Santo Domingo, RD.-A dos semanas de que el Ministerio Público pusiera en acción la Operación Calamar y que como resultado de la misma 20 personas fueran detenidas por su presenta participación en una red de corrupción que ha sustraído del Estado miles de millones de pesos y cuya práctica ha sido definida por Yeni Berenice Reynoso como un desfalco sin precedentes.Nacionales
El día 14 de abril principales implicados en caso Calamar presentarán defensas.
Santo Domingo, RD.-A dos semanas de que el Ministerio Público pusiera en acción la Operación Calamar y que como resultado de la misma 20 personas fueran detenidas por su presenta participación en una red de corrupción que ha sustraído del Estado miles de millones de pesos y cuya práctica ha sido definida por Yeni Berenice Reynoso como un desfalco sin precedentes.Unos 14 días, dos aplazamientos y dos recesos después, este domingo los principales imputados preparan sus defensas luego de que la noche del viernes la mitad de los señalados en el expediente por las autoridades admitieran ante la jueza Kenya Romero, del Tribunal del primer juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, sus implicaciones y aceptaran colaborar ante el Ministerio Público.
Los imputados Angel Lockward, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (De Paola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero admitieron ante el tribunal sus implicaciones en el hecho a cambio de una medida de coerción menos “gravosa” que los 18 meses de prisión preventiva previamente solicitada por las autoridades.
A la salida de la sala de audiencias, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que a eso 10 implicados se le variará la solicitud de medida de coerción, por arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida y devolver el dinero que obtuvieron de manera ilícita.
“Debemos confesar que lo que ha ocurrido hoy (viernes) en el tribunal es algo simple y llanamente asombroso….estas admisiones son las consecuencias directas de la contundencia de la investigación y de que esas defensas actuaron inteligentemente al darse cuenta que las pruebas del Ministerio Público son irrefutables y por esas razones llegaron a un acuerdo”, indicó Camacho a los miembros de los medios de comunicación.
“Un guión muy bien hecho”
La defensa del excandidato presidencial Gonzalo Castillo, uno de los principales implicados en caso Calamar, manifestó que las admisiones de culpabilidad de 10 de los imputados “no afectan” a su cliente “en lo más mínimo”.
“La audiencia de hoy (ayer) fue un guión muy bien hecho…la defensa sigue igual porque ninguna de esas 10 personas mencionó a Gonzalo Castillo, salvo el señor Angel Lockward, quien dice que una persona, Fernando Crisóstomo, le dijo que Donald Guerrero le dijo que ese dinero era para la campaña de Gonzalo Castillo contradiciendo declaraciones que había dado públicamente antes de ser arrestado, por lo tanto para la defensa de Gonzalo Castillo, nada ha cambiado desde el primer día”, expresó la jurista.
Acosta recalcó además que se mantienen solicitando la “libertad pura y simple” de su cliente, ya que no existen arraigos que manden a una prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado del excontralor, Daniel Omar Caamaño Santana, indicó que ellos no están pensando en negociar con el Ministerio Público y que por esa razón se mantendrán luchando por la “inocencia de su cliente, porque para eso son los tribunales”
Faltan por declarar
Tras el Ministerio Público concluir con la lectura del expediente y la mitad de los implicados comparecieran ante ella, la jueza Romero decidió recesar la audienca hasta el domingo a las 9:00 de la mañana.
Ese domingo tendrán su turno para declarar ante el tribunal, Daniel Omar Caamaño Santana, excontralor de la República; Luis Miguel Piccirillo Mccabe, quien fue el director ejecutivo del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña Peña, quien se desempeñó como director de Catastro Nacional; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, asesor del exministro de Hacienda y Princesa Alexandra García Medina, exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda.
También comparecerán ante la jueza Romero, Andrés Guerrero, excontralor del Banco de Reservas; Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación y Marcial Humberto Mejía Guerrero.
Al igual que los exministros y tres principales implicados, Gonzalo Castillo (excandidato presidencial y titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones), Donald Guerrero (incumbente del Ministerio de Hacienda) y José Ramón Peralta (ministro Administrativo de la Presidencia).
Las imputaciones contra los detenidos
La imputación preliminar Pepca en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como el artículo 123 del Código Penal que califica la coalición de funcionarios para delinquir, el 166 sobre prevaricación, el 171 sobre apropiación ilícita de fondos públicos, el 172 que castiga el desfalco, el 174 que condena la concusión, el 175 sobre recompensas indebidas por sus servicios y el 177 relativo al soborno y cohecho.
Igualmente, el ministerio público considera que el grupo es culpable de violar otros artículos del Código Penal, entre ellos el 265 y 266 sobre asociación de malhechores, así como el 405 sobre estafa mediante manejos fraudulentos.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.