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Ordenan anulación y reevaluación de adjudicaciones en licitaciones del INABIE
Santo Domingo. –Fueron emitidas este jueves dos resoluciones por parte de La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que anulan varias adjudicaciones de uniformes, mochilas y kits escolares tras la investigación realizada por el programa El Informe con Alicia Ortega y de concluir con un proceso investigativo iniciado de oficio en el que constató una serie de irregularidades en los procedimientos de contratación realizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para la adquisición de indumentaria y equipamiento escolar.
En el caso del procedimiento de licitación pública nacional núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0010, para la confección y adquisición de mochilas y kits escolares correspondientes a los periodos 2025-2026 y 2026-2027, el órgano rector confirmó múltiples irregularidades en las evaluaciones técnicas y económicas, en el criterio de adjudicación y en el cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia y libre competencia.
Otros hallazgos detectados por la DGCP en este proceso y descritos en la resolución RIC-0113-2025 son:
- – Documentación alterada o con indicios de falsedad, presentada por varios proveedores.- Ausencia e incongruencias en las visitas técnicas, incluyendo falta de videos y participación de peritos no designados formalmente.- Deficiencias en la evaluación de garantías económicas y en la motivación de las adjudicaciones.
– Indicios de colusión y conflictos de interés entre proveedores adjudicados.
En ese sentido, de 151 proveedores adjudicados, la DGCP decidió anular las adjudicaciones de 18 contratos y ordenó al INABIE la reevaluación de 25 oferentes, mediante nuevas visitas técnicas realizadas por peritos calificados con registros audiovisuales obligatorios. Asimismo, iniciar el procedimiento sancionador de oficio contra proveedores por presentar documentación falsa.
Con relación al procedimiento de licitación pública nacional núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0008, llevado a cabo para la «Confección y adquisición de poloshirts y pantalones escolares, para ser distribuidos a los centros educativos públicos durante el periodo escolar 2025-2026 y 2026-2027, dirigido a empresas de fabricación nacional», la DGCP constató que, al igual que en los procesos anteriores fueron adjudicados proveedores que presentaron documentación falsa y con vinculaciones entre sí, comprobándose la existencia de indicios de colusión.
- De igual manera, el Comité de Compras del INABIE otorgó excepcionalidades tras la etapa de evaluación técnica definitiva en violación de varios principios de la normativa vigente y no suministró evidencias ni justificaciones para contrastar los datos levantados por los peritos.
En ese sentido, mediante la resolución RIC-0114-2025 de 209 proveedores adjudicados en este proceso, el órgano rector decidió anular 21 adjudicaciones y ordenó al INABIE designar peritos calificados que no se encuentren en conflicto de interés para reevaluar las ofertas de 64 empresas con nuevas visitas técnicas, las cuales deberán ser documentadas con el uso de la buena práctica de las cámaras corporales.
Por las irregularidades detectadas en ambos procedimientos, la DGCP recomendó al INABIE aplicar medidas disciplinarias a los miembros de su Comité de Compras y Contrataciones y peritos responsables y remitió ambos casos a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y el Ministerio de Educación, para las investigaciones que correspondan.
La DGCP recordó que estas decisiones se enmarcan en su rol como órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, reafirmando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección del interés general.
Las resoluciones íntegras RIC-0113-2025 y RIC-0114-2025 están disponibles en el apartado de Resoluciones de Investigaciones y Reclamos de la sección Marco Legal del portal institucional de la DGCP: https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/resolucion-de-conflictos/
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.