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Ordenan anulación y reevaluación de adjudicaciones en licitaciones del INABIE
Santo Domingo. –Fueron emitidas este jueves dos resoluciones por parte de La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que anulan varias adjudicaciones de uniformes, mochilas y kits escolares tras la investigación realizada por el programa El Informe con Alicia Ortega y de concluir con un proceso investigativo iniciado de oficio en el que constató una serie de irregularidades en los procedimientos de contratación realizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para la adquisición de indumentaria y equipamiento escolar.
En el caso del procedimiento de licitación pública nacional núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0010, para la confección y adquisición de mochilas y kits escolares correspondientes a los periodos 2025-2026 y 2026-2027, el órgano rector confirmó múltiples irregularidades en las evaluaciones técnicas y económicas, en el criterio de adjudicación y en el cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia y libre competencia.
Otros hallazgos detectados por la DGCP en este proceso y descritos en la resolución RIC-0113-2025 son:
- – Documentación alterada o con indicios de falsedad, presentada por varios proveedores.- Ausencia e incongruencias en las visitas técnicas, incluyendo falta de videos y participación de peritos no designados formalmente.- Deficiencias en la evaluación de garantías económicas y en la motivación de las adjudicaciones.
– Indicios de colusión y conflictos de interés entre proveedores adjudicados.
En ese sentido, de 151 proveedores adjudicados, la DGCP decidió anular las adjudicaciones de 18 contratos y ordenó al INABIE la reevaluación de 25 oferentes, mediante nuevas visitas técnicas realizadas por peritos calificados con registros audiovisuales obligatorios. Asimismo, iniciar el procedimiento sancionador de oficio contra proveedores por presentar documentación falsa.
Con relación al procedimiento de licitación pública nacional núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0008, llevado a cabo para la «Confección y adquisición de poloshirts y pantalones escolares, para ser distribuidos a los centros educativos públicos durante el periodo escolar 2025-2026 y 2026-2027, dirigido a empresas de fabricación nacional», la DGCP constató que, al igual que en los procesos anteriores fueron adjudicados proveedores que presentaron documentación falsa y con vinculaciones entre sí, comprobándose la existencia de indicios de colusión.
- De igual manera, el Comité de Compras del INABIE otorgó excepcionalidades tras la etapa de evaluación técnica definitiva en violación de varios principios de la normativa vigente y no suministró evidencias ni justificaciones para contrastar los datos levantados por los peritos.
En ese sentido, mediante la resolución RIC-0114-2025 de 209 proveedores adjudicados en este proceso, el órgano rector decidió anular 21 adjudicaciones y ordenó al INABIE designar peritos calificados que no se encuentren en conflicto de interés para reevaluar las ofertas de 64 empresas con nuevas visitas técnicas, las cuales deberán ser documentadas con el uso de la buena práctica de las cámaras corporales.
Por las irregularidades detectadas en ambos procedimientos, la DGCP recomendó al INABIE aplicar medidas disciplinarias a los miembros de su Comité de Compras y Contrataciones y peritos responsables y remitió ambos casos a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y el Ministerio de Educación, para las investigaciones que correspondan.
La DGCP recordó que estas decisiones se enmarcan en su rol como órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, reafirmando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección del interés general.
Las resoluciones íntegras RIC-0113-2025 y RIC-0114-2025 están disponibles en el apartado de Resoluciones de Investigaciones y Reclamos de la sección Marco Legal del portal institucional de la DGCP: https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/resolucion-de-conflictos/
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.