan habló.
El Presidente entendió.
La Constitución manda.
El pueblo debe vigilar.
Agua sí, oro no.
Ya basta de improvisar. Es tiempo de gobernar.
(Segunda entrega)
Por Oscar López Reyes
La publicidad digital (información procesada) ha prosperado, crecidamente como flor en primavera, por su exclusiva y ventajosa preferencia en el raudal de su automatización (función autónoma) y democratización tanto de su cobertura como del bajo costo presupuestario. Ha escalado un eslabón preeminente (por su cuantía y repetida difusión) del edificio mercadológico y sacudido la alfombra de los modelos de negocios comunicacionales. Se desplaza imparable…
En el universo hiperconectado y el cambio de mentalidades, el aforo de la digitalización experimenta un crecimiento de doble dígito, y lidera el gasto publicitario de República Dominicana, por ser más económica, por su precisa segmentación de audiencias, formato multimedia (texto, imagen y video), alcance global y por ser medible en tiempo real.
Reforcemos las palabras con cifras verificables: En 2025, la inversión publicitaria general de República Dominicana fue de 38 mil 645 millones de pesos, y la insertada en 583 medios oneline (redes sociales, buscadores y sitio web) fue 4 mil 600 pesos, que representó el 12%.
Los nuevos portales, blogs y nativos emergentes han logrado un gran alcance, y en el 2026 el 70% de la población dominicana incursiona en redes sociales, que la corona como el canal tecnológico dominante de interacción diaria, con una elevada inversión de tiempo.
Ese auge en apenas tres décadas se ha afianzado porque el consumo de noticias ha emigrado preponderantemente a redes sociales y portales digitales. Cerca del 90% de la población dominicana tiene acceso al servicio de internet, especialmente a través de la conexión celular, y más del 50% de los jóvenes entre 18 y 25 años la usa como su dieta alimenticia.
Empero, esa expansión se coloca muy por debajo del mercado planetario, que en el 2025 acumuló entre el 69% y el 73% de la inversión publicitaria global, lo que significa que los offlines o tradicionales (prensa escrita, radio, televisión y vallas/carteles) cuentan con un 30% de audiencia.
La publicidad en la red gira en el espinazo de algoritmos cambiantes, subastas y un ecosistema sofisticado y engorroso, en torno a por lo menos diez núcleos centrales:
1.- Contenido temático estratégico
La publicidad de contenido digital crea, edita y difunde narrativas emocionantes y motivantes sobre una marca, para posibilitar la acción de compra y fidelizar a audiencias preseleccionadas.
2.- Segmentación personalizada
Separar a clientes conquistados en grupos más pequeños y homogéneos (remarketing) para interactuar sobre el producto en plataformas definidas, a fin de lograr empatía, aumentar las visitas y detener a esos usuarios.
3.- Diversidad de espectro/plataformas
Las plataformas se fragmentan en cinco facetas: 1) Redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram, LinkedIn, X (Twitter) y WeChat, Comunicación en tiempo real; 2) Streaming: Netflix, Disney, HBO Max, Prime Video y Apple TV+; 3) Comercio Electrónico (E-commerce) Amazon, Shopify, Mercado Libre, Tiendanube yHotmart; 4) Educación Virtual y E-learning (LMS), y 5) Trabajo y Almacenamiento en la Nube.
4.- Interacción dinámica conversacional
Interlocutores emplean el diálogo explicativo personalizado —por redes sociales, WhatsApp o chatbots— para despejar dudas, explicar procesos y generar confianza en la línea para guiar hacia el acto de compra.
5.- Tipos de publicidad de mensajes
Los textos persuasivos son diseñados para convencer a los usuarios sobre los plus de los bienes y servicios, en las esferas informativa/educativa, afectiva/sentimental, narrativa/memorable, racional e inspiracional. Abarca Marketing en Buscadores (SEM), Social Ads, Display (banners), Nativa, Video, Email Marketing, Programática, Retargeting/Remarketing, Marketing de Influencer y Marketing de Afiliación.
6.- Clases de formatos innovadores
Los formatos de documento, imagen, video y audio en dispositivos electrónicos almacenar y optimizan bases de datos, editan y mejoran la calidad de fotografías, gráficos y web, la animación y la impresión.
7.- Flexibilidad con cambios inmediatos
La publicidad digital facilita cambios inmediatos, el perfeccionamiento del mensaje, el movimiento de presupuestos de un canal a otro y la maximización automatizada para rehuir al cansancio de la audiencia.
8.- Alto alcance/cobertura de la campaña
El anuncio o campaña sobre una marca o servicio es oído o visto por una inmensidad de receptores (alto alcance), en extensos territorios geográficos o segmentos de un mercado (alta cobertura), para su mejor posicionamiento.
9.- Menor costo de producción y difusión
Son reducidos y eficientes los costos tanto de producción como de divulgación de los mensajes, por plataformas de nichos con creativos visuales de alta calidad, sin necesidad de contratar costosas agencias publicitarias.
10.- Facilidad para medir resultados
Las auditorías, que por métricas miden en tiempo real la tasa de clics de usuarios que han visitado la web y la efectividad del mensaje, factor básico para reajustar la campaña y cuantificar la rentabilidad de la inversión.
Como perciben sus ojos, la comunicación social en tanto disciplina científica ha parido un área, la publicidad digital (vinculada también con el marketing), que se sustenta en la investigación, el conocimiento sistemáticamente estructurado, los diseños, los cálculos y estadísticas, las ciencias de datos, los modelos predictivos y la inteligencia artificial.
Al ritmo apresurado en que la publicidad digital evoluciona, conceptual y tecnológicamente, los sitios web, blogs, redes sociales y otros nativos digitales, desplazan a los periódicos impresos, que están siendo instalados en las páginas web; el podcast a la radio tradicional y el streaming y YouTube a la televisión por cable y abierta.
Excluyendo los clics falsos y fraudes publicitarios, la propagación de datos privados, los ruidos por la sobrecarga de información/anuncios y las continuas modificaciones en los algoritmos de las plataformas –susceptibles de disminuir las metas propuestas- la publicidad digital seguirá agrandando su panza. En la multimedia interactiva descansa el futuro y los anunciantes preferirán, en la lógica rentable empresarial, a las altas audiencias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Por Rommel Santos Diaz
Además, para ser admisible, cada uno deberá ser ¨ de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte Penal Internacional¨. Quedan excluidos los casos fuera de lo habitual en los que la gravedad de los hechos específicos no deja de ser secundaria.
Al evaluar la admisibilidad de un caso, la Fiscalía estudiará el daño ambiental causado por el crimen. Aunque la determinación de la gravedad de los crímenes ambientales se centra a menudo en los daños sufridos por humanos como consecuencia de un daño ambiental, también podrán considerarse los daños sufridos por el medio ambiente en sí, tal como ocurre cuando un crimen ocasiona un daño a gran escala en un ecosistema no utilizado por humanos con fines de subsistencia.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional también tendrá en cuenta factores de orden estrictamente ambiental al determinar la gravedad, entre ellos factores de escala, naturaleza e impacto:
Escala: el número de víctimas humanas y no humanas directa e indirectas o el alcance geográfico o temporal del daño ambiental.
Naturaleza: si se cometieron daños ambientales contra víctimas marginadas o en situación de vulnerabilidad, entre ellas, mujeres, menores, personas mayores, personas con discapacidad, Pueblos Indígenas, afrodescendientes y campesinos, o si estas víctimas se vieron especialmente afectadas.
Impacto: magnitud del daño, desde el punto de vista integral y con inclusión de los daños irreversibles y a largo plazo, v vista de manera acumulativa cuando se ha cometido una serie de actos de daño ambiental causado al entorno natural , con independencia de su efecto antropocéntrico ; el efecto intergeneracional del daño ambiental en la vida humana; y el daño social, cultural, psicológico, religioso, espiritual o socioeconómico especifico infligido por los crímenes ambientales, en particular a grupos o personas con vulnerabilidades interseccionales.