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Migración deporta 800 extranjeros indocumentados.
Santo Domingo.-Ochocientos extranjeros en condicion migratoria irrregular fueron deportados por la Dirección General de Migración (DGM), cuya institución dice que detuvo a 955 personas durante operativos de interdicción realizados en distintas provincias del país.
La institución indicó que entre los detenidos figuran un ciudadano salvadoreño y una ciudadana haitiana, quienes fueron interceptados durante la noche del martes 28 de julio en el puesto de chequeo militar de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial de Los Pilones, en Baní, provincia Peravia.
Según el reporte oficial, ambos extranjeros se desplazaban en un vehículo de carga con destino a la zona fronteriza de Jimaní y declararon que transportaban mercancías comestibles para su comercialización en esa demarcación.
Del total de detenidos, 684 fueron aprehendidos por agentes de la DGM durante operativos desarrollados en Pedernales, San Juan, San Cristóbal, La Altagracia, Santo Domingo, Valverde, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Santiago, El Seibo, Samaná, Montecristi, La Vega, Duarte, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Independencia, Barahona, Peravia, San José de Ocoa, Dajabón, Elías Piña, La Romana y Bahoruco.
Además, otros 271 extranjeros fueron entregados por organismos de seguridad del Estado, principalmente por el Ejército de República Dominicana y la Policía Nacional.
Entre las provincias con mayor número de detenidos por parte de la DGM se encuentran Santo Domingo, con 105; Pedernales, con 60; La Vega, con 48; Elías Piña, con 47; La Altagracia, con 41; Barahona, con 39; María Trinidad Sánchez, con 38; Dajabón, con 37; y Santiago, con 35.
La DGM precisó que las deportaciones se realizaron mediante los pasos fronterizos habilitados: 350 extranjeros fueron trasladados por Elías Piña, 275 por Dajabón, 102 por Jimaní y 73 por Pedernales.
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Santo Domingo.- Un proceso judicial dilatorio ha denunciado el propietario de la Joyería Popi Oro en razon de la decisión del tribunal de posponer la audiencia correspondiente al asalto ocurrido en su Joyería el pasado ocho de mayo del año en curso.
Durante su permanencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el afectado denunció que las autoridades actuantes «se durmieron» con el caso y no han propiciado respuestas oportunas para la resolución del mismo.
«Aquí uno no siente un respaldo, una seguridad de nadie, este país está de pinga, hay que buscarse su cualto e irse de aquí», lamentó Abraham, quien aún no ha recuperado «ni un gramo» del oro sustraído.
Además, aprovechó la ocasión para enviarle una advertencia a la población sobre el estado de somnolencia en el que se encuentra e hizo un llamado enérgico «a despertar» para evitar que situaciones como estas sigan ocurriendo.
La poca diligencia motivada por la ausencia de gestión de recursos, sostiene, constituye una de las razones por las cuales algunos incidentes quedan inconclusos.
«Aquí todo el mundo anda como que esto es una herencia, tanto las autoridades como el gobierno, todo el mundo está atrás de cualto», criticó.
El sonido de mandarrias y las ráfagas de los disparos la noche del siete de marzo marcó el inicio de un atraco que dejó pérdidas de más de 50 millones de pesos.
Encapuchados y con armas largas, los desaprensivos irrumpieron en el establecimiento ubicado en la calle #37 del sector Cristo Rey, Distrito Nacional, donde sustrajeron prendas y efectivo.
Luego del robo cometido, los malhechores emprendieron la huida y, posteriormente, fueron identificados por las autoridades cuando el vehículo en el que se transportaban, una yipeta Mitsubishi, se accidentó.
Como medida de coerción, los líderes del grupo criminal fueron enviados a los Centro de Corrección Y Rehabilitación Las Parras y Najayo, mientras algunos participantes aún permanecen prófugos.
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Tribunal Constitucional elimina decreto presidencial por no tener facultad para medida tomada.
Santo Domingo.-Napoleón Estevez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional, aclaró que la sentencia que declara inconstitucional el Decreto 308-06, que regula los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas, no elimina la facultad del Poder Ejecutivo para disponer horarios temporalmente como lo establecía la disposición presidencial.
«Lo único es que tiene que ser de manera temporal y en los momentos que entiende el Poder Ejecutivo que debe dictar», expresó.
Estévez Lavandier explicó que la decisión del TC establece que las restricciones a derechos fundamentales no pueden aplicarse de manera indefinida, sino que deben ser temporales y justificadas por circunstancias específicas.
Agregó que dicha decisión «no quiere decir que el Poder Ejecutivo no tenga las facultades para temporalmente disponer horarios, tal cual como establecía el mismo decreto del 2006″.
Señaló que el Tribunal ha diferido los efectos de esta inconstitucionalidad en dos años, para que las autoridades de seguridad ciudadana puedan hacer los aprestos que tengan que hacer antes de que entre en vigencia la inconstitucionalidad.
Santo Domingo, R.D.-Faride Raful, ministra de Interior y Policía, dijo este miércoles que respeta la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el decreto 308-06 que regula los horarios de expendio de bebidas alcohólicas en centros de diversión, pero indicó que seguirá vigente hasta que el Congreso apruebe una nueva ley.
El TC declaró inconstitucional el referido decreto, al considerar que una restricción como esa debe estar contenida en una ley que apruebe el Congreso Nacional y dio un plazo de dos años para que se legisle en ese sentido.
“El Tribunal Constitucional estableció un plazo de dos años durante el cual continuará aplicándose el decreto vigente desde 2006, mientras el Congreso Nacional trabaja en una nueva ley que podrá entrar en vigor antes de ese plazo. Respetamos y acatamos su decisión. Al mismo tiempo, acompañaremos al Congreso y escucharemos a la sociedad para construir una normativa moderna, efectiva y acorde con las necesidades del país”, escribió la ministra Raful en su cuenta de X, y en respuesta a una publicación de este diario.
La minsitra Raful dijo que su compromiso es proteger la vida, la seguridad y la convivencia de todos los dominicanos.
El abogado Victor Mateo Vásquez, quien sometió la petición para que se declare inconstitucional la norma, saludó la reacción de la ministra Raful en redes sociales.